¡Frenar las maniobras de fraude de la derecha! ¡Por un plan de acción y una huelga general!
En una de las elecciones más disputadas de la historia reciente de Perú, el candidato de izquierda Pedro Castillo ha ganado la Presidencia. Con el 100% de las actas de votación procesadas y el 99,56% contabilizadas, Castillo sumaría 8.817.280 votos, el 50,17% de sufragios emitidos. Su rival, la ultraderechista Keiko Fujimori, obtendría 8.756.882 votos (49,82%), 60.398 votos menos.
Aunque esta diferencia ya es insalvable, Fujimori y un sector de la clase dominante han presionado para que no se proclame ganador a Castillo y se anulen los resultados de 808 mesas (200.000 votos) donde éste gana claramente, en un intento claro de robar su victoria al pueblo.
Castillo, un maestro rural que destacó como dirigente de la huelga de profesores que sacudió el país en 2017, inició la campaña para la primera vuelta con menos del 2% de intención de voto. A medida que denunciaba los privilegios y corrupción de la clase dominante y proponía acabar con la constitución impuesta por la dictadura fujimorista en 1993, aumentar los presupuestos en salud y educación, desarrollar una reforma agraria, incrementar la intervención estatal en la economía o hablaba de nacionalizar los recursos mineros y gasíferos, su apoyo se incrementó meteóricamente.
El movimiento de masas en apoyo a Castillo forma parte del ascenso revolucionario y giro a la izquierda que vive Latinoamérica. Su victoria representa un duro revés para la oligarquía peruana y el imperialismo estadounidense, que han invertido recursos millonarios apoyando a Fujimori y han desatado la mayor campaña de terror, monopolio informativo a favor de su candidata, maniobras e intentos de fraude, vista en el país andino en las últimas décadas para impedir un Gobierno de izquierdas.
La movilización de las masas derrota la campaña de terror de la burguesía
Durante dos meses, periódicos, emisoras de radio y canales de televisión han dedicado todos sus espacios (políticos, de entretenimiento e incluso retransmisiones deportivas) a sesiones de odio contra Castillo. Los desprestigiados partidos políticos del régimen, obispos y pastores evangélicos más reaccionarios, empresarios, intelectuales, modelos, actores, deportistas, han aparecido hasta en la sopa llamando a “elegir bien”, “parar al comunismo” y “que Perú no sea otra Cuba o Venezuela”.
La mano negra de los servicios secretos también hizo campaña. Quince días antes de la elección, un misterioso atentado terrorista asesinaba 16 personas en las regiones del Vraem, un bastión de Castillo. Atribuido a Sendero Luminoso (SL) —grupo guerrillero cuyos métodos sectarios provocaron rechazo masivo entre los campesinos durante los años 80 y que el propio Estado peruano considera desarticulado—, el atentado se producía tras meses de calumnias acusando a Castillo de vínculos con SL, que han sido desmentidos reiteradamente.
La táctica de identificar a la izquierda con Sendero Luminoso ha sido utilizada durante décadas por la clase dominante para desprestigiarla y aislarla, especialmente en las zonas mineras y campesinas. En esta campaña lo han hecho con fuerza redoblada, pero sin éxito: Castillo arrasa en esas regiones, con apoyos del 70 e incluso 80%.
Una vez más, la movilización masiva y decidida de los oprimidos, en las urnas y la calle, ha sido el factor clave para hacer saltar por los aires los planes de la clase dominante. El número de votos conseguido por Castillo representa el mayor alcanzado por candidato alguno en la historia peruana. Una vez que el recuento oficial evidenció que arrasaba en las regiones más pobres del interior del país y eso, unido al aumento de su apoyo en los barrios obreros y populares de Lima respecto a la primera vuelta, le daba la victoria, empezaron las maniobras para arrebatar la victoria al pueblo.
Centenares de miles de trabajadores y campesinos han respondido inmediatamente a estas maniobras, acudiendo a los centros de votación para garantizar que sus votos eran contados y transmitidos, y marchando desde la periferia limeña y el interior al centro de la capital para acampar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en defensa de los resultados.
Tras retrasar durante días el recuento, esperando que el voto de los residentes en el exterior (favorable a Fujimori) igualase el resultado lo suficiente para organizar algún tipo de fraude, la ONPE, dirigida por un personaje vinculado históricamente al fujimorismo, sigue negándose a proclamar oficialmente ganador a Castillo. Intentando imponer desde los despachos y los cuarteles lo que no ha conseguido en las urnas, Fujimori convocaba el miércoles 9 de junio manifestaciones ante la ONPE y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Organizar una huelga general e impulsar comités de acción para defender la victoria
La polarización en la calle está agudizando las divisiones en el seno de la clase dominante. Temerosos de que la actuación de Fujimori pueda desencadenar una insurrección como la que sacudió el país en noviembre de 2020, un sector de la burguesía marcó distancias con Fujimori e incluso parecía buscar el modo de quitarla de en medio para evitar una escalada en la calle. El jueves 10, la Fiscalía activaba una solicitud de prisión preventiva contra la líder ultraderechista por varias acusaciones de corrupción pendientes. Horas después se filtraba que el presidente en funciones, Francisco Sagasti, se dirigía a Mario Vargas Llosa, que ha apoyado a Fujimori, para intentar desactivar la tensión en la calle.
Sin embargo, otro sector de la oligarquía peruana y de la derecha latinoamericana ve con pánico los efectos de una victoria electoral que, tal como se han desarrollado los acontecimientos, es el producto de la acción directa y movilización desde abajo de las masas peruanas. Temen no tanto a Castillo, sino al poderoso movimiento de masas que le ha aupado, y que querrá que cumpla con sus promesas para resolver los problemas urgentes del pueblo. Esa es la razón de que expresidentes como Uribe, Aznar y otros representantes de los sectores más reaccionarios de la clase dominante hayan pedido que no se proclame a Castillo.
Esta división en el seno de la burguesía peruana prolonga una crisis que lleva tiempo abierta y que se agudizó tras la insurrección de noviembre de 2020. Entonces cayó el Gobierno de Manuel Merino y la clase dominante se vio obligada a convocar las actuales elecciones presidenciales. Su objetivo era, precisamente, intentar recomponer y estabilizar la situación. Han cosechado un fracaso que refleja la debilidad del capitalismo y la clase dominante andina.
La decisión de aplazar la proclamación de Castillo como presidente, con la excusa de que los tribunales deben decidir sobre la anulación solicitada por Fujimori, significa en la práctica impedir que la voluntad mayoritaria del pueblo se lleve adelante mientras los distintos sectores de la clase dominante negocian entre bambalinas una salida a sus espaldas y contra él.
Castillo y los dirigentes de los sindicatos y las organizaciones de izquierda que le apoyan deben rechazar con contundencia esta maniobra. Basándose en la enorme fuerza mostrada por las masas tienen que convocar ya una huelga general y movilizaciones de masas en todo el país exigiendo que se reconozca su victoria. A la vez hay que impulsar la formación de comités y asambleas en defensa del resultado electoral, que además de organizar esta lucha unifiquen todas las reivindicaciones obreras y populares para llevarlas a la práctica desde el Gobierno.
De hacerlo así, todas las resistencias de la ultraderecha fujimorista y de sectores del aparato del Estado podrían ser barridas rápidamente, y fortalecería la confianza de las masas peruanas en sus propias fuerzas. Si, por el contrario, Castillo acepta esta maniobra, intentando presentarse como garantía de estabilidad ante los mercados, cometerá un error muy grave. Jamás convencerá a los oligarcas y al imperialismo de nada, pero sí puede desmovilizar y confundir a sectores de las masas que hoy le apoyan y están dispuestos a demostrarlo en las calles. Además, con esa actitud renunciaría a llegar con un mensaje claro y decidido a otras capas que, aunque se han abstenido, votado nulo o blanco e incluso apoyado a Fujimori, podrían ser ganadas con medidas socialistas, las únicas que pueden hacer frente a sus problemas.
No hay terceras vías. O ceder ante los capitalista o aplicar un programa socialista.
Si finalmente la clase dominante se ve obligada a reconocer la victoria de Perú Libre, cualquier negociación a espaldas del pueblo será utilizada para arrancar garantías de que sus dirigentes renuncien a cualquier medida que amenace los privilegios de las élites. La brutal campaña de terror, sabotaje e intentos de fraude de los últimos días no será nada comparado con las presiones que desatarán para que un Gobierno de la izquierda defraude las esperanzas de las masas.
El apretado resultado electoral ya está siendo utilizado por sectores de la clase dominante, que parecían inclinarse por reconocer la victoria de Castillo, para plantear que “con un país dividido al 50%” debe renunciar a las propuestas que no cuenten con el suficiente consenso y apoyo del parlamento, donde Perú Libre será primera fuerza pero tendrán mayoría los partidos del régimen.
Aceptar estas presiones sería un camino al desastre. En el marco del capitalismo peruano es imposible resolver ningún problema del pueblo. Castillo y los dirigentes de Perú Libre están sometidos a presiones de clase contrapuestas y tendrán que elegir. O con los millones de trabajadores, jóvenes y campesinos que les apoyan para aplicar un programa socialista, acabando con la miseria y explotación capitalistas. O ceder a las presiones de la oligarquía, el imperialismo y los sectores más reaccionarios de la sociedad, que ya están mostrando el puño, exigiendo que retrocedan.
A este peligro se une el de las posiciones reaccionarias que mantiene Perú Libre: oposición al derecho al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de la comunidad LGTBI o la eutanasia... O el planteamiento de defender la pena de muerte en algunos supuestos para luchar contra la delincuencia, o anunciar que expulsarán “a todos los extranjeros que han venido a delinquir” y “que se queden solo los que han venido a trabajar”. Estos planteamientos machistas, homófobos y xenófobos abren la puerta a la burguesía y la derecha para dividir y enfrentar a los oprimidos y encontrar puntos de apoyo entre ellos para sus planes contrarrevolucionarios.
Estas posiciones reaccionarias han dificultado a Castillo movilizar aún más masivamente a sectores que podían haberle apoyado en la segunda vuelta en las grandes ciudades. En Lima, Keiko Fujimori consigue 3.696.899 (65,70 %) por 1.929.692 (34,29 %) de Castillo.
El voto a Fujimori agrupa a los sectores que se han enriquecido con las políticas neoliberales y a las capas más retrógradas de la sociedad, pero otros muchos de sus votantes son sectores de la clase media e incluso de capas populares atrasadas que, aunque sufren las políticas de la oligarquía, han sido afectadas por la campaña del miedo.
Aunque Castillo amplía su apoyo respecto a la primera vuelta —especialmente en los barrios más pobres, donde ronda el 45%, mientras en las zonas de clase media consigue menos del 25 o 20%—, podría haber sido muy superior si hubiera defendido una política socialista consecuente, planteando que los inmensos recursos actualmente en manos de los banqueros, terratenientes, empresarios y las multinacionales pasen a manos del pueblo trabajador para planificar democráticamente la economía; aumentando los presupuestos en educación y sanidad, ofreciendo vacunas y atención sanitaria a todas y todos; tierra, empleo, salarios y vivienda dignos...
Todo eso entusiasmaría y mantendría movilizados a los millones que ya apoyan a Castillo y sumaría a muchos más jóvenes, trabajadores y campesinos, e incluso a amplios sectores de las capas medias que en estas elecciones se han abstenido, votado blanco o nulo o incluso a Fujimori.
Por un frente único de la izquierda para luchar por la transformación de la sociedad
Las y los activistas de la izquierda anticapitalista, del movimiento feminista, de los sindicatos obreros y campesinos, del movimiento estudiantil, deben impulsar un frente único de la izquierda para participar en el movimiento de masas que apoya a Castillo con un programa genuinamente socialista y un plan de acción que sirva para luchar contra cualquier intento de descarrilar el movimiento revolucionario de las masas.
La consigna de la convocatoria de Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que defienden la mayoría de dirigentes de los sindicatos y partidos de izquierda en Perú, lejos de ayudar a combatir el intento de desviar la lucha de masas en la calle al terreno del parlamentarismo burgués, lo facilita.
La primera tarea de la izquierda es mantener la movilización en la calle e impulsar su organización desde abajo, formando comités de acción unitarios cuya tarea inmediata —junto a la defensa del resultado electoral— sea frenar cualquier golpe o maniobra que intente escamotear la victoria del pueblo. Junto a ello hay que exigir a Castillo y a los dirigentes de Perú Libre que apliquen ya las propuestas más a la izquierda de su programa sin ceder al chantaje de los capitalistas. Hay que organizar la movilización independiente de las masas para cambiar su política respecto a la cuestión de género y demás aspectos en que mantienen posiciones reaccionarias, exigiendo el derecho al aborto libre y gratuito, el reconocimiento pleno del matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos LGTBI, acabar con la justicia patriarcal, castigo para los violadores y maltratadores, defensa incondicional de iguales derechos para trabajadores nacidos en Perú y en el extranjero...
Armados con este plan de acción y un genuino programa socialista los trabajadores, campesinos y jóvenes más combativos pueden conseguir el apoyo del conjunto de los oprimidos y oprimidas y abrir el camino a la lucha por la transformación socialista de la sociedad en Perú y en toda América Latina.
