Cuando el Govern aprobó el decreto que posponía las elecciones al Parlament de Catalunya previstas para el 14 de febrero hasta el 30 de mayo, era difícil pensar que los comicios se celebrarían a pesar de la situación de emergencia sanitaria.

El PSC, temeroso de perder  el autoproclamado “efecto Illa” y basándose en la mejoría de sus resultados electorales que apuntan varias encuestas, defendió desvergonzadamente mantener la celebración de las elecciones en plena cresta de la tercera ola. Inmediatamente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya puso en marcha todo su operativo para en una sentencia dictar la suspensión provisional del aplazamiento de las elecciones y confirmarlas para el 14. De nuevo, la justicia franquista sale de las catacumbas y lo hace para “ayudar” a equilibrar los resultados electorales a su gusto e intentar dar impulso a la mejor opción para sus intereses teniendo en cuenta la debacle que se cierne sobre Ciudadanos.

Con la misma soltura con la que destituyeron al President democráticamente electo – Quim Torra – por colgar una pancarta, ahora este puñado de franquistas con toga pasan por encima de la decisión de un Govern votado por millones de catalanes. Su objetivo no es otro que obstaculizar la expresión electoral de la lucha por la república catalana. Si la forma de hacerlo es celebrando las elecciones lo antes posible, por lo que pudiera pasar más adelante, aunque esto suponga poner en riesgo la salud de las personas, que así sea.

Pero esta maniobra escandalosa podría volverse en contra de sus inspiradores – el Gobierno de coalición y el PSC -, logrando justo lo contrario de lo que pretenden: un aumento de voto para ERC y Junts.

Una nueva etapa de la lucha de clases

Estos acontecimientos se producen en un contexto sanitario, económico y social crítico para millones de familias trabajadoras en Catalunya y en el Estado español. La cita electoral estará marcada por toda una serie de cambios en el terreno de la lucha de clases que debemos poner de relieve.

Tras años de movilizaciones de masas formidables, huelgas generales, represión salvaje del aparato judicial y policial, cárcel y exilio, el movimiento independentista ha sufrido una fuerte diferenciación interna. Por un lado, la eclosión del espacio convergente y la puesta en marcha del proyecto de Puigdemont reflejan la profunda crisis de la derecha catalanista. Por otro, la dirección socialdemócrata de ERC, insistiendo en que la correlación de fuerzas es desfavorable y plegándose a la lógica de la austeridad y los recortes, ha emprendido con fuerza el camino del pacto con Pedro Sánchez renunciando a llevar a cabo el mandato del 1 de Octubre.

En un contexto de shock sanitario, con miles de muertos y ante la incertidumbre del desempleo masivo, las presiones para dar carpetazo a la crisis revolucionaria catalana encuentran un nuevo cauce. La izquierda militante que defiende el derecho a decidir y que con la intervención de miles de activistas logró impulsar el movimiento por la república en los momentos decisivos, debe hacer balance de lo ocurrido y establecer una estrategia que permita dar un salto adelante en el combate.

La política de recortes del Govern

No podemos jugar al gato y al ratón. Los hechos son los hechos. El actual Govern dirigido por JxCat y ERC ha mantenido los recortes y las privatizaciones que venimos arrastrando desde hace décadas, y que se han manifestado catastróficos para el sector sanitario. A pesar de la gravedad extrema de la pandemia, los dirigentes procesistas se han negado en redondo a contratar el personal sanitario necesario mientras continúa regalando ingentes cantidades de dinero público a la patronal sanitaria. Esto es lo que explica el terrible impacto de la tercera ola, con decenas de miles de nuevos contagios, decenas de muertos diarios y un sistema sanitario público colapsado.

El Govern ha seguido gestionando los intereses patronales, en sintonía con las medidas de fondo que ha adoptado el Gobierno de coalición. Mientras se aprueban fondos de rescate multimillonarios a los bancos, al Ibex 35 y la oligarquía, el paro en Catalunya supera el medio millón y otros 170.000 trabajadores se encuentran sometidos a ERTE. Una reconversión de la industria catalana se está desarrollando con celeridad, preparando el empobrecimiento de comarcas enteras, sin que las direcciones sindicales y la izquierda parlamentaria hagan nada serio por evitarlo. Los cortes de luz y los desahucios se disparan, adquiriendo tintes dramáticos en la capital catalana gobernada por la que fuera portavoz de la PAH Ada Colau. La tasa de pobreza infantil ha llegado al 31%, la peor cifra de toda Europa únicamente superada por Rumanía.

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El actual Govern dirigido por JxCat y ERC ha mantenido los recortes y las privatizaciones que venimos arrastrando desde hace décadas, y que se han manifestado catastróficos para el sector sanitario.

Este es el resultado de aceptar la lógica del capitalismo. Los dirigentes independentistas que se han plegado a ella intentan disimular sus responsabilidades culpando a la represión y la ofensiva del Estado. No seremos nosotros los que minusvaloremos los efectos de la andanada represiva, pero es indudable que ni los dirigentes del JxC ni de ERC pretenden conquistar una república que defienda los intereses de las familias trabajadoras. Sus vínculos con las empresas son demasiado evidentes, hasta el punto de que ni siquiera han disimulado en sus leyes el afán privatizador que les alienta. Por eso mismo, la lucha por la república y el derecho a decidir manifiesta cada vez con más fuerza la contradicción de clase que recorre al movimiento independentista.

La debacle de Ciudadanos

Aunque el partido naranja fue la candidatura más votada en las elecciones al Parlament de 2017, logrando 1.100.000 votos, los resultados globales de aquellas elecciones ya supusieron una derrota amarga para el bloque del 155. En un contexto antidemocrático de persecución y discriminación, el independentismo ganó una mayoría clara en el Parlament. Desde entonces, Cs ha perdido un 57% de su apoyo electoral (resultados de las últimas elecciones generales en Catalunya), y aunque PP y Vox han recogido una parte de esos sufragios, algo que de nuevo volverá a ocurrir en las próximas elecciones, el PSOE ha sido y será nuevamente el partido más favorecido por la sangría del partido naranja.

Ciudadanos obtuvo el apoyo de sectores pequeño burgueses radicalizados a la derecha, pero también de trabajadores llenos de incertidumbre por el momento político que se vivía, que no se fiaban de los políticos burgueses independentistas por su trayectoria histórica y que se dejaron arrastrar por la demagogia españolista de Cs. Por supuesto, el PSOE y el PSC contribuyeron y mucho a este resultado, en la medida en que su frente único con la derecha dio alas al discurso reaccionario de Inés Arrimadas y Albert Rivera. Pero los acontecimientos no han pasado en balde: la foto del trío de colón, los pactos con Vox y el incremento de la represión sin ningún viso de salida para la crisis catalana, han hecho que una parte sustancial de estos sectores vuelvan a su campo tradicional. Sea cuál sea la redistribución del voto a la derecha españolista en las próximas elecciones, su apoyo caerá y pondrá de manifiesto nuevamente que su derrota política en Catalunya es de largo alcance.

La implosión del espacio postconvergente

La destrucción del espacio político tradicional de la derecha catalanista y la desaparición de Convergència i Unió (CiU), herramienta formidable para la burguesía catalana y española durante décadas y pilar del régimen del  78, es un hito histórico que expresa la profundidad de la crisis del sistema.

Las continuas escisiones del espacio postconvergente, especialmente la separación de Puigdemont del PDeCAT y la formación de Junts, y la confrontación de Artur Mas con la excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, que acabó en la creación del PNC, ponen sobre la mesa un proceso de fondo: la diferenciación a izquierda y a derecha producida durante estos años en el seno del movimiento de liberación nacional, y el pronunciado giro a la izquierda de amplios sectores de los trabajadores y las capas medias que lo apoyan.

La presión de las masas y solo esta presión, como reconocieron públicamente muchos altos cargos de su Gobierno, llevaron a Puigdemont a mantener el referéndum del 1-O. Una vez abierta esta dinámica, y frente a la ofensiva de los tribunales, optó por el exilio y labrarse una reputación de luchador. Pero sería una completa ingenuidad olvidar que Puigdemont es un político burgués responsable de la agenda de recortes y privatizaciones llevadas a cabo en los últimos años.

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La presión de las masas y solo esta presión, como reconocieron públicamente muchos altos cargos de su Gobierno, llevaron a Puigdemont a mantener el referéndum del 1-O.

Evidentemente Junts seguirá arrastrando en las urnas a sectores importantes de la población, especialmente de capas medias radicalizadas que quieren seguir avanzando en la lucha por la República, que no se identifican con las políticas de la derecha catalana y rechazan la deriva autonomista de ERC. Ven en Puigdemont una opción de voto útil para continuar desafiando la represión.

Pero la defensa de la República catalana y de la “confrontación” con el Estado de la que hace gala el Expresident, está desligada de cualquier plan de lucha coherente para tumbar el régimen del 78. Sus gestos son instrumentales y buscan un fin obvio: diferenciarse de ERC en la forma, para mantener la preponderancia en el aparato dirigente del movimiento independentista. Lo relevante es que el liderazgo de Junts lo marcan los más fieles representantes de la burguesía catalana y de la derecha catalanista clásica, que identifican el discurso de Puigdemont como un medio eficaz para conservar una influencia imprescindible sobre las masas y, de paso, el sillón de diputado o concejal. Obviamente, la República que reclaman no tiene nada que ver con la que defendemos la inmensa mayoría de los que nos batimos el cobre en las calles.

El papel de los dirigentes de ERC

Los dirigentes de ERC han tomado una decisión estratégica: evitar, en la medida de sus posibilidades, una nueva crisis revolucionaria. En estos momentos, con el Gobierno de coalición ofreciéndoles un paraguas protector y con la derecha contenida en Catalunya y en el parlamento estatal, los dirigentes de ERC se muestran firmes partidarios de apostar a la estabilidad política y de meter hielo a la lucha de clases para recorrer el camino del “diálogo”.

Sectores de la burguesía catalana, viendo la crisis de su representación política tradicional, están optando por respaldar a los dirigentes de ERC como una opción útil para sus intereses y meter el freno a la lucha de liberación nacional. Sin embargo, es importante señalar que en ERC convergen tendencias contradictorias. Su pronunciado apoyo electoral en los últimos años refleja el giro a la izquierda de amplios sectores de trabajadores y jóvenes que defienden una República que rompa con la austeridad y los recortes.

Grandes expectativas para el PSC

Todas las encuestas apuntan a que el PSC tendrá un buen resultado recuperando así parte del terreno perdido en los últimos años en sus feudos históricos. Una parte importante del voto de sectores de la clase obrera que rechazan la independencia y que votaron por Cs en 2015 y sobre todo en 2017, regresarán al PSC. También se beneficiará del desencanto de una parte de voto obrero que ganó Podemos, tras años de políticas institucionales en las que los pactos con los socialistas han sido la norma. La falta de una diferenciación consistente tanto en la cuestión nacional como en la lucha contra los recortes y la austeridad por parte de Ada Colau y los Comuns y los dirigentes de Unidas Podemos, da a Illa y al PSC posibilidades claras de recuperar apoyos.

El descontento con las políticas del Govern, las pugnas burocráticas entre ERC y JxCat y la ausencia de un plan para conseguir la República, puede hacer que la propuesta del PSC de “pasar página” y buscar una solución a la cuestión nacional sobre la base de un supuesto diálogo,  conecte con el hastío de una capa de la población que no ve una salida al impasse actual.

Es evidente que también desde el aparato del Estado existe una clara intención de apostar por el PSC para golpear al independentismo. La decisión del TSJC de mantener las elecciones para el 14 de febrero es una imposición antidemocrática que pone en riesgo la salud pública de una manera irresponsable. Parece que quieren a toda costa asegurarse el tirón que muestran las encuestas, y que en el caso del CIS coloca a Illa como ganador. Pero es una maniobra muy arriesgada que puede movilizar también la indignación de un amplio sector en su contra.

Los Comunes pueden retroceder

La posición de los Comunes en la crisis catalana ha estado marcada por una equidistancia falsa, que supone una factura política muy seria. Renunciando a impulsar el movimiento por la República con una posición de clase, y negándose a extender esta lucha al resto del Estado, Ada Colau y los dirigentes de Podemos han jugado el papel de pepito grillo incoherente: por un lado, se han opuesto con la boca pequeña a la represión apostando por un referéndum legal patrocinado por el mismo Estado que blande su porra y encarcela a los dirigentes independentistas. Por otro, acusa al movimiento de masas de “despertar” al fascismo y lo califica de maniobra de las élites.

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La posición de los Comunes en la crisis catalana ha estado marcada por una equidistancia falsa, que supone una factura política muy seria.

Su abandono de la lucha de clases, su alejamiento de un programa de confrontación con el Estado capitalista y sus políticas, su aceptación de las reglas del juego del sistema, les permite moverse cómodamente en las instituciones parlamentarias. Pero eso no les va a garantizar buenos resultados en las urnas. Si su política no muestra una salida convincente a la crisis social y política que atraviesa Catalunya y el Estado español, si abandonan las señas de identidad que les brindó un apoyo entusiasta entre millones para pasar a convertirse en una rueda más del régimen del 78, su expectativa electoral se achicará cada vez más.  

Los Comunes ocupan en Catalunya cada vez más el espacio de la vieja Iniciativa, y deben mirarse en el espejo del desastre sufrido por UP en Galiza y en las últimas elecciones autonómicas en la CAV. En el parlamento gallego no cosecharon ni un escaño, y de ganar al PNV en las generales de 2016 han pasado a perder más del 70% de su apoyo electoral. En Catalunya la tendencia también es descendente: en las generales de 2016 En Comú Podem ganó con casi 850.000 votos y tres años después quedó cuarta perdiendo 300.000. En las elecciones a la Generalitat de 2017 cosecharon un descenso de 40.000 votos respecto dos años antes y se quedaron en 326.000, obteniendo menos apoyo que ICV en 2012. Es imposible que los Comunes logren buenos resultados con un discurso apenas diferente del PSC y con las posiciones que han mantenido en estos años. 

Luchar por la república y el socialismo. Las tareas de la izquierda anticapitalista

El colapso del espacio político tradicional de la derecha catalanista demuestra que es perfectamente posible que los trabajadores conquistemos la dirección del movimiento de liberación nacional, y remarca los efectos perniciosos de la política de unidad nacional defendida por la socialdemocracia de ERC y de la que, lamentablemente, no se han desprendido los compañeros de la CUP. ¿De qué sirve defender de palabra el anticapitalismo si en los hechos te atas al carro de la colaboración de clases?

No es cierto que no haya fuerza para lograr la República catalana ahora. El referéndum del 1-O de 2017 pasará a la historia porque más de 2 millones de personas votamos a favor de ella, cifra que supera otras consultas dadas por válidas como la realizada por el Estatut o la Constitución Europea. Posteriormente, el movimiento de masas ha protagonizado huelgas generales y movilizaciones sin precedentes, como las de octubre de 2019 tas el fallo del Supremo, que no solo han desvelado el carácter antidemocrático del régimen del 78, también han contribuido decisivamente a la crisis de la monarquía y a evitar que la derecha se haga con el Gobierno estatal.

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No es cierto que no haya fuerza para lograr la República catalana ahora. El referéndum del 1-O de 2017 pasará a la historia porque más de 2 millones de personas votamos a favor de ella

En el documento político aprobado por la CUP a finales del año pasado, se afirma que nos encontramos en un momento de retroceso y que las fuerzas del independentismo han disminuido, y por estas razones abogan por iniciar un proceso de “acumulación de fuerzas” y un nuevo referéndum antes del 2025. Pero lo más importante es que estas consideraciones les llevan a abrir la posibilidad de entrar en un Govern de unidad nacional, con ERC, Junts y el PDeCAT. ¿Con esta estrategia estaremos más cerca de conquistar la República? Sinceramente, a la vista de la experiencia, creemos que no.

Es evidente que millones de personas no pueden estar en permanente movilización, mucho menos si sus dirigentes más destacados les llaman a abandonar las calles y les presentan la vía del “acuerdo” como la única opción. Pero el aparato del Estado, como está confirmando la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno PSOE-UP, jamás aceptará una reforma constitucional que abra las puertas al ejercicio del derecho de autodeterminación. Solo un movimiento revolucionario que lo ponga contra las cuerdas y lo doblegue, tanto en Catalunya como en el resto del Estado, podrá abrir ese camino. Lo vimos en los años treinta, en los años setenta y lo hemos visto desde 2017.

Eso es lo que deben entender los compañeros y compañeras de la CUP. La tarea que tienen, como la principal organización de la izquierda independentista, es “acumular fuerzas” en las fábricas, en los centros de trabajo y de estudio, en los barrios, en los sindicatos de clase y los movimientos sociales, sí, pero hacerlo sobre la base de un programa de clase, que combata a la reacción, pero también que confronte con la derecha y la socialdemocracia catalanista.

La idea de que para conquistar la independencia y la república es imprescindible una alianza con las fuerzas burguesas del movimiento de liberación nacional conduce a un callejón sin salida. Estas fuerzas lo que quieren dar es carpetazo definitivo a la crisis revolucionaria. Las alianzas programáticas y de Gobierno con ERC y Junts, para lo único que servirán es para mellar el filo anticapitalista y revolucionario de la CUP y asimilarla al orden establecido, lo mismo que ha ocurrido con los dirigentes de UP. La CUP debe situarse en la oposición más intransigente, pero no con afán de ser una minoría estupenda y satisfecha, sino para conquistar el apoyo de la mayoría de la clase obrera y la juventud sobre la base de un programa socialista.

Aunque la CUP podría mejorar sus resultados en las próximas elecciones recogiendo buena parte del voto joven más a la izquierda, la realidad es que la política llevada a cabo por sus dirigentes en el último período ha reforzado a la socialdemocracia, tanto a ERC como al PSC. Por un lado, trabajadores que han girado a la izquierda y en general sectores amplios de las masas siguen sin reconocer en la CUP una alternativa capaz de aspirar a ser la dirección del movimiento y dar a éste una orientación diferente. Y, por otro, su defensa de la unidad nacional con la derecha catalana ha conllevado a renunciar a una política que le permitiese aprovechar las oportunidades que ha tenido para avanzar entre la clase obrera, y especialmente para llegar a esos sectores que, aunque rechazan la represión y políticas neoliberales de la derecha españolista, también sufren los recortes del Govern y desconfían de Junts y ERC.

La única manera de ganar a la clase trabajadora para la República es romper con la derecha catalana, dejar la retórica parlamentaria y fortalecer la lucha en las calles, defender un sindicalismo combativo en los hechos y desafiar a las direcciones sindicales que llevan a desastres como el cierre de Nissan. No es posible coger una máquina del tiempo y volver al 1-O de 2017, como piensan los dirigentes de la CUP, creyendo que si volvemos a hacer un referéndum la barra de energía del movimiento se cargará automáticamente y podremos derrotar al régimen. Para levantar una alternativa anticapitalista consecuente por la liberación nacional y social, los dirigentes de la CUP tienen que aprender de los errores cometidos hasta el momento.

Los trabajadores y jóvenes debemos y podemos conquistar la dirección del movimiento de liberación nacional. Pero eso pasa por un planteamiento programático claro: queremos una república para el pueblo y no manejada por la oligarquía de siempre. Esta es la tarea estratégica que la CUP debería plantearse. Una República socialista que nacionalice la banca y los grandes monopolios para asegurar una educación y sanidad públicas y de calidad, poner fin a los desahucios garantizando un techo digno, y un empleo con condiciones laborales decentes y sin precariedad. Esa República recibiría el apoyo mayoritario y entusiasta del conjunto de la población. Y no sólo en Catalunya, también permitiría ganar la simpatía y el respaldo de los trabajadores y jóvenes del resto del Estado y de Europa. Este es el camino, no hay tiempo que perder. 

¡Ni un paso atrás en la lucha por la República catalana socialista!

¡Únete a Izquierda Revolucionaria!


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