El Paquete contra la inflación y la carestía (Pcic) anunciado por la federación el pasado 4 de mayo contempla principalmente: intentar mantener los precios de 24 productos de la canasta básica, aumentar la oferta de granos a partir de los programas sociales Sembrando vida y Producción para el bienestar, continuar con el subsidio de la gasolina y diésel, eliminación de aranceles de 21 productos, facilidades para la exportación de fertilizantes, comprar a precio de garantía a productores, no aumento de casetas, agilidad en las aduanas, seguridad en el transporte de las mercancías, mejorar el abasto, la distribución y reparto de mercancías a través de Linconsa y Diconsa, etcétera.
La carencia arriba y los salarios abajo
En suma, el Pcic representará 404 mil 826 millones de pesos al gobierno, 1.4 % del PIB estimado para 2022.[1] Y según datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) estas acciones influirían en el 27% de la inflación. Sin embargo, ante un escenario de agravamiento de la situación económica, social y política en todo el mundo, estas medidas no sólo son limitadas, como el mismo gobierno ha aceptado, sino que generan más tensiones y conflictos internos.
Efectivamente, como dijo AMLO, uno no puede quedarse sin hacer nada ante la situación de agravamiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El precio de la canasta básica a la que da seguimiento la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual está compuesta por 21 productos, se ha encarecido en torno a 11% sólo en lo que va del año, significando una baja significativa en el consumo. Sumado a ello la precariedad laboral - el 60% de la clase trabajadora percibe entre uno o dos salarios mínimos- y la explotación ardua están generando impaciencia y/o desánimo entre algunos sectores, situación que la derecha no duda en capitalizar para su beneficio.
El Pcic conlleva la intervención del Estado para subsidiar una serie de cuestiones, significando que las arcas del Estado desciendan, de ahí que AMLO esté proponiendo acompañar al Pcic con un nuevo ajuste de austeridad “franciscana “. En los hechos no es más que socializar la miseria. Porque con la intención de no confrontar a la burguesía y su propiedad privada, en pocas palabras expropiar la riqueza que generamos todos y que gozan algunos, se plantea que lo poco que tiene se reparta, pero esto no soluciona de fondo las cosas, sólo socializa la miseria, cuando hay un sector que claramente goza y especula con un inmenso capital.
Con respecto al subsidio a gasolina y diésel el Estado está cubriendo los 5.49 pesos del impuesto por cada litro de gasolina regular, los 4.63 pesos de la gasolina Premium y los 6.03 pesos del IEPS por cada litro de diésel. [2] Este subsidio se está cubriendo debido a los ingresos extraordinarios por el aumento de los precios del petróleo, pero el egreso está siendo mayor que el ingreso, acumulando en los hechos un déficit público en el Estado. Lo anterior significa que la intervención del Estado para subsidios y apoyos tendrá límites más temprano que tarde generando más problemas.
Expropiemos los monopolios de la alimentación
Tras el TLC, ahora TMEC, las consecuencias han sido devastadoras para el campo, beneficiando con ello a las trasnacionales de los alimentos, volviendo nuestro territorio totalmente dependiente de las importaciones. En 2021 las importaciones de granos y oleaginosas registraron un récord de 38.7 millones de toneladas, equivalente a 10.8% más que en 2020. De ahí que una de las medidas sea el incremento en la producción dentro del territorio, en la lógica de buscar la autosuficiencia alimentaria, enfocándose en tres productos fundamentales: maíz, arroz y frijol.
Sin embargo, en los dos primeros tenemos déficit de producción para cubrir la demanda, a pesar de ser uno de los principales productores de maíz, somos ¡el primer importador de dicho grano! En el caso del arroz el 83% se compra en el exterior, así como el 65% del trigo y el 73% del maíz amarrillo. Esta alta dependencia de alimentos básicos para cubrir gran parte de la demanda nacional hace al país altamente vulnerable ante un mercado internacional donde la inflación avanza galopante.
La propiedad privada de la tierra que poseen los monopolios agroindustriales, así como la mano de obra que emplean, les arrojan abismales beneficios, es surreal que muchos de los productos que se cultivan y crecen en estas tierras los tengamos que importar, pero es así como funciona el negocio de la agroindustria.
Por eso la burguesía está conforme con el plan anunciado porque en los hechos no toca sus intereses, por el contrario, les ahorran costos. La producción local que se plantea impulsar no es competencia para la oferta de la industria agrícola, ellos seguirán no sólo controlando el mercado, también la oferta, la demanda, los precios y las especulaciones. Mientras ellos sigan teniendo el control dirigirán la economía a donde les beneficie y si no logran hacerlo no dudaran de echar mano del chantaje, por eso es fundamental arrebatarles ese monopolio y las palancas de la economía para satisfacer las necesidades del pueblo trabajador.
La propia Tatiana Clouthier aclaró: “no se observará un descenso en el precio final –en el producto que llega al consumidor–, sino que es a nivel insumo, lo cual no provoca que se incremente en el precio final.” Si bien esto beneficia a la clase trabajadora, en los hechos las medidas implican ahorro a los empresarios agroindustriales. Se economizan costos de producción y las medidas no atentan con la Ley Federal de Competencia Económica (Leyes de oferta y demanda) controlada por los grandes capitalistas y el capital financiero.
El acuerdo dejó fuera a los mercados públicos, al pactar sólo con agroindustriales y cadenas de supermercados. El propio Rogelio Ramírez de la O declaró también: “Todas estas medidas en gran sentido son oferta, reducción de costos. No estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni de ninguna otra medida directa porque creemos que la oferta y la reducción de costos estimula la competitividad de la industria y va a permitir el mejor manejo de márgenes por parte de la industria.”
Los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, tienen un alcance limitado, sólo llegan a un sector del campo, están dirigidos a pequeños productores, que, si bien ayudarán a los trabajadores del campo para su autoconsumo, no tendrán mayor incidencia en el mercado de abasto para la población en general. No hay posibilidad de competencia con los monopolios y por tanto de cubrir la demanda sino hay un plan radical de inversión al campo y al mismo tiempo de expropiación de la gran industria.
El Pacic da oferta, sin embargo, el gobierno debe garantizar la compra real de esa producción en garantía, ya que el monopolio de alimentos controla y especula con los precios en el mercado, al que inunda con sus mercancías, con ello deja sin efecto la medida del gobierno federal.
Un ejemplo concreto fue la producción de plátano en Veracruz, donde los productores tiraron la mercancía por no tener valor, los costos de producción están entre 2.50 y 3.00 pesos por kilo, y se vende en el mercado en 80 centavos. Otro factor fue el incremento de entre 200 y 300% del precio de los fertilizantes a causa de la guerra imperialista en Ucrania, ya que Rusia es el principal proveedor de México.
Los productores advierten que esto trae un efecto dominó en las regiones, desde el jornalero, al que habrán de recortarle las horas de trabajo, hasta los dueños de negocios locales, porque la gente no tendrá dinero para comprar.
Otro elemento que está afectando a los pequeños productores es la devastación ambiental y el cambio climático, del cual los monopolios de la alimentación son causantes también, sin embargo, sus cultivos, ranchos o ganaderías no se ven afectados radicalmente por tempestades extraordinarias o sequías inusuales. Ante todos estos riesgos y que los apoyos ante los altos costos de fertilizantes no llegan a todos los pequeños agricultores prefieren no sembrar.
De ahí la competencia desleal con los grandes monopolios de la alimentación y que los grandes intermediarios ofertan al consumidor mexicano productos agrícolas básicos a precios de entre 100, 200 y hasta 680 por ciento más elevados respecto a los que los consiguen directamente de los productores de campo.[3]
El ejemplo más alarmante es el del nopal, cuyo precio al productor, es decir, lo que le pagan por su producto, es 2.7 pesos, para repartidores es de 3.4 pesos, para vendedores al mayoreo es de 3.84 pesos, mientras para el consumidor final es de 29.9 pesos. Es decir, entre el costo al que lo compran los comerciantes y al que lo hacen las familias, hay una diferencia de 680 por ciento. Y así con todos los productos.
Exigimos control popular y democrático
Por otro lado, el gobierno federal ha encargado a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) el acopio de los granos básicos y su distribución, sin embargo, en estos momentos esta instancia, que es la encargada de Liconsa y Diconsa, está siendo investigada por desvíos de 10 mil millones de pesos de los últimos dos años, además de la contratación y venta irregular de suministros, y desviación para la compra de acciones bursátiles de apoyos para la producción agrícola.
Además, de estar involucradas en una red de corrupción en desvíos de inventarios de maíz y frijol; nóminas fantasmas; simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, granos básicos y trigo, así como de pesticidas, gastos en transporte de productos agrícolas, subutilización de bodegas propiedad de Segalmex, adquisición de granos a productores que no requerían subsidios y venta de los productos a empresas privadas por debajo de los precios de garantía.[4]
Esto es un escándalo, cómo podemos confiar en una instancia con este grado de corrupción y robo, lo que necesitamos son juntas de abastecimiento popular controladas y dirigidas por las y los trabajadores del campo.
Por medidas económicas eficaces contra la carestía
Por eso es totalmente contradictorio que desde el gobierno federal se proponga controlar la inflación y rescatar el campo sin romper con tratados imperialistas como el T-MEC que sólo explotan nuestro territorio para beneficio de unos cuantos.
Todo lo anterior demuestra que no podemos tan sólo apoyar con pequeños créditos y en zonas mínimas del país, necesitamos una reforma agraria de fondo en el campo que expropie todas las tierras y ranchos de las trasnacionales de alimentos, ponerlas bajo el control de los obreros agrícolas y que se planifique la producción no para la ganancia sino para cubrir las necesidades de la población.
Necesitamos industrializar el campo para dotar de las mejores y modernas herramientas de cultivo y de siembra a los campesinos, siendo amables con las tierras, las zonas de cultivo y las comunidades; demandamos créditos baratos, suficientes y para todos. Requerimos armar las autodefensas en las comunidades para expulsar y defenderse del crimen organizado, expropiando sus tierras y ponerlas al cultivo de alimentos y no para el veneno de nuestros pueblos.
El plan para la compra a precio de garantía de todos los productos agrícolas debe de ir acompañado de la creación de la juntas o asambleas populares que distribuyan a través de las tiendas de abastecimiento a costo accesible para la población los productos, evitando el acaparamiento y la especulación, estas deben de estar bajo control de las comunidades y no de la burocracia estatal.
Una medida de control capitalista, en una economía capitalista, en la que la propiedad de los bancos y las empresas sigue en manos de los empresarios y estos funcionan buscando el máximo beneficio, no sirve para impedir la especulación y puede ser utilizada por los empresarios para atacar a la clase trabajadora y al pueblo y desprestigiar el gobierno.
Los empresarios buscan la forma de sacarles el jugo a todas las regulaciones y controles y hacer dinero. Una verdadera transformación debe formar parte de un plan concreto para acabar con la propiedad capitalista de la tierra, la economía y la dirección del Estado y de muchas empresas públicas por parte de la burocracia y ponerlas bajo control democrático de las y los trabajadores del campo y de la ciudad.
No se puede combatir esta crisis histórica limitándose a administrar la miseria y a aceptar las políticas liberales. Tenemos que avanzar hacia una economía nacionalizada y planificada democráticamente por los trabajadores, campesinos y demás sectores oprimidos de la sociedad y con el monopolio del comercio exterior por parte del Estado. Así como operar una escala móvil de salarios conforme a la inflación y para hacer realidad la autosuficiencia alimentaria tendríamos que hacer un cambio radical en la inversión en el campo que mínimamente sea del 6% del PIB.
Bajo el capitalismo esto es imposible, por eso urge implementar una política económica que rompa con esta lógica, que pase por la nacionalización bajo control obrero de la tierra, la banca y los grandes monopolios industriales para poder impulsar una planificación democrática de la economía. La crisis obliga a que no haya salidas intermedias, de tomarlas sólo se seguirán haciendo ricos los más ricos y más pobres los pobres.
[1] https://www.jornada.com.mx/2022/05/05/politica/003n1pol
[2] https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/03/economia/hacienda-mantiene-subsidio-a-ieps-de-gasolinas-y-aumenta-estimulos-especiales/
