Hace unos días, el  nuevo presidente del Gobierno avanzaba, con ambigüedad calculada, las medidas del gobierno del PP contra la educación pública. Su resultado no será otro que una mayor segregación y aumento del abandono temprano de la escuela, a la vez que abrirá nuevas vías con las que lucrarse para aquellos que ven en la educación un jugoso negocio.

Tras el anuncio hecho el 19 de diciembre sobre la creación de un bachillerato de tres años, se esconde una vieja aspiración de la derecha: acabar con la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años. Al igual que con la edad de jubilación o la protección para los trabajadores que son despedidos, tenemos sobre la mesa el intento de imponer un nuevo recorte en derechos fundamentales de los jóvenes y los trabajadores.

Bachillerato de tres años: una coartada para segregar al alumnado

La creación de un primero de bachillerato a partir de los 16 años obligará a los estudiantes de tercero de ESO a optar entre la Universidad, la Formación Profesional o el abandono de los estudios con 14 ó 15 años. Esta situación posibilitará que aquellos alumnos que se enfrentan a mayores obstáculos dispongan de menos tiempo, oportunidades y apoyos para superarlos, alentándose así el abandono escolar a edades cada vez más tempranas. A su vez, estos estudiantes, que entrarán al mercado laboral de forma prematura y sin apenas cualificación, estarán condenados a la precariedad.

Aunque se han dado pocos detalles sobre la forma definitiva que adoptará esta contrarreforma, en el discurso del PP no faltan las referencias a la necesidad de “flexibilizar” la enseñanza Secundaria. Mucho nos tememos que este lenguaje responde al deseo del nuevo Gobierno de comenzar a seleccionar a los estudiantes que finalmente accederán a la universidad, separándolos del resto, a una edad aún más temprana, retomando así el objetivo de crear itinerarios desde los primeros cursos de la ESO. De esta forma, nos podríamos encontrar con que ya en segundo de ESO, es decir entre los 12 y 13 años, se inicie el proceso de diferenciación y segregación entre los que optarán a la Universidad y los que no.

No es necesario conocer cómo se va a concretar esta nueva medida para afirmar que los estudiantes de 14 y 15 años que tengan mayores dificultades o dudas sobre su continuidad en el sistema educativo verán menos atractivo optar por un  bachillerato que se prolonga un año más, por lo que esta reforma se convertirá en un incentivo más para que un sector de jóvenes abandonen los estudios antes de los 16 años. Así, la cualificación académica de una nueva generación se verá reducida respecto a la actual, precisamente en un momento en el que se insiste una y otra vez en que para salir de la crisis hace falta más formación.

Además, se producirá una importante devaluación de la Formación Profesional frente a la Universidad, puesto que, a pesar de los continuos mensajes institucionales acerca de la “dignificación” de la FP, la realidad será que la preparación previa para acceder a los ciclos formativos profesionales se reducirá un curso, alentando la idea de que los estudiantes de FP no precisan tener conocimientos en profundidad de matemáticas, lengua, historia, filosofía o cultura general.

El PP considera un despilfarro invertir en la formación de los jóvenes

La derecha justifica esta agresión diciendo que es necesario preparar  mejor a los jóvenes que acceden a la Universidad y descomprimir el currículo existente en bachillerato. Estas afirmaciones no son más que una cortina de humo con la que intentar confundir a la opinión pública, puesto que los problemas de los estudiantes universitarios nada tienen que ver con una escasa formación previa. Las dificultades a las que se enfrentan los universitarios no son otras que la subida permanente del coste de las tasas de matriculación (este año de un 7%), con penalizaciones económicas prohibitivas para las asignaturas suspendidas (multas en terceras matrículas que pueden alcanzar los 660€), un abandono de la inversión universitaria sin precedentes (sólo en Madrid la caída ha sido de un 80% en cuatro años), y con una tasa de desempleo que afecta al 50% de la juventud. ¡Estos son nuestros verdaderos problemas!

Mejorar la preparación de los estudiantes de bachillerato antes de ir a la universidad pasa por cambiar el actual plan de estudios, especialmente en segundo de bachillerato, que tiene como único objetivo preparar a los estudiantes para superar los exámenes de Selectividad. Mientras esta prueba injusta continúe existiendo, el último curso de bachillerato, sea de dos o tres años, será cursado con el único objetivo de superar dicho examen de acceso universitario, y no con el ánimo de mejorar los conocimientos o destrezas de los estudiantes. Y, por supuesto, mejorar la calidad de la educación que recibimos los jóvenes precisa también del aumento de la dotación material y humana de los centros de estudios, precisamente lo contrario de lo que ya está haciendo la derecha en aquellas autonomías en las que gobierna, ya sea el PP en Madrid y Castilla-La Mancha, CiU en Catalunya o UPN en Navarra.

Preparar una respuesta estatal de toda la comunidad educativa

Desde el Sindicato de Estudiantes denunciamos que la instauración de un bachillerato de tres años aumentará el abandono temprano de los estudios –al margen incluso de que, formalmente, se mantenga la obligatoriedad a los 16 años-, devaluará la Formación Profesional, y aumentará las dificultades para acceder a la universidad.

A la vez, nos encontraremos con que, al ser 1º de Bachillerato obligatorio, se abrirán las puertas para poder concertar este curso educativo. Algo que la patronal educativa no desaprovechará para exigir la extensión de los conciertos a 2º y 3º de Bachillerato  con el argumento de “no fragmentar el currículo del alumno”. De esta forma, las expectativas de aquellos que no entienden la educación como un derecho, sino como un fabuloso negocio, quedarán bien cubiertas.

En definitiva estamos ante el intento de dar un paso más en el proceso de desmantelamiento de la escuela pública, un camino que en comunidades gobernadas por la derecha, como Madrid, lleva mucho tiempo recorriéndose y que ha hecho que en la actualidad existan 488 centros privados y privados concertados en Secundaria, frente a 325 públicos.

Este inicio de curso ha estado marcado por importantes movilizaciones del profesorado contra el despido de miles de docentes en Galicia, Castilla La Mancha, Navarra y Madrid, siendo muchas de ellas las más grandes que se recuerdan en años. Junto a ellos hemos luchado codo con codo decenas de miles de estudiantes, padres y madres de alumnos. Expresamos así no sólo nuestra solidaridad con los profesores despedidos, sino nuestro compromiso con la defensa de la escuela pública, que actualmente se enfrenta a una ofensiva que no tiene precedentes desde la caída de la dictadura. Ese es el camino, ahí está la fuerza necesaria para detener estos ataques. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes volvemos a dirigirnos a los dirigentes de CCOO y UGT, para plantearles una vez más la necesidad de comenzar a preparar de inmediato una Huelga general de la comunidad educativa en todo el Estado, en defensa de la escuela pública y contra los ataques que ya se han llevado acabo y contra las medidas que estos días comienzan a anunciarse.