El 5 de agosto se filtró una grabación de Víctor Toledo, Secretario de la SEMARNAT, donde señala las posiciones enfrentadas dentro del gabinete de la 4T, y hasta del propio presidente. Por un lado, la SEMARNAT aboga por la agroecología, mientras que, por el otro, y de la mano de Alfonso Romo, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Economía y Energía, impulsan proyectos desde la agroindustria.

La derecha mano derecha

Romo, quien funge como jefe de la oficina de la Presidencia es, al mismo tiempo, propietario de por lo menos dos empresas dedicadas a megaproyectos agroindustriales de semillas y fertilizantes, Agromod y Enerall. En el 2020, el portal periodístico Connectas, evidenció que la empresa Enerall acapara 15 mil hectáreas de explotación de agua subterránea en la selva maya, y que sus trabajadores, en su mayoría indígenas del estado de Yucatán, sufren explotación laboral con jornadas laborales de 12 horas, sin acceso a atención médica y con pagos miserables; en 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó y suspendió temporalmente un terreno de la empresa. Por su parte, AMLO designó a Toledo para el seguimiento del caso.

Romo, mano derecha de AMLO, y quien sostiene que mientras el gobierno no deje atrás los “tabúes ideológicos” México no avanzará, pertenece a esos intereses empresariales que tornan nebulosa la política de la 4T. Pero ¿cuáles son estos tabúes ideológicos? Básicamente es la postura de Toledo, científico ambientalista, que, si bien no busca cambiar de raíz al sistema neoliberal, va por políticas que mejoren el balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales.

Un reflejo de esto es la negativa de la SEMARNAT por seguir importando glifosato, promovido por grupo Bayer-Monsanto, como herbicida en México. Tras esto, Toledo expone en el audio la presión internacional de la que fue sujeto por parte de EU y otras veinte embajadas. Cabe señalar que dicho producto fue clasificado en el 2015 por la OMS como “altamente peligroso” por sus componentes cancerígenos y contaminantes.

Las intenciones de Monsanto nunca han sido claras en nuestro país. En el 2017, el Senado pidió al gobierno se mostraran las condiciones legales de los permisos para experimentar con transgénicos por parte de Monsanto y sus afectaciones a la salud. Ya en el 2012, había salido a la luz un posible contrato por firmar, donde entre las especificaciones resalta la producción de biomasa para la industria energética. Es importante apuntar que dicha industria ha devastado cientos de miles de hectáreas en Estados Unidos, Brasil ¿Y ahora México?

Ante los cuestionamientos, Obrador afirmó que, con el fin de no afectar a los productores, el glifosato saldrá progresivamente hasta el 2024, y que no se usará en programas gubernamentales como sembrando vida; mientras tanto, los suelos y aguas contaminadas, los alimentos envenenados y los trabajadores expuestos a sustancias toxicas seguirán aumentando.

La corrupción es el problema que la 4T ha tratado como principal; sin embargo, la explotación a destajo de la naturaleza seguirá en un sistema capitalista “legal”. Las pugnas políticas dentro del gabinete evidencian que el gobierno no cederá a todas las demandas de los pueblos. Habrá que luchar, negociar, aprovechar los recovecos, choques ideológicos y posiciones difusas. Se verán resultados concisos, como con la cervecera en Mexicali, o parciales como en Morelos en donde la termoeléctrica no se desmantela, pero aún no se ha puesto a funcionar; sólo donde la lucha social obligue a gobiernos y empresas a retroceder e posibilite la política agroecológica.

La organización social independiente y apoyo total a las luchas campesinas, obreras y de trabajadores es crucial para defender el derecho a la vida, sin suelos, aguas ni alimentos contaminados. Y para confrontar las presiones que hacen corporativos trasnacionales, internacionales y nacionales que buscan privatizar el campo mexicano para su propio beneficio.

Alto a los megaproyectos de muerte

Fuera Monsanto, Romo y los transgénicos

Por una política socialista para el campo