El pasado 25 de julio las autoridades universitarias desalojaron violentamente la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (DGCCH) y dependencias contiguas a dichas instalaciones, excusándose en la existencia de un incendio dentro de las mismas, lo cual era falso y montando toda una escena. Con ese hecho concluyó la toma que fue criminalizada permanentemente por la UNAM, ignorando las demandas de la comunidad que la sostenía, y haciendo caso omiso de las invitaciones al diálogo que se le hicieron desde el 22 de mayo que inició esta lucha, con la finalidad de que Benjamín Barajas, el director general, respondiera a las exigencias estudiantiles que Keshava Quintanar, director de CCH Naucalpan, fue incapaz de atender. 

Menos de dos semanas después del desalojo, la UNAM informó de la expulsión de 7 compañerxs involucradxs en la toma, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, Trabajo Social, FES Iztacala y FES Aragón. Dichas expulsiones buscan ser justificadas por los destrozos que se registraron dentro de las instalaciones tomadas, actos en los cuales los compañerxs no participaron y hechos que se usan para poner a la comunidad universitaria en contra de los activistas expulsados. 

Sin embargo, la universidad no menciona que ha imputado (inventado) delitos graves a lxes compañerxes. como narcomenudeo, y toda una serie de actos, según ellos, contrarios a la moral de la universidad. Cuando han sido nuestrxs compañerxs los que vivieron violencia física y psicológica por parte del personal de la UNAM, escoltados cual criminales, amenazados, insultados, acosados, intimidados, vigilados, entre otros actos de abuso de autoridad.

A lo que están apostando es a aumentar el número de cargos, y por lo tanto, la ratificación de la sanción y el riesgo que incluso la UNAM procesa judicialmente. Lo que queda en evidencia es que la UNAM no tiene una genuina preocupación por el mobiliario y las instalaciones para que estas se pongan al servicio de los universitarios, sino que tiene el interés de dinamitar el movimiento anti porril sobre todo en bachillerato, así como la organización y movilización estudiantil.

La UNAM se vuelca a la persecución de activistas dejando desatendidas las demandas de la comunidad. No debemos perder de vista la legítima demanda por la cual el estudiantado organizado realizó la toma de las inmediaciones de la Dirección General del CCH: el fin del porrismo en la UNAM. Además, se exigía el esclarecimiento de los hechos del 8 de mayo, justicia para los asesinados y heridos, condiciones dignas de estudio dentro de CCH Naucalpan, entre otras. 

La demanda principal ha sido ignorada por las autoridades del CCH-N, la DGCCH y la rectoría. Lo cual demuestran al proteger y mantener en su cargo al director del plantel Naucalpan, quien además de actuar negligentemente y oficializar una versión de los hechos del 8 de mayo completamente inverosímil, es abiertamente líder y amigo de los porros de la Federación de Estudiantes de Naucalpan. En un intento de tapar el sol con un dedo, lejos de identificar y sancionar a los porros y a las autoridades que los cobijan y financian, las autoridades han implementado medidas policiales dentro del CCH, aumentado la vigilancia autoritaria a los estudiantes, con el objetivo de controlar e inhibir a la comunidad.

Estas expulsiones se suman a las que, en menos de un año desde el inicio del periodo de Leonardo Lomelí, exceden la decena. Entre ellas encontramos las de Facultad de Contaduría y Administración, Artes y Diseño, Economía y Prepa 5. La finalidad, y que se ha convertido en la principal política contra activistas en la UNAM desde noviembre del 2023, es desmovilizar a los grupos de estudiantes organizados de diversas escuelas, al dejar fuera a aquellos que jugaban un papel de organización, cohesión y dirección en sus respectivas escuelas y organizaciones en las que militan; pero dicho efecto no se acaba dentro de las paredes de aquellas facultades y colectivos sino que alcanza al resto del estudiantado políticamente activo, además, al infundir un temor generalizado, inhibe la participación de la comunidad en la conformación de un movimiento organizado en sus planteles.

Estas expulsiones, además, sientan un precedente hacia las generaciones futuras y actuales, pues mandan el mensaje de que cualquier protesta puede ser reprimida sin oposición, ataque el derecho a educación pública de nuestrxs compañerxs, los criminaliza y además atenta contra nuestro derecho democratico de organización y protesta. Por eso nuestrxs compañerxs no deben estar solos, visualicemos y apoyemos su causa, por es nuestra.

Históricamente, esta casa de estudios ha sido un territorio de disputa entre grupos de poder que han visto en la educación como un coto de poder y un gran negocio, este el caso del Benjamín Barajas y sus porros Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a dar la batalla firme contra estos personajes para acabar con las mafias  que se han anquilosado en los altos puestos, y que para garantizar su perpetuidad, desestabilizan a la UNAM con el fin de posicionarse y desplazar a grupos contrarios, sin importarles poner en juego la vida y seguridad de los estudiantes. Junto con estos grupos, también deberán desaparecer los porros, quienes están al servicio de la autoridad y son su brazo represivo. 

La lucha por la justicia a las víctimas del ataque porril del 8 de mayo en CCH Naucalpan es también una lucha contra el silenciamiento que sufrimos los estudiantes diariamente en la universidad, la cual invisibiliza nuestras problemáticas, escuchándonos sólo cuando nuestra movilización obliga a las autoridades a ello. Es una lucha para que la universidad sea verdaderamente por y para nosotros, y lograrlo no dependerá de la benevolencia de las autoridades, sino de que luchemos para alcanzarlo. 

¡Los 7 somos todos! ¡Reinstalación ya!

¡No a la criminalización de la protesta!

¡Fuera porros de la UNAM!