El gobierno maniobra demagógicamente y aprueba un decreto que beneficia a los bancos y no a los afectados
La movilización ejemplar de miles de familias humildes, de activistas y jóvenes de la izquierda ha situado en el centro del debate político el cruel y brutal expolio que representan los desahucios, colocando al gobierno del PP contra la espada y la pared.
En el momento en que el stock de casas vacías alcanza su récord (en diez años han pasado de tres a seis millones), un amplio sector de la clase obrera y la juventud no disponen de acceso a una vivienda digna y cientos de miles de familias son arrojadas a la calle. Como en otros ámbitos, la lógica de la crisis muestra toda la podredumbre y descomposición del sistema capitalista. La banca desahucia a familias que no pueden seguir pagando hipotecas abusivas, se queda con las casas, y consigue gracias a una ley que data de principios del siglo XX que esas familias desahuciadas sigan pagando por una vivienda de la que ya no disfrutan. Una estafa legal consentida por las instituciones del Estado (gobiernos, parlamentos y jueces), que se ha convertido en una pesadilla para muchos. Desde 2007, casi 400.000 familias se han visto afectadas por ejecuciones hipotecarias, y 180.000 han sido desalojadas: sólo en el primer semestre de 2012 se han producido casi 100.000 desahucios, lo que significa una tasa de 532 ejecuciones diarias.
El gobierno mueve ficha por la presión de la lucha, pero sigue sin resolver nada
Frente a esta dramática situación, y especialmente tras la irrupción del movimiento 15-M y la escalada de luchas sectoriales y huelgas generales de los dos últimos años, se han extendido las acciones contra los desahucios por numerosas ciudades y localidades. Encabezadas por activistas de la izquierda, agrupados sobre todo en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), las concentraciones y manifestaciones, las demandas en los tribunales, los encadenamientos y la resistencia contra la violencia policial, las ruedas de prensa y la coordinación de los afectados se han multiplicado. Todo ello fruto de una actitud militante desde abajo que ha recuperado métodos de lucha de clase muy positivos. Como señala la PAH, gracias a la implicación y la movilización de miles de personas se han paralizado ya 500 desahucios y se ha conseguido el apoyo de una inmensa mayoría de la sociedad. Incluso jueces y secretarios judiciales han denunciado el procedimiento abusivo del sistema español de desahucios y de cobro de hipotecas de la banca.
La primera respuesta del gobierno del PP a este clamor fue mirar hacia otro lado y sugerir a la gran banca un Código de Buenas Conductas que fracasó miserablemente. Como se subraya en un comunicado de la PAH: “(…) Cualquier medida cuyo cumplimiento sea de carácter voluntario por parte de las entidades financieras se ha demostrado ineficiente y es un engaño para las miles de personas que se encuentran bajo el riesgo de perder su vivienda. (…) El objetivo de las entidades financieras es maximizar su beneficio y reapropiarse de los bienes inmobiliarios para seguir especulando en el mercado financiero con ellos. Apelar a su buena conciencia social no es un incentivo suficientemente lucrativo para sus balances económicos”. Han tenido que producirse tres suicidios y una tremenda movilización social para que el gobierno moviera ficha, en un intento desesperado por lavar su imagen y desactivar la protesta. En su maniobra han contado con la vergonzosa colaboración de la dirección del PSOE que ha aceptado participar en una mascarada de reuniones “negociadoras”, de las que por razones obvias se ha excluido a la PAH y a los afectados. Finalmente, y sin la firma del PSOE por el momento, el gobierno aprobó un Decreto el 15 de noviembre que no resuelve el fondo del problema.
El texto no toca la ley hipotecaria y lo único que hace es establecer una moratoria del desahucio por dos años, sólo para familias que reúnan una serie de requisitos (que el gobierno adjetiva de “más vulnerables” haciendo las trampas semánticas habituales)*. En realidad, se excluye a decenas de miles que han vivido o viven con este drama. Por ejemplo, una familia con dos niños y con el único ingreso del subsidio de 420 euros queda fuera. En la provincia de Barcelona con cientos de afectados, según los cálculos de la PAH sólo cumplen los requisitos del Decreto siete personas. Además, quienes consigan acogerse estarán peor, porque acumularán intereses muy altos en los dos años de moratoria: “las deudas y los intereses hay que devolverlos” como enfatizó De Guindos. Las medidas tampoco tienen carácter retroactivo, es decir, las familias que hayan perdido su casa no la recuperarán. Por último, el Decreto plantea la creación de un “Fondo” de pisos sociales, que se nutrirán, ni más ni menos, que del stock inmobiliario que actualmente poseen los bancos. Un asunto tras el que hay mucha miga.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha valorado las medidas del gobierno muy “positivamente”, ofreciendo su “máxima colaboración y experiencia” para la creación del “Fondo” de pisos sociales. También la Asociación Española de la Banca (AEB), los mismos ladrones y estafadores que han dejado a un millón de personas sin sus ahorros engañándolas con las “preferentes”, que han desahuciado a cientos de miles de familias, se ha pronunciado con el cinismo propio del que se sabe impune: “Compartimos con el gobierno la necesidad de proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables (…) y entendemos la decisión de paralizar temporalmente los desahucios en casos de familias que viven situaciones de particular necesidad”.
Evidentemente, la oligarquía bancaria ya se frota las manos. Gracias a la ayuda de 60.000 millones de la UE para crear el “banco malo”, cuyo nombre oficial es Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), la banca podrá vender al Estado una parte del stock de viviendas, que además han sido objeto de desahucios en estos años, a precios muy competitivos (la dirección de la SAREB estima que comprará 89.000 viviendas y 13 millones de metros cuadrados de suelo de las antiguas cajas nacionalizadas: Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia). No se puede hacer un negocio más redondo: han sacado cientos de miles de millones de euros con las hipotecas abusivas; siguen sacando miles de millones a los propietarios desahuciados, y redondean decenas de miles más gracias a que con el “banco malo” el gobierno les comprará sus viviendas invendibles para incluirlas en el llamado “Fondo” de pisos sociales.
La lucha continúa hasta frenar todos los desahucios y por el derecho a una vivienda digna
En un comunicado titulado La banca dicta, el gobierno redacta, hecho público inmediatamente después de conocerse el Decreto, la PAH afirma: “(…) Tenemos claro que si hoy el Gobierno tomó estas medidas es gracias a la presión social, a la lucha sin tregua de los de abajo, de organizaciones como la PAH, el 15-M y muchas otras. La PAH continuará presionando y movilizándose, tal y como ha hecho hasta ahora…”. El 19 de noviembre, la Plataforma llamó a todos los afectados a presentar ante los juzgados un escrito de suspensión de los desahucios que fue un gran éxito, y a esta acción seguirán otras.
Los trabajadores y jóvenes de la Corriente Marxista El Militante apoyamos y participamos entusiastamente de la lucha de la PAH y de todas las familias afectadas. Además trabajamos para que esta lucha sea también una bandera del movimiento obrero organizado, de los sindicatos de clase. CCOO y UGT deben abandonar su posición de espectadores, e implicarse activamente en esta causa. Hay que fortalecer el movimiento de protesta contra los desahucios y unificarlo con las movilizaciones en defensa de la enseñanza y la sanidad pública, contra los recortes y los ataques a los derechos democráticos, convergiendo en una nueva huelga general de 48 horas, en una rebelión social hasta vencer a este gobierno reaccionario.
1. La vivienda es un derecho social. Ningún desahucio más. Prohibición por ley de los desahucios a las familias trabajadoras. Suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente en los juzgados.
2. La dación en pago obligatoria para la banca, y de carácter retroactivo, puede ser una solución parcial para no acumular más deudas con los bancos, pero no resuelve el problema de fondo —el derecho a una vivienda digna—. Hay que defender la condonación de las hipotecas abusivas de las familias trabajadoras con carácter retroactivo.
3. Por la expropiación de todo el parque de viviendas de la banca y de las grandes constructoras, sin ninguna indemnización, para crear con ellas un sistema público de viviendas sociales en alquiler que no supere el 10% de los ingresos familiares. Sólo en el caso de Bankia y de su matriz BFA las cifras son demoledoras: acumulan cien millones de metros cuadrados de suelo (equivalente a todo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria); 45.000 viviendas y 15.000 locales.
4. La nacionalización de la banca y las grandes empresas constructoras e inmobiliarias sin indemnización y bajo control de los trabajadores y sus organizaciones es también otro aspecto crucial para garantizar el derecho a un techo digno. Asimismo, es necesario la creación de una gran empresa estatal de construcción y empresas de construcción públicas por parte de los ayuntamientos para garantizar una amplia oferta de viviendas sociales en alquiler que asegure la resolución del problema.
* Las familias que se pueden acoger son aquellas que no ingresen entre todos los miembros más de 1.597 euros al mes; cuando la casa a desahuciar sea única vivienda en propiedad y cuando tuvieran que pagar una cuota hipotecaria de más de un 50% de sus ingresos netos. Estas familias no serán desahuciadas durante dos años si cumplen además, obligatoriamente, y ahí está el quid de la cuestión, alguno de los siguientes requisitos: ser familia numerosa; familia monoparental con dos hijos a su cargo; familia con un menor de tres años; familias que tenga a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral; familias que convivan con familiares (hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad) que sean discapacitados, dependientes o que sufran una enfermedad grave; familias en las que todos los deudores estén en paro y hayan agotado la prestación; víctimas de violencia de género.
