Los trabajadores y campesinos en Bolivia han dicho basta. Hartos de sufrir la pobreza y la expoliación a las que les condena el capitalismo, han decidido tomar su destino en sus manos y se han enfrentado a la oligarquía y al imperialismo en la llamada Guerra del Gas expresada como explicaba una joven campesina: “Nunca más será igual, hemos empezado a caminar el camino de la libertad”.

Antecedentes, las

privatizaciones

Desde mediados de los 80, y especialmente en los 90, los gobiernos latinoamericanos se han centrado en saquear y vender cualquier empresa y recurso natural susceptibles de generar beneficios. Bolivia no ha sido una excepción: “Las empresas públicas creadas por la revolución de 1952 (...) fueron privatizadas a precio de remate (...) El actual presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora en su segundo mandato, ha hecho una fortuna superior a los 250 millones de dólares a expensas de las privatizaciones y del desempleo ocasionado por éstas (...) Mientras tanto descarrilada hace tiempo la reforma agraria proclamada por aquella revolución, el 87% de la tierra está en manos de un 7% de los propietarios y el 90% vive en la pobreza en las zonas rurales” (Ángel Guerra Cabrera, La Jornada, 25/09/03).

Las multinacionales han encontrado un mirlo blanco en Bolivia que les ofrece porcentajes de ganancias impresionantes, como reconoció públicamente Roberto Mallea, ejecutivo de Repsol en Bolivia: “La rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta: por cada dólar invertido la empresa petrolera gana 10 dólares” (Econoticias, 26/03/03). La privatización de este recurso ofrece a las multinacionales negocios mil millonarios como la exportación de gas a Brasil, por el que las empresas obtendrán más de 5.000 millones de dólares en dos décadas, mientras el Estado boliviano apenas recaudará alrededor de 80 millones al año. Esto, en el caso de que esos impuestos se paguen, cosa que no está nada clara ya que “las petroleras Repsol, Arnoco, Flama Gas, British Gas Bolivia, Maxus y P.Com, oficializaron su decisión de no pagar el Impuesto a las Transacciones por la comercialización de gas licuado y se niegan a pagar 13 millones de dólares en impuestos” (Econoticias, 27/03/03).

Así resulta que Bolivia, que es el segundo país en reservas de gas de toda Latinoamérica, es el país más pobre de Sudamérica con un índice de pobreza que afectan a dos tercios de su población.

Luchas e insurrecciones

Esta situación de deterioro constante de sus condiciones de vida y trabajo, junto con la falta de una perspectiva de futuro para ellos y sus hijos, ha llevado a los trabajadores y campesinos bolivianos a protagonizar luchas extraordinarias que han puesto en jaque a los diferentes gobiernos de los últimos años, obligándoles en algunos casos a dar marcha atrás en sus proyectos o en la privatización de servicios básicos, como ocurrió con la insurrección popular de Cochabamba en abril del año 2000, que obligó al entonces presidente Hugo Bánzer a renacionalizar la distribución del agua que había pasado a manos de la multinacional Becthel Corporation, ahora en negociaciones con el gobierno boliviano —a través de un tribunal secreto del Banco Mundial en Washington— para la entrega de 25 millones de dólares en concepto de “indemnización”.

Todo este proceso de luchas, huelgas e insurrecciones han dejado tras de sí un saldo de cientos de muertos y miles de heridos en los últimos años. Solamente desde enero de este año a septiembre, han sido asesinadas más de 60 personas y los heridos se cuentan por varios centenares. Sin embargo, la represión ejercida por el gobierno no ha logrado parar el movimiento. Por el contrario, en febrero de este año, hubiera sido posible derrocar el corrupto gobierno de Sánchez de Lozada —que accedió al poder en agosto de 2002 con algo más que indicios de fraude y pucherazo electoral— si tanto el MAS como la Central Obrera Boliviana y los dirigentes campesinos, hubieran llevado hasta el final la insurrección que culminó con el asesinato de 30 insurrectos en las jornadas del 12 y 13 de febrero.

La guerra del gas

Ahora el proyecto del gobierno de permitir a las grandes compañías de hidrocarburos que ya controlan la extracción y distribución, la exportación de gas a EEUU a través del puerto chileno de Patillos, lo que les supondría un beneficio de más de 1.200 millones de dólares anuales, ha provocado la indignación de la mayoría de la población, que exige la renacionalización del gas y los hidrocarburos así como su industrialización, en lugar de la simple exportación de materia prima por las multinacionales como ocurre actualmente.

La primera respuesta del gobierno ante los primeros levantamientos dirigidos por la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) dirigida por el Malku Felipe Quispe, fue organizar una acción militar dirigida personalmente por el ministro de Defensa, entrando a sangre y fuego en la ciudad de Warisata, provocando seis muertos, entre ellos una niña de ocho años, y decenas de heridos.

La masacre del Altiplano, como se conoce el sábado 20 de septiembre, ha conseguido unificar y extender el movimiento en defensa de la renacionalización, en una clara respuesta de que la represión no va a parar el movimiento. Los comerciantes de las ciudades más importantes de Bolivia, incluida La Paz, convocaron huelga en solidaridad con los campesinos y durante toda la semana pasada, trabajadores, profesores, estudiantes y comerciantes se fueron sumando a las luchas iniciadas en el Altiplano. Lo más significativo e importante es lo que ocurrió en Cochabamba donde “un verdadero cabildo abierto de más de 40.000 personas decidió realizar una huelga general indefinida, el bloqueo de rutas e iniciar la resistencia civil si hasta el 19 de octubre sus demandas contra este proyecto de exportación de gas no son atendidas” (Miguel Ángel Ferrari, La Insignia).

Perspectivas

La situación en Bolivia es altamente explosiva y la burguesía ve con pavor el movimiento insurrecional que se está desarrollando y que exige la dimisión inmediata del presidente Sánchez de Lozada, así como la renacionalización del petróleo y el gas y la entrega de tierras a los campesinos pobres.

No cabe duda que hay un sector de la oligarquía y el ejército que está dispuesto a bañar en sangre el movimiento y es evidente que esta posibilidad ha sido discutida en los cuartes generales del imperialismo; pero la correlación de fuerzas en estos momentos hace que los sectores decisivos de la burguesía y el imperialismo no estén apostando, por ahora, por esa alternativa. En su memoria reciente está el ejemplo de la policía que volvió sus armas contra el ejército en la represión de febrero de este año y no están seguros de que puedan contar con el ejército al cien por cien en una represión sangrienta contra el movimiento. Además es público y notorio el malestar entre la base del ejército compuesta por soldados de reemplazo que tienen, en la mayoría de las ocasiones, a sus familias y amigos en las barricadas.

De hecho, el gobierno está intentando calmar la situación y ha dado una paga extra a los militares, lo que no ha evitado el malestar existente entre un sector del mismo (no hay que olvidar tampoco que el ejército boliviano es especialmente chovinista con relación a Chile) así como tampoco la publicación por parte de “Cóndores y satinadores de Bolivia” de un comunicado en el que advierten al gobierno “...correrá sangre, pero esta vez será la sangre de los gobernantes actuales y anteriores; que despojaron al pueblo boliviano de sus recursos naturales a través de la capitalización y otras formas de entreguismo, firmamos que recuperarlos es un deber”.

¿Es posible la victoria?

En anteriores ocasiones, los diferentes gobiernos desactivaron las luchas entrando en procesos de negociación o firmas de acuerdos que se convertían en papel mojado, una vez desconvocadas las movilizaciones.

No obstante parece que esta vez lo tienen más difícil, ya que el movimiento se ha extendido y afecta no sólo a los campesinos sino a la mayoría de la población y a los trabajadores.

La entrada en escena de la clase obrera con la huelga general, ha dado un impulso decisivo a la lucha, obligando a otros sectores, entre ellos el MAS dirigido por Evo Morales, que en un primer momento se habían mantenido a la expectativa, a sumarse a la movilización.

La utilización de los métodos de lucha de los trabajadores debe marcar un cambio cualitativo en el movimiento evitando errores fatales como la tentación de formar guerrillas que intenten suplantar el movimiento de masas —y que sólo provocarían la derrota del mismo— o la utilización de métodos como la huelga de hambre, que ahora llevan a cabo Felipe Quispe y casi 200 dirigentes de la CSUTCB y que puede provocar, de persistir en la misma, incluso problemas graves de salud en estos dirigentes que ahora más que nunca deben estar al frente del movimiento.

Lo cierto es que esta es una situación complicada porque están en juego intereses vitales para la burguesía y el imperialismo, pero al mismo tiempo la disposición a la lucha está tan extendida y generalizada que si siguen en su postura cerril pueden perderlo todo.

Por otro lado, el problema es que si se renacionalizase la industria del gas, además de afectar de manera vital los intereses del imperialismo y la burguesía boliviana, se abriría una puerta para que el movimiento, consciente de su fuerza, iniciase un proceso revolucionario que entroncaría con los abiertos en Venezuela o Argentina, siendo a la vez un ejemplo para la clase obrera en estos países.

La lucha está, pues, abierta. Es obvio que los trabajadores y los campesinos pueden ganar. Han demostrado que están dispuesto a todo para lograr la victoria. Cuentan con el apoyo activo de la mayoría de la población y con una actitud decidida y revolucionaria se podría ganar, incluso, a la base del ejército y la policía.

Su victoria depende única y exclusivamente de la disposición de sus dirigentes a llevar la lucha hasta el final.