El 29 de mayo el juez Castro amplió la investigación sobre blanqueo de capitales y fraude fiscal (supuestos, claro) a la infanta Cristina, ordenando a Hacienda un informe de toda su actividad económica durante los últimos diez años. En el informe que la Agencia Tributaria entrega al juez, basado en los registros notariales de la propiedad y el catastro, se atribuye a la Infanta la venta de trece propiedades inmobiliarias entre 2005 y 2006 por unos ingresos de 1,4 millones de euros. La sorpresa llega cuando varios propietarios de dichas fincas e inmuebles niegan rotundamente haberlos comprado a la infanta. Dada la irrefutabilidad de los hechos, lo cierto es que a la propia infanta no le quedaba más remedio que negar la veracidad del informe, como así lo hizo pese a que, según el mismo, ni más ni menos que trece operaciones de venta figuran a su NIF, el 14Z.
Tras una semana de silencio sobre el asunto, el Gobierno se ha escudado en errores por parte de notarios y registradores de la propiedad: cuatro de ellos supuestamente habrían cometido exactamente el mismo error en tres comunidades distintas a la hora de anotar las operaciones, con la casualidad de que precisamente el DNI equivocado era el de la infanta. Pasa incluso en las mejores familias. Por supuesto que estas asombrosas “coincidencias” son más creíbles que la hipótesis de que estos supuestos ingresos por ventas de inmuebles podrían haber sido utilizados para “cuadrar cuentas” y encubrir otro tipo de ingresos inconfesables, justificando así, entre otras cosas, las costosas reformas de su palacete de Pedralbes. Por Dios, ¿cómo iba a hacer la infanta algo así? ¿En qué cabeza puede caber la hipótesis de una trama corrupta de notarios?
Más allá de lo inverosímil de tantos errores juntos, lo que queda en evidencia es que la Casa Real y la infanta en concreto están totalmente por encima de la fiscalidad del resto de personas, y que no hay ningún tipo de control sobre sus ingresos o su patrimonio. Lejos de ser un caso aislado, la opacidad de las cuentas de la Casa Real y este tipo de prácticas son el pan nuestro de cada día. Los negocios del monarca están totalmente blindados. The New York Times cifraba hace poco su fortuna en 1.800 millones de euros, y hace poco también aparecían tres cuentas suyas en Suiza como herencia de Don Juan, su padre.
También queda claro que ningún sector del aparato del Estado está dispuesto a dar la cara por la infanta. Notarios, registradores y la AEAT se señalan mutuamente como responsables de los supuestos “errores”, lo que de momento se ha saldado con la dimisión de la directora de la Agencia como cabeza de turco, por no haber “revisado” sus informes antes de enviarlos. Al gobierno no le ha quedado más remedio que salir al paso mediante las patéticas declaraciones de Montoro: “Hay errores, la vida es así, pero no hay intencionalidad”.
La crisis de la monarquía se agudiza
Todo esto ocurre apenas un mes después de que la Audiencia Provincial de Palma “desimputase” a la infanta dentro del proceso contra el todavía duque de Palma Iñaki Urdangarin, en un auto judicial inverosímil en el que prácticamente asume que la sociedad Aizoón se utilizaba para blanquear capitales y señala a Urdangarin y a Torres como culpables, pero exime de responsabilidad a la infanta, dueña al 50% de dicha sociedad y de la que se beneficiaba directamente. Según la Audiencia, la infanta no podía tener conocimiento ni responsabilidad de lo que allí ocurría, lo que les lleva a suspender su citación judicial, una decisión tomada a medida para evitar que comparezca en el banquillo pese a todas las evidencias en sentido contrario.
El caso Urdangarin se está convirtiendo en un elemento cada vez de mayor desprestigio de la Monarquía, arrastrando tras de sí a todos las instituciones del Estado burgués. La realidad se empeña en desmontar todos los parapetos que se habían levantado para salvaguardar a la infanta Cristina, una vez que ya era evidente que su marido era insalvable. Cada nuevo dato que se conoce hace más difícil mantener la “desimputación” de la infanta durante mucho más tiempo, aunque obviamente hay poderosos intereses que quieren evitar que la hija del Rey se siente en el banquillo, lo cual supondría llevar la crisis de la monarquía a un punto crítico. Al margen del resultado final del proceso judicial, la monarquía queda muy tocada como instrumento por parte de la burguesía para salvaguardar su sistema. Mientras la mayoría de la población recibe recortes sociales, paro masivo, congelación salarial, subida del IVA y del IRPF, la revelación de los negocios legales e ilegales, de los privilegios respecto al Estado y la Justicia que tienen los miembros de la Casa Real hace que estén totalmente desacreditados para presentarse por encima de las clases sociales como representantes de “todos los españoles”.
