El 16 de enero nos despertábamos con la noticia de la muerte de Manuel Fraga, fundador del PP, ministro franquista, enemigo jurado del movimiento obrero, la libertad y los derechos democráticos. La mayoría de los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, se dedicaban a llenar páginas de alabanza al hombre que fue capaz de cambiar la chaqueta de represor por la de demócrata de toda la vida, “salvo algunos pequeños errores del pasado”, como dijo alguna vez. Y no sólo los medios de comunicación sino algunos de los que persiguió con saña, que, en lugar de explicar lo que Fraga supuso para el mantenimiento de las instituciones franquistas después de la muerte de Franco, no tienen ningún rubor en salir en radios y televisión ensalzándole como un “padre de la patria”. Pero si la dictadura franquista fue un régimen genocida, Fraga fue uno de sus más conspicuos representantes. Franco le fue ascendiendo hasta que, cuando ya empezaban a ser más claro el descontento de amplios sectores de la población, le nombra en 1962 ministro de Información (anteriormente Ministerio de Agitación y Propaganda). Durante su mandato como alto jerifalte de la dictadura aprobó la represiva Ley de Prensa e Imprenta, ordenó la voladura del diario Madrid, aumentó la censura política, y llevó a cabo otras hazañas al “servicio del Estado”, entre las que destacan su implicación directa en los asesinatos del dirigente comunista Julián Grimau y de los anarquistas Delgado y Granados.

Asesino de trabajadores

Su ideología fascista le llevó a mostrar su odio a la clase trabajadora en numerosas ocasiones, Tras la muerte del dictador, en noviembre de 1975, sus compinches franquistas le negaron el cargo de presidente del nuevo gobierno pero Fraga asumió la cartera del Ministerio de la Gobernación (el de Interior ahora) desde dónde controló un aparato represivo que emplearía a fondo en los meses siguientes.
A principios de diciembre de 1975, 25.000 obreros metalúrgicos de Madrid se habían declarado en huelga y las minas asturianas estaban paralizadas. A comienzos de enero del año siguiente estalla la huelga en el Metro de Madrid. Le siguen las huelgas en Correos y Telefónica. Después Renfe, taxis y cientos de empresas del cinturón industrial de Madrid se ponen en lucha, y el Gobierno, en un acto de desesperación para frenar el auge del movimiento, militariza el Metro y Correos. Durante las huelgas del mes de enero en todo el Estado se perdieron 21 millones de horas de trabajo.
La lucha llegó a su punto más intenso en Vitoria, a comienzos del mes de marzo. Para el día 3 de marzo, después de 54 días ininterrumpidos de huelga, es convocada una nueva huelga general en toda Vitoria. La ciudad queda paralizada y más de 5.000 personas asisten a la asamblea general convocada en la Iglesia de San Francisco. La policía carga contra la multitud disparando balas de plomo. Mueren tres obreros y más de cien son heridos. Dos obreros fallecen más tarde en el hospital a causa de las heridas provocadas por la brutal acción policial. Al tener conocimiento de estos asesinatos se desata la furia de los trabajadores, que montan barricadas y los disturbios duran hasta la noche. El ambiente es tal que hasta los soldados que ha enviado el Gobierno para sofocar la lucha, se niegan a retirar las barricadas. El día del funeral, el 5 de marzo, 100.000 trabajadores y sus familias acompañan los cadáveres de los trabajadores asesinados por las calles de Vitoria. Los verdugos de estos trabajadores tienen nombres y apellidos, y permanecen grabados en la conciencia de miles de obreros vitorianos: Manuel Fraga, ministro de Gobernación, y Adolfo Suárez, quien lo sustituye por encontrarse fuera del país.
Los sucesos de Vitoria tienen un efecto eléctrico sobre la conciencia de centenares de miles de trabajadores de todo el Estado. Se convocan huelgas y manifestaciones espontáneas en diferentes partes que son contestadas por una furiosa represión. El día 5 muere asesinado por la policía un obrero de Duro Felguera en Tarragona. Otro trabajador es asesinado en Elda (Alicante). El movimiento obrero y juvenil espera la convocatoria de una huelga general. Sin embargo, los dirigentes de CCOO llaman a la calma y no convocan nada. Sólo en el País Vasco, el día 8 de marzo, se convoca la huelga general y 500.000 trabajadores responden como un solo hombre en solidaridad con los obreros de Vitoria. En Basauri (Vizcaya), un joven obrero de 18 años muere de un balazo en la cabeza a manos de la policía.
La represión policial organizada por ese “luchador de la libertad” como quieren ahora presentar a Manuel Fraga, es auxiliada en muchas ocasiones por las bandas fascistas que cuentan con el apoyo y la impunidad del aparato del Estado. El 9 de mayo, los carlistas de Carlos Hugo (escisión de carácter izquierdista de los antiguos requetés fascistas) organizaban su concentración anual en Montejurra (Navarra), a la que también acudían diversos grupos de izquierda. Ese día, bandas fascistas disuelven la concentración de 3.000 personas a tiro limpio, matando a dos de ellas, una de las cuales era un obrero de Estella. Los asesinos nunca fueron juzgados y después se supo que fueron financiados por miembros del propio Gobierno. También Fraga era, en esos momentos, el ministro de Gobernación. La indignación por estos hechos en todo el Estado fue enorme y, a pesar de que la historia oficial intenta borra el rastro de su actuación, han pasado a la posteridad muchas de sus expresiones: “la calle es mía”, “si quieren poner la ikurriña tendrán que pasar por encima de mi cadáver”, etc., que demuestran la ideología fascista de este “servidor público”.

¿Un demócrata?

Cuando el régimen franquista atraviesa una agonía terminal enfrentado a un movimiento de protesta que se extiende por toda la geografía del Estado, Fraga, junto con otros antiguos exponentes de la dictadura, se meten de lleno en una operación “reformista” para lograr que los crímenes de la dictadura no sean juzgados, sus políticos continúen con sus carreras sin sobresalto, y el país siga bajo el control firme de una clase capitalista que apoyó sin ambigüedad a la dictadura. Con el beneplácito de las direcciones de los partidos obreros, se organizan elecciones a una asamblea constituyente en 1977, pero Fraga tiene mucho que objetar a los derechos democráticos, que aunque limitados, se han arrancado a través de la sangre de la clase obrera y la juventud. Desgajado del núcleo que conforma UCD, Fraga se alinea con los sectores más ultramontanos del franquismo y crea Alianza Popular, que más tarde se refundaría como Partido Popular.
Ahora que ha muerto sin ser juzgado, una mayoría de los políticos honran a Fraga como un “gran demócrata” y subrayan su papel como “padre” de la Constitución. El proceso de la “Transición” siempre se ha presentado por parte de la burguesía, y sus agentes en el movimiento obrero, como un pacto de caballeros entre los sectores moderados del viejo régimen, entre los que estaba Fraga, y los líderes obreros “responsables” que, bajo los auspicios del moderno rey Juan Carlos, permitió superar sin traumas la dictadura.
Esta visión idílica ignora el hecho de que desde finales de los años sesenta la clase obrera del Estado español protagonizó una oleada huelguística sin precedentes en la historia de Europa occidental, respondida a su vez con un aumento de la represión de la que los acontecimientos del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria y el asesinato de los abogados de Atocha son un claro exponente. Sin este movimiento titánico de la clase trabajadora, ni Suárez, ni Fraga, ni Juan Carlos se hubiesen movido un ápice hacia la democracia formal y habrían seguido aferrados al yugo y las flechas y todos los viejos símbolos de la dictadura.
Fraga ha muerto sin pagar sus crímenes, y ningún trabajador y joven con conciencia de clase llora por su desaparición. En todo caso, será tarea de las nuevas generaciones restituir la verdad histórica y colocar a este individuo en el lugar que se merece: como un agente de una dictadura sangrienta a la que siempre defendió.