La violencia policial desatada contra las protestas de los indígenas y
campesinos en Bagua ha extendido las movilizaciones por todo el Perú.
El gobierno de Alan García busca ahora una salida conciliadora,
retirando dos de los decretos con los que pretendía privatizar la
Amazonía peruana. Nuevas movilizaciones, reclamando la renuncia del
gobierno y el cese de las represalias policiales, abren una perspectiva
revolucionaria para el país andino.
La violencia policial desatada contra las protestas de los indígenas y campesinos en Bagua ha extendido las movilizaciones por todo el Perú. El gobierno de Alan García busca ahora una salida conciliadora, retirando dos de los decretos con los que pretendía privatizar la Amazonía peruana. Nuevas movilizaciones, reclamando la renuncia del gobierno y el cese de las represalias policiales, abren una perspectiva revolucionaria para el país andino.
Hace pocos días se ha difundido un vídeo de los sucesos acaecidos el pasado 5 de junio en la Curva del Diablo, región Amazonas, en el que se ve a la policía incendiar los campos y enfrentarse a los indígenas que reclamaban la derogación de una serie de decretos legislativos. Las imágenes se corresponden a la actuación del primer contingente policial: grandes hogueras, indígenas y policías evacuan a los primeros heridos, se oyen disparos y el ruido de los helicópteros. Un cuadro de confusión y terror.
Después de más de 50 días de protestas pacíficas, el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el corte que llevaban a cabo más de 1.500 indígenas awajún y wampis de la carretera Fernando Belaúnde, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En otro punto era la Federación de Rondas Campesinas de Jaén la que bloqueaba la carretera, exigiendo también la derogación de los decretos legislativos. En la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de educación y el Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía, se manifestaban por el mismo motivo.
En la madrugada del viernes 5 de junio, un cuerpo policial de élite empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después. Este fue el primer enfrentamiento grave, con los primeros muertos y heridos. Posteriormente, en Bagua, la población se levantó contra la violencia policial. La policía mató a dos personas. Y esa misma tarde, indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano tomaron la estación y a 38 policías y a un ingeniero como rehenes. El ejército rescató a 22 policías con vida, murieron más de diez policías y muchos indígenas. Todavía no hay datos fiables de los muertos indígenas. Según numerosos testigos la policía se deshizo de los cuerpos sin vida de los indígenas arrojándolos al río Marañón, o los quemaron para impedir su identificación. Los indígenas desaparecidos son más de 60. Además del uso de armas de fuego por parte de la policía contra los nativos, otra muestra de la brutalidad policial fueron las violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua.
Un año de luchas
Las protestas en la Amazonía peruana, como también en Canchis, al sur de Perú, se iniciaron hace más de un año. Se reclamaba la derogación de la Ley de Aguas, entre otros decretos. El gobierno ignoró las protestas durante meses, haciendo que éstas se radicalizaran. Los decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y la entrega de los recursos amazónicos a las grandes multinacionales, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con EEUU cuando Alejandro Toledo era el presidente. Hace dos años y medio, Alan García prometió retirar la firma de Perú de ese tratado, pero ahora no sólo no cumple con su promesa, sino que se enfrenta a los indígenas amazónicos, a los que insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer".
Los siete decretos del gobierno García abren los territorios a la explotación exterior: petróleo, gas, minerales, madera y producción de agrocombustibles. Se trata de un auténtico despojo de todos los derechos de la población indígena y campesina sobre sus tierras, para poner todas las riquezas naturales a disposición de multinacionales, como Repsol, Cepsa y otras. Es esta política a favor de los intereses del capitalismo internacional la que está detrás de la cruenta represión policial del pasado 5 de junio.
Después de meses de oponerse a las reclamaciones de los indígenas y campesinos, el gobierno se echó atrás el 15 de junio y pidió al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964, que fueron derogados a los cuatro días.
Tras el paro del 11 de junio, la lucha continúa
El jueves 11, una gran movilización en todo el país y concentraciones en un buen número de ciudades a nivel internacional, como las que hubo en Barcelona y Madrid, en el Estado español, lograron que el gobierno de Alan García iniciara el camino de la retirada. Pero lo más interesante es que, aún después de la derogación de los dos decretos, las movilizaciones se mantienen. Desde el día 11 están en huelga los campesinos de Canchis, bloqueando calles y vías. "Si no hay solución, no hay Inti Raymi", corean los campesinos, refiriéndose a la fiesta del sol que se celebra el 24 de junio y que es un importante evento turístico. En Andahuaylas, en el departamento Apurímac, en el sur, también llevan desde el día 11 en huelga, con bloqueo de vías y la toma del aeropuerto.
El gobierno se queja de que las manifestaciones en Cuzco son "coletazos" de sectores radicales que sólo buscan "desestabilizar", pero el hecho es que Alan García tiene ante sí un escenario de gran movilización social y que sale profundamente debilitado después de la masacre en Bagua. Son el presidente, García, y la ministra del Interior, a los que la mayoría de la población señala como los principales responsables de las muertes ocurridas el 5 de junio. Las mentiras con las que el gobierno y los medios afines quisieron presentar a los indígenas como poco menos que terroristas o salvajes violentos, no hicieron más que ahondar todavía más la desconfianza en el gobierno y el presidente. Hoy, el apoyo a García está en un 21% de la población, nueves puntos menos que en mayo.
La situación política puede dar un nuevo salto en los días próximos. El Frente Nacional por la Vida y la Soberanía (que reúne a representantes de organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, federaciones de mujeres, estudiantes universitarios...) convocan un Paro Nacional para el 7, 8 y 9 de julio. Este frente reclama la renuncia del gobierno, la derogatoria de los Decretos Legislativos que afectan a los pueblos amazónicos y andinos y la solución a demandas regionales, campesinas, laborales y sociales.
Hace pocos días se ha difundido un vídeo de los sucesos acaecidos el pasado 5 de junio en la Curva del Diablo, región Amazonas, en el que se ve a la policía incendiar los campos y enfrentarse a los indígenas que reclamaban la derogación de una serie de decretos legislativos. Las imágenes se corresponden a la actuación del primer contingente policial: grandes hogueras, indígenas y policías evacuan a los primeros heridos, se oyen disparos y el ruido de los helicópteros. Un cuadro de confusión y terror.
Después de más de 50 días de protestas pacíficas, el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el corte que llevaban a cabo más de 1.500 indígenas awajún y wampis de la carretera Fernando Belaúnde, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En otro punto era la Federación de Rondas Campesinas de Jaén la que bloqueaba la carretera, exigiendo también la derogación de los decretos legislativos. En la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de educación y el Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía, se manifestaban por el mismo motivo.
En la madrugada del viernes 5 de junio, un cuerpo policial de élite empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después. Este fue el primer enfrentamiento grave, con los primeros muertos y heridos. Posteriormente, en Bagua, la población se levantó contra la violencia policial. La policía mató a dos personas. Y esa misma tarde, indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano tomaron la estación y a 38 policías y a un ingeniero como rehenes. El ejército rescató a 22 policías con vida, murieron más de diez policías y muchos indígenas. Todavía no hay datos fiables de los muertos indígenas. Según numerosos testigos la policía se deshizo de los cuerpos sin vida de los indígenas arrojándolos al río Marañón, o los quemaron para impedir su identificación. Los indígenas desaparecidos son más de 60. Además del uso de armas de fuego por parte de la policía contra los nativos, otra muestra de la brutalidad policial fueron las violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua.
Un año de luchas
Las protestas en la Amazonía peruana, como también en Canchis, al sur de Perú, se iniciaron hace más de un año. Se reclamaba la derogación de la Ley de Aguas, entre otros decretos. El gobierno ignoró las protestas durante meses, haciendo que éstas se radicalizaran. Los decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y la entrega de los recursos amazónicos a las grandes multinacionales, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con EEUU cuando Alejandro Toledo era el presidente. Hace dos años y medio, Alan García prometió retirar la firma de Perú de ese tratado, pero ahora no sólo no cumple con su promesa, sino que se enfrenta a los indígenas amazónicos, a los que insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer".
Los siete decretos del gobierno García abren los territorios a la explotación exterior: petróleo, gas, minerales, madera y producción de agrocombustibles. Se trata de un auténtico despojo de todos los derechos de la población indígena y campesina sobre sus tierras, para poner todas las riquezas naturales a disposición de multinacionales, como Repsol, Cepsa y otras. Es esta política a favor de los intereses del capitalismo internacional la que está detrás de la cruenta represión policial del pasado 5 de junio.
Después de meses de oponerse a las reclamaciones de los indígenas y campesinos, el gobierno se echó atrás el 15 de junio y pidió al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964, que fueron derogados a los cuatro días.
Tras el paro del 11 de junio, la lucha continúa
El jueves 11, una gran movilización en todo el país y concentraciones en un buen número de ciudades a nivel internacional, como las que hubo en Barcelona y Madrid, en el Estado español, lograron que el gobierno de Alan García iniciara el camino de la retirada. Pero lo más interesante es que, aún después de la derogación de los dos decretos, las movilizaciones se mantienen. Desde el día 11 están en huelga los campesinos de Canchis, bloqueando calles y vías. "Si no hay solución, no hay Inti Raymi", corean los campesinos, refiriéndose a la fiesta del sol que se celebra el 24 de junio y que es un importante evento turístico. En Andahuaylas, en el departamento Apurímac, en el sur, también llevan desde el día 11 en huelga, con bloqueo de vías y la toma del aeropuerto.
El gobierno se queja de que las manifestaciones en Cuzco son "coletazos" de sectores radicales que sólo buscan "desestabilizar", pero el hecho es que Alan García tiene ante sí un escenario de gran movilización social y que sale profundamente debilitado después de la masacre en Bagua. Son el presidente, García, y la ministra del Interior, a los que la mayoría de la población señala como los principales responsables de las muertes ocurridas el 5 de junio. Las mentiras con las que el gobierno y los medios afines quisieron presentar a los indígenas como poco menos que terroristas o salvajes violentos, no hicieron más que ahondar todavía más la desconfianza en el gobierno y el presidente. Hoy, el apoyo a García está en un 21% de la población, nueves puntos menos que en mayo.
La situación política puede dar un nuevo salto en los días próximos. El Frente Nacional por la Vida y la Soberanía (que reúne a representantes de organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, federaciones de mujeres, estudiantes universitarios...) convocan un Paro Nacional para el 7, 8 y 9 de julio. Este frente reclama la renuncia del gobierno, la derogatoria de los Decretos Legislativos que afectan a los pueblos amazónicos y andinos y la solución a demandas regionales, campesinas, laborales y sociales.
