Después de diez años de lucha legal, pobladores de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, lograron que se detuviera la construcción de la autopista Toluca – Naucalpan, echada a andar tras el decreto expropiatorio que robaría 37 hectáreas a pobladores de la comunidad y que fuera ordenado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. A pesar de que los pobladores presentaron amparos contra la construcción de dicha obra, Grupo Higa entró y desapareció las casas entre nubes de polvo.

Tras el proyecto carretero se encuentra beneficiada la empresa Autopistas de Vanguardia S.A de C.V, cuyo propietario es Grupo Higa, el mismo consorcio vinculado a la casa blanca perteneciente a Angélica Rivera, esposa de Peña. La filial de Grupo Higa es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas estrella del gobierno de EPN y que recientemente fue evidenciado por sus operaciones financieras en paraísos fiscales tras la apertura de los Papeles de Panamá.

Como en otros momentos de la historia reciente en nuestro país, el PRI y el gobierno del Estado de México, en contubernio con el Gobierno Federal, atentan nuevamente en contra de comunidades indígenas o de bajos recursos, tal como lo hicieron en San Salvador Atenco con el proyecto del Aeropuerto. Se trata, nuevamente, de un proyecto cuyo objetivo es beneficiar a empresas privadas y dejar en la calle a cientos de personas.

Exigimos el alto al hostigamiento en contra de la comunidad Otomí del Municipio de Lerma, Edomex así como la detención inmediata de los trabajos de la obra y la indemnización a todos los pobladores afectados por dicho atentado. Grupo Higa y sus filiales deben responder antes que nada por sus turbias cuentas en los paraísos fiscales. Una vez más la organización y la lucha en las calles detendrá la injusticia y el descaro con el que el gobierno de EPN se maneja.