El surgimiento del movimiento “viernes por el futuro” en Europa, se ha extendido rápidamente por todo el mundo ante la necesidad que tenemos millones de jóvenes y trabajadores por vivir un mundo más natural, sin contaminantes y sin devastación. Esto ha abierto un profundo debate sobre el carácter que debe adoptar el movimiento ecologista mundial. Desde Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes, nos sumamos y queremos contribuir a impulsar un movimiento combativo y anticapitalista que ponga encima de la mesa cómo podemos frenar la catástrofe ecológica que vive nuestro planeta.

¿Quiénes son los responsables de la barbarie medioambiental?

Las masivas movilizaciones de la juventud y los recientes estudios publicados han forzado a políticos y representes de la clase dominante a mostrar su “preocupación” por el estado del planeta. De ahí su intento de sumarse al carro del ecologismo para desviar el foco de atención de los verdaderos responsables de esta situación: las grandes multinacionales, los capitalistas y sus gobiernos.

Las multinacionales muestran una brutal hipocresía cuando plantean campañas para “concientizar sobre la importancia de respetar el medioambiente”. Dos ejemplos claros son el de Coca-Cola, que presume de producir bebidas “ecológicas” mientras genera 110 billones de botellas de un solo uso al día —gran parte del total de residuos de plástico del mundo—; y el de Volkswagen, cuyos motores diésel que anunciaba como los más limpios del mercado tenían instalado un dispositivo que manipulaba los datos de emisiones contaminantes.

Lo mismo sucede con las cinco grandes firmas petroleras que controlan el mercado energético. Las conocidas como Big Five —ExxonMobil, Shell, Chevron, BP y Total— destinaron a lo largo de 2018 cerca de doscientos millones de dólares, y desde el Acuerdo de París de 2015 más de mil millones, para retrasar y obstaculizar cualquier iniciativa diseñada a combatir el cambio climático y así seguir explotando los combustibles fósiles.

Megaproyectos “de muerte” en México

Los megaproyectos “de muerte”, contemplan la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas para alimentar las minas con energía, la extracción de gas y el fracking. Las concesiones son repartidas mayoritariamente entre empresas extranjeras siendo la canadiense Almaden Minerals la de mayor presencia y algunas mexicanas como Grupo México, de German Larrea, Grupo Frisco, de Carlos Slim y Peñoles/ Fresnillo de Alberto Baillères.

Estas empresas son altamente contaminantes y peligrosas, recientemente Grupo México derramo tres mil litros de ácido sulfúrico en el mar del Golfo. Por supuesto para esta gente el daño ambiental y la destrucción es cosa sin importancia ante la obscena cifra de beneficios que obtienen. Larrea vio crecer su fortuna en 5,362 millones de pesos en 2017, mientras que el Rey de la plata (Bailléres) en 38,040 millones de pesos en el mismo periodo, colocándolo en el primer lugar en producción de plata a nivel mundial.

La Secretaría de Economía durante el gobierno de Peña Nieto dio concesiones para la exploración de recursos minerales sobre 32 millones de hectáreas, es decir, cerca de la tercera parte de las tierras ejidales y comunidades agrarias. El 50 por ciento de nuestro territorio es habitada por pueblos originarios e indígenas, en ellos se encuentran minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y biodiversidad rica y dadora de materias primas necesarias para las multinacionales y grandes empresas capitalistas.

El apego que muchas de estas comunidades tienen a sus regiones no sólo es por su sustento económico sino porque esos territorios son parte de su identidad y vida, no se trata sólo de conservar el capital natural para sobrevivir sino de mantenerla para transmitirlas a las siguientes generaciones. Pero con la depredación capitalista, ya sólo nos quedan paisajes devastados, deforestación, montañas fracturadas, suelos removidos hasta el núcleo, aguas contaminadas, fauna en peligro o en extinción, aire tóxico, inundaciones e incendios forestales.  

En México tenemos diversos proyectos que ponen en peligro a miles de personas, las desplazan y devastarían brutalmente el ecosistema. Uno de ellos es el Proyecto Integral Morelos (PIM) que contempla una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto. Las termoeléctricas son altamente contaminantes, motivo por el que han sido prohibidas en distintos lugares del mundo. En este caso en particular, no sólo está en riesgo el agua de la región, particularmente de ríos, mantos acuíferos y pozos de los que se extraerán millones de litros diarios para la termoeléctrica, sino que, además, el gasoducto cruza por zona de riesgo volcánico.

Otros son el Corredor Transísmico, el Tren Maya, y en la actualidad hay 906 conflictos por el agua. No suficiente con ello, recientemente el gobierno mexicano ha liberado la veda de 10 cuencas hídricas concediendo por los próximos 50 años enormes volúmenes de agua para uso industrial, servicios, producción energética, minería o fracking, el cual aún se sigue practicando a pesar de que el actual gobierno ha manifestado oponerse a esta práctica. En el caso del Estado de Veracruz dicho decreto garantiza a empresas como Odebrecht y Aguas de Barcelona para explotar la tierra, los mares y los ríos.

Otras de las regiones más golpeadas es la Sierra Norte de Puebla, más de 140 mil hectáreas ya han sido concesionadas y tienen el respaldo de la Semarnat. Uno de estos proyectos es el Parque Industrial de Energía Renovable a cargo de la transnacional española Iberdrola, donde se estima colocar 84 aerogeneradores para lo cual, arrendaron las tierras de los campesinos e indígenas por 30 años.

¡Ni un luchador ambientalista más asesinado!

A los empresarios no les importa si en todo este jugoso negocio tienen que pasar por encima del medio ambiente y las comunidades, están dispuestos a dividir a los pueblos, ofrecer dinero y hasta encarcelar y asesinar a los líderes opositores con tal de lograr la materialización de estos megaproyectos, y en muchos casos cuentan con el apoyo de los gobiernos locales, ya que son parte de los mismos negocios. Esto demuestra que no basta con hacer llamados a portarse bien, o a no ser corruptos, sino que realmente se debe impulsar una política nacional en la que sean las comunidades quienes decidan sobre el territorio.

El número de ambientalistas y defensores de la naturaleza asesinados está en su punto más alto, nos encontramos en el sexto lugar más peligroso del mundo para los defensores de la tierra. Datos recabados por el periodista Jesús Lemos, exponen que han sido asesinados 122 activistas en cinco años donde el crimen organizado ha estado involucrado, 139 encarcelados, 163 tiene orden de aprensión por delitos fabricados, 74 desaparecidos y 270 se han tenido que desplazar de sus comunidades por la defensa de los recursos naturales.  

Datos del 2018 muestran que 11 de los 14 casos de asesinatos a defensores de la Tierra son indígenas y los Estados con mayor agresividad son Oaxaca, Puebla y Michoacán. En toda esta barbarie una vez más queda claro que los gobiernos estatales o municipales actúan como caciques en contubernio con los empresarios y el crimen organizado para lograr sus fines. En la Sierra Norte de Puebla donde ha habido varios asesinatos de compañeros está documentado que el Cártel Totonacapan recibe entre 500 o 700 dólares mensuales por hacer el trabajo sucio de las trasnacionales sobre todo para las que realizan el fracking.

En esencia las leyes capitalistas en el mundo y en nuestro país favorecen el uso industrial del agua y el territorio antes que la protección ambiental y vital de las comunidades, utilizando métodos como el soborno y la corrupción, demostrando que el Estado capitalista funciona en beneficio de los empresarios.  

¿Qué suma y qué resta en la lucha contra el cambio climático?

Ante esta realidad, los gobiernos capitalistas de todo el mundo intentan presentar los protocolos medioambientales y las cumbres climáticas como pasos adelante y como una forma de controlar la actividad de las empresas. Pero la realidad es que son una farsa utilizada por los responsables de la degradación medioambiental para lavarse la cara y forman parte de una campaña muy consciente para asimilar al movimiento ecologista y descafeinar su contenido revolucionario.

Desde el Sindicato de Estudiantes decimos que el hecho de que la derecha o empresarios se declaren “ecologistas”, o afirmar que tienen espacios en nuestro movimiento, no aporta nada positivo a la lucha contra el cambio climático. Al contrario: significa lavar la cara a los verdaderos causantes de esta catástrofe, equiparar a víctimas y verdugos, otorgando la misma responsabilidad al pueblo que hemos salido a las calles a denunciar esta situación, que al puñado de capitalistas que deciden qué y cómo se produce, únicamente con el interés de seguir obteniendo mayores beneficios. Por eso, para extirpar la raíz de todos los problemas que nos golpean debemos acabar con el capitalismo, no transformarlo en “ecológico”.

El discurso sobre la posibilidad de construir un “capitalismo verde” es una auténtica utopía que coloca el centro del debate en el consumo responsable. La importancia de la “concienciación individual” ha sido explotada por la burguesía, que además han convertido la figura de la conocida activista Greta Thunberg en un montaje premeditado para potenciar esta idea. En una entrevista en The Guardian declaraba: “El cambio climático requiere que todos hagamos pequeños sacrificios y esfuerzos”. Los revolucionarios rehusamos que esta lucha sea una cuestión individual. Lo que refleja este movimiento es el sentimiento colectivo y generalizado de descontento con el sistema capitalista depredador, la combatividad que se respira y nuestra determinación en querer cambiar nuestra realidad.

Por eso consideramos que es un error plantear que nuestra lucha vaya dirigida a que los políticos y empresarios “reflexionen”. Pensar que los representantes de este sistema se enfrentarán a las grandes multinacionales es simplemente ridículo.

¡Levantemos un ecologismo revolucionario y anticapitalista!

Es fundamental levantar un movimiento ecologista revolucionario que exija la nacionalización inmediata de las palancas principales de la economía, de las grandes industrias eléctricas y mineras sin indemnización, que elimine el fracking, que acabe con la energía nuclear, por una red de transporte público ecológico y gratuito, la prohibición por ley de la explotación capitalista de nuestros océanos y bosques, planificar la economía de forma democrática. La transformación socialista de la sociedad es más urgente que nunca.

Sabemos que todo lo que logremos será con la movilización en las calles, como lo han demostrado todas las comunidades que se han mantenido en pie de guerra incluso entregando su vida y libertad. Por eso llamamos a vaciar los salones con un paro general estudiantil el próximo 27 de septiembre y a llenar las calles. Llamamos a organizar comités de acción contra el cambio climático y los megaproyectos en todas las y universidades para preparar la jornada de movilizaciones.

Esta lucha no es sólo de las comunidades, sino de todas y todos que pagamos los platos rotos de la dictadura de un puñado de empresas a nivel mundial y de este sistema. Por eso, llamamos a los sindicatos democráticos e independientes a que se sumen a esta protesta y convoquen junto con nosotros, donde estudiantes y trabajador@s confluyamos no bajo consignas abstractas como la declaración de la emergencia climática, sino bajo un programa combativo y revolucionario que ponga contra las cuerdas a los responsables de esta barbarie ecológica. La vida de nuestro planeta depende de ello.

Exigimos:

• No a la privatización de las tierras y de los recursos naturales, exigimos la expropiación de las mineras, constructoras, presas, campos agrícolas, campos eólicos, etc. Bajo control democrático de los trabajadores y comunidades.
• Nacionalización de las empresas energéticas (CFE y Pemex), y un plan público de inversiones para establecer una industria energética 100% ecológica y sostenible.
• Por una red de transporte público, gratuito, de calidad y ecológico.
• Nacionalización de las industrias automovilísticas, aeronáuticas y navales, y transformación de su producción para hacerlas viables y no contaminantes.
• Nacionalización de la industria ganadera y de las industrias de procesamiento de alimentos. No a la explotación capitalista de los océanos. ¡Por una alimentación sostenible, ecológica y sana!
• Empresas públicas de reciclaje bajo el control democrático de trabajadoras y trabajadores. ¡Basta de hacer negocios con el ecologismo!
• Por una producción sostenible planificada democráticamente por el conjunto de la clase trabajadora y la juventud. Por la transformación socialista y ecológica de la sociedad.

¡Para salvar el planeta hay que romper con el sistema!

¡Todas y todos a las manifestaciones el 20 y 27 de septiembre!