El 15 de marzo Brasil vivió un día nacional de luchas contra las reformas anti-obreras aplicadas por el gobierno ilegítimo de Michel Temer. Fue la movilización popular y de trabajadores más importante desde que Dilma Rousseff (PT) fue echada del poder.

Estas movilizaciones estuvieron precedidas y estimuladas por las protestas de mujeres del 8 de marzo. El día de lucha del 15 de marzo fue convocado de manera unitaria por varias confederaciones sindicales y por el frente ‘Pueblo sin miedo’ (que incluye al MTST, el movimiento de trabajadores sin techo, que es su principal promotor) y el ‘Frente Popular de Brasil’ (dominado por movimientos sociales más cercados al PT y a Lula).

En la práctica hubo paros laborales, bloqueos de carreteras y manifestaciones masivas en cada capital de estado. Los trabajadores de educación llevaron a cabo una huelga general de 24 horas y en algunos estados incluso participaron en una huelga indefinida. Los trabajadores del transporte también fueron a la huelga en varias ciudades, incluidos los del metro y conductores de autobuses de Sao Paulo, la ciudad más grande de América del Sur, que afectó a millones de personas.

Los trabajadores del sector público como el servicio postal, además de los metalúrgicos, petroleros, bancarios y estibadores participaron en huelgas parciales y manifestaciones. Los movimientos sociales de lucha por la vivienda y los de derechos para la población negra llenaron muchas manifestaciones y participaron en muchas acciones, además de hacer llamamientos a acciones propias.

En Sao Paulo, más de 200 activistas de distintos movimientos de lucha de las mujeres, en los que la LSR (CIT•Brasil) jugó un papel destacado, ocuparon durante horas las oficinas del servicio nacional de Seguridad Social. En Brasilia el movimiento con el PTST a la cabeza ocupó el Ministerio de Interior.

A pesar del deplorable papel de los grandes medios de comunicación de la burguesía defendiendo las medidas del gobierno Temer y atacando a los movimientos sociales, hubo un enorme apoyo popular a las protestas y las huelgas. Incluso los medios tuvieron que mostrar imágenes de algunas ciudades donde los trabajadores del metro explicaban sus huelgas a los pasajeros y éstos aplaudían y los apoyaban. Muchos de los entrevistados simplemente se quejaban de que las huelgas ¡no fueran más sólidas y generalizadas a todo el país!

Cientos de miles de personas llenaron las calles de las principales ciudades. Los organizadores dicen que 200.000 marcharon en Sao Paulo y 100.000 en Río. Incluso si no hubieran tenido ese tamaño, hubo manifestaciones enormes que reflejan la creciente confianza en la lucha contra las contrarreformas de Temer.

Los ataques más grandes en años

El gobierno ilegítimo de Temer sólo existe para imponer profundos ataques a los derechos de la clase obrera, en nombre de los beneficios de los grandes bancos y empresas, en el contexto de una crisis profunda. Esa fue la razón fundamental para las maniobras golpistas que llevaron al impeachment de Dilma en 2016. A pesar de todos los intentos de ayudas a las grandes empresas, el PT no pudo aprobar las medidas que los capitalistas exigían.

El gobierno Temer ejerce como gobierno de “estado de emergencia”. No fue votado por nadie y no tiene legitimidad pero cuenta con una gran base de apoyo en un congreso lleno de siervos corruptos de la gran burguesía. Amenazado por las investigaciones de corrupción de la operación “Lava Jato”, Temer, junto a los parlamentarios y senadores que le apoyan, quiere garantizar su impunidad demostrado su utilidad al gran capital.

Desde el año pasado el gobierno ha aprobado medidas duras contra los trabajadores. La principal fue la enmienda constitucional que en la práctica congela todo el gasto público durante veinte años. También aprobó una reforma de la educación secundaria que favorece la producción de mano de obra barata para las grandes empresas.

Sin embargo, las contrarreformas más importantes son las que aún no se han aprobado. La primera es la reforma de las pensiones que eliminará la posibilidad de una jubilación digna para la mayoría. Con esta medida esperan promover los planes de pensiones privados y estimular los mercados financieros.

Fijará la edad mínima de jubilación en 65 años, ignorando que ¡la esperanza de vida en muchas zonas no es mucho mayor! La mayoría de los trabajadores entran en la fuerza laboral muy jóvenes y en unas condiciones terribles. La reforma reduce el valor de las pensiones, serán necesarios 49 años de cotización (de trabajo continuo y legalmente acreditado) para acceder al 100% de la pensión.

También aumenta el número mínimo de años cotizados de 15 a 25, eso significará que los más pobres estarán excluidos de cualquier tipo de jubilación. Actualmente 8 de cada 10 jubilados por haber alcanzado la edad legal no han contribuido ese mínimo de 25 años y por tanto no podrían jubilarse.

Además, la reforma eliminará el derecho conquistado por las trabajadoras, que ahora pueden jubilarse con menos años de cotización que un hombre, como una forma de compensar la doble, a menudo triple, jornada laboral a la que están sometidas al incluir el trabajo doméstico, el cuidado de hijos, etc., además de que trabajan en peores condiciones. Los profesores y los trabajadores rurales también perderían derechos conquistados.

Hay otra serie de ataques incluidos en la reforma, pero uno de los aspectos más terribles es que prácticamente no existirá un “período de transición” para la mayoría de trabajadores. Las mujeres que no tengan en ese momento 45 años y los hombres que no hayan cumplido 50 años simplemente perderán sus derechos de un día para otro.

Existe un creciente rechazo entre la población a estas medidas, especialmente cuando al mismo tiempo se mantienen los privilegios de las pensiones de los políticos y los beneficios de los bancos y del gran capital crecen a pesar de la crisis.

En el caso de la reforma laboral profundiza la externalización en todos los sectores. Sobre todo, el gobierno quiere eliminar los derechos laborales que fueron conquistados y reflejados en la ley como resultado de la dura lucha desde los años treinta hasta la constitución de 1988.

La ley permite la suspensión de los derechos de los trabajadores mediante un acuerdo. En el contexto de la peor crisis económica en décadas esto significa la pérdida de derechos para los sectores más vulnerables de la clase obrera, bajo la presión de la amenaza de perder el empleo y el cierre de la empresa.

El gobierno puede ser derrotado

El 15 de marzo demostró que el gobierno puede ser derrotado con la lucha. Si Temer es derrotado en la votación de estas reformas eso significará que el gobierno en la práctica puede caer. Si no cumple sus promesas al gran capital, Temer será absorbido por sus muchas acusaciones de corrupción.

El gobierno ha sentido la fuerza de las protestas y éstas tuvieron un impacto en el congreso nacional. Muchos parlamentarios se mostraron favorables a hacer algunos cambios en las propuestas.

Es probable que en un intento de contener las protestas el gobierno haga pequeñas concesiones para “mejorar” las leyes. Parte de la dirección sindical podría aceptarlo y es un riesgo real para la lucha.

El PT, que ahora critica las reformas de Temer, se niega a ir hasta el final en su oposición. La primera medida del gobierno Lula en 2004 fue precisamente la reforma de las pensiones que atacó derechos, especialmente en el sector público.

Lula ha vacilado en su posición sobre estas reformas. Sabe que si el PT estuviera en el gobierno intentaría aplicar medidas similares, incluso aunque no fueran tan severas. Sin embargo, el 15 de marzo Lula hizo discursos contra las medidas de Temer.

A pesar de esto no dijo nada sobre la necesidad de que las grandes empresas contribuyan a las pensiones o sobre los impuestos de las grandes fortunas, ni de auditar o repudiar la deuda. Tampoco habló de medidas radicales contra el capital. Lo más lejos que llegó fue decir que el crecimiento económico resolvería los problemas del déficit fiscal y las pensiones en particular.

No explicó por qué este modelo de crecimiento económico, basado en la explotación de la mano de obra y la conciliación con el gran capital es lo que abrió la puerta a los neoliberales radicales que ahora están en el gobierno.

Los movimientos sociales vinculados al PT han puesto todas sus esperanzas en el regreso de Lula al poder en 2018. Esta perspectiva es peligrosa para la lucha actual contra Temer. En primer lugar, porque se centra en el camino parlamentario que está cada vez más y más limitado para los trabajadores en el contexto de un gobierno como el de Temer y los ataques a los derechos democráticos. En segundo lugar, porque muchos de los dirigentes del PT prefieren que se lleve a cabo algún tipo de “purga” fiscal que cree mejores condiciones para cuando ellos estén en el gobierno y, por supuesto, desean que Temer haga el trabajo sucio.

La LSR•CIT, como parte del PSOL, de la confederación sindical CSP-Conlutas y del frente Pueblo sin Miedo, participó activamente en la organización del 15 de marzo. Subrayamos la necesidad de la unidad en la lucha de todos los sectores dispuestos a combatir las reformas de Temer, incluido el sector que apoya a Lula, al PT y todos los sindicatos. Al mismo tiempo, señalamos hacia una estrategia de lucha capaz de conseguir un triunfo real. Estamos en contra de la negociación de un punto u otro y a favor de la organización de una huelga general en todo el país como próximo paso de la lucha.

En este proceso de resistencia es posible forjar al calor de la lucha una alternativa política de la izquierda socialista que permita superar el lulaismo y presentar un programa socialista anticapitalista. En estas líneas, defendemos un frente unido de la izquierda socialista con todos los partidos que se oponen a la derecha y a los gobiernos del PT, así como los movimientos sociales de la clase obrera más combativa, como el PTST y otros.