La inflación en México ha llegado a cifras máximas en más de dos décadas, con un 8.7% anual. Si bien ha cedido tres décimas en octubre, en los bolsillos de las familias trabajadoras se está resintiendo con fuerza, especialmente entre los sectores más empobrecidos, con el aumento de precio en productos de la canasta básica como la calabacita o el jitomate que, pese a este descenso global, tienen una inflación del 23% y 18% respectivamente. La electricidad también tuvo un incremento del 17.4% respecto a septiembre. Por lo tanto, estamos lejos de tener una situación positiva en la economía de la clase trabajadora.

El límite de los paliativos económicos

Desde el gobierno de AMLO se han tomado algunas medidas para tratar de detener la inflación, una de ellas es el alza de la tasa de interés, que está provocando un mayor endeudamiento, nuevamente, entre los más pobres, que incluso utilizan el crédito para vivir al día. Tan sólo en septiembre el uso de tarjeta de crédito para poder cubrir gastos básicos como pago de gasolinas y compra de alimentos en tiendas departamentales subió un 22%.

Otras medidas han sido el tope y control de precios, en el caso del gas e incluso la creación del gas bienestar no han podido ser una medida general para paliar los constantes aumentos, el programa actualmente se encuentra en pausa debido a que el gobierno “tiene otras prioridades”.  Como lo escribíamos en el artículo ¡Basta de chantajes del monopolio del gas, nacionalización de la industria energética ya!, esta medida sólo podría ser temporal y tener un efecto limitado geográfica y económicamente sino iba de la mano con la nacionalización y expropiación del sector privado, quien se hace millonario con la especulación de los precios, el mercado negro de gas y petróleo y los robos en el subministro.

Finalmente, otra medida ha sido la reducción de condiciones burocráticas para la importación de alimentos como medida coyuntural en beneficio de 30 empresas, con la llamada Licencia Única Universal. Esta política de eliminación de aranceles tiene riesgos muy altos que llevaría a la importación de alimentos de baja calidad e incluso que no pasen las normas de salubridad, es incoherente que se eche mano de una medida de estas características en un periodo post pandémico en el que se sospecha como origen del covid-19 al consumo de alimentos contaminados no regulados.[1] 

Nos encontramos en un callejón sin salida, una y otra vez las medidas implementadas se muestran insuficientes para hacer frente a la crisis económica que arrastramos desde 2008 y que de no solucionarse se avecina a un nuevo precipicio con consecuencias terribles para las y los trabajadores. 

Dependencia económica y crisis alimentaria

La economía norteamericana, de la que dependemos en un 80%, es sin duda un elemento de inestabilidad a futuro que nos arrastrará inevitablemente a una muy inminente debacle económica, según bloomberg hay un 100% de probabilidad de que EEUU caiga en recesión en 2023.

Si a esto sumamos la situación de crisis alimenticia que viviremos en un futuro próximo con la escasez de alimentos de primera necesidad, producto de la especulación, el cambio climático y la guerra en Ucrania, la situación será insostenible. México importa a precios altos cereales y granos básico para cubrir la demanda interna, importa el 73% de maíz amarillo, 83% de arroz y 65% de trigo, que se consume. La enorme dependencia generada a raíz de las políticas neoliberales pone al país entre los primeros 10 importadores del mundo en varios de estos alimentos básicos. 

Mientras siguen aumentando las importaciones, los costos de ellas también lo hacen, en el primer semestre de 2022 el gasto para importación de granos subió 27% con relación al mismo periodo de 2021. También aumenta la pobreza en el campo, las grandes corporaciones agropecuarias siguen haciéndose ricas de la agricultura de exportación frente al 75% de campesinos de subsistencia y una pobreza del 55% de la población rural.

Asistimos a un nuevo ciclo de concentración de la tierra y por lo tanto de concentración de la riqueza que sólo puede ser producida con mano de obra jornalera en condiciones laborales precarias de superexplotación y esclavismo en los campos agrícolas con trabajadores principalmente migrantes del sur del país y de países de Centroamérica. Hemos vuelto al sistema de explotación y despojo del periodo pre-revolucionario, en una versión más sofisticada pero igual de criminal. Por todo lo anterior México ya ocupa hoy el primer lugar en asesinatos de defensores del territorio en todo el mundo.

Necesitamos medidas realmente radicales

Si bien los apoyos sociales son un tanque de oxígeno frente a la dura situación que estamos viviendo, la realidad es que no es suficiente para contrarrestar el desempleo, la precariedad laboral, la falta de un sistema de salud o educación públicas. Mientras estos problemas de fondo no se resuelvan, los apoyos, aunque sean un respiro no mejoran de fondo la calidad de vida de las familias trabajadoras. 

Actualmente, los apoyos gubernamentales cubren máximo el 12% de los hogares más pobres, el mismo CONEVAL acepta las limitaciones de estas medidas cuando afirma que “no hay política social que alcance”.

Necesitamos eliminar el empleo precario, empezando por acabar con la subcontratación a todos los niveles del gobierno, recuperar las prestaciones perdidas como la inscripción al seguro social que solo posee el 36% de la Población Económicamente Activa (PEA). Necesitamos empleos dignos para la juventud y acabar con el desempleo que entre el sector de los 20 a los 29 años llega al 15%, así como con la informalidad en la que labora el 50% de la PEA.

Es por ello que, pese a los apoyos sociales, millones de trabajadores durante la pandemia y tras ella tuvieron que retirar sus ahorros de pensión, hasta noviembre de 2021 se registró un récord de retiro de fondos de pensiones de 18 mil millones de pesos, significando un nulo futuro para millones de nosotros. 

Esta situación ha mermado por décadas los bolsillos de la clase trabajadora y ha impuesto como única solución real medidas realmente radicales, como la nacionalización y la expropiación de la banca que durante la pandemia se ha hecho de ganancias históricas a costa de la superexplotación y especulación. 

De igual manera tenemos que expropiar los energéticos, así como las principales palancas de la economía y básicos para el consumo doméstico como el gas y la luz que se han encarecido y que deberían ser considerados como un derecho humano y por lo tanto garantizar el acceso a ellos, más aún en condiciones de cambio climático y crisis alimentaria. 

Por otro lado, la nacionalización y expropiación de las grandes empresas agropecuarias será lo único que permita combatir la crisis alimentaria, no puede haber soberanía alimentaria si el campo está copado por estas gigantescas industrias transnacionales.

Sin embargo, el gobierno de AMLO rechaza una y otra vez tomar estas medidas y tocar los privilegios de una minoría que nos ha expropiado antes. Al contrario, se empeña en apostar a la buena voluntad y lavar la cara de los empresarios, ya hemos visto mucho de la buena voluntad de los empresarios durante la pandemia, mientras miles morían por Covid - 19, la producción no podía parar.

Necesitamos una auténtica izquierda revolucionaria que se base en la organización y movilización social y que impulse y esté dispuesta a levantar un programa social que llegue hasta las últimas consecuencias en la lucha contra la pobreza, la crisis alimentaria, la precariedad laboral y la superexplotación. 

La perspectiva económica es pesimista, como no podría ser de otra forma en la época de decadencia del capitalismo y de lucha por la hegemonía mundial entre dos grandes bloques: el de EEUU y la OTAN por un lado y China, Rusia y sus aliados por otro, ninguna cosa buena vendrá para México de esta disputa, el contrario, todos los males de este sistema se agudizan. 

Hoy más que nunca queda claro que no hay una salida dentro del capitalismo, no hay programas sociales que puedan paliar el efecto que el panorama económico internacional provocará a corto y largo plazo. La única solución es derrumbar este sistema podrido e inservible para la enorme mayoría de la población y sustituirlo por el socialismo, un sistema basado en la producción planificada para resolver las necesidades sociales y no en preservar los privilegios de unos pocos.

 

[1] https://www.izquierdarevolucionariamx.net/index.php/mexico-b/12071-ante-la-inflacion-y-la-carestia-necesitamos-expropiar-la-agroindustria


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