¡Nativa o extranjera la misma clase obrera!

Una de las consecuencias de la crisis del capitalismo ha sido la agudización de los ataques contra los trabajadores inmigrantes. En todo el mundo capitalista desarrollado se aprueban leyes y se adoptan medidas represivas orientadas a descargar sobre los inmigrantes una parte considerable de los costos directos e indirectos de la crisis. Según los gobiernos capitalistas la inmigración es la causa directa de una parte importante de los males de la sociedad: la delincuencia, el déficit de la seguridad, y sobre todo del desempleo. De esta manera intentan crear un clima de enfrentamiento entre los trabajadores nativos y los procedentes de otros países, y desviar la atención de los trabajadores de las causas reales de la actual situación de deterioro económico y social y de sus auténticos responsables.

Durante el período de expansión económica iniciado en los años 90, el Estado español pasó de ser un proveedor de mano de obra barata para los países europeos más avanzados a ser uno de los mayores receptores mundiales de inmigración. A pesar de que la crisis ha reducido considerablemente los movimientos migratorios, e incluso ha provocado el retorno a sus países de algunos miles de familias, en Enero de 2011 los datos del censo indicaban que más de 5,7 millones de extranjeros residían en territorio del Estado español, sin contar con un millón más que habían conseguido la nacionalidad en los 15 años anteriores.

La llegada masiva de inmigrantes supuso una auténtica bendición para la burguesía española y ayudó a consolidar el crecimiento económico previo a la crisis. Entre 2001 y 2005 casi el 45% de las altas en la Seguridad Social correspondieron a trabajadores extranjeros. Sectores como la construcción, la hostelería y la agricultura se beneficiaron de la afluencia de una mano de obra obligada a aceptar bajos salarios y condiciones de trabajo inhumanas. Disposiciones legales como la Ley de Extranjería, y las acciones racistas y represivas de la policía, ayudaron eficazmente a los empresarios a conseguir la máxima explotación de los inmigrantes. Una gran parte de las gigantescas fortunas amasadas por la burguesía española durante el boom inmobiliario tuvieron su origen en esta sobreexplotación.

Además, y en contra de las mentiras que la prensa reaccionaria y la derecha difunden, la llegada de inmigrantes lejos de suponer una carga para la hacienda pública supuso todo lo contrario. Debido a que el porcentaje de dependientes (jóvenes que no pueden trabajar y mayores de 65 años) entre la población inmigrante es apenas la mitad que entre la población nativa, su coste para los servicios públicos es mucho más bajo, por lo que los pasados superávit de la Seguridad Social y una buena parte de los superávit de las cuentas del Estado se debieron a las aportaciones de los trabajadores inmigrantes.

Ahora, la crisis se ceba de forma especial con este sector de la clase trabajadora. El hundimiento de la construcción y, en general, la destrucción masiva de puestos de trabajo de baja cualificación, ha afectado a más de un 1,2 millones de inmigrantes, que se ven abocados a escoger entre volver a sus países de origen o caer en una situación de ilegalidad, sujetos a una implacable persecución policial y legal, a internamientos arbitrarios en los modernos campos de concentración conocidos como CIEs, o a deportaciones fulminantes que violan los derechos más básicos de las personas.

Enfrentados a esta disyuntiva, muchos trabajadores inmigrantes no tienen otra opción para sobrevivir que aceptar cualquier trabajo que se les ofrezca, por precario y mal pagado que sea, y bajo unas condiciones de trabajo casi esclavistas. La burguesía del Estado español no está dispuesta a abandonar una fuente tan suculenta de plusvalía, que además les sirve para presionar a la baja los salarios y condiciones de trabajo del conjunto de la clase obrera.

Ante esta situación, la política del gobierno del PSOE es la de dejar que los empresarios pisoteen a su conveniencia los derechos de todos los trabajadores y, de forma especialmente sangrante, los de los trabajadores inmigrantes, que son los más desprotegidos y vulnerables frente al abuso patronal, y elaborar una legislación que allana el camino de los empresarios en su objetivo de explotar despiadadamente a los trabajadores inmigrantes. El real decreto ley de medidas de afloramiento del empleo sumergido, recién aprobado, es un regalo a la patronal, y un claro incentivo para que las empresas sigan violando la normativa laboral.

Con esta política, inaceptable en un Gobierno que se reclama socialista, Zapatero se alinea con Berlusconi, Sarkozy, y otros gobernantes europeos que abiertamente han inscrito el racismo y la xenofobia en sus banderas, en un intento de atraerse a sectores irritados de las clases medias, y de fomentar enfrentamientos en el interior de la clase obrera.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, lejos de promover una respuesta contundente frente a estos intentos de romper la fraternidad y la unidad de la clase obrera, han decidido ceder ante las exigencias del capitalismo en crisis. Sus políticas perjudican y debilitan al conjunto de los trabajadores del Estado español, con independencia de su origen, pero dejan especialmente indefensos a los trabajadores inmigrantes.

Aunque no sea esa su intención, la política de las direcciones de CCOO y UGT hace posible que sigan adelante los intentos de la burguesía para extender prejuicios venenosos contra los inmigrantes. Hoy más que nunca se necesita que las grandes organizaciones sindicales promuevan un programa de lucha que unifique a toda la clase trabajadora y que convierta en inútiles los esfuerzos de la burguesía y sus representantes para dividir nuestra clase y enfrentar a trabajadores contra trabajadores.

Los sindicalistas agrupados en torno a El Militante lucharemos para que en sus programas CCOO y UGT incluyan las siguientes medidas:

* Alto a la discriminación social y laboral por motivos de origen o raza. Exigimos la igualdad de derechos para todas las personas residentes en el estado español, incluyendo el derecho al reagrupamiento familiar.

* Abolición de la Ley de Extranjería y de todas las disposiciones legales, ordenanzas municipales y reglamentos escolares que facilitan y promueven el acoso a los inmigrantes.

* Alto inmediato a las redadas policiales contra los inmigrantes. Expulsión de los Cuerpos de Seguridad de todos los elementos racistas y fascistas. Desaparición de los centros e internamiento (CIEs)

* Por un plan de integración de la población inmigrante, que contemple programas educativos, sanitarios y culturales respetuosos con sus circunstancias culturales y lingüísticas.