El 8 de noviembre fuerzas de élite de la gendarmería marroquí asaltaron y destruyeron el campamento de Gdim Izik, establecido a 15 kilómetros de El Aaiún, en el que más de 20.000 saharauis protestaban ante la situación de miseria y opresión a la que les somete el régimen de Mohammed VI. La represión continuó con notable intensidad en otras ciudades saharauis, y muy especialmente en El Aaiún (ver declaración de la CMR publicada el 9 de noviembre en www.elmilitante.net). A pesar del tiempo transcurrido, el balance de víctimas saharauis no ha podido ser precisado. Las informaciones más fiables indican que el número de muertos podría superar la veintena, los heridos se acercan al millar y los detenidos, muchos de los cuales están desaparecidos, son más de 600. Y a pesar de las dificultades que las autoridades de Rabat ponen a los periodistas, cada día llegan nuevos testimonios de los destrozos de viviendas, torturas y asesinatos cometidos a sangre fría por la policía marroquí. El campamento de Gdim Izik surgió a principios de octubre como iniciativa de un grupo de algunas decenas de jóvenes que reclamaban a las autoridades puestos de trabajo, viviendas y el fin del expolio de las riquezas naturales del Sahara. Estas reivindicaciones calaron con tal rapidez entre los saharauis que en apenas tres semanas el número de acampados ascendió a más de 20.000.
Los acampados no se limitaron a manifestar sus reivindicaciones. El campamento fue, además, un modelo de organización. Bajo la dirección de un Comité de Coordinación, todos los aspectos de la vida del campamento, desde la seguridad hasta la recogida de la basura, pasando por la distribución de agua potable y alimentos o la asistencia médica, fue gestionado por los propios acampados, de forma democrática y contando con la colaboración voluntaria de todos. Y todo ello fue realizado completamente al margen de cualquier organismo o institución oficial del estado marroquí.

El miedo del gobierno de Rabat

El eco alcanzado por esta protesta y el apoyo generalizado que recibió entre la población saharaui alarmó sobremanera al régimen marroquí. La razón de este miedo está muy clara: la situación social en Marruecos no es sustancialmente distinta de la del Sahara, y tanto los trabajadores marroquíes como los saharauis sufren con similar intensidad la opresión y las políticas de recorte del ya escaso gasto social del régimen dictatorial de Mohammed VI Este veía cada vez más cercana la posibilidad de que la protesta saharaui sirviese de ejemplo y estímulo para los trabajadores de Marruecos. Hace poco más de dos años, en junio de 2008, los trabajadores marroquíes se lanzaron a la huelga general, que en algunas zonas adquirió características semiinsurreccionales. En aquel momento fue necesaria una intensísima represión para aplastar al movimiento popular, aunque esas medidas represivas se hubieran demostrado impotentes si no fuera porque el régimen había conseguido la colaboración de la dirección de las organizaciones mayoritarias de la izquierda marroquí, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS). La USFP fue el partido más votado en las elecciones de 2002, pero su decisión de traicionar a sus votantes y entrar a formar parte del gobierno de Mohammed VI, le condujo a la pérdida masiva de apoyo popular y a día de hoy es apenas la quinta fuerza política parlamentaria, aunque sigue participando en el gobierno con cinco ministros. En cuanto al PPS, heredero del Partido Comunista, ha seguido una trayectoria similar, y también participa en el gobierno con dos ministros.
Después de la tregua acordada con la guerrilla del Frente Polisario en 1991, y gracias a esta política de colaboración con la burguesía de la USFP y el PPS, el régimen marroquí había sido capaz de mantener la tranquilidad necesaria para saquear sistemáticamente las riquezas naturales del Sahara: la pesca y, sobre todo, la explotación de la mina de fosfatos de Bukraa, la mayor mina de fosfatos del mundo, con unas reservas de mineral calculadas en 10.000 millones de toneladas, y que constituye la mayor fuente de ingresos de la monarquía marroquí. Ni siquiera el levantamiento de 2005, la llamada Intifada Saharaui, había conseguido forzar un cambio en el rumbo del régimen.
Pero a día de hoy, cuando las políticas aplicadas por el gobierno para salvaguardar de la crisis los inmensos beneficios del Majzén (la oligarquía nucleada en torno al trono de Mohammed VI, que une a empresarios, terratenientes, altos funcionarios y mandos militares, y que son los auténticos detentadores del poder) golpean duramente a la población de Marruecos, el ejemplo del campamento saharaui era intolerable.
De modo que, ante el riesgo de que el campamento actuase como un catalizador del inmenso malestar social latente entre los trabajadores marroquíes, el gobierno de Mohammed VI intentó, en un primer momento, aplacar a los acampados con un alud de promesas de un futuro mejor. El propio ministro del Interior, Taib Cherkaoui, dirigió personalmente estas conversaciones, y ofreció a los acampados medidas tales como el reparto de viviendas y tierras a familias necesitadas, la creación de empleo público, etc. a cambio de que levantasen inmediatamente el campamento y volviesen a sus casas. Pero todos estos intentos de desactivar la protesta se estrellaron contra la determinación de los acampados de no dejarse engañar por promesas vacías y de mantenerse firmes en la protesta hasta conseguir sus objetivos.
Sin duda, los apoyos recibidos por los acampados en los últimos días de octubre agravaron hasta el extremo los temores del gobierno de Rabat. El día 27 se presentaron en el campamento los trabajadores de Fos Bukraa (la empresa marroquí que explota las minas de fosfatos, y entre cuyos accionistas se encuentran el rey y altos cargos del ejército) para dar su pleno apoyo a los acampados. Y al día siguiente visitó el campamento una delegación de Sidi Ifni, que fue recibida en el campamento con extraordinarias muestras de entusiasmo. La ciudad de Sidi Ifni, ubicada en el sur de Marruecos y cuya población es marroquí, fue uno de los bastiones de la citada huelga general de junio de 2008, hasta el punto de que el gobierno se vio obligado a declararla bajo estado de sitio para aplastar el levantamiento.
sí que, ante la perspectiva de que el ejemplo saharaui se extendiese por todo el territorio marroquí e inspirase un movimiento de masas contra las políticas orientadas a hacer pagar la crisis a los trabajadores, el gobierno de Mohammed VI se decidió a dar el paso final de aplastar el campamento. Y después de consultar a los poderes imperialistas que lo apoyan (EEUU, Francia y el Estado español) para asegurar su silencio y complicidad, lanzó a sus fuerzas a aplastar salvajemente la protesta pacífica de los saharauis.

La complicidad del PSOE y el gobierno español

El silencio de los gobiernos imperialistas ante las acciones represivas del régimen marroquí no coge por sorpresa a nadie. La dictadura marroquí es, desde la independencia del país en  1956, uno de los mejores aliados de las grandes potencias, y ha desempeñado un papel clave en las operaciones militares del imperialismo en África, no sólo ofreciendo apoyo logístico sino participando directamente con sus tropas en operaciones militares, como hizo en Zaire, a finales de los años 70, para frenar el avance de la revolución angoleña.
Pero dentro del apoyo de los gobiernos imperialistas, la posición del gobierno español ha alcanzado los más profundos abismos de cinismo e infamia. Las reiteradas declaraciones de ministros de Zapatero (­­­y particularmente el despreciable papel de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez) minimizando la represión en el Sahara, la plena credibilidad ofrecida a las autoridades marroquíes, que tienen el descaro de presentarse como víctimas de la "violencia de los saharauis", el rechazo frontal a censurar en lo más mínimo al gobierno marroquí, han levantado una ola de indignación entre los trabajadores y jóvenes del Estado español, que sienten como propia la causa de la liberación del pueblo saharaui, y que se manifestaron masivamente en su apoyo el 13 de noviembre en Madrid.
Apoyando al gobierno marroquí, el gobierno del PSOE demuestra que por encima de los derechos y las vidas de los saharauis, y los propios principios que dice defender, están los intereses empresariales españoles en Marruecos. Su actitud cobarde contrasta con la arrogancia y bravuconería con la que el gobierno de Zapatero acosa a la revolución venezolana, dando por buena la infame campaña de calumnias que desde la prensa burguesa se lanza contra Chávez.
El gobierno español no sólo apoya de palabra las políticas represivas del gobierno de Marruecos, sino que autoriza la venta de armas y material represivo al ejército y la policía marroquí. Al abandonar el programa de la transformación socialista de la sociedad y aceptar convertirse en último baluarte del sistema capitalista, el PSOE se ve obligado a comprometerse en la defensa de las inversiones de la burguesía española en el exterior, aunque sus beneficios estén regados por la sangre de los trabajadores. Los intereses de Inditex, Altadis, Fadesa o Méditel, las inversiones inmobiliarias en la costa atlántica marroquí, a donde se han traslado los especuladores después del estallido de la burbuja inmobiliaria del Estado español, son lo que está detrás de lo que el gobierno denomina "interés nacional". Los enemigos de los trabajadores del Estado español son también los enemigos de los trabajadores marroquíes, y por eso los marxistas exigimos al gobierno español la inmediata cancelación de todos los programas de venta de armas y material represivo a Marruecos, la condena tajante y la denuncia internacional de la represión ejercida en el Sahara, y la suspensión de cualquier tipo de relación diplomática o comercial que pueda servir para fortalecer al régimen tiránico de Mohammed VI.
A la capitulación del PSOE se une la demagogia e hipocresía del PP, varios de cuyos dirigentes estuvieron en la cabecera de la manifestación de Madrid y aprovecharon la ocasión para hacerse una foto con la bandera saharaui de fondo. El PP encarna mejor que nadie las más rancias tradiciones colonialistas y militaristas de la derecha española, y sus oportunistas declaraciones de apoyo al pueblo saharaui no harán olvidar a los trabajadores que cuando estaba en el poder en 2002 organizó un conflicto imperialista con Marruecos en relación al deshabitado islote de Laila (Perejil).

¿Cómo puede triunfar la lucha del pueblo saharaui?

El desarrollo de los acontecimientos en el Sahara ha servido para mostrar cuál es el único camino viable para acabar con la opresión nacional y social del pueblo saharaui. La lucha de masas por sus reivindicaciones más básicas ha demostrado tener mayor capacidad para sacudir la estabilidad del régimen que cualquier otra forma de resistencia. Por ello, la lucha contra el régimen opresor de Mohammed VI necesita de la unión de las fuerzas del pueblo saharaui con las fuerzas de los obreros y campesinos marroquíes, para luchar juntos contra el régimen corrupto que los condena a una existencia de miseria. Sólo esta unión, basada en un programa de transformación socialista de la sociedad y en el reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo saharaui podrá desbaratar los intentos del régimen de Rabat para enfrentar a los trabajadores de ambas comunidades, y podrá acabar con la monarquía y el orden social que la sustenta. Y este reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo saharaui exige, en primer lugar el reconocimiento al ejercicio del derecho a la libre autodeterminación. El objetivo de un Magreb socialista no podrá conseguirse desligado de la lucha contra la opresión nacional en la región. El propio funcionamiento del campamento también ha demostrado cuál es la organización que el pueblo saharaui necesita: comités elegidos democráticamente, que coordinan las luchas y responden ante las asambleas populares.
La lucha de masas es el camino; más que nunca las políticas defendidas por la dirección del Frente Polisario de conversaciones con el gobierno marroquí sobre la "regionalización" o los "planes de paz" auspiciados por el imperialismo norteamericano a través de la ONU han demostrado ser un callejón sin salida. La última prueba de que el pueblo saharaui no debe esperar nada de los organismos internacionales es el hecho de que el gobierno marroquí comunicó con 72 horas de antelación  a la MINURSO (las fuerzas de la ONU que en teoría están allí para garantizar el eternamente aplazado referéndum de autodeterminación) el asalto al campamento. Por supuesto, esta "fuerza de paz" se mantuvo al margen y permitió que la represión se ejerciese sin límites ni testigos.
Hasta 1991, los militantes del Frente Polisario desarrollaron una guerra de guerrillas que, pese a su heroísmo y abnegación, no consiguió hacer avanzar la causa de la liberación del Sahara. Una pequeña guerrilla, aislada de las masas, es impotente para derrotar a un estado apoyado por el imperialismo, y se convierte en una excusa para reforzar la represión y para que el gobierno marroquí encuentre una excusa para dividir y enfrentar a los trabajadores marroquíes y los trabajadores saharauis. Por eso, tampoco debe esperar el pueblo saharaui ningún resultado de retomar la lucha guerrillera. Además, ésta no sería factible sin el apoyo, o al menos la tolerancia, del gobierno argelino. Y el estado argelino, aunque procede de un movimiento de liberación nacional y sus antecedentes históricos son muy distintos de los de la monarquía alauita, juega con relación a los trabajadores argelinos el mismo papel que el gobierno marroquí. El gobierno argelino es un aliado fiable del imperialismo francés y español, a los que está ligado por múltiples intereses económicos, y dentro de su territorio ejerce una despiadada opresión nacional contra la población de la Kabilia, cuyos repetidos levantamientos contra el opresor (en 1980, en 1994/95, en 2001) han sido extraordinariamente similares al levantamiento de El Aaiún y han sido reprimidos con similar barbarie.
Si el gobierno argelino apoya al Frente Polisario es para utilizarlo en sus conflictos con el gobierno marroquí, pero sería una completa ilusión confiar en que va a permitir una acción militar que perjudicase los intereses de sus socios franceses o españoles.
La victoria del pueblo saharaui no se va a conseguir mediante acuerdos o pactos, ni mediante acciones guerrilleras, sino a través de la lucha revolucionaria de las masas. La misión del Frente Polisario debe ser volcar todas sus fuerzas en mantener y extender la lucha popular, presentando un programa de transformación socialista que una al pueblo saharaui con los trabajadores marroquíes para derrocar el régimen monárquico y garantizar los derechos de los trabajadores. Armados con este programa, la capacidad y experiencia militar del Frente Polisario serviría para que la población saharaui pudiera organizar Comités de Autodefensa efectivos, capaces de parar la represión de la policía y el ejército, y para inspirar al pueblo marroquí a seguir sus pasos y derrotar para siempre al enemigo común.