Para tumbarla y acabar con el Gobierno Macron, ¡huelga general!
Durante las últimas tres semanas, decenas de miles de trabajadores y jóvenes se están movilizando por toda Francia contra la llamada Ley de Seguridad Global de Macron. Una movilización respondida por el Gobierno con una represión brutal: solo el domingo 13 de diciembre hubo cerca de 150 detenidos. En varias ciudades importantes, como Burdeos o Lille, las manifestaciones en lugares céntricos fueron prohibidas; y en Montpellier, directamente en toda la ciudad. La manifestación más grande, en París, hace tres semanas, fue escoltada por más de 6.000 policías durante todo su recorrido. En Burdeos, Marsella o Lyon, también se desplegaron grandes efectivos para controlar las protestas.
A pesar del contexto de pandemia —que está golpeando duramente a Francia con cerca de 60.000 muertos—, entre 60.000 y 500.000 personas siguen saliendo a las calles tanto contra esta ley como contra la feroz represión. Fruto de la presión en las calles y del rechazo masivo entre la opinión pública —que ha llevado a Macron a tener un índice de desaprobación superior al 60%— el Gobierno se ha visto obligado, para tratar de aplacar la lucha, a plantear que reformulará el polémico artículo 24 de la ley, que prohíbe grabar a la policía. A pesar de esto, las protestas continuaron este fin de semana exigiendo la derogación completa de la Ley Mordaza francesa.
Aplastar los derechos democráticos y garantizar la impunidad policial.
La nueva Ley de Seguridad Global se aprobaba el pasado 20 de noviembre. El texto supone un paso más en el intento de garantizar la impunidad de los cuerpos de seguridad del Estado. El citado artículo 24 es el más explícito: difundir imágenes que tengan la intención de atentar contra la integridad física o emocional de un policía puede acarrear una condena de un año de cárcel y 45.000 euros de multa. Una redacción que en la práctica impide que se pueda grabar a la policía y que se difundan abusos y actuaciones policiales arbitrarias. Un artículo que afecta especialmente a la libertad de prensa, y más concretamente a los medios de comunicación de izquierdas y alternativos que suelen denunciar este tipo de actuaciones.
Además, se incrementa la videovigilancia de la población (incluso mediante drones), se limita la reducción de las condenas y el acogerse a beneficios penitenciarios cuando se trata de agresiones a la policía, o se permite a los policías fuera de servicio portar sus armas con impunidad. Al mismo tiempo, el Gobierno también está impulsando la llamada “Ley contra el separatismo”, que criminaliza a los musulmanes y promueve la islamofobia, en línea con el discurso de la extrema derecha que de forma hipócrita critica Macron. Como vemos, no ha hecho falta que gobierne Marine Le Pen para que se impulsen políticas reaccionarias y xenófobas, frente a las que la democrática Unión Europea calla y les da su aval.
Al tiempo, se ha aumentado drásticamente el presupuesto policial. La Ley de Seguridad Global ha venido acompañada de un plan para reforzar en 10.000 los efectivos policiales en un plazo de 5 años. Mientras recortan los presupuestos destinados al desempleo o a las ayudas sociales, mientras permiten que se ejecuten despidos masivos en las grandes empresas, aumentan el presupuesto del aparato represivo en más de 500.000 millones de euros.
Utilizando como pretexto la organización de grandes eventos como la Copa del Mundo de Rugby en 2023 o los Juegos Olímpicos en 2024, la ley ha abierto la puerta a la privatización de la seguridad, equiparando la seguridad privada con los dispositivos policiales en aspectos como las tareas de vigilancia y cacheos en la vía pública. Una forma de seguir impulsando este negocio —en auge desde los atentados en el semanario Charlie Hebdo— y de contar con un ejército privado de 170.000 agentes en tareas de orden público. Algo que servirá para reprimir huelgas y conflictos laborales, como ya se vio cuando agentes de seguridad privada fueron utilizados para reventar la huelga de las camareras de piso del hotel Ibis en París.
Macron actúa como Trump: racismo, represión policial y autoritarismo.
Todo esto en un país con una policía profundamente racista, donde hemos visto centenares de casos de violencia policial extrema contra negros, árabes y contra sindicalistas y activistas sociales. Un buen ejemplo ha sido la represión contra el movimiento de los chalecos amarillos, que se ha cobrado 12 muertos, cerca de 2.000 heridos (100 de ellos graves) y en torno a 10.000 detenidos. ¡Todo esto en la democrática Francia del liberal Macron!
La deriva autoritaria del Gobierno frente a la movilización social no ha dejado de incrementarse. Con la excusa de la lucha contra el terrorismo se aprobaron varias contrarreformas, entre ellas la ley antiterrorista, en octubre de 2017, que sustituyó al estado de excepción vigente desde los atentados de la sala Bataclan en 2015. Una ley que ha implicado la militarización de decenas de espacios públicos, como aeropuertos, estaciones de tren o autobús, e incluso institutos y facultades universitarias.
Los episodios de violencia policial no han parado de multiplicarse. Durante las protestas contra la reforma laboral hace un año o contra las subidas de impuestos hubo miles de heridos y de detenidos. Las imágenes de decenas de estudiantes de instituto arrodillados y amenazados por la policía en Mantes-la-Jolie dieron la vuelta al mundo como un ejemplo más de la brutalidad y la impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad francesas. Los escándalos han sacudido incluso a la propia seguridad privada del presidente, como demuestra el caso Benalla, en el que el responsable de la seguridad presidencial fue grabado agrediendo a un manifestante en el suelo durante la manifestación del 1º de Mayo de 2018 en París.
El carácter reaccionario y racista de las fuerzas del orden francesas no es algo nuevo. Los recurrentes levantamientos de los banlieue (suburbios), especialmente en grandes ciudades como París, son fruto de esa represión racista y clasista que actúa con completa impunidad. El asesinato por parte de la policía de Adama Traoré en 2016, la violación de un joven por parte de un agente con su porra, o el asesinato este año de Cédric Chouviat mediante una maniobra de “inmovilización” similar a la que acabó con la vida de George Floyd, son solo algunos ejemplos.
No es ninguna casualidad que París fuese una de las ciudades europeas que se movilizaron más masivamente en repulsa al asesinato de Floyd y en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Que Macron mostrara su solidaridad con dichas protestas demuestra su grado de cinismo. La realidad es que nada tiene que envidiar en racismo y represión ni a Trump, ni a la extrema derecha de Marine Le Pen.
Tres años de lucha sin cuartel contra el Gobierno Macron. El miedo a la rebelión social profundiza el giro autoritario.
Desde el triunfo de Macron en mayo de 2017, los ataques contra los derechos laborales, los servicios públicos y los derechos democráticos no han dejado de sucederse. E igualmente ha ocurrido con la respuesta de la clase trabajadora y la juventud en las calles, en un ciclo de enormes movilizaciones y muy radicalizadas. El que presentaban como representante de la moderación y del centro liberal, se ha convertido en el presidente más autoritario desde Charles de Gaulle.
Primero fueron las movilizaciones contra la reforma laboral en 2017, contestadas con diversas jornadas de huelga general y movilizaciones masivas a lo largo y ancho de todo el país. Posteriormente se aprobó una reforma fiscal que, bajo el pretexto de redistribuir las cargas, subía impuestos a los pensionistas y los bajaba a las rentas del capital. Finalmente, a finales del 2019 llegó su nuevo proyecto estrella: la reforma de las pensiones. Una reforma contestada masivamente en las calles y que dio lugar a la huelga de transportes más larga de la historia de Francia. Fruto de esta lucha se eliminaron del proyecto los aspectos más sangrantes, y posteriormente, tras el descalabro de Macron en las municipales de marzo de 2020, el proyecto permanece paralizado.
Otro ejemplo de la temperatura de la lucha de clases en Francia ha sido la movilización permanente, muy radicalizada, y basada en la acción directa, de los chalecos amarillos. Un movimiento duramente reprimido, que se ganó la simpatía de la mayoría de la sociedad, y que obligó a Macron a retroceder y retirar la subida de los impuestos al diésel. Algo que no implicó ni su disolución, ni que continuaran manifestándose, confluyendo con el movimiento contra la reforma de las pensiones a finales de 2019 en las mayores movilizaciones desde el Mayo de 1968.
Macron —la “gran esperanza” de Francia, ¡y de Europa!— parece herido de muerte. Las últimas elecciones municipales supusieron un duro golpe, no consiguiendo la alcaldía en ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes. Al mismo tiempo, la izquierda —tanto Los Verdes como Mélenchon (en alianza con el PS y otros partidos)— obtuvo la victoria en grandes ciudades como Lyon y Marsella, recuperadas de las manos de la derecha, o Burdeos, gobernada por la derecha desde 1947. La debilidad mostrada por Macron le obligó a remodelar su Gobierno, destituyendo al primer ministro.
La movilización y la lucha es el único camino. Por una huelga general que acabe con Macron y sus contrarreformas.
Tal y como han demostrado los chalecos amarillos, la única forma de acabar con la Ley de Seguridad Global y el resto de contrarreformas de Macron es mediante una movilización continuada y contundente de la clase trabajadora y la juventud hasta tumbar su Gobierno.
De nuevo están volviendo a confluir las distintas luchas, como por ejemplo en Marsella, donde la movilización del 5 de diciembre se unió con una marcha en homenaje a Zineb Redouane, una mujer árabe de 80 años asesinada hace ahora dos años por una granada lacrimógena lanzada por la policía en su casa durante la represión contra los chalecos amarillos. Pero quizás el mejor ejemplo fue la tradicional movilización de la CGT contra la precariedad laboral el primer sábado de diciembre, y que acabó convirtiéndose en la primera manifestación masiva contra la Ley de Seguridad Global.
En este contexto, es necesario impulsar la lucha a un nivel superior. Uno de los objetivos de esta ley es sin duda poder golpear al movimiento obrero, y concretamente tener herramientas para enfrentar las movilizaciones, huelgas y conflictos obreros que se multiplicarán fruto de la crisis económica. Así se prepara la clase dominante. El papel de los sindicatos, y especialmente de la CGT, más a la izquierda y más combativa, es crucial. Preparar y convocar una huelga general que pueda canalizar el enorme malestar existente contra Macron es clave de cara a conseguir derrotar sus planes. Así es como por ahora se ha paralizado la reforma de la pensiones. Hay fuerza para ello, ¡pero hay que organizarla!
Por otro lado, Mélenchon y la Francia Insumisa deben impulsar una estrategia de confrontación y movilización en las calles. Plantear, como ha señalado Mélenchon, que “el choque frontal [con Macron] no favorecería la toma de conciencia política” es un completo error, y solo da balones de oxígeno a un Macron que agoniza.
La toma de conciencia política se produce a través de la lucha, de la acción directa en las calles, de experimentar en las propias carnes qué es realmente el aparato del Estado y la democracia burguesa. Precisamente, el movimiento atesora una enorme experiencia acumulada en los últimos años, la juventud y los trabajadores franceses han ido por delante de sus direcciones en todos los conflictos antes mencionados, han sido ellos los que han empujado siempre desde abajo e impulsado la unificación de los conflictos, estableciendo comités de lucha, etc. Y así está ocurriendo con las movilizaciones de las últimas tres semanas.
Plantear —como también lo ha hecho el líder de Francia Insumisa— que hay que refundar la policía “para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad” es una utopía reaccionaria. Tal y como Marx y Engels ya explicaron, bajo el capitalismo, tanto la policía como las fuerzas de seguridad del Estado son hombres armados al servicio de la propiedad privada. La policía capitalista es irreformable, aunque eso no excluye exigir derechos democráticos para ellos, que puedan organizarse sindicalmente junto al resto de la clase obrera, defender su derecho a la huelga, y realizar propaganda en su seno para dividir sus fuerzas en líneas de clase, con llamamientos para que se nieguen a reprimir a la población. Por supuesto que hay que exigir la depuración de elementos reaccionarios y fascistas de las fuerzas de seguridad del Estado y acabar con la impunidad de la que gozan.
Hay que organizar una lucha seria y contundente en las calles, conformar comités de lucha en los centros de trabajo, de estudio y en los barrios, que dichos comités impulsen la organización de la huelga general, y paralizar el país hasta que Macron y su secuaces se vayan. Así es como se pueden frenar los ataques, se impulsa la toma de conciencia, y así es como la clase trabajadora y la juventud adquiere confianza en sus propias fuerzas y en su capacidad para transformar esta sociedad.
