El pasado 3 de mayo, las mujeres trabajadoras estadounidenses se levantaron con una nueva amenaza: el Tribunal Supremo pretende eliminar su derecho a poder decidir sobre su maternidad. La indignación entre miles y miles de mujeres no se hizo esperar.

Ese mismo día se concentraron ante el edificio del tribunal en Washington y hubo protestas y manifestaciones en numerosas ciudades, algunas de ellas duramente reprimidas por la policía: desde Nueva York a Los Ángeles, pasando por Boston, Minneapolis, Filadelfia, Seattle o Florida.

Según ha hecho público la web Político, el borrador del Supremo filtrado está firmado por cinco de los nueve magistrados que integran la máxima instancia judicial de EEUU (con una mayoría conservadora de seis contra tres, inédita en décadas) y que están decididos a anular el derecho al aborto en todos los casos. Un derecho ganado a pulso en 1973 con la histórica sentencia Roe contra Wade —que reconoció por primera vez el aborto sin restricciones antes de que el feto sea viable, un límite fijado en las 23 semanas de gestación— y que, como hemos visto en los últimos años, los sectores más reaccionarios del aparato del Estado apoyados por Trump no han parado de atacar.

Los derechos de las mujeres pueden retroceder 50 años

“La sentencia de Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio… Su motivación fue terriblemente equivocada y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales”, “la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”... Estos son algunos de los “argumentos” con los que los cinco jueces ultracatólicos de extrema derecha —Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Coney Barrett y Neil Gorsuch, los tres últimos nombrados por Trump— utilizan para tratar de acabar con este derecho y hacer retroceder cincuenta años las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras de EEUU.

A día de hoy, son 28 los estados que ya han aprobado hasta 300 leyes contra este derecho. Hace poco más de dos años, Alabama derogaba este derecho constitucional, respaldado por la decimocuarta enmienda de la Carta Magna, bajo la amenaza de penas de hasta 99 años de prisión para los y las profesionales que lo practicasen, abocando a las mujeres pobres a arriesgarse a abortos ilegales y sin garantías donde su vida corre peligro.

Hace apenas unas semanas, la Cámara Baja del estado de Oklahoma se sumaba a esta escalada machista y reaccionaria aprobando un proyecto de ley que prohíbe el aborto en todos los casos excepto en los que la vida de la madre corra peligro, convirtiéndose en la legislación más restrictiva del país. Un texto promulgado por el gobernador del estado, el republicano Kevin Stitt, que ha contado con 70 votos a favor y 14 en contra. Este individuo el pasado septiembre prometió firmar cualquier legislación que llegue a su escritorio en defensa de la vida. El proyecto de ley además penaliza con hasta 10 años de cárcel a los médicos que practiquen un aborto y alienta a los particulares a denunciar a cualquier persona que crean esté ayudando a una mujer embarazada a abortar con recompensas económicas para el demandante de hasta 10.000 dólares.

El texto aprobado por el Supremo aún debe ser ratificado entre junio y julio, todo apunta a que saldrá adelante. Si es aprobado serán los Estados quienes decidan sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres estadounidenses y permitirá en más de 20 estados que las leyes promulgadas por gobernadores republicanos puedan aplicar inmediatamente el veto al aborto, incluso si han sido víctimas de una violación. Significará un durísimo revés para las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras, sumiéndolas aún más en la pobreza. No debemos olvidar que EEUU es el país desarrollado con la tasa más alta de mortalidad materna, según la OMS; por no hablar de que no existe el acceso gratuito a la sanidad pública ni mucho menos el permiso de maternidad. Mientras, los abortos se seguirán produciendo y las mujeres ricas podrán permitirse viajar y costeárselo.

Esta ofensiva ultraderechista no se detendrá aquí. Es obvio que si hoy se prohíbe el aborto, el envalentonamiento de estos sectores dentro del Estado y en las calles crecerá. En su punto de mira están desde la prohibición de anticonceptivos hasta los derechos del colectivo LGTBI, y de los sectores más oprimidos de la sociedad. Sin ir más lejos, esta misma semana ya se ha abierto la veda: Luisiana ha propuesto una ley de defensa del feto desde su concepción, ilegalizando todos los anticonceptivos, y convirtiendo el aborto en crimen por asesinato; y el gobernador de Texas va a recurrir ante el Supremo la decisión que, desde 1982, obliga a los estados a ofrecer educación gratuita a todos los niños, incluidos los hijos de los emigrantes sin papeles. Así mismo, unos días más tarde, en el estado de Alabama entraba en vigor una nueva ley que estipula como “delito muy grave” proporcionar a menores trans terapia hormonal o cualquier ayuda médica, psicológica, educativa o social que les permita crecer acorde a su género.

Y mientras esto se fragua, la postura de los demócratas es completamente pasiva. Joe Biden se limita a decir que por ahora se trata de una simple “filtración”, y a lo máximo que ha llegado es a pedir a los funcionarios de la administración que preparen una “respuesta al continuo ataque al aborto y a los derechos reproductivos”. Pero no moverán un dedo, son un engranaje más del sistema capitalista. Se escudan hipócritamente en que es muy difícil que el Congreso consagre el derecho federal al aborto pues cuenta con una escasa mayoría demócrata. Todas las promesas de programas y derechos sociales que pregonaba Biden se han mostrado falsas, mientras ha seguido llenando los bolsillos de los ricos, durante la pandemia y ahora con la guerra. No va a ser de la mano de los demócratas como consigamos derechos las mujeres ni los oprimidos.

La lucha es el único camino

Según la última encuesta del Pew Research Center de 2021, el 59% de los adultos en EEUU cree que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, frente al 39% en contra.

Las concentraciones en las puertas del Tribunal Supremo de cientos de personas en contra de la posible revocación de la protección legal al aborto fue instantánea, demostrando su rechazo y la rabia que esta decisión ha provocado. “Si quisiera al Gobierno en mi vagina me acostaría con un senador” o “Mi cuerpo, mi decisión” eran algunos de los mensajes que podían leerse en las pancartas que ondeaban frente al tribunal. Pese a que también confluyeron con un grupo de manifestantes a favor de la abolición del derecho al aborto, el número de personas en defensa del derecho al aborto lo superó ampliamente y dominó la concentración, dejando claro que no van a dudar en salir a las calles para defender su derecho a decidir.

El único camino para enfrentarse a esta ofensiva reaccionaria, a la jerarquía de la Iglesia católica, a su moral podrida y a sus privilegios, a la derecha y la extrema derecha y a quienes hacen negocio con nuestra explotación es luchar por acabar con un sistema que nos condena a las mujeres trabajadoras a condiciones infrahumanas.

El movimiento de millones de mujeres y jóvenes saliendo a las calles en EEUU a plantar cara al misógino y racista Donald Trump en 2017 es el mejor ejemplo en el que tenemos que inspirarnos hoy. Como vimos también en toda América Latina con el movimiento Ni una menos. La Marea Verde en Argentina llenado las calles y consiguiendo el derecho al aborto para todas las mujeres, o en Irlanda con la lucha del movimiento ROSA. El único camino es la organización y la lucha en las calles por nuestros derechos y por unas condiciones de vida dignas para las mujeres trabajadoras y el conjunto de la clase obrera.