¡Una izquierda combativa para enfrentar la ofensiva del capital!
Repitiendo una vez más la liturgia de los brindis al sol y lanzando una nueva andanada de propaganda que pasará a ser humo en muy poco tiempo, el Gobierno de coalición pretende capear con gestos vanos una crisis económica y social insoportable.
Mientras la clase obrera es empujada al límite de su aguante golpeada por una inflación de dos dígitos; cuando la patronal saca el trabuco contra las subidas salariales provocando la mayor oleada huelguística en años, y la ola de calor se ha cobrado 510 vidas en solo seis días según datos oficiales[1], Pedro Sánchez parece que ha protagonizado en el debate sobre el “Estado de la nación” un giro a la izquierda espectacular. Esto es lo único que se puede concluir si se leen los editoriales de Prisa y se escucha a los portavoces y ministras de Unidas Podemos. Pero el objetivo real de los anuncios en sede parlamentaria no es más que intentar alejar el estallido social que planea sobre la situación política.
Un escenario caótico
Apenas ha transcurrido un mes desde la debacle de la izquierda gubernamental en las autonómicas andaluzas y una avalancha de acontecimientos han puesto a prueba al Gobierno de coalición con un resultado decepcionante.
En estos 30 días, la OTAN celebró su cumbre en Madrid y, con el apoyo entusiasta de Pedro Sánchez, anunció una ofensiva militarista que, aunque desarrolla su batalla inmediata en suelo ucraniano, pone a China en el punto de mira. Las fuerzas represivas de Marruecos y el Estado español organizaron conjuntamente una matanza de personas migrantes en la valla de Melilla, que mereció el aplauso mezquino del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, Grande-Marlaska, y el encubrimiento total de sus responsables.
El IPC escaló al 10,2 en junio, y la UE y otros organismos internacionales ya reconocen que la subida descontrolada de los precios continuará en 2023. Los efectos son evidentes: la pobreza se extenderá por todo el mundo, pero los beneficios empresariales se desbordan a base de inyecciones de capital público, de especulación y acaparamiento.
Y al igual que ocurrió en 2010 y en los años inmediatamente posteriores, los ataques de la clase dominante y la descomposición económica provocan nuevas rebeliones populares. El levantamiento revolucionario en Sri Lanka es un anticipo de lo que va a pasar en muchos de los países excoloniales, pero también en las naciones capitalistas avanzadas y particularmente en Europa. Las advertencias de los burócratas de la UE, del Gobierno alemán y francés, de un otoño de racionamiento de la energía si finalmente Rusia interrumpe el suministro de gas, dibujan un horizonte tormentoso de lucha de clases. Los “estrategas” de Washington y sus mayordomos europeos pueden contemplar los efectos de sus medidas para frenar a Rusia y China: están creando las condiciones para convulsiones políticas y sociales sin precedentes, y para un descrédito aún mayor de la democracia burguesa, sus instituciones y sus partidos.
En un contexto de crisis aguda como la que vivimos es una obligación reflexionar sobre la alternativa que ofrece la izquierda reformista en el Gobierno. Al fin y al cabo, la socialdemocracia ministerialista lleva más de cien años tratando de convencernos de que un capitalismo más humano es posible, pero los hechos indican que sus deseos se han saldado en un fracaso estrepitoso.
El declive de Podemos y las campañas mediáticas de acoso y derribo
Esta reflexión tiene que abordar también el significado de la campaña de difamaciones y ataques mediáticos contra Podemos que, aunque ya era evidente para millones desde el momento de su irrupción electoral, ahora se conoce en mucha mayor profundidad. La filtración de audios en los que el excomisario José Manuel Villarejo, empresario y hombre clave durante muchos años de la Secretaría de Estado de Seguridad, planifica con sus compinches— algunos de ellos destacados “periodistas” de la Sexta como Antonio García Ferreras— la difusión de montajes periodísticos falsos y burdos destinados a socavar la credibilidad de Podemos y de Pablo Iglesias, ha provocado una conmoción en la izquierda y el rechazo frontal de cualquier demócrata consecuente.
Lo más significativo de estas filtraciones es que confirman rotundamente que la difamación contra Podemos fue mucho más allá de los habituales bulos del negocio del periodismo. Se trató de una auténtica operación de Estado, promovida desde ese mismo aparato heredado del franquismo que tiene como misión fundamental proteger, a cualquier precio, los intereses de la clase dominante y del régimen del 78.
Esta campaña contó con la participación de los grandes grupos empresariales que controlan los medios de comunicación. El reconocimiento por parte del antiguo director de El País, Antonio Caño, de las maniobras realizadas desde el Grupo Prisa para evitar la entrada de Podemos en el Gobierno, o la intención manifestada por Mauricio Casals, adjunto a la presidencia de Atresmedia, y refrendada por la estrella televisiva de la cadena, Antonio García Ferreras, de convertir a La Sexta en colaboradora incondicional de las más sucias jugarretas de las fuerzas políticas reaccionarias, policiales y de los sectores judiciales que constituyen las llamadas “cloacas del Estado”, revelan la alarma y el temor que sacudió a la burguesía ante el ascenso meteórico de Podemos en sus primeros años.
Sin duda esta campaña pretendía minar la figura de Pablo Iglesias y prueba la ausencia de libertad de prensa bajo la dictadura del capital financiero que nos gobierna. Pero no debemos olvidar que la causa del declive de Podemos no fueron estos ataques, que en los primeros años no hacían más que realzar su proyección pública cuando eran respondidos a la ofensiva por Pablo Iglesias. El hundimiento de Podemos como alternativa de la izquierda transformadora la ha provocado la deriva de sus políticas: de asaltar los cielos para acabar con la casta, se ha trasmutado en una copia borrosa de la socialdemocracia tradicional, que la blanquea y al final del día la apoya siempre en el Consejo de Ministros. Podemos ha permitido que el 90 por ciento de lo contenido en el pacto de Gobierno con el PSOE se incumpla, como hemos descrito en numerosos artículos, y hace de su continuidad en un Ejecutivo que aplica políticas capitalistas una causa de principio.
La sumisión incondicional al PSOE, la crítica con la boca pequeña ante el giro militarista y represivo de Pedro Sánchez, la renuncia a la movilización y su apuesta por la paz social, su fusión con la alta burocracia de CCOO y UGT, y un triunfalismo vacío ante unas migajas completamente impotentes para hacer frente a los daños de la crisis, son lo que han provocado la frustración y el desánimo entre los votantes de Podemos, y han preparado el terreno para el avance de la derecha y la extrema derecha.
¿Un nuevo proyecto de país? SUMAR y Yolanda Díaz
El declive de un Podemos que hoy no es ni la sombra de lo que fue, es un grave problema para los “fontaneros” del PSOE. La continuidad en el Gobierno de Pedro Sánchez tras las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023, será muy dudosa si el peso electoral de Podemos sigue en caída libre.
Para asegurar su posición, la socialdemocracia se presenta ante la clase dominante como la mejor garantía de estabilidad ante el inminente agravamiento de la crisis. En las grandes cuestiones, como el drástico incremento del gasto militar, la alianza incondicional con el imperialismo norteamericano, el uso de los 77.000 millones de euros de los fondos europeos en exclusivo beneficio de las grandes empresas o la protección de los pilares del régimen del 78, el PSOE no duda en buscar, y conseguir, el apoyo del PP e incluso de Vox. Y para contrarrestar la imparable ola de protestas populares y huelgas, se apoya a fondo en las burocracias de CCOO y UGT.
Es necesario tener en cuenta este contexto si queremos comprender la naturaleza y características de SUMAR, la iniciativa promovida por la vicepresidenta Yolanda Díaz —que recibe todos los parabienes de la maquinaria del PSOE— y con el que se pretende aglutinar al voto desencantado que huye de Podemos.
Como era previsible, el tratamiento periodístico que está recibiendo SUMAR contrasta radicalmente con el que sufrió Podemos. La doble página dedicada por El País a una entrevista con Yolanda Díaz orientada al autobombo o los elogios de su editorialista al “liderazgo y prestigio” de Díaz que “se ha fraguado desde el ejercicio eficaz de su gestión”, indican que los grandes grupos empresariales de la comunicación no tienen intención de repetir el acoso empleado contra Pablo Iglesias. Incluso desde la prensa más cercana a la extrema derecha, las críticas a Díaz se hacen con guante de seda; por ejemplo, ABC abre su editorial suavemente crítico con SUMAR reconociendo el “carisma” de Díaz. Y tienen razón: Yolanda Díaz no supone ningún desafío por la izquierda, ninguna ruptura con el PSOE y la colaboración de clases. Es una izquierda del sistema y, llegado el momento, puede prestar servicios importantes.
Los pasos iniciales de SUMAR marcan con claridad sus límites: las críticas al Gobierno no tienen cabida en su proyecto, las políticas represivas y militaristas se cubren con retórica. En la valla de Melilla hay que “respetar los derechos humanos”, pero Díaz evita condenar a los responsables de la masacre. En Ucrania hay “paradigmas en disputa”, pero la guerra imperialista y la responsabilidad de EEUU en ella o el desmesurado aumento del gasto militar anunciado por Sánchez no merecen ni el más ligero reproche. Qué los trabajadores mueren por las altas temperaturas a que son obligados a trabajar por el afán de beneficios empresariales, como en el caso del barrendero madrileño José Antonio González, la vicepresidenta responde inmediatamente en las redes que “la crisis climática es, cada vez, más incompatible con la vida”. Pero la crisis climática, y las muertes de obreros por el calor no caen del cielo azul. Son la consecuencia de este sistema explotador. La ministra de Trabajo se conforma con muy poco.
Díaz parece olvidar que forma parte del Gobierno. Proclama que su proyecto va a “arreglar los problemas que tiene la gente, que son muy sencillos: tener un trabajo y una vivienda digna; poder pagar la factura de la luz; pagar impuestos de manera justa, cosa que no sucede en nuestro país; tener escuelas públicas y sanidad pública de calidad; poder disfrutar de la cultura”. Pero ¿es necesario esperar a las próximas elecciones para hacerlo? ¿Para qué sirve entonces ocupar una vicepresidencia del Gobierno?
El discurso de los derechos sociales de Díaz choca de frente con su silencio ante las grandes movilizaciones obreras de estas semanas. A pesar de gastar tantos recursos en imagen, su lejanía de los problemas cotidianos que afectan a la mayoría de la población es patente.
Es más que probable que SUMAR aglutine a un sector de votantes que rechazan la papeleta del PSOE por su deriva otanista y militarista y que no se abstendrán ante el ascenso del PP y de Vox. Pero no cabe duda de que SUMAR está muy lejos de ofrecer el proyecto de la izquierda de clase, combativa e internacionalista que necesitamos.
¿Son las medidas anunciadas en el debate de la nación un giro a la izquierda?
En las últimas semanas el malestar social y la presión de la calle han aumentado significativamente y han obligado al Gobierno a anunciar, aprovechando el debate sobre el estado de la nación, algunas medidas que “compensen” el grave deterioro que están sufriendo las rentas salariales.
La prensa se ha apresurado a calificar esto como un “giro a la izquierda” y los ministros de Podemos se han hecho eco de ese diagnóstico. Pero hay realmente muy poco de izquierda en los anuncios de Sánchez.
Las ayudas directas a los más perjudicados por la crisis se limitan a la gratuidad de los abonos de Renfe y Cercanías y al aumento de las becas en 100 euros, ambas solo durante el último cuatrimestre de este año. Será un pequeño alivio temporal para los beneficiarios, pero en absoluto cambiará la situación de fondo.
Las dos medidas que supuestamente tendrían un mayor calado, los impuestos temporales a la banca y a las empresas del sector de la energía, están pendientes de concretar. De momento son solo un anuncio, pero no hay razones para suponer que se lleven a cabo, o que de implementarse no sean inmediatamente traspasados a la factura de los consumidores y usuarios. ¿No es eso lo que ocurre con los actuales impuestos? ¿Acaso ha aprobado el Gobierno algún mecanismo para controlar los precios? Todo lo contrario. Pedro Sánchez se ha negado reiteradamente a intervenir los precios de la luz y los combustibles, de modo que ¿cómo conseguirán entonces evitar que los nuevos impuestos se repercutan en la facturación?
No puede haber otro giro a la izquierda que una política que vaya a la raíz de los problemas y afronte cara a cara la profunda crisis del capitalismo. Es inaceptable que los beneficios empresariales sigan aumentando de forma espectacular, y en gran medida gracias al aumento de los precios, mientras que la situación de emergencia social sigue extendiéndose y afectando a un número cada vez mayor de trabajadoras y trabajadores.
La única política de izquierdas digna de ese nombre es aquella que lucha por colocar los inmensos recursos económicos que genera el esfuerzo diario de la clase trabajadora al servicio de las necesidades sociales. Lo que necesitamos es determinación y lealtad con los oprimidos y sus problemas, y eso exige la nacionalización sin indemnización de las empresas eléctricas y de la banca, de los monopolios capitalistas, de los grandes tenedores de vivienda… y poner esos medios al servicio del empleo de calidad y con salarios que no sean devorados por la inflación, de pensiones decentes, de una sanidad y una educación públicas que jueguen un papel efectivo contra las desigualdades de clase, de una vivienda pública digna y asequible que permita a la juventud emanciparse.
Este programa, el único capaz de cerrar el paso a la ofensiva empresarial, a la extrema derecha y al horizonte de miseria que se nos viene encima, es posible si construimos una izquierda revolucionaria que se apoye en la movilización de la clase trabajadora, y la haga consciente de su poder y de su fuerza para cambiar el mundo.
[1] “El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha estimado que se han producido 510 muertes atribuibles a las altas temperaturas en la semana del 10 al 16 de julio. El último dato que recoge la estadística de monitorización de la mortalidad diaria por exceso de temperatura es el del sábado 16, donde se sitúa el pico máximo, con 150 decesos estimados en un día.”
