Octubre fue un mes clave para sudamérica: países como Uruguay, Argentina y Bolivia celebraron elecciones presidenciales para 2020.

El domingo 27 de octubre, los uruguayos tuvieron cita en las urnas, donde votaron a su próximo presidente y grupo parlamentario (renovación total de cámaras de senadores y diputados) para el 2020.  El nivel de participación fue del 90.13%, cifra normal, al ser un país donde el voto es obligatorio.  La disputa por la presidencia para la segunda vuelta prevalece entre el oficialista Daniel Martínez, del Frente Amplio (Izquierda) con el 39,17% de votos y Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional (centroderecha) con el 28,6% de votos, candidatos que sobresalieron en las elecciones. Sin embargo, al no haber obtenido al menos el 50%, se enfrentarán a la segunda vuelta el próximo 24 de noviembre.

La elección se da en un contexto permrado de lucha social contra la derecha y sus paquetes de reformas, muestra de ello es el estallido social chileno en respuesta al modelo económico del presidente Sebastián Piñera y la revuelta indígena contra el ajuste de Lenin Moreno.

Pese a los más de 10 puntos de diferencia que existen entre Martínez y de Luis Lacalle Pou, en la noche de las elecciones se dio a conocer el respaldo para el balotaje a Lacalle Pou por parte de los candidatos Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Edgardo Novick y Pablo Mieres, (quienes también quedaron con representatividad tanto en el senado como en la cámara de diputados). Mientras que Daniel Martínez se concentró en el respaldo directo del electorado.

El candidato de centroderecha piensa enviar al parlamento, en caso de que gane las elecciones, una Ley de Urgente Consideración con entre 300 y hasta 500 artículos que aún no ha dado a conocer públicamente, pero que contendrían una buena parte de su programa de gobierno. En el cual se propondría la creación de una regla fiscal para recortar el gasto público, que tendría consecuencias sociales graves,modificar los órganos de representación docente, reorganizar el Ministerio de Desarrollo Social, aprobar una ley de derribos para combatir el narcotráfico, habilitar la legítima defensa de los policías, desregular la importación de combustibles, reformar las empresas públicas, reformar la seguridad social aumentando la edad jubilatoria y  modificar la Negociación Colectiva entre otras tantas cosas, desde aquí ya se puede oler su paquete de reformas que golpearán a la clase trabajadora.

Aunado a esto, el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, busca la creación de una Guardia Nacional con 2, 000 militares que trabajen en conjunto con la policía, habilitar los allanamientos nocturnos y otras medidas de ámbito represivo y autoritario. Ante este anuncio los uruguayos se concentraron en una de las calles principales de Montevideo, al grito de “No a la Reforma Constitucional”  los manifestantes rechazan las propuestas que impulsa la derecha.

Por lo que Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay declaró y aseguró que si el candidato conservador gana la segunda vuelta en las elecciones habría una movilización social gigantesca en todo el país, pues de ser aprobadas y puestas en marcha estas propuestas significaría un enorme retroceso para el pueblo, en el primer año de un gobierno de derecha generaría una situación de inestabilidad en el país.

Mientras tanto, el candidato de Izquierda, Daniel Martínez del partido Frente Amplio, ha propuesto continuar con una política económica como la que se lleva actualmente, un crecimiento con inclusión que ha logrado reducir el índice de pobreza  de un 40% más que el 7% y casi eliminar la indigencia en los últimos 14 años. Además propone apostar por el desarrollo productivo que agregue valor, potenciar las políticas en materia de investigación, desarrollo y tecnología. En cuanto a materia de seguridad, el candidato ha propuesto coordinar políticas públicas para mejorar la convivencia, además de trasformar el sistema carcelario y fortalecer las seccionales de policías a nivel barrial. En cuanto a la educación del país, el socialista propuso durante estos meses generar políticas que permitan universalizar la educación media básica superior, así como ampliar la oferta educativa e incentivar la formación docente, además de continuar apoyando presupuestalmente la educación pública.

En lo que refiere al empleo, Martínez ha propuesto instalar y desarrollar un sistema nacional de formación y capacitación para personas desempleadas, también capacitará constantemente a 400.000 uruguayos en el quinquenio para que se desempeñen en las futuras y nuevas modalidades de trabajo.

En Uruguay existen "dos visiones diferentes": una en la que el FA tiene una propuesta "concreta", con 15 años de trayectoria y experiencia en el Gobierno, y otra que presenta un conjunto de objetivos sin aplicación práctica.

El ministro de economía del país sudamericano,  Danilo Astrori, subrayó que la última experiencia de Gobierno en coalición "desencadenó la crisis importante del 2002". La crisis bancaria que sufrió Uruguay en el año 2002 fue la más grave en términos sociales y económicos en toda la historia del país.

El próximo presidente de Uruguay asumirá el cargo el próximo 1 de marzo de 2020 por un periodo de cinco años.

Es evidente que ahora más que nunca el pueblo uruguayo deberá continuar con con la idea clara de no dejar entrar a la derecha en la presidencia y menos cuando el candidato desde su discurso está dejando ver claramente un paquetazo de reforma laboral, educativa y dejando la militarización en las calles.

Este 24 de noviembre todos a las urnas y a continuar con una lucha organizada que defienda los logros obtenidos en el pasado. No basta con impedirle la entrada a la derecha mediante los votos, sino continuar la lucha para impedir reformas que atenten contra los derechos de los trabajadores uruguayos.