En Guatemala, tras dos semanas de protestas y movilizaciones contra el Gobierno y la mayoría parlamentaria se ha abierto una profunda crisis política. En medio de la catástrofe causada por los huracanes IOTA y ETA, y de una pandemia descontrolada, se ha levantado un fortísimo movimiento que revive el espíritu de las jornadas del 2015. Durante ese año una lucha de más de 6 meses se saldó con la salida del Ejecutivo y el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Ahora, lo que empezó como una gran marcha hacia la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala el pasado 21 de noviembre, podría convertirse en un movimiento que ponga en jaque al establishment guatemalteco.
Las imágenes del vestíbulo del Congreso de la República en llamas, así como de la fortísima represión policial, se difundieron como la pólvora a través de las redes sociales, contagiando el movimiento a todo el país, registrándose bloqueos espontáneos y manifestaciones en las principales localidades guatemaltecas.
La jornada de protesta se convocó en repulsa a los Presupuestos Generales para el 2021, aprobados el 17 de noviembre. Estos, debatidos con nocturnidad y alevosía, saltándose toda la legalidad parlamentaria, incluyen una amplia batería de recortes a la vez que se incrementa el gasto destinado a los sueldos y dietas de los altos funcionarios.
La indignación causada por las nuevas cuentas, junto con la omnipresente corrupción política en Guatemala, unido a la nefasta gestión del desastre meteorológico y sanitario, han hecho que las masas estallen de nuevo, augurando lo que será un largo viacrucis para el Gobierno del derechista Alejandro Giammattei, que se encuentra suspendido de un hilo.
Décadas de dominio de una oligarquía al servicio del imperialismo de EEUU han dejado un país sumergido en la miseria absoluta
Con una burguesía tradicionalmente atrasada, débil y dependiente del imperialismo estadounidense, el desarrollo del capitalismo en Guatemala se ha dado sobre la base de la explotación salvaje de los recursos naturales y el establecimiento de profundas y extensas redes de corrupción.
Las multinacionales norteamericanas han expoliado las selvas y montañas del país, sembrando la destrucción humana y ambiental. El mejor ejemplo de ello es la United Fruit Company que ha obtenido ingentes beneficios en base al trabajo semiesclavo de cientos de miles de guatemaltecos.
Así mismo, el país sirvió como base de operaciones de los Estados Unidos, jugando un papel clave en numerosas intervenciones estadounidenses en América central, como la de los contras nicaragüenses.
Para asegurar estas posiciones políticas y económicas, la oligarquía nativa, títere de la metrópoli del norte, ha impuesto Gobiernos con marcadas tendencias bonapartistas y represivas. La consecuencia más dramática de esto fue la sucesión de diferentes Gobiernos militares ultraderechistas entre 1970 y 1986, que dejaron un saldo de más de 200.000 asesinados y desaparecidos por una represión salvaje y masiva.
El resultado de esta política es un país devastado por la pobreza y la violencia estructural. Los datos oficiales del Gobierno no dejan lugar a dudas.
Cerca del 60% de la población es pobre, siendo peor la situación en las zonas rurales donde este porcentaje alcanza el 80%. La desnutrición infantil está en torno al 50%, siendo el índice más alto de Latinoamérica.
En este contexto, el impacto de la pandemia ha sido arrollador, con más de 120.000 contagios registrados y 4.000 muertes. El cierre de comercios y la caída en las exportaciones y el turismo han generado un acusado incremento del desempleo (este alcanza la cifra oficial del 5,9%), aunque lo realmente destacable en el aspecto laboral es que el 75% de la población ocupada, pertenece al sector informal*. Esta situación unida a la ausencia total de prestaciones sociales, hunde en una auténtica pesadilla las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.
A todo esto, hay que añadir el daño causado por los huracanes IOTA y ETA, que ha dejado a su paso un centenar de fallecidos o desaparecidos, y cientos de miles de afectados que han quedado totalmente desposeídos.
Gobierno de Giammattei: corrupción galopante y gestión criminal
A lo largo de toda la historia del país, el caciquismo y el populismo reaccionario han sido la base tradicional de su política y los grandes escándalos han salpicado a numerosos mandatarios y políticos de todo tipo.
La miseria política ha sido siempre tal, que en los últimos 20 años todos los Gobiernos han sido condenados por malversación, cohecho, desvío o evasión. De hecho, la Comisión Internacional Contra la Impunidad caracteriza a Guatemala como un “Estado estructuralmente corrupto”.
Este modelo putrefacto no se debe a una deshonestidad inherente a los mandatarios guatemaltecos, que se podría solucionar echando a toda la casta y colocando en sustitución a políticos honestos. La corrupción forma parte del ADN del capitalismo en Guatemala.
La otra cara de la misma moneda es la violencia generada por las bandas narcotraficantes y las mafias, que mantienen el orden capitalista a través del terror en las zonas rurales.
Hoy, la trayectoria del Gobierno de Alejandro Giammattei es una clara muestra de esta endémica gestión criminal a la que siempre ha estado sometido el país.
En primer lugar, este derechista reaccionario firmó un pacto con Donald Trump para frenar las caravanas de migrantes dirigidas hacia México. El resultado es una creciente acumulación de campamentos de inmigrantes en condiciones indignas. Un calco de los acuerdos de la Unión Europea con la Turquía de Erdogan.
En el terreno económico hay más de lo mismo. Con una caída prevista del 3% del PIB, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerró, bajo la elocuente fórmula de Asistencia de Emergencia, un préstamo de 600 millones de dólares al país el pasado junio. Esta inyección de liquidez, equivalente al 10% del gasto público, ha ido a parar directamente a los bolsillos de los corruptos y de los capitalistas.
Pero su política va más allá. Lo primero que llama la atención de los presupuestos en discusión es la bajada de gasto social en un momento de catástrofe ambiental y social, a la vez que hay una importante subida en el sueldo de los congresistas. Esto ha causado un gran impacto,
Sin embargo, la cuestión es más grave. El que será el mayor presupuesto de la historia del país centroamericano (25% más que en el 2019) congela o recorta las partidas destinadas a educación, salud, empleo e inversión social.
Además diferentes analistas hacen saltar las alarmas por la opacidad del destino de las partidas presupuestarias, dando por hecho la orgía de corruptelas que se avecina. A su vez, el incremento del presupuesto se produce en base al aumento de la deuda pública**, que alcanza un nivel récord y que traerá de la mano más recortes, privatización y pobreza.
La oligarquía en un callejón sin salida
La virulencia de las protestas así como el calado de la ruptura dentro del propio Gobierno responden a la misma causa. La deslegitimación del sistema y la búsqueda de una salida fuera de este, ha dado un salto cualitativo.
En las masivas protestas del 2015, fruto de la presión de las calles, la clase dominante no dudó en sacrificar al completo su Gobierno y enviar a la cárcel al expresidente Otto Pérez y a su vicepresidenta. Esta maniobra fue interpretada por las masas como una gran victoria contra el principal heredero de la casta militar fascista que desangró al país, y fue vista como el nacimiento de un nuevo régimen democrático.
Tras esto, el cómico profesional Jimmy Morales se hizo con el mando del Ejecutivo, presentándose como una figura limpia de los tejemanejes de la política tradicional. Pero este no significó más que una nueva decepción.
Los casos de corrupción aumentaron de la mano de las privatizaciones. Su salida tortuosa al finalizar el mandato requirió de una intensa campaña electoral para que se hiciera con un escaño en el Parlamento Centroamericano y pudiera eludir a la justicia.
En estos momentos, una dividida clase dominante está al borde del precipicio. Ninguna salida ofrece garantías de estabilizar la situación, más cuando el imperialismo norteamericano pasa por sus horas más bajas.
Si bien el establecimiento de un Gobierno autoritario de corte militar no está descartado, lo ocurrido en Bolivia impulsa la balanza hacia las operaciones parlamentarias. Un golpe de Estado podría generar un escenario de confrontación abierta en la que la burguesía no tiene, ni mucho menos, asegurada la victoria.
Las maniobras palaciegas ya han empezado. Aunque en un primer momento el vicepresidente Guillermo Castillo rompió públicamente con Giammattei, llamando a la dimisión de ambos y a unas nuevas elecciones en las que él sería el candidato alternativo a su propio Gobierno, ha habido una rápida corrección.
Ante la incertidumbre, desde el poder financiero se ha hecho un llamamiento público al cierre de filas en torno al presidente electo. A pesar de no tener credibilidad alguna, no hay una alternativa estabilizadora entre los representantes de los capitalistas en el Parlamento.
El Ejecutivo ha reivindicado su unidad, clama por la calma y la negociación de los presupuestos y han anunciado para enero del 2021, una renovación del Gabinete, lo que no se traducirá en ningún cambio.
En esa misma línea, se está investigando al ministro de Gobernación y al jefe Superior de la Policía por la violenta represión de estas semanas.
Respecto al punto clave de la situación, la aprobación de los presupuestos, el presidente del Congreso, Allan Estuardo Rodríguez, ha paralizado su trámite en la cámara.
Esta medida no ha servido para detener las movilizaciones. Las masas la consideran una jugarreta fruto de su debilidad y con el objetivo de ganar tiempo, El movimiento sigue organizando protestas para que dimitan en bloque la casi totalidad de los diputados.
¡Es la hora de la revolución socialista!
El pasado sábado 5 de diciembre, se reanudó la movilización en Ciudad de Guatemala, con una numerosa protesta estudiantil frente al Congreso. Como señalaban algunos de los participantes a los medios: “ya no se trata de los presupuestos, se trata del sistema”.
Sin lugar a dudas, las recientes experiencias en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia o Perú inspiran al movimiento en Guatemala.
En el caso guatemalteco, la propuesta oficialista de mantener el Estado de Calamidad, que limita el derecho de manifestación, se saldó con una dura derrota en el Congreso, y tendrá que ser revisada.
El Movimiento Semilla, de carácter populista, así como el partido indígena WINAQ han estado presentes en las movilizaciones a través de sus activistas, lo que les ha permitido ganar cierta autoridad ante las masas, pero su dirección y sus diputados no han roto con la lógica del sistema, y actúan en la práctica como sostén del régimen.
Desde estas organizaciones se ha llamado a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y existe la posibilidad de que, si finalmente el Gobierno se ve sin salida, este sea el camino que tome la oligarquía a medio plazo para intentar descarrilar la lucha.
La experiencia del Gobierno de Jimmy Morales dejó patente ante las masas la idea de que el ejército de funcionarios que parasitan a la clase trabajadora y campesina de Guatemala controla absolutamente cada milímetro del Estado e imposibilita cualquier cambio a través de este.
Las organizaciones de la izquierda obrera, campesina e indígena, así como los amplios movimientos ecologista y feministas tienen que romper con la política de colaboración de clases y erigir un programa socialista unificado que recoja las reivindicaciones de la mayoría.
La atención a las víctimas de las catástrofes meteorológicas, una cuantiosa inversión en sanidad y educación, la distribución de la tierra, así como acabar con la desnutrición, el desempleo y la corrupción son perfectamente posibles y realizables.
Es necesario nacionalizar la banca, las multinacionales, las grandes empresas y la tierra, y ponerla a producir en beneficio de los intereses de la mayoría de la sociedad, bajo control democrático del pueblo. El socialismo es la única salida a la barbarie.
Notas.
** 2019 cerró con una deuda pública de11305 millones de quenzales .En septiembre esta era ya de 20689 millones de quenzales. Esto supone el 35% del PIB, pero en relación con la recaudación tributaria, la deuda pública alcanzará el 325% en 2020.
