La reforma constitucional promovida por el gobierno de Zapatero, pactada previamente con el PP, y aprobado ayer en el parlamento establece lo siguiente: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación (…)” (el énfasis es nuestro). De esta manera se legaliza de forma clara, contundente y solemne que, por encima y en detrimento de las prestaciones sociales, se deben garantizar los intereses de la banca y de los grandes capitalistas. Esta política es la que venía practicando el gobierno desde el inicio de la crisis capitalista, particularmente desde el profundo y decidido giro hacia la derecha emprendido en mayo de 2010, cuando empezó a poner en práctica una serie de contrarreformas sociales con el fin de “contentar a los mercados”. Es la que también viene practicando el PP o CiU en las comunidades autónomas donde gobiernan, en las que ya se están poniendo en marcha salvajes recortes contra el gasto en sanidad y educación. Si bien esta reforma constitucional es el reflejo legal de una política económica que ya está en marcha, su consagración legal al más alto nivel no puede ser considerado por la clase obrera y la juventud más que como un nuevo y gravísimo ataque a sus intereses. Es una medida que tiene una enorme trascendencia política ya que se abre la vía para que, constitución en mano, se pueda obstruir legalmente cualquier política económica que se aparte un milímetro de la exigida por el capital financiero. De aquí en adelante, cualquier gobierno, autonomía o ayuntamiento que adopte legítimamente una política a favor de la mayoría y, por lo tanto, contraria a los intereses de la banca y de los monopolios, se situará fuera de la ley. Esta enmienda es una confirmación rotunda de un grito que ha estado en la boca de millones de personas en centenares de manifestaciones a lo largo de los últimos meses y años: “Lo llaman democracia y no lo es”.

La legalización del saqueo

En un demagógico e infructuoso intento de encubrir lo que es otro giro a la derecha de la política del PSOE, Rubalcaba dijo que "cuando hay que pagar tantos intereses de la deuda, no existen diferencias entre la política económica de izquierdas y de derechas" (El País, 27 de agosto). Lo que debería decir para no faltar a la verdad es lo siguiente: “como nosotros los socialdemócratas, igual que la derecha, defendemos el sistema capitalista como el mejor sistema posible, y como además, no tenemos ninguna alternativa a la crisis capitalista más que la de calmar a los banqueros y seguir a pies juntillas su dictados, no existe ninguna diferencia entra la política económica propuesta por la derecha y la que defendemos nosotros”.

¡Claro que existe una política de derechas y una de izquierdas frente a la deuda! La burguesía, el gobierno del PSOE y el PP presentan el debate de forma falsa y demagógica, como si se tratara de optar entre un “presupuesto equilibrado” y una política de endeudamiento descontrolada; entre el “sentido común” (ellos) y la locura (todos los que no piensan como ellos). La desfachatez de estos señores no tiene límite. Estos fervientes partidarios del “equilibrio presupuestario” no han tenido ningún inconveniente en destrozar las finanzas públicas inyectando ingentes cantidades de dinero a los bancos, reduciendo los impuestos a los empresarios o privatizando empresas públicas rentables. Para los partidarios del capitalismo, si se trata de salvar los intereses de una minoría rica y parasitaria todos los “desequilibrios” están justificados; ahora bien, si se trata de gastos en sanidad, educación y desempleo, la situación se vuelve “insostenible” y se vuelven fanáticos partidarios del “déficit cero”.

En contradicción con la propia letra de la reforma constitucional (que como hemos visto define literalmente como prioridad absoluta el pago de la deuda a los banqueros) y los objetivos declarados del gobierno (calmar “los mercados”) Rubalcaba ha defendido que esta medida es la única forma de “garantizar el Estado de Bienestar”. Esta afirmación, además de demagógica es patéticamente absurda. No se puede salvar el Estado del bienestar reforzando los mecanismos para su demolición. Además, como todo el mundo sabe, “los mercados” están clamando por la destrucción de las conquistas sociales en todos los países de Europa. Si de verdad la reforma constitucional fuese una “garantía para el Estado del Bienestar” los banqueros protestarían, pero en realidad están muy contentos con ella. La reforma de la constitución es parte de toda la batería de medidas antiobreras que desde el gobierno central y desde los diferentes gobiernos autonómicos se están tomando contra la clase obrera en los últimos meses. A finales de agosto, pocos días antes de presentar la reforma constitucional el gobierno aprobó una medida que supone un salvaje empeoramiento de nuestras condiciones laborales, con el encadenamiento indefinido de los contratos temporales y la generalización (¡hasta los 30 años!) del contrato de aprendizaje, con un salario indigno de ese nombre.

El objetivo de la reforma constitucional es fundamentalmente y en primer lugar es reforzar legalmente el saqueo de las arcas públicas por parte de los banqueros, autóctonos e internacionales, una exigencia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Con el capitalismo inmerso en una profunda crisis, tratándose de una economía “periférica” como lo es la española y con una política económica orientada a preservar los intereses de los bancos, obligando al Estado a continuos rescates, el objetivo de “equilibrio presupuestario” es casi imposible y, en todo caso, sólo se podrá avanzar hacia él a costa de las conquistas históricas de la clase obrera y acabar con el futuro de los próximas generaciones. Esta política no es “neutra”, es la política que exigen los banqueros, es la política que tradicionalmente ha defendido el PP y toda la derecha a escala internacional. En la remota hipótesis que el capitalismo español pueda equilibrar sus cuentas será sin duda a costa de una mayor pobreza, inestabilidad e incertidumbre en la economía doméstica de la gran mayoría de las familias trabajadoras. Las drásticas medidas de recortes sociales en Grecia es un ejemplo vivo y elocuente de los efectos sociales y económicos desastrosos que conlleva la política de “equilibrio presupuestario” defendido por los banqueros.

Hay una forma de acabar con los “desequilibrios presupuestarios” y los “déficit excesivos” realmente eficaz y además, en beneficio de la gran mayoría de la sociedad: nacionalizando todo el sistema financiero y las empresas estratégicas bajo control obrero y poniendo en marcha un plan de inversiones y producción al servicio de la mayoría de la sociedad. Tomando estas medidas, además de atacar los problemas de fondo de la crisis, la mayoría de la sociedad obtendría lo que legítimamente ya le pertenece. La gran mayoría de las grandes empresas privadas estratégicas (telefonía, gas, petróleo, electricidad) son producto de privatizaciones de empresas estatales, y la banca no podría sostenerse sin el dinero público. La causa de fondo de la crisis, del caos económico y de todos los desequilibrios presupuestarios, comerciales y monetarios, en el Estado español, en Europa y en el mundo es que todos los medios de producción sociales están en manos de una minoría cuyo único interés es la acumulación de beneficios. Es la propiedad privada y la disputa caótica por los mercados entre las diferentes burguesías nacionales lo que pone en peligro el futuro de la sociedad, no las conquistas sociales de los trabajadores. La única posibilidad de una Europa unida y próspera es sobre la base de una federación socialista.

La reforma constitucional impulsada por el gobierno y el pacto entre el PSOE y el PP sobre este asunto corona el giro a la derecha emprendido por la socialdemocracia desde el inicio de la crisis. El PSOE fue elegido por millones de trabajadores y jóvenes precisamente para hacer una política radicalmente distinta a la del PP, no sólo en el terreno económico, sino también en lo que respecta a derechos democráticos, educación, las relaciones con la iglesia, etc. Acaba la legislatura financiando y loando la visita del Papa, reprimiendo a los manifestantes que se oponían a ella y sellando un importante pacto con el PP. Como siempre hemos explicado los marxistas, si se acepta la lógica del sistema se acaba defendiendo los intereses de los capitalistas con todas sus consecuencias. Puede parecer sorprendente que los dirigentes del PSOE hayan llegado a tal grado de sumisión a los intereses de los poderosos, llegando al extremo de allanar descaradamente el camino del PP en el terreno electoral. Sin embargo, este proceso tiene una clara lógica de fondo. Si se acepta el capitalismo como único sistema posible se acaba aceptando y defendiendo las exigencias de los capitalistas en todos los terrenos. No hay la más mínima posibilidad de aplicar políticas que satisfagan los intereses de los capitalistas y de los trabajadores al mismo tiempo. Si la política de “reparto de la riqueza” basado en un “capitalismo de rostro humano” demostró ser utópica durante el periódico de crecimiento económico que precedió a la crisis, ahora lo es todavía más.

La reforma constitucional ha sido aprobada con nocturnidad y alevosía por parte del PSOE y del PP. Recientemente Blanco argumentaba que “no había tiempo” en la actual legislatura para cumplir la promesa del PSOE de subir los impuestos a los ricos, sin embargo, sí han tenido tiempo, en dos semanas, de hacer la primera reforma profunda de la constitución desde su entrada en vigor. Es otra prueba de cómo las formalidades “democráticas” son utilizadas en función de la defensa de los intereses capitalistas.

Desde la Corriente Marxista “El Militante” apoyamos la convocatoria un referéndum sobre la reforma constitucional. Es muy probable que si esta consulta se celebrase la reforma sería rechazada, los propios estrategas de la burguesía lo reconocen. Es precisamente ésta la razón por la que el gobierno se niega tan vehemente a su celebración.

¡Por una huelga general ya!

Más que nunca, existe un divorcio entre las instituciones de esta “democracia de mercado” (es decir, democracia en la forma, dictadura del capital en el fondo) y la mayoría de la población, divorcio que se ha expresado claramente con la irrupción del movimiento 15-M. Las enormes manifestaciones del 19 de junio, y la continuidad de la lucha en agosto (50.000 personas recuperaron la Puerta del Sol, a pesar de la ocupación policial del centro de Madrid, el día 5), reflejan el enorme potencial que tendría una huelga general, idea por otra parte asumida por gran parte del movimiento 15-M.

Los dirigentes de CCOO y UGT han mostrado su oposición a la reforma constitucional y las últimas medidas del gobierno a través de comunicados y ruedas de prensa, a las que han añadido la convocatoria de concentraciones y de una manifestación para el próximo 6 de septiembre en Madrid. Pero la situación exige medidas mucho más contundentes y un cambio real y radical en la estrategia sindical. El calado de los ataques exige una huelga general ya, y el ambiente social demuestra que sería un éxito si se organiza bien. Según una reciente encuesta de Metroscopia para El País, el 79% de la población considera que quienes mandan en el mundo no son los Estados, sino “los mercados”; el 60% se opone a rescatar los bancos y defiende su nacionalización; el 90% exige la devolución del dinero recibido.

La convocatoria de movilizaciones exigiendo un referéndum es positiva porque ayuda a mantener el ambiente de lucha y porque subraya la farsa de la democracia burguesa. Sin embargo, la exigencia de un referéndum no puede estar aislada, ni mucho menos ser un sustituto, de una estrategia de movilización ascendente y continuada de la clase trabajadora, que tiene que tener como punto central inmediato la convocatoria de una huelga general. La única manera de frenar los ataques contra las conquistas sociales es que se produzca una rebelión social en la que la clase obrera tenga un papel protagonista. Por supuesto que la oposición a esta reforma no debe significar una defensa de la constitución. No podemos olvidar que esta constitución es la misma que da al rey un gran poder político (como la disolución del parlamento y el mando sobre el ejército), restringe enormemente los derechos democráticos (ni siquiera reconoce el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas), legitima la explotación capitalista y avala modificaciones totalmente antidemocráticas como la impulsada por el PSOE y el PP. En una entrevista a Toxo y Méndez en el programa de la Cadena Ser “Hoy por hoy” (1 de septiembre), los máximos responsables de CCOO y UGT añoraban el “consenso” alcanzado en torno a la constitución en la llamada Transición. No es con este tipo de argumentos con los que se va a organizar una oposición seria a los ataques contra los trabajadores. Lo que hay que hacer para enfrentar los ataques de la burguesía es precisamente lo contrario: romper con la política de pactos y consensos con el gobierno y los empresarios.

Los dirigentes sindicales se escudaron en el supuesto fracaso de la huelga general del 29 de septiembre para no continuar la lucha. Sin embargo, esto no es más que una cortina de humo tras la que pretenden esconder su actuación y las consecuencias tan negativas que ha tenido. La realidad es que la huelga general del 29 de septiembre de 2010 fue un rotundo éxito: las principales industrias, la construcción, el transporte, las grandes superficies comerciales, los mercados mayoristas en las grandes ciudades, los puertos, los centros de estudio, etc., quedaron paralizados. A su vez las grandes manifestaciones desarrolladas ese mismo día en decenas de ciudades —con más de un millón y medio de asistentes— volvieron a confirmar la enorme disposición a la lucha de la clase obrera del Estado español.

Todo ese potencial fue dilapidado por los dirigentes de CCOO y UGT: una vez más abandonaron el camino de la movilización para adentrarse en la senda de la paz social y los pactos con el gobierno y la patronal, lo que condujo a la aceptación de más retrocesos como el que se produjo con la “reforma” de las pensiones. Esta “estrategia” sólo sirvió para envalentonar al Gobierno, a la derecha y a los grandes capitalistas y no ha impedido que se preparen nuevos y más lesivos recortes sociales.

La experiencia es clara: la debilidad invita a la agresión. Por eso hoy más que nunca es necesario convocar una nueva Huelga General que contaría con el apoyo de centenares de miles de jóvenes y trabajadores que ya estamos luchando en las calles desde el pasado mes de mayo, y que se exigió masivamente en las movilizaciones del pasado 19 de junio en las que participaron también decenas de miles de afiliados y delegados de CCOO y UGT. La responsabilidad de los dirigentes de CCOO y UGT es muy grande. ¡Basta de hacer oídos sordos al clamor de los trabajadores y jóvenes que estamos en lucha! CCOO y UGT deben responder positivamente a la exigencia de los que nos estamos movilizando y organizar la huelga en estrecha coordinación con el movimiento 15-M, con todas las organizaciones de la izquierda y colectivos sociales. Una huelga general preparada democráticamente, que sirva como punto de partida para ampliar, extender y endurecer la movilización hasta echar atrás todas las medidas lesivas contra la población y no como una válvula de escape para aliviar la presión del profundo descontento existente. Para ello es necesario:

-          Organización de asambleas en cada fábrica, por polígonos, en barrios obreros donde el movimiento 15-M puede jugar un gran papel. La elección de comités de huelga democráticos en todos los centros de trabajo, barrios y centros de estudio, para impulsar acciones que extiendan y aseguren el éxito de la huelga general.

-          La discusión y asunción, en las asambleas, de una plataforma reivindicativa que plantee la retirada de las medidas que precarizan aún más el empleo y de la reforma constitucional —con la exigencia de un referéndum en el que la población pueda expresar su rechazo a esta refurma reaccionaria— y una alternativa frente a los ataques del gobierno y el gran capital. En nuestra opinión, ésta pasa por la retirada de todas las medidas regresivas aprobadas anteriormente, la inversión masiva en gasto social, la nacionalización de la Banca bajo control social, la reducción de jornada a 35 horas sin reducción salarial, la eliminación de contratos precarios, y la suspensión del pago de intereses por la deuda pública a los grandes bancos y especuladores.

-          La unidad de acción es fundamental: el conjunto de los sindicatos de clase, el movimiento 15-M, las organizaciones de izquierda, los trabajadores parados, los trabajadores inmigrantes, y la juventud deben impulsar un gran Frente Único en la lucha para derrotar los planes de los capitalistas.

-          La huelga general no puede ser el punto final, sino el inicio de un proceso para hacer más extensiva la movilización y parar los ataques. En este sentido, un paso clave es una huelga general a nivel europeo; todas las condiciones para ello están dadas. En Italia el martes 6 habrá huelga general, y en el resto de países continúan las movilizaciones.

Los marxistas de El Militante formamos parte de este gran movimiento por una democracia real, pero esto es algo completamente incompatible con la existencia del capitalismo. Una democracia real que acabe con las lacras del desempleo masivo, la precarización laboral, los salarios miserables, que defienda la sanidad y la educación públicas, no es posible bajo la dictadura de los bancos y los empresarios. Como hemos señalado, la democracia real para la mayoría pasa por la nacionalización de las palancas fundamentales de la economía, la banca y los grandes monopolios, bajo el control democrático de los trabajadores.

El sistema capitalista se encuentra sumido en una crisis histórica y ya no sirve para garantizar unas condiciones de vida dignas a la mayoría de la población. Como se coreaba en las recientes manifestaciones de Madrid “¡Otro capitalismo es imposible!” Este sistema no sirve porque es una amenaza real para la mayoría de la población. Existe la fuerza, existe la confianza y la conciencia para comenzar la tarea de la transformación socialista de la sociedad, para conquistar la democracia de la mayoría, liberada de la opresión del capital, la democracia obrera.

¡Únete a la Corriente Marxista El Militante para luchar por esta alternativa!