El desarrollo en los últimos meses del caso Palma Arena ha puesto al descubierto los jugosos negocios que, durante años, Iñaqui Urdangarín ha estado haciendo utilizando las influencias que le otorga su posición de Duque de Palma y miembro de la Casa Real. Más allá de si Urdangarín resulta finalmente imputado, algo que los medios dan ya por hecho, o si la Infanta Cristina consigue salvarse o se hunde en las aguas de esta cloaca, lo que revela el llamado Caso Babel es, entre otras cosas, la maraña de intereses económicos y comerciales que envuelven a la Corona española.

Qué es la Casa Real española, por qué y para qué se mantiene con dinero público son preguntas que vuelven a surgir fruto del escándalo. Desde que se dieran a conocer las sospechas del Juez Castro hacia Urdangarín y su socio Diego Torres, los medios de comunicación han orientado el caso hacia el debate sobre la Monarquía y su estatus actual; sin embargo, la sombra del caso es mucho más alargada que todo eso y trasciende el morbo de un posible Duque-chorizo y una supuesta Infanta corrupta. La implicación de diversas empresas y multinacionales españolas, de gobiernos autonómicos y ayuntamientos del PP, deportistas de élite y otras familias reales, como la saudí, hacen de este caso un paradigma de cómo se crean fortunas y se cierran muchos negocios en la cúspide de la sociedad y del Estado, dónde según nos dicen todo es decencia y honradez. Pero no; estamos ante otro ejemplo de que la realidad supera con creces la ficción, y lo que podría ser perfectamente el guión de una novela negra con tintes de humor (si no fuera porque se trata de dinero público), resulta que es un caso de manual de tejemanejes de empresas, falsificación de contabilidad, ingeniería financiera para evadir impuestos y documentación inventada. Todo ello con el conocimiento, según las informaciones publicadas en la prensa, de la Casa Real y el propio rey.

El modus operandi de los duques de Palma y sus amigos más allegados

El origen de la investigación a Urdangarín y su entorno se encuentran en el desarrollo del famoso caso Palma Arena, sobre la adjudicación irregular de un polideportivo a través del pago de comisiones ilegales y que tiene como protagonista al antiguo dirigente del PP Jaume Matas (ex-presidente del Gobierno Balear). El  juez que lo investiga ha ido estableciendo diversas ramificaciones del mismo, lo que viene a llamarse piezas separadas del caso Palma Arena. Una de estas piezas es la que se refiere al Instituto Nóos, presidido entre 2003 y 2006 por Iñaqui Urdangarín, investigado por una supuesta apropiación indebida de fondos públicos y malversación relacionada con varios contratos por valor de alrededor de seis millones de euros que los Gobiernos Balear y Valenciano dieron a esta institución sin ánimo de lucro. Según las investigaciones del juez, el Instituto Nóos desvió este dinero público a una red de empresas privadas propiedad del mismo Urdangarín y su principal socio Diego Torres, que se encuentra imputado desde hace ya seis meses. Las declaraciones tanto de directivos del Instituto Nóos como los propios empleados del mismo, son los que han señalado a Urdangarín como cabecilla de la trama.

Actualmente se están investigando trece empresas, pero ya hay cinco de ellas claramente vinculadas a la apropiación de fondos públicos: Nóos Consultoría, Aizoon, Virtual, Intuit y Shiriaimasu. Las dos primeras, ambas dedicadas a servicios de asesoramiento y consultoría,  son las que mayor peso tienen hasta ahora en cuanto a su implicación en desviar fondos públicos a los bolsillos privados de Urdangarín y Diego Torres. En los años en los que se sitúa la investigación, de 2003 a 2006, Urdangarín era copropietario de la primera de ellas con Diego Torres; en el caso de Aizoon, Urdangarín y la Infanta Cristina fueron, y escandalosamente siguen siendo a día de hoy, copropietarios al 50%; en este mismo periodo Urdangarín presidía el Instituto Nóos.

Por lo que se ha sabido hasta ahora, tanto el Gobierno Valenciano como el Balear—ambos dirigidos por los populares Francisco Camps y Jaume Matas respectivamente— facilitaron contratos al Instituto Nóos en forma de convenios de colaboración, para realizar servicios relacionados con la celebración de foros sobre deporte y turismo: el Valencia Summit y Foro Palma. Por estos servicios, que no conllevaron ningún tipo de sometimiento a concurso ni nada por el estilo ya que, como recientemente dijo Matas “no le podía pedir al yerno del rey que se presentase a concurso y ganase”, se concedieron al Instituto Nóos —que recordemos es una asociación sin ánimo de lucro— la escalofriante cifra de 5,8 millones de euros, que es exactamente el importe de dinero que el juez sospecha fue a parar al beneficio personal de Urdangarín y Diego Torres.

Este dinero se desviaba, a través de facturación por servicios prestados, a las empresas propiedad de Diego Torres y Urdangarín. Así llegaba el dinero público a engrosar las cuentas de beneficios de estas empresas privadas. Una vez ahí, el dinero se utilizaba para muy distintas cosas; en el caso por ejemplo de Aizoon, se dedicó, entre otras, para comprar edificios en Barcelona o Terrasa. El juez también ve claros indicios de que parte de ese dinero se ingresó en paraísos fiscales en Belice.

Pero además de eso, a través de trampear las declaraciones de beneficios de estas mismas empresas ante el registro mercantil evadieron impuestos. En el argot tributario existe el término “triangulación” que consiste, a grosso modo, en incrementar ficticiamente los gastos de empresas a través de facturación falsa a otras empresas pertenecientes a una misma red de propietarios, para así, al hacer la cuenta resultante entre los ingresos obtenidos y los gastos realizados el beneficio neto sea menor y pagar menos impuestos. Es decir, las empresas investigadas, entre ellas principalmente Aizoon y Nóos Consultoría (no confundir esta última con el Instituto Nóos, que era la asociación sin ánimo de lucro a través de la que captaban los fondos públicos mientras que Noos Consultoría es una sociedad limitada, una empresa en toda regla con fines mercantiles), se facturaban entre sí servicios que no se realizaban; de esta manera cada una conseguía aumentar formalmente sus gastos y resultaba tener menos beneficios netos y pagar menos impuestos ( cientos de miles de euros). En definitiva, un negocio fraudulento en toda regla, se mire por donde se mire.

Los negocios “reales” de la Monarquía española: Juan Carlos I como su abuelo Alfonso XIII

La propia reacción  de la Casa Real, una vez destapado el caso, es otro escándalo en sí mismo. Recientemente, el sábado 17 de diciembre, la Casa Real, en un intento por desmarcarse de Urdangarín, admitía que conocía desde 2006 las actuaciones fraudulentas de Urdangarín y le “obligó” a dimitir como presidente del Instituto Nóos, “recomendándole” posteriormente que trasladara su domicilio fuera de España. A través de la intermediación del propio rey, que solicitó ayuda a su amigo Cesar Alierta presidente de la multinacional española Telefónica, Urdangarín recibía una oferta de trabajo de dicha firma en Washington, ciudad dónde tanto él como la Infanta, que también ocupa un cargo de responsabilidad en la Fundación La Caixa, residen desde 2009.

Es decir, el mismo rey sabía de las actividades que Urdangarín realizaba y no dijo absolutamente nada. Sólo ahora trata de salir del paso para desmarcarse del escándalo, haciendo además un alegato sobre la transparencia de las cuentas de la Casa Real, cuyos gastos han indicado que se comenzarán a publicar en su página web. Pero las implicaciones de la Casa Real en este caso no terminan ahí: también ha trascendido que el secretario personal de las infantas Cristina y Elena, Carlos García Revenga, era al mismo tiempo tesorero del Instituto Nóos.

Otros detalles revelan el tráfico de influencias que la Casa Real ejerce a la hora de favorecer y hacer también sus propios negocios. Según se ha informado, una figura clave en la mediación para la realización de estas “colaboraciones especiales” entre el Instituto Nóos y el Gobierno Balear proviene del entorno del Príncipe Felipe: el entonces  Director de deportes del Gobierno de Matas, Jose Luís “Pepote” Ballester,  amigo del Príncipe, ex campeón olímpico de Vela y ex compañero de equipo del Príncipe en Barcelona 92, fue quien firmó la concesión de  2,3 millones de euros a Nóos.

Estas influencias y lazos comerciales con multinacionales y empresarios son las que  únicamente pueden explicar la acumulación de riqueza de la Casa Real. Revistas como Forbes han situado el patrimonio del rey en 1.790 millones de euros, algo que nunca ha sido desmentido oficialmente y que resulta inconcebible si se tiene en cuenta que la única ocupación reconocida del rey son sus labores como Monarca. El yate fortuna con un valor de tres millones de euros, regalado al Monarca por un grupo de empresarios mallorquines, es un ejemplo de esta condición de acaudalado representante de los capitalistas españoles. En esto no hay dudas: sigue el ejemplo de su abuelo Alfonso XIII.

La monarquía se ha convertido en una lucrativa agencia de negocios, parapeto de los intereses de las multinacionales y empresarios españoles en el mundo. Los viajes  en los que tanto el rey, ahora más el Príncipe, realizan en colaboración con el Ministerio de Exteriores a lo largo y ancho del mundo, son viajes de negocios en los que le acompañan directivos de multinacionales como Repsol o Telefónica, y en los que se firman acuerdos comerciales millonarios con empresas y gobiernos extranjeros. El último viaje del Príncipe y la Princesa a Chile, junto con Trinidad Jiménez y la corte de empresarios favorecidos, es uno de los últimos ejemplos. Además, el papel de “inviolabilidad” que la Constitución concede al rey se convierte, en la práctica, en una impunidad que beneficia no sólo al rey, sino a los capitalistas españoles.

En estas circunstancias es comprensible el trato de favor y los contratos millonarios que Urdangarín, avalado en última instancia por la Casa Real española, consiguió con distintos gobiernos. En la última semana también se ha conocido el pago de 114.000 euros que el Ayuntamiento de Madrid encabezado por Gallardón realizó, previa entrevista con Urdangarín, a la Fundación de Diego Torres, Cultura, Deporte e Integración Social (otra Fundación sin ánimo de lucro, cuyos fines declarados son la ayuda a los niños con discapacidad). Una cantidad entregada por “perfilar” el lema de la candidatura olímpica de Madrid, “Los juegos de las personas”, a través de otra fundación, Madrid 16, creada al efecto de impulsar los contactos para conseguir ser sede los Juegos Olímpicos en 2016.

Las declaraciones de la ex consejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, no dejan duda al respecto de los motivos que inclinaron a Gallardón para aceptar la propuesta de Urdangarín: venía avalada por deportistas de élite, empresas como Telefónica o Repsol y la candidatura de Barcelona 92. De la misma forma se explica por qué la empresa Aizoon S.L. ha seguido operando y realizando suculentos negocios después de 2006 con la casa real Saudí, o firmando contratos inmobiliarios de lujo en África; o por qué empresas como Altadis, Motorpress Ibérica (de la que Urdangarín fue también consejero en su momento) o Aceros Bergara realizaron importantes pagos a Aizoon, como revela el informe que Hacienda ha realizado para el juez del caso. Todo dinero es poco para invertir en la Casa Real, los favores a cambio no tienen precio.

La monarquía y la decadencia senil del sistema

La monarquía es, en sí misma, un caparazón legal de los intereses de los capitalistas españoles. En ella el franquismo legó la responsabilidad de proteger la propiedad privada y el capitalismo como sistema. Lo que la dictadura ya no podía garantizar enfrentada a la lucha de los trabajadores y la juventud en los años 60 y 70, le fue encomendado al monarca Juan Carlos con el apoyo de la derecha política y el visto bueno de los dirigentes reformistas de la izquierda. Los privilegios que la constitución le concede, heredados del mismo franquismo; la suma de 8,3 millones de euros de presupuesto de la que dispone libremente y sin justificación hasta el momento, más allá de las auditorias internas que la propia Casa Real realiza, son, han sido y serán un amparo legal para el tráfico de influencias y abuso de poder que esta institución ejerce habitualmente en interés propio y de las multinacionales españolas.

En definitiva, ese es el verdadero papel de la Casa Real. No es una institución inocua, neutral o que vele por la “institucionalidad” de la democracia española. Como jefatura del Estado es una pieza muy importante en la defensa de los intereses colectivos de la clase dominante; y estos servicios prestados son muy bien remunerados, algo que por razones políticas evidentes se mantiene oculto y vedado al conocimiento de la población.