La economía colombiana sigue la trayectoria de un barco a la deriva, que cada día se hunde más conforme la crisis económica y, muy especialmente, el deterioro de las relaciones diplomáticas y comerciales con la república de Venezuela se profundizan. No en vano, la inmensa mayoría de las exportaciones que se hacen a los Estados Unidos tiene que ver con la minería, un sector que genera poca mano de obra (en condiciones, por demás, de trabajo precario y con altos costos ambientales), mientras que las que se realizaban al hermano país de la revolución bolivariana tenían un alto porcentaje industrial y agrario generador de mano de obra1. Como se ve, la política militarista y contrarrevolucionaria de nuestra "burguesía nacional" se soporta con más sangre, sudor y lágrimas de la clase obrera.
La economía colombiana sigue la trayectoria de un barco a la deriva, que cada día se hunde más conforme la crisis económica y, muy especialmente, el deterioro de las relaciones diplomáticas y comerciales con la república de Venezuela se profundizan. No en vano, la inmensa mayoría de las exportaciones que se hacen a los Estados Unidos tiene que ver con la minería, un sector que genera poca mano de obra (en condiciones, por demás, de trabajo precario y con altos costos ambientales), mientras que las que se realizaban al hermano país de la revolución bolivariana tenían un alto porcentaje industrial y agrario generador de mano de obra1. Como se ve, la política militarista y contrarrevolucionaria de nuestra "burguesía nacional" se soporta con más sangre, sudor y lágrimas de la clase obrera.
Pero es que además, 2010 nos recibe con una ofensiva capitalista que pone en el péndulo de la vida y la muerte al conjunto de los trabajadores y del pueblo colombiano: el aumento del salario mínimo en un 3.64%, amparado en la "reducción de la inflación", es una ofensa por partida doble a las masas populares que oculta, de una parte, que este se debe al aumento constante del desempleo (ya lo decía el economista norteamericano Paul Krugman: la inflación es una hipocresía que se fundamenta en el desempleo), y por la otra, el que la inflación desconoce la carestía progresiva de la vida, pues paralelo a los $600 pesos diarios aumentados, han subido los transportes, los servicios públicos, la gasolina, los precios de los alimentos, de los arriendos, los impuestos y así un larguísimo etcétera, que no se manifiesta en las estadísticas oficiales, sino en la situación de penuria agravada de la población.
El problema del salario mínimo, no obstante, oculta una realidad subterránea aún más catastrófica, a la que no se le ha prestado la suficiente atención: el de las cooperativas asociadas de trabajo. La gran mayoría de los trabajadores del país laboran bajo esta modalidad, creada para recortar derechos, dividir a la clase obrera y aumentar la explotación de los capitalistas sobre el trabajo. Un obrero de cooperativa percibe actualmente, a lo sumo, 100.000 pesos semanales por su trabajo, muy por debajo del salario mínimo, que además no es fijo, pues el sistema está organizado de tal suerte que cada semana se decide su continuidad en cada empresa, y con ello su propia vida y la de su familia. Y así, con el déficit dramático del empleo y el sistema de doble contratación (que erige a una minoritaria planta de trabajadores de cada empresa bajo una relativa estabilidad frente a una mayoría de obreros explotados en condiciones de esclavitud) se logra una efectiva dominación sobre los asalariados. Es la política del divide y reinarás, que buenos frutos le ha dado a la burguesía: mientras unos trabajadores luchan por mantener sus puestos de trabajo legales, otros lo hacen por su mera supervivencia bajo situación de semiesclavos, y aún entre estos últimos en condiciones de canibalismo extremo. Tal es así que, por ejemplo, en la fábrica de sillas RIMAX, en Cali, se ha dado el caso de que los obreros llegan con navajas a sus puestos de trabajo, y sabotean la producción, no con el fin de luchar contra los capitalistas, sino con el de desplazar a sus compañeros de la competencia por la permanencia en la empresa. Algo mal está pasando en nuestro país, y ese algo no es más que el sistema capitalista, instaurado a sangre y fuego en décadas de terror militar y paramilitar.
Y como si esto fuera poco, los 15 decretos radicados bajo la declaración de la "emergencia social" aplastan el derecho a la salud de millones de colombianos de a pie. Estos decretos reestructuran un ya de por sí deficiente sistema de salud, restringiendo el derecho a la tutela, que es el mecanismo por el cual las y los colombianos logran sobreponerse a la avaricia de las EPS y a la indiferencia del Estado burgués, mientras que a su vez les atan los pies, las manos y el corazón a los médicos, obligándolos a ignorar la salud de los pacientes, bajo la amenaza de una sanción penal o en dinero que inevitablemente les llevaría a la ruina; el drama de la salud es coronado macrabremente con la institución de "comités Técnico-científicos", verdaderos aparatos burocráticos creados con la función de impedir cualquier acceso a los servicios de atención complejos de personas que no estén en capacidad de pagar los gastos, lo cuál en un país donde lo único que abunda es la pobreza y el empleo precario, significa condenar a sentencia de muerte a la inmensa mayoría de la población.
Todo esto, sumado a los regalos que la burguesía en el poder se hace a sí misma, bajo la figura de programas como "agro ingreso seguro", las exenciones tributarias y demás, muestran a plena luz el rostro real del capitalismo y de su forma en nuestro país: un sistema de producción que se nutre de la explotación laboral, el recorte de derechos democráticos y sociales, la militarización de la vida cotidiana, la manipulación mediática, la corrupción y el amedrentamiento constantes como forma de acrecentamiento de la riqueza privada de pequeños grupos minoritarios, clases que, en el escenario internacional, se confabulan para conspirar contra procesos revolucionarios como el de nuestros compañeros trabajadores venezolanos, ecuatorianos y bolivianos.
Bajo este escenario es que aparecen las elecciones del presente año al congreso y a la presidencia, donde los trabajadores debemos elegir entre dos proyectos económico-sociales: el de una derecha que bajo muchas caras (del partido liberal a las variadas formas del uribismo) pretenden sostener las mismas políticas de siempre: seguridad democrática, paramilitarismo y para-política, privatizaciones, reducción del salario, desfinanciación de la salud y la educación etc.; y un proyecto de izquierda que debe virar sin miedos hacia las tesis del socialismo: el polo democrático alternativo. Ni el chantaje de los medios de comunicación burgueses, ni la actitud reformista del sector de derecha en el PDA, pueden ocultar una realidad de a puño: que en nuestro país, como a nivel mundial solo es posible la dominación del capital sobre el trabajo, o el dominio de las masas populares en un sistema socialista regido por consejos democráticos de trabajadores, que lleve a cabo la planificación de la economía y redistribuya el producto de la riqueza social entre el conjunto de la población. Los términos medios son formas encubiertas de capitulación a la burguesía nacional e imperialista.
Es en esta situación en que comienzan a brotar, a poco de empezar el año, síntomas visibles de agitación social, que anuncian duras luchas de clase y populares. El vasto movimiento contra los decretos emitidos bajo el amparo de la "emergencia social" es una primera manifestación de ello, a la que sobrevendrán otras enconadas luchas por un mejor salario, por la supresión de las cooperativas asociadas de trabajo, vivienda digna, derecho a la educación universal y gratuita y así sucesivamente. La clase trabajadora se encuentra con una doble presión, la de los impuestos progresivos y la del recorte real del salario, que la coacciona hacia la lucha más decidida, mientras el conjunto de la población igualmente se ve forzada a marchar y organizarse en la defensa de derechos democráticos y sociales muy preciados, como son el de la salud, la educación, la tierra y los servicios públicos, entre otros. Pero la garantía de todos estos derechos sólo será posible de llevar a cabo en un sistema social que parta de la expropiación de la banca, las grandes industrias y la tierra, para darle créditos baratos a los pequeños comerciantes e industriales, para organizar la producción sobre una adecuada planificación, basada en consejos democráticos de trabajadores, que reparta la tierra entre los campesinos y, en última instancia, revierta la producción social sobre el conjunto de las personas que con su trabajo han creado la riqueza, y no para el bolsillo de un puñado de capitalistas y burócratas que viven a expensas de la esclavitud social.
El panorama político del presente año, a la luz de las circunstancias mencionadas, y de otras que muy pronto se vendrán, augura duras y fuertes respuestas populares. Nuestra tarea como marxistas es plantarle cara a la situación formando, agitando, organizando y orientando las labores tácticas y estratégicas de las luchas actuales y por venir. La corriente marxista revolucionaria colombiana surge con el propósito explícito de sumarse a la lucha y guiarla por los senderos de la victoria, por el camino que lleva al socialismo y a la emancipación de la férula del capital nacional y mundial, transitando hacia una sociedad democrática e igualitaria, donde los trabajadores puedan conquistar para sí y para la sociedad un mundo nuevo, sin explotación de clase ni forma alguna de dominación.
¡Únete a la corriente marxista colombiana y lucha por el socialismo!
¡Contra el capital, huelga general!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
¡Votar a la izquierda, girar hacia el socialismo!
