La herencia del franquismo en el actual aparado estatal, a pesar de 37 años transcurridos desde la caída de la dictadura, es extensa y profunda. Empieza por la propia existencia de la monarquía. No podemos olvidar que fue Franco quien la restauró poniendo a Juan Carlos en el trono después de que éste jurara su adhesión a los principios del Movimiento. Pero la cosa no termina ahí.
Si nos fijamos en la cúspide del Ejército, nos encontramos con el general Fulgencio Coll, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra desde 2008, procede de una familia con vínculos políticos de primer orden con el franquismo: su padre, el general Fulgencio Coll, fue jefe del Movimiento Nacional en Vizcaya entre 1968 y 1974 y, posteriormente, procurador de las cortes franquistas hasta su disolución. Pertenecía al bunker y votó en contra de la derogación de los Principios Fundamentales del Movimiento en 1976. Su abuelo, el general Juan Coll, activo en la guerra civil al lado de Franco, fue alcalde de Palma de Mallorca de 1945 a 1952 y también procurador de las cortes franquistas. Tiene, además, otros ancestros que ocuparon la alcaldía de Palma de Mallorca, demostrando que su pedigrí viene de tiempo atrás.
En la flota, el almirante general de la Armada Española, Manuel Rebollo (también desde 2008) es, ni más ni menos, caballero de la Cofradía de Caballeros Cubilarios de Zamora, una corporación de nobles originaria en el siglo XIII en la que, para ser miembro hay que acreditar nobleza familiar o, excepcionalmente, nobleza personal (por ejemplo, servicio a la Corona). También deben demostrar la “legitimidad” y “cristiandad” familiar.
En el nuevo gobierno de Rajoy, por supuesto, también hay buenos ejemplos:
Víctor Calvo-Sotelo, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones es otro descendiente de una familia con tradiciones. Es hijo de Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del gobierno en 1981/82, su abuelo José Ibañez también fue ministro de Educación, pero con Franco y entre 1939 y 1951, en pleno apogeo de la represión y los asesinatos, y su tío abuelo fue José Calvo-Sotelo el “protomártir” franquista.
La lista es extensa: Marta Silva, abogada general del Estado es hija de Federico Silva, ministro de Obras Públicas entre 1965 y 1970; Adolfo Díaz, secretario general técnico del Ministerio de Agricultura es nieto de Adolfo Díaz, ministro de Agricultura entre 1965 y 1969; Emilio Lora-Tamayo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es hijo de Manuel Lora-Tamayo, ministro de Educación entre 1962 y 1965; el ministro Gallardón es yerno del falangista José Utrera, ministro de Vivienda en 1973 y secretario general del Movimiento entre 1974 y 1975; Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad es el nieto de Onésimo Redondo, “caudillo de Castilla” y fundador de las JONS.
Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, es decir el tercer cargo más importante del Estado español según la Constitución, no se queda corto: su padre, Jesús Posada, fue procurador de las Cortes, alcalde de Soria y dirigente del Sindicato Vertical. El presidente del Senado, Pío García-Escudero, procede de una familia elevada a la nobleza por el infame Alfonso XIII y que ha contado con destacados falangistas como su tío Pío García-Escudero, dirigente de la 1ª Centuria de Álava; o su abuelo, también Pío García-Escudero, presidente del Consejo Superior de Montes.
En el terreno de la “imparcial” justicia, los ejemplos también abundan: Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde 2008, ejerce como juez desde 1969, escribe habitualmente en la revista Hermandad del Valle de los Caídos, también peregrina asiduamente a Tierra Santa y cree que se libró de un atentado de ETA por obra de la Virgen de Fátima.
Continuidad del aparato del Estado
La única conclusión posible, después de este pequeño botón de muestra, es que en el aparato del Estado siguen presentes las mismas familias que gobernaron el Estado español durante la dictadura y que incluso, si nos remontamos en los árboles genealógicos, nos encontraremos con las mismas familias que componían el aparato del Estado en la época de la monarquía absoluta. La burguesía española adoptó el aparato estatal heredado del absolutismo y lo fue perfeccionando como su propio órgano de dominación de clase. Cuando en 1931 se proclamó la República, el Gobierno Provisional mantuvo íntegro el aparato del Estado heredado de la monarquía, con los Sanjurjo, Franco, Mola y compañía.
Tras la muerte de Franco, durante la Transición, sucedió exactamente lo mismo. Todo el cuerpo de jueces, mandos del ejército y de la policía, el alto funcionariado..., se mantuvo intacto. No sólo eso, con el apoyo de los máximos dirigentes del PSOE y del PCE, las Cortes Constituyentes aprobaron en 1977 una Ley de Amnistía que realmente era una ley de punto final sin precedentes.
La ley indultó “los delitos de rebelión y sedición”, así como “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley” y “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Y todo en nombre de la “reconciliación nacional”, ¡qué vergüenza! Si comparamos el Estado español con otros países donde ha habido dictaduras similares a la de Franco, no encontraremos nada así: ni tras la Alemania nazi, ni tras la Italia de Mussolini o el Portugal de Salazar.
Grandes empresas y alta administración, un sistema de vasos comunicantes
El capital se fusiona con el aparato del Estado para que este sea una herramienta sumisa a sus dictados. Con la actual crisis mundial lo hemos visto en todo el planeta: gobiernos actuando al servicio de la gran banca y de “los mercados” remarcando el carácter de clase del Estado burgués. Veamos algunos ejemplos de esa fusión:
Elena Salgado, ministra de Economía con el PSOE, fue premiada por su labor fichando por la multinacional Endesa (empresa vinculada a Rodolfo Martín Villa, dirigente del Sindicato Vertical, procurador franquista, jefe del Movimiento Nacional en Barcelona y ministro del Interior durante la Transición). Numerosos altos cargos del actual gobierno del PP tienen vínculos con la gran empresa y la banca:
Luis de Guindos, ministro de Economía: probablemente Rajoy le escogió para ese cargo por su experiencia en bancarrotas. Efectivamente, era consejero asesor de Lehman Brothers para Europa y director en España y Portugal hasta la quiebra del banco. También ha sido consejero de Endesa y de la editorial que publica El Mundo, entre otros cargos empresariales.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda: ha sido socio de Equipo Económico, una consultoría encargada de asesorar a las grandes empresas sobre cómo pagar menos impuestos y, que hasta 2008, se llamaba Montoro y Asociados.. ¿La amnistía fiscal aprobada por el PP tendrá algo que ver con su pasado empresarial?
Arias Cañete, ministro de Agricultura: ha estado vinculado a un numeroso listado de empresas del sector agrícola y ganadero, pertenecientes a la familia de su esposa. También al negocio de los bingos, importación de vehículos, asesoría bursátil, fincas rústicas… Es accionista de la petrolera Ducar, del Santander, del BBVA y de Mapfre. Vamos, todo un emprendedor.
Interesantes también son los vínculos empresariales de Pedro Morenés, ministro de Defensa: fue consejero de Istalaza, empresa armamentística española que fabricaba bombas de racimo y que se las vendía a Gadafi; es director ejecutivo en el Estado español de MBDA, fabricante francesa de misiles, y del Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte.
Podríamos seguir, pero sólo un ejemplo más: los Protectores de la Real Academia de la Historia, encargada de escribir el nefasto Diccionario Biográfico Español que elevaba, con dinero público, a Franco a la categoría de héroe y que recientemente el PP ha vuelto a subvencionar: Isidoro Álvarez (presidente de El Corte Inglés), Francisco González (BBVA), Rodrigo Rato (Bankia), César Alierta (Telefónica), María del Pino (Ferrovial), José Manuel Martínez (Mapfre), Ignacio Garralda (Mutua Madrileña), Esther Koplowitz (FCC), Emilio Botín (Santander) o el marqués de Villar Mir, entre otros grandes prohombres.
La burguesía del Estado español le debe su fortuna a Franco. Primero, porque les defendió de una revolución que cuestionaba la propiedad capitalista y terrateniente, y segundo, porque les permitió amasar tremendas fortunas a costa de los trabajadores. Hay una auténtica fusión entre los capitalistas, el aparato del Estado y el franquismo. Son las mismas familias de siempre. Y es que no puede haber una democracia genuina mientras esta gente controle las palancas fundamentales del poder económico y político. Más que nunca, la lucha por una democracia para la mayoría, es la lucha por el socialismo.
