Khsama Sawant, concejala socialista en el Ayuntamiento de Seattle, se enfrenta a dos demandas judiciales por difamación cuyo objetivo es silenciar a esta representante de la clase trabajadora y del conjunto de los oprimidos. La primera interpuesta por dos agentes de policía que dispararon y asesinaron a un hombre negro en 2016, y la segunda por parte de un gran empresario inmobiliario conocido a raíz de las quejas de sus inquilinos por las condiciones que soportan. Se está preparando una amplia campaña independiente en defensa de la concejala Khsama Sawant, que Socialist Alternative apoyará por completo.
Estas demandas judiciales forman parte de un esfuerzo mucho más amplio por parte de una sección del establishment y la derecha para intentar silenciar y criminalizar cualquier tipo de disidencia. Se han presentado ya varios proyectos de ley en todo el país, a raíz de las protestas del movimiento Black Lives Matter, que imponen penas draconianas para diversos tipos de protestas no autorizadas. La administración de Trump ya ha manifestado su simpatía con dichos iniciativas.

El asesinato de Che Taylor

En febrero de 2016, dos policías disparaban a Che Taylor en el noreste de Seattle tras poner este sus manos en alto siguiendo las órdenes de los agentes. Esos dos agentes que dispararon a Taylor fueron lo que más cerca estaban de entre los numerosos policías que rodeaban su coche. Un video del incidente grabado por una cámara policial y muy difundido mostraba a Taylor con las manos en alto y deslizándose hacia el suelo, cumpliendo con las instrucciones de los agentes, cuando fue disparado a quemarropa. El cuerpo de policía alegó que Taylor trataba de desenfundar un arma en el momento en que salía del vehículo, pero se ha negado a publicar las grabaciones adicionales de dicha “escena mortal”. Taylor fue alcanzado por cuatro de las siete balas disparadas y murió fruto de las heridas.

No se halló ningún arma en la víctima. Más adelante se informó sobre un arma encontrada en el vehículo, pero incluso la propia investigación judicial señaló que Taylor trataba de seguir las órdenes recibidas, poniendo las manos en alto, cuando fue disparado. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la investigación judicial no culminó con la decisión de procesar a la policía. Spaulding, uno de los agentes, ha matado ya a dos personas, siendo la segunda víctima un nativo americano que padecía una enfermedad mental y que fue asesinado durante una pelea doméstica.

Demandas por difamación

Durante un discurso en una protesta frente al Ayuntamiento, Kshama Sawant calificó el tiroteo por parte de los agentes como un “brutal asesinato”. En un mezquino intento de intimidar a Sawant y a todo aquel que desafíe la violencia policial hacia la comunidad negra, los dos policías presentaron una demanda judicial por difamación contra la concejala. Una demanda por difamación puede costar cientos de miles de dólares en gastos legales, claramente muy por encima del sueldo medio de un agente de policía en Seattle, por eso se especula que dicha demanda por parte de ambos agentes es financiada secretamente por un grupo o un individuo que busca silenciar tanto al movimiento Black Lives Matter como a Khsama Sawant.

El juez exigió a los oficiales de policía ser más específicos en sus alegatos, pero en lugar de eso, están intentando chantajear a la ciudad de Seattle con el fin de conseguir un “acuerdo” favorable. Existiendo como fecha límite el 2 de Abril, ambos oficiales amenazan ahora con volver a presentar la demanda, pero esta vez no solo contra Kshama sino también contra la ciudad de Seattle. Desde Socialist Alternative exigimos al ayuntamiento de Seattle que no ceda ante estos chantajes y que no destine un centavo del dinero del contribuyente a llenar los bolsillos de estos policías. Cualquier acuerdo en este sentido sería utilizado para crear una sombra de culpabilidad respecto a Kshama, generando un efecto intimidatorio contra todo aquel que denuncie tanto el racismo policial como los asesinatos que impliquen a la policía.

“Es realmente muy muy complicado” probar el delito de difamación, dice Emily Chiang, directora jurídica del ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) de Washington (TheStranger.com, 25/8/17). Parece que el verdadero objetivo de aquellos que están financiando secretamente esta demanda es dar a conocer este caso en los medios de comunicación durante el máximo tiempo posible de cara a atacar y socavar a Kshama frente a la opinión pública. Algo especialmente peligroso ante una batalla por la reelección el próximo año potencialmente reñida, y en la que las grandes empresas y el establishment político están determinados a echar a los revolucionarios del Ayuntamiento.

Por otro lado, Carl Haglund, gran empresario inmobiliario, ha interpuesto otra demanda judicial acusando a Kshama también por difamación por calificarle como un “explotador inmobiliario”. En 2015, Kshama y el movimiento de inquilinos consiguieron una importante victoria al forzar a Haglund a retroceder en su intento de incrementar brutalmente los alquileres en uno de sus edificios de apartamentos, que además, se quejaban los inquilinos, estaba lleno de moho, cucarachas y ratas entre otras violaciones del código de vivienda. Los concejales Sawant y Nick Licata aprobaron entonces con éxito una ordenanza de cara a prohibir los incrementos de los alquileres en Seattle para todas las viviendas que incumplan con la legalidad vigente. La demanda de Haglund es un claro intento de venganza.

El verdadero objetivo detrás de este ataque

Kshama tiene un largo historial en su lucha contra la violencia ejercida por el Departamento de Policía de Seattle (SPD). El objetivo de esta demanda es silenciarla y mandar una advertencia a cualquier otra voz representativa que pudiera denunciar los asesinatos de afroamericanos a manos de la policía. Desafortunadamente, existe un largo historial de tácticas intimidatorias de este tipo, tanto por parte de la policía como por parte de otros estamentos del poder que buscan defender el racismo institucional, inseparable del capitalismo norteamericano. Recientemente, Colin Kaepernick, quarterback en la NFL que impulsó una oleada de protestas anti racistas entre muchos de sus compañeros, al arrodillarse mientras sonaba el himno al comienzo de un partido en solidaridad con las víctimas de la violencia policial, ha entrado en la listas negras de la NFL.

Un ejemplo de la actitud del establishment hacia Kshama en esta cuestión la encontramos en el Seattle Times, que ha fracasado a la hora de exponer el racismo y los abusos de la policía de Seattle, pero que sin embargo, han publicado varios artículos criticando las protestas de Kshama contra el modo en que el Departamento de Policía trata a negros y latinos. Tanto este diario como un largo número de figuras del establishment hicieron campaña, sin éxito, contra la decisión del departamento jurídico del ayuntamiento de defender a Sawant, una práctica habitual en los pleitos contra funcionarios de la ciudad por actuaciones llevadas a cabo fruto de su cargo oficial. Por supuesto, este diario también se opuso vehementemente a la candidatura de Kshama tanto en 2013 como en 2015.

¡No nos callarán!

Nuestra lucha debe continuar denunciando cómo la policía se excede en el uso de la fuerza e incluso mata a persona en situaciones en las que no existe peligro inminente, y como aun así raramente son procesados y mucho menos condenados. Esto está estrechamente unido al profundo racismo institucional que condiciona tanto cómo se aplica la ley como las políticas gubernamentales, lo que supone que las comunidades afroamericanas carguen con el peso de la violencia policial. Lo vemos ahora, cuando Kshama, simplemente por calificar como criminales dichas políticas, es atacada.

Las autoridades locales no han actuado en defensa de las víctimas de la violencia policial, y no han considerado las responsabilidades del Departamento de Policía, a pesar de que el Departamento de Justicia (DOJ) elaboró un informe en 2012 sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Seattle. Dicho informe reveló que los policías de Seattle sistemáticamente agravan y empeoran situaciones en casos de arrestos por delitos menores. Por otro lado, en la mitad de los casos en los que la policía utiliza una fuerza excesiva están implicadas personas de color, en una ciudad cuya población blanca representa el 70%.

La violencia policial, sin embargo, no está dirigida únicamente contra la comunidad negra, sino también contra inmigrantes, activistas sociales y sindicalistas. Necesitamos impulsar una campaña amplia para sacar todas estas injusticias a la luz y ayudar a publicitar otros casos de violencia policial.

La violencia y la intimidación son parte y pilar del racismo estructural inserto en el ADN del capitalismo norteamericano. La brutal desigualdad y pobreza, junto con la “guerra contra las drogas” y la gentrificación han devastado numerosas comunidades. No queremos más represión, sino trabajos y salarios dignos, sanidad pública para todos, y viviendas asequibles, de cara a solucionar los graves problemas sociales que padecemos.