El mayor aumento en los últimos 10 años (1993-2003) se ha producido en la inmigración femenina: ésta ha aumentado un 74% frente al 22% de la masculina. En estos momentos, según los datos del Instituto de la Mujer, la población inmigrante femenina es ya la mitad del conjunto de la inmigración. De hecho hay comunidades como la ecuatoriana y la colombiana con un mayor número de mujeres que de hombres.

La doble explotación que sufren las mujeres trabajadoras bajo el sistema capitalista se triplica en el caso de las inmigrantes, sobre todo entre las que no tienen papeles: en 2003 su tasa de actividad tan sólo era de un 57% frente al 80% de los hombres inmigrantes; el paro se situó en un 20% para ellas mientras que para ellos fue de un 16%; la jornada laboral de una trabajadora inmigrante es un 37% superior a la de una trabajadora española.

Un camino plagado

de dificultades

La gran parte de las mujeres inmigrantes que trabajan fuera de casa lo hacen en aquellas tareas que tienen mayor capacidad de ocultación, fundamentalmente el servicio doméstico, el cuidado de niños, ancianos, la limpieza. También en la hostelería y en el campo. La prostitución es otra de las terribles alternativas que estas mujeres encuentran para sobrevivir, bien porque las redes mafiosas del país de origen las utilizan y engañan, bien porque se ven abocadas por falta de trabajo.

Estos puestos de trabajo “ocultos” tienen en común la falta de derechos laborales. Por ejemplo, fruto de la privatización de muchos servicios sanitarios como pasa con la geriatría, muchas familias trabajadoras españolas con ancianos enfermos necesitan cuidados domiciliarios que ellos no pueden hacer, pero las familias en la mayor parte de los casos no pueden pagarles buenos salarios ni contratarlas porque tampoco reciben ayudas estatales para eso. Al final, la inmigrante es la peor parada pues no se puede defender para exigir mejoras. Por tanto, el estado burgués es el responsable de esta situación de precariedad, el cual ha ido recortando derechos al conjunto de la clase obrera que ahora se ve reflejado también en el terreno de la inmigración.

Con la situación de ilegalidad y precariedad han vuelto a aparecer antiguas formas de explotación como el trabajo domiciliario con internamiento, algo que estaba prácticamente extinguido ya. Esto trae relaciones de subordinación muy grandes y por tanto los abusos también lo son. Estas trabajadoras tienen algún día libre a la semana, pero el resto significa que viven con los patronos y, por lo tanto, disponibles las 24 horas del día. De hecho la propia precariedad en el empleo de los hombres inmigrantes, lleva a las mujeres a aceptar trabajos de internamiento, para tener un trabajo lo más fijo posible ante la temporalidad laboral de sus maridos en el campo y la construcción, ante los trabajos estacionales en los que muchas veces el pago de salarios es irregular. A veces aceptan hacer este trabajo hasta que puedan traerse a sus hijos y maridos de sus países.

En el caso de las mujeres magrebíes y africanas sin papeles se le suman más obstáculos. Trabajos que antes eran realizados por ellas ahora son hechos por latinoamericanas. Después del 11 de septiembre y la brutal propaganda de los medios de comunicación de la burguesía, las condiciones de trabajo de las mujeres magrebíes se ha deteriorado terriblemente, trabajando en circunstancias más duras, con mayores cargas y horarios, con protecciones sociales nulas… En la medida en que las colocan en puestos de trabajo aislados, éste no les sirve como promoción social con la cual tomar conciencia de su fuerza y reivindicar, sino que las atomizan: muchas de ellas después de años de inmigración siguen sin hablar ni entender el idioma, algo fundamental para mantenerse en el aislamiento, lo cual beneficia enormemente al empresario. Un dato muy esclarecedor de la situación de las magrebíes es que el analfabetismo de las que viven en el Estado español es superior en proporción al de sus países de origen debido a las terribles condiciones de vida, de infravivienda, de falta de derechos sanitarios y educativos, etc., Y decimos falta de derechos, porque aunque diga el gobierno que esos derechos están aprobados, los derechos sólo son tales cuando realmente se dan las condiciones para que se cumplan.

Violencia de género

Según el Consejo General del Poder Judicial en el primer semestre de 2004 un 20% de los juicios por malos tratos tenían como víctimas a mujeres inmigrantes. Las condiciones objetivas para esos maltratos están dadas gracias a la Ley de Extranjería, al Código Civil español y a la nueva Ley Orgánica Integral aprobada por el actual Gobierno del PSOE.

Según la legislación actual, una mujer inmigrante que quiera separarse de su marido se quedará sin el permiso de residencia si el permiso lo obtuvo fruto de la reagrupación familiar. Para no perder la residencia tiene que probar que lleva viviendo en el Estado español el tiempo que legalmente se le exija. ¿Son estos derechos? Lo que está sucediendo es que muchas mujeres aguantan palizas o maltratos psicológicos por miedo a que la separación les convierta en ilegales. Además sin ese permiso de residencia tampoco puedes acceder a necesidades básicas, como denuncia Malika Abdelaziz de ATIME “son cada vez más numerosas las víctimas de violencia de género que ven denegado el acceso a los centros de emergencia contra malos tratos, pisos protegidos y residencias por carecer de permiso de residencia”.

Por si esto fuera poco el Artículo 107 del Código Civil impone que un matrimonio extranjero de la misma nacionalidad que quiera separarse o divorciarse se regirá por la Ley Nacional de sus países de origen. Hay mujeres que provienen de sistemas de derecho familiar reaccionarios como el Mudawana marroquí o el Código de Familia argelino, complicándoles a las mujeres no sólo la separación sino que ésta pierde derechos frente a hijos, posesiones, etc., No se entiende que el gobierno diga defender por un lado a las víctimas de la violencia de género y por otro mantenga estas leyes que dejan en una situación de indefensión a miles de mujeres que viven situaciones insoportables.

Para acabar con estas situaciones está claro que debemos luchar y exigirle al gobierno que derogue leyes y articulados que van contra principios democráticos básicos. Pero la mejor forma de conseguir esto es en primer lugar organizando a estas compañeras en las mismas organizaciones de clase que el resto de los trabajadores. Junto a esto las organizaciones sindicales y políticas mayoritarias de la clase deben abandonar sus políticas reformistas que sólo llevan a mantener a los sectores más oprimidos en el mismo sitio en el que están o a empeorar, como se está comprobando con los miles de despidos de inmigrantes que han intentado acogerse a la nueva “regularización” del gobierno. La única forma de acabar con la explotación a las mujeres inmigrantes, con la ignorancia y el analfabetismo, con los abusos, es defendiendo una política revolucionaria y socialista.

¡Papeles para todos y todas!

Raquel Estévez

Sevilla