En estos días se ha hecho público el informe definitivo que el “grupo de sabios” designado por el Gobierno ha elaborado sobre la reforma de las pensiones. En él se dibuja un escenario catastrofista sobre la inviabilidad del actual sistema, para justificar mejor su desmantelamiento.

Un simple vistazo a este “comité” muestra claramente que, bajo la falsa apariencia de objetividad se esconden los voceros de las grandes patronales privadas, de la banca y de la burguesía en general (ver la lista en la nota que publicamos después del artículo). No es casualidad que el presidente del comité sea el catedrático Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte liberal que ha colaborado en varias ocasiones con FAES, la fundación que alimenta el discurso ideológico del PP, ni que ocho de los doce miembros estén directamente a sueldo de las compañías de seguros o de la banca. En su informe, el comité de expertos reconoce oportunamente que sus medidas provocarían “una reducción significativa de la pensión media sobre el salario medio". Para evitarlo, plantean complementar la prestación con ingresos procedentes del ahorro privado.

Frente a estas evidencias de los intereses que se ocultan tras la pretendida “objetividad” de los expertos, el representante de CCOO, Miguel Ángel García, ha sembrado la indignación en el sindicato, al votar también a favor del informe, provocando una oleada de peticiones de expulsión por su actitud.

Tán sólo Santos Ruesgo, por UGT, ha votado en contra, y ha denunciado que "avanzamos hacia un modelo con pensionistas de primera y segunda clase".  

¿Cuáles son las medidas que proponen y porqué?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, no sólo este último informe, sino todos los representantes de la burguesía en todas las instituciones, medios de comunicación, etc. repiten interesadamente la idea de que el sistema de pensiones no se puede sostener, argumentando que cada vez hay más jubilados y que estos viven más años, mientras el número de trabajadores en activo disminuye.

Sin embargo, quienes defienden este argumento ocultan el hecho de la enorme productividad que tiene el trabajo, que permite que los trabajadores produzcan, en conjunto, mucha más riqueza de la que se necesita para garantizar su propia subsistencia y la de su familia. Otra cuestión es quien se apropia individualmente de esa riqueza social que crea la clase obrera con su sudor. Así pues, como en el resto de cuestiones sociales, no estamos hablando de una cuestión de recursos, sino de su distribución. Por supuesto, nada de esto se dice cuando se habla del “futuro de las pensiones”.

Al contrario, se pretende que el sistema debe ser viable atendiendo exclusivamente a la relación entre el dinero que entra en la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores y el que sale para pagar las pensiones. Y con ese argumento perverso se pretende que la única solución es por tanto “trabajar más y cobrar menos”.

De esta forma, todas las medidas propuestas por el “comité de sabios” van orientadas a conseguir ese objetivo. Bajo complicadas fórmulas matemáticas e ininteligibles explicaciones “técnicas”, el voluminoso informe de los “sabios” puede resumirse en dos cuestiones muy concretas:

- Disminuir la cuantía de la pensión en proporción al aumento de la esperanza de vida (o sea que, como vivimos más años, estamos condenados a vivirlos miserablemente)

- Dejar de ligar las pensiones al IPC, es decir, que ya no suban de acuerdo al coste de la vida. La comisión recomienda que esto comience a aplicarse a los pensionistas actuales, lo que supondría un empobrecimiento general en pocos años.

Estas dos medidas, sumadas al impacto de la reforma de Zapatero de 2011 que alargaba la edad de jubilación, supondrán la miseria para millones de trabajadores en los próximos años, pero permitirán hacer un negocio redondo a los planes de pensiones privados[1]. Como señala Ruesgo: "Los que hayan podido ahorrar durante su vida laboral, y los que hayan invertido en fondos de pensiones privados, podrán compensar la pensión del sistema público y vivirán razonablemente. Pero ¿quién puede ahorrar? Los que más ganan.  El resto, que serán la mayoría, con unos niveles salariales medios, tendrán que arreglarse con una pensión raquítica".

Frente a esto, no hay margen para la pasividad sindical

Un ataque de esta naturaleza cuestiona un derecho vital para los trabajadores, pretendiendo arrebatarnos de un plumazo la posibilidad de tener una vejez digna. Sin embargo, el coro que reclama un día sí y otro también liquidar el sistema de pensiones (aunque pretenda encubrir sus intenciones hablando de la “sostenibilidad” etc.), no encuentra una respuesta contundente por parte de las izquierda, ni de las organizaciones sindicales. Todo lo contrario, tanto la dirección de CCOO como la de UGT han asumido completamente el discurso de la burguesía, renunciando a defender radicalmente los derechos de los trabajadores, lo que les llevó a firmar la última contrarreforma de las pensiones, impulsada por el gobierno de Zapatero, o a que CCOO proponga ahora un incremento de las cotizaciones sociales (incluidas las de los trabajadores) para incrementar los recursos de la SS.

Pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de muchos trabajadores ha sido la postura del representante de CCOO en este último comité de expertos, votando a favor de un ataque de dimensiones históricas. Ante el escándalo mayúsculo, desde la dirección del sindicato se ha hecho pública una resolución que, aun cuando se desmarca del citado informe, en absoluto está a la altura de lo que esperamos los afiliados, ni en la contundencia a la hora de condenar esta actitud y tomar las medidas pertinentes, ni en cuanto a la crítica al propio informe.

De hecho, en la resolución se justifica la presencia de CCOO en tal comisión basándose en las “mejoras” que su representante ha podido incorporar al documento final: “…su participación ha permitido que se abandonase la idea inicial de cambiar sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema de reparto, que se plantee que la viabilidad del sistema se puede garantizar por la vía de la mejora de los ingresos, y que la decisión recaiga en el ámbito de la política una vez activada la negociación en la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo (…) No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada” (énfasis nuestro).

Además, frente a las medidas propuestas, desde CCOO no se “rechaza”, sino que se “cuestiona” la idoneidad de desligar las pensiones del IRPF o de rebajar su cuantía en función de la esperanza de vida[2]. Es decir, en lugar de lanzar un mensaje de que vamos a combatir este atropello, se nos prepara para un intercambio de opiniones en la mesa de negociación, a fin de conseguir un acuerdo al precio que sea. Así se recoge en la edición especial de la Gaceta Sindical de este mes: “CCOO cree que lo fundamental es que las reformas estructurales del sistema público de pensiones se construyan sobre el mayor consenso posible, lo que debe alcanzarse, en el plano político, en el marco del Pacto de Toledo y en el social a través del diálogo con empresarios y sindicatos.”

El pacto solo es posible sobre el cadáver de las conquistas históricas del movimiento obrero

A la luz de estas declaraciones, la afirmación de Toxo de que “no estamos dispuestos a avalar una reforma de las pensiones que suponga bajadas para las pensiones presentes y futuras” inspira muy poca confianza, por más que insista en que no se sienten vinculados con el informe. De hecho, es imposible evitar un retroceso en las pensiones si no es con la lucha y la movilización más profunda y masiva, pues el gobierno está decidido a enjugar una parte sustancial del déficit a costa del dinero de los pensionistas. Por eso tienen tanta urgencia y se niegan a recurrir al fondo de reserva, pues automáticamente esto computaría como déficit.

Teniendo esto en cuenta, ¿a que tipo de pacto se puede llegar con el gobierno y la patronal deseosa de hacer negocio con las pensiones? A ninguno que no tenga como consecuencia trasladar el peso de la crisis a las espaldas de los trabajadores. En esta situación, es imposible obtener ningún éxito en la mesa de negociación. Aún más, esta actitud pactista de las direcciones sindicales solamente beneficia a la burguesía, que de esta forma intenta trasladar la imagen de que “todos estamos en el mismo barco” y minar la resistencia de los trabajadores ante los ataques.

Por el contrario, la realidad es muy distinta. Lo estamos viendo en relación a absolutamente todas y cada una de las conquistas de la clase obrera: los derechos laborales, la sanidad, la educación, los servicios sociales… una ofensiva total a nuestras condiciones de vida. Los trabajadores intentan una y otra vez oponerse a ella con todas sus fuerzas: luchas en la sanidad, la industria, la educación, etc que ilustran claramente esta afirmación.

En contraste, la política de las direcciones sindicales es la de dividir, parcelar, atomizar la fuerza del movimiento en centenares de movilizaciones parciales, sectoriales, locales… Lejos de esto lo que necesitamos es unir toda esta fuerza en un gran movimiento que refleje la verdadera correlación de fuerzas que hay en la sociedad. Para ello, la huelga general es el camino. Pero una huelga general que no sea una simple fecha en el calendario para soltar presión y poco más, sino una huelga general que defina claramente sus reivindicaciones (la retirada de todas las reformas del gobierno: laboral, sanitaria, educativa, etc) y que se plantee seriamente conseguirlas. Si el gobierno continúa desoyendo a los trabajadores, la huelga debe extenderse, endurecerse, planteándose la ocupación de los centros de trabajo, de estudio, en definitiva, romper con la actual dinámica sindical para abordar con firmeza y determinación la defensa de nuestro futuro, de nuestras familias y de nuestras vidas.

¿Quiénes forman el Comité de Expertos?

De los 12 miembros, 8 cobran de la Banca y las grandes aseguradoras

Víctor Pérez-Díaz. Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno. Ha formado parte de los consejos asesores de empresas como Repsol, Fundación Caixa Galicia y Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.

Rafael Doménech. Es el actual Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo de Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar la edad de jubilación.  Miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones privados

Manuel Lagares Calvo. Fue subsecretario de Estado de Economía en el primer Gobierno democrático de Adolfo Suárez. También fue consejero independiente de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Miembro del consejo editorial de El Mundo.

Mercedes Ayuso: Miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB).

Francisco Castellano Real. Jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).

José Ignacio Conde-Ruiz. Es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a los grandes bancos y empresas españolas (Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la Fundación Ramón Areces).

José María Marín Vigueras. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid y un auténtico especialista en mercados financieros.

José Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que reúne a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.

Miguel Ángel Vázquez Burgos. Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, la patronal del seguro, donde actualmente es director de Análisis y Estudios.