El discurso televisado de Mohammed VI el 9 de marzo anunciando una reforma constitucional que reduciría sus poderes casi absolutos y garantizaría los derechos y libertades del pueblo marroquí es una clara demostración del enorme impacto que han tenido las grandes movilizaciones populares que sacuden el mundo árabe.
Ante el terror a enfrentarse a una ola creciente de protestas, el rey y su camarilla han optado por seguir realizando algunas concesiones para frenar la movilización. Tres semanas antes, el gobierno había aprobado una dotación de más de 1.300 millones de euros para ampliar los fondos de la Caja de Compensación, el organismo que regula los precios de los productos de consumo básicos. Con esta medida el gobierno marroquí aporta 3.000 millones de euros (algo más del 4% del PIB) para contener las subidas de precios y evitar que el malestar social acumulado estalle súbitamente. Con ese mismo objetivo, el gobierno anunció que se crearían 4.000 nuevos puestos de trabajo en el sector público para licenciados en paro.
Pero, por mucho que el gobierno marroquí intente evitarlo mediante “reformas democráticas”, la situación social de Marruecos, la miseria que afecta a su población campesina, las durísimas condiciones de explotación que sufren los trabajadores, las desigualdades insultantes, los continuos abusos y atropellos de las autoridades, el paro, que golpea de forma especialmente sangrante a los jóvenes diplomados, las dificultades para acceder a una educación básica (el 40% de la población marroquí es analfabeta) o a una atención médica digna, son un terreno abonado para que se produzcan levantamientos similares a los de Túnez o Egipto.
Las primeras protestas de 2011 tuvieron como motivo expresar la solidaridad con las revoluciones tunecina y egipcia, y culminaron en el Día de la Ira del 20 de febrero. Ese día, más de 200.000 jóvenes y trabajadores se manifestaron en 50 ciudades para exigir derechos democráticos, y los días siguientes trabajadores y jóvenes protestaron con energía contra el régimen corrupto de Mohammed VI en Tánger, Alhucemas, Larache, Chefchaouen, Sefrou, y en otras muchas localidades. La policía reprimió con enorme brutalidad a los manifestantes, demostrando los límites de las promesas de reforma constitucional formuladas por el rey.
La dictadura marroquí reprime las protestas
El 20 de marzo nuevamente se repitió la convocatoria. A los manifestantes no les convenció el discurso del rey y salieron a las calles en varias ciudades para reclamar justicia social y el fin de la corrupción y de la monarquía absoluta. En Casablanca (capital económica) se registró la mayor participación: según los organizadores entre 40.000 y 50.000 personas marcharon por las principales calles de la ciudad. En esta ciudad, a los cinco días de que el rey Mohammed VI prometiese reformas políticas y democracia, las fuerzas del orden reprimieron violentamente una manifestación pacífica, provocando decenas de heridos y más de 150 detenidos. Según un testigo “la represión recordó los acontecimientos del 21 de junio de 1981”.
Al tiempo que las movilizaciones exigiendo democracia se extienden, por todo Marruecos siguen surgiendo luchas de trabajadores y jóvenes que no pueden soportar por más tiempo sus condiciones de vida. El 15 de marzo cientos de parados asaltaron las oficinas de la Oficina Cherifiana de Fosfatos (OCP) en la ciudad minera de Khouribga, cerca de Casablanca. En las calles de Salé (ciudad industrial de 800.000 habitantes, situada al lado de Rabat) se multiplican las protestas de los trabajadores textiles contra el cierre de casi 30 factorías en la ciudad, como consecuencia de la disminución de las exportaciones a Europa a causa de la crisis. En la pequeña ciudad de Taourirt decenas de familias montaron un campamento en las afueras para reclamar su derecho a una vivienda digna. En pocos días el campamento creció de una manera rápida, pero después del fracaso de las negociaciones entre las autoridades y los acampados, el 21 de marzo las fuerzas del orden destruyeron el campamento. “La intervención fue muy violenta y muchas mujeres y niños fueron golpeados”, asegura un militante de los derechos humanos.
También las autoridades tuvieron que emplearse a fondo para desactivar la jornada de protesta convocada el 23 de marzo en cien institutos, que, a pesar de la represión, fue un éxito en numerosos centros.
Ante esta situación, los dirigentes de la izquierda reformista de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y del Partido del Progreso y el Socialismo (PPS, promovido por el antiguo Partido Comunista de Marruecos), han vuelto a demostrar su completa bancarrota y su total incapacidad para dar una alternativa a los trabajadores marroquíes, decidiendo continuar en el gobierno.
Esta posición de la izquierda oficial no desmoraliza a los trabajadores y jóvenes marroquíes, que cada día comprenden mejor que ninguna reforma constitucional, ningún cambio en las instituciones políticas, servirá para mejorar sus duras condiciones de vida. El único camino que permitirá convertir Marruecos en un país capaz de garantizar a sus habitantes una vida digna es la unión de todas las luchas, la unificación de las luchas por el pan de cada día con las luchas por acabar con la monarquía dictatorial de Mohammed VI, bajo un programa que promueva la transformación socialista de la sociedad. Las grandes tradiciones de lucha de la clase obrera y el pueblo de Marruecos, son la garantía de que este objetivo es posible.
