El pasado domingo 25 los noticieros de los principales medios masivos interrumpían su transmisión regular para ponernos en conexión directa con la calle, donde, según anunciaban, “el pueblo venezolano protestaba por este asalto a la propiedad privada por parte del Presidente Chávez”. Se trataba de pequeñas concentraciones en los sectores de clase media – alta en las principales ciudades del norte del país (Caracas, Valencia, Maracaibo, etc.). En todas gritaban consignas contra las expropiaciones y contra Chávez, que en aquel momento transmitía su Aló Presidente desde el latifundio expropiado La Marqueseña para que no quedaran dudas que se habían recuperado esas tierras y eran entregadas en parte a 80 familias campesinas.

La Iglesia, como fiel sirviente de las clases dominantes que ha sido a lo largo de toda la historia, también usó sus artillería religiosa para atacar estas recientes medidas que golpean el capitalismo en Venezuela. Entre los personajes figura el Presidente de la Fundación Conciencia Activa, el rabino y máximo representante de la iglesia judía en el país, Pynchas Brener. Según El Nacional, Brener declaró desde Maracaibo que el respeto por la propiedad privada existe desde los tiempos antiguos, de otras manera las escrituras bíblicas no se habrían referido a la violación de este derecho en uno de sus principales mandamientos:¡¡No robaras!! Y continúa diciendo “En este mandamiento de Dios se reconoce implícitamente el derecho a la propiedad privada como derecho inalienable del ser humano”. Es parte de la estrategia de la clase dominante de querer hacer ver como si este sistema de opresión en el que vivimos ha existido desde siempre y debe existir para siempre, como una especia de “ley de dios”.

La campaña mediática ha recibido el respaldo de sus amos del norte, como era de esperarse. El embajador estadounidense Brownfield declaró a Globovisión que las expropiaciones son un asunto “soberano e interno” del país “si son conformes al derecho internacional” y añadió que lo que esta sucediendo en el país “sin duda alguna va a tener algún impacto en las empresas privadas no sólo en Estado Unidos sino de todos los países del mundo”. El empresario y presidente de Conindustria, Eduardo Gómez Sigala, como vocero de la burguesía “nacional” también se unió al coro reaccionario, advirtiendo que las expropiaciones van a “traer confrontación y se afectará al clima de inversiones. Llamamos a los industriales a defender sus propiedades con la vehemencia del caso. Sin duda no podemos actuar con medias tintas en este proceso. Los venezolanos que hemos construido este país hemos levantado industrias, empresas y casas y debemos defenderlas por el bien de las futuras generaciones”. El colmo de su cinismo ha sido cuando los empresarios (es decir, quienes nos exprimen hasta no poder más para llenarse sus bolsillos con lo que producimos los trabajadores) han expresado su “profunda preocupación” por los trabajadores de las empresas y tierras expropiadas, así como el futuro de sus familias. ¡Como si el bienestar de nuestra clase hubiese estado alguna vez presente cuando reducen personal para maximizar sus ganancias!

El gobierno nacional expropia La Marqueseña y varios latifundios

La iniciativa del gobierno nacional, que ha censado cerca de 2.157 fincas que suponen 7 millones de hectáreas, ha determinado que 3.658.123 hectáreas son latifundios. Esto significa que el INTI tiene previsto intervenir 317 fincas. Como decía Genaro Méndez, Presidente de FEDENAGA, la patronal de los ganaderos y latifundistas “El problema no es La Marqueseña, los linderos que están en juego son los de toda Venezuela; asumiremos la defensa de todos los productores”.

El Ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, informó que en el cronograma de rescate de tierras previsto para este año figuran un total de siete hatos. Estos son Jovito (Apure), Los Cocos (Apure), San Pablo Paeño (Apure), La Bendición, Ramera, La Marqueseña (Barinas), La Vaca (Guárico) y Barrera en Carabobo. En total 1740.000 hectáreas. Las siguientes serán fincas en el estado Bolívar y en Carabobo. El Hato La Vergareña, con más de 180.000 hectáreas, será el próximo rescatado. En total se prevé que en el 2005 se intervengan un total de medio millón de hectáreas.

En respuesta a estos avances contra el latifundismo en Venezuela, los sicarios de los terratenientes abalearon la casa del Ministro Albarrán en Sabaneta, Barinas, en horas de la madrugada del pasado miércoles. Los proyectiles impactaron en la habitación de su hija quien afortunadamente resultó ilesa. “No voy a ceder ante esta, ni ninguna otra presión para llevar adelante la guerra contra el latifundio”, aseguró el Ministro. Más de 180 campesinos han sido asesinados en los últimos 7 años de revolución por lo sicarios de los terratenientes para tratar de impedir que éstos tomen la tierra que es suya. Ahora pretendían aplicarle la misma receta al Ministro de Agricultura y Tierras.

Días atrás, el martes 13, el presidente de FEDECAMARAS, José Luis Betancourt, leyó un documento de la máxima organización empresarial del país en el que exige” el cese inmediato de acciones arbitrarias e ilegales contra la propiedad privada, la restitución de las propiedades afectadas a sus legítimos dueños, el respeto del derecho al trabajo de los obreros y trabajadores de las empresas intervenidas”.Y continuaba ”Una Venezuela sin propiedad privada es una Venezuela sin libertad, sin democracia, sin dignidad y sin sector privado. Una Venezuela sin sector privado es una Venezuela condenada al hambre y a la pobreza”, sentenciaba el comunicado. El problema esa que son justamente las cadenas que nos imponen el Estado nacional y el carácter privado de los grandes medios de producción lo que condena a millones y millones de seres humanos en todo el mundo al hambre, la miseria y todas las lacras que podrían ser erradicadas rápidamente con una economía nacionalizada y planificada democráticamente.

Las declaraciones de Betancourt no parecieron amedrentar al Presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Richard Antonio Vivas, quien afirmó que continuará el proceso de adjudicación de tierras “el INTI tiene como misión erradicar el latifundio del país”. Según el Gobierno Nacional de momento se esta produciendo el rescate de tierras del país, puesto que la mayor parte “no se trata de confiscación, expropiación o intervención, sino de rescate”.

El gobierno nacional está tomando como base legal para expropiar las fincas el hecho de que la mayoría de los terratenientes no tiene títulos de propiedad de los espacios que usurpan. La gran mayoría de ellos fueron aumentando a su antojo el tamaño de sus fincas, apropiándose indebidamente de tierra que era propiedad del Estado o de los campesinos pobres. En esa situación se haya buena parte de los latifundios del país.

El miércoles 21, en el acto de cancelación de la deuda del estado con 1.049 técnicos aeronáuticos que se efectuó en el Palacio de Miraflores, Chávez declaró que “no vamos a expropiar sino lo necesario”, “los latifundistas se creen dueños de todo, pero no son dueños de nada. Por que los dueños son todos los venezolanos” al mismo tiempo señalaba que desacuerdo con la información que maneja “el 99% de los latifundistas no tiene título de propiedad vigente y cuando es increpado por las autoridades, no puede responder a un documento que responda por las tierras que ocupa”.

Refiriéndose a la corrupción se refirió a que había “resto del viejo estado infiltrados en el nuevo Estado que está naciendo. Hay que salir del Estado arbitrario, policíaco elitista que secuestró los derechos de los pueblos”. Acto seguido recomendó a las autoridades que estuvieran ojo avizor con los banqueros, ya que “al parecer un grupo de ellos actúa a espaldas a la gente”.

VENEPAL iba a ser una excepción, pero continúan las expropiaciones en Venezuela

El pasado 17 de julio el Presidente Chávez reportó que en el país existen 700 empresas improductivas y 1.149 que operan a un 50% de su actividad y que el gobierno iba a expropiar las que no funcionaran. Desde entonces no se había tomado ninguna medida efectiva para llevar a cabo esta promesa. Sin embargo las últimas semanas parece que las cosas empiezan a moverse en la dirección que planteó el presidente hace dos meses.

El jueves 22 el Consejo Legislativo del Estado Barinas exhortó al gobernador Hugo de los Reyes Chávez para que declarase de utilidad pública (paso previo a la expropiación) una parte de las instalaciones de Empresas Polar en ese estado. El gobernador regional declaró que “no me temblara el pulso para firmar cualquier decreto o medida en beneficio del pueblo”. El lunes efectivamente el Gobierno Regional expropiaba los silos propiedad de Remavenca, filial de Empresas Polar, y ponía así fin a todas las especulaciones. De hecho, el acuerdo al que se había llegado el viernes con los ejecutivos de Polar (en el que no se expropiaba la empresa) saltaba por los aires y el Estado se hacía con las instalaciones. La junta directiva de Polar hizo declaraciones sentenciando estas acciones como un atropello y una violación a la propiedad privada.

En esta línea, el pasado lunes 26 de septiembre, la Asamblea Nacional declaró en sesión ordinaria, como empresas de utilidad pública y social, al Central Azucarero Cumanacoa y a Sidororca (dedicada a elaborar tubos para la industria petrolera), como paso previo a la expropiación para que sean entregadas a los trabajadores bajo el modelo de cogestión. Ambas empresas tienen varios años sin operar y por ello acudieron los trabajadores a solicitar su reapertura. El anuncio de la expropiación fue hecho por el diputado José Khan, quien junto a Nicolás Maduro recibió días atrás a los trabajadores que se manifestaban.

El mismo día un grupo de trabajadores de OXIDOR, en la zona industrial de Valencia, tomó las instalaciones de esta compañía en protesta por la paralización de actividades y por un convenio justo. José Romero, presidente del sindicato, aseguró: “Llevamos seis meses sin laborar y decidimos tomarle la palabra al presidente y ocupar la empresa para exigir nuestros derechos”. Los mismos trabajadores solicitaron la expropiación de la empresa y su reactivación bajo “Control Obrero y Popular”. Días antes, los trabajadores de una fábrica de guantes del estado Amazonas se vieron bajo la amenaza de ser arrestados luego de llevar varias semanas de haber tomado las instalaciones de la fábrica Mi Guante, cerrada y abandonada por los patronos. También debemos recordar la batalla que adelantan los trabajadores de Snacks América Latina en todo el país, especialmente en Lara y en la planta de Aragua, y en la que nuevamente el sistema judicial venezolano ha demostrado al servicio de cuál clase está. Lo que estamos presenciando es un despunte de luchas obreras a lo largo y ancho del país que, si bien por el momento se encuentran en general aisladas, implican la entrada en escena de la clase en este proceso revolucionario.

Se agudizan las contradicciones del capitalismo

Recientemente, el presidente Chávez advirtió a CANTV, la principal empresa telefónica de Venezuela, que “la CANTV está obligada a reconocer las deudas a sus trabajadores….y si no lo hace, por muy poderosos que crean ser sus dueños, habrá que aplicarles la espada y el ácido de la Ley”, comentó Chávez durante un acto en cual estaba pagando pasivos laborales a ex funcionarios del aeropuerto de Maiquetía, un desembolso que, al igual que a CANTV, ordenó el Tribunal Supremo de Justicia. Tras esta noticia, las acciones de la CANTV en la Bolsa de Caracas se desplomaron un 12%. Chávez dijo que la compañía le debe 279 millones de dólares a sus jubilados y que la decisión del máximo tribunal buscaba restituir el derecho a “pensiones dignas” de empleados de CANTV.

El miércoles 21, el presidente Chávez anunció que revocaría todas las concesiones a las empresas extranjeras que operan en las minas nacionales “Yo quiero decirle al país que en el en el camino de recuperar la soberanía económica de Venezuela seguiremos avanzando de manera mas firme y precisa. Hace poco por ejemplo, decidimos, después de mirar esto y mirar aquello, cancelar todas las concesiones mineras. No damos mas concesiones a trasnacionales ni nada. No, no, no. Nos enredan el papagayo”, dijo el Presidente Chávez. El precio de la acción de Cystalex International cayó un 44% ayer en el mercado canadiense para ubicarse en 1,2 dólares, su precio más bajo desde junio de 2003, mientras que las acciones de otras firmas mineras con presencia en el país como Gold Reserve y Bolívar Gold, se redujeron en un 28% y 13%, respectivamente, en la jornada siguiente.

Los controles de precios, especialmente en el sector alimenticio, no han servido para frenar la inflación, sino que al contrario han sido justamente los productos regulados quienes han sufrido los mayores aumentos. Esto, incluso con las concesiones que ha hecho el Gobierno con la carne de res y otros productos que los empresarios mandaron a acaparar o simplemente impusieron su precio sin que el Estado reaccionara, más allá de las quejas que emitió el presidente en uno de sus programas dominicales. La expropiación de los silos de Promabasa, que estaban siendo desmantelados por Empresas Polar, fue usada como excusa para producir una escasez artificial de productos de Maíz (Harina para arepas, etc.).

Sólo este camino conduce al socialismo del siglo XXI

Estamos asistiendo a una ofensiva del gobierno nacional contra los terratenientes y los capitalistas, si bien de momento ésta es sólo parcial, que encuentra obviamente las simpatías y el respaldo de los trabajadores y los campesinos. No hace falta más que ver la campaña histérica de la oligarquía en los medios de comunicación burgueses acerca del sagrado derecho de la propiedad privada, que el Ejecutivo Nacional (según ellos) quiere violentar. Estos parásitos y especuladores que defienden la riqueza nacional evadiendo divisas o mantienen infrautilizadas la mayor parte de las fábricas y tierras del país se quejan porque el gobierno bolivariano les arrebata lo que no es suyo sino de los trabajadores y el pueblo y que ellos son incapaces de hacer funcionar. Los capitalistas no pueden sacar adelante el país. Somos la clase trabajadora y los campesinos los que sí podemos hacerlo, como lo están demostrando los trabajadores de Invepal o Alcasa y miles de cooperativas campesinas a lo largo y ancho del país.

Todos estos son enormes pasos hacia delante, pero el Ejecutivo no debe quedarse ahí. Venezuela no puede avanzar mientras la tierra, las fábricas y los bancos sigan en manos de los capitalistas. La solución a los problemas del pueblo venezolano sólo puede ser posible sobre la base de la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación democrática de la economía frente al caos y la anarquía que genera el capitalismo. Esta es la única manera posible de desarrollar un verdadero desarrollo endógeno frente al saboteo económico de los terratenientes y los capitalistas. Y es también la única manera de construir el “Socialismo del siglo XXI”.