El pasado 24 de octubre el gobierno de Evo Morales y representantes indígenas alcanzaban una serie de acuerdos por los que se ponía fin al conflicto iniciado semanas atrás, que tuvo como punto álgido la represión de una marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Natural Isidoro-Secure (TIPNIS).
El 15 de agosto salió de Trinidad la VIII Marcha Indígena con rumbo a la ciudad de La Paz, exigiendo al gobierno la suspensión de la construcción de la carretera que atravesaría el territorio protegido. El 25 de septiembre era reprimida por fuerzas policiales ante la perseverancia de los indígenas en marchar. Las imágenes de indígenas adultos, mujeres amordazadas y maltratadas por la policía causó estupor y un terremoto político en Bolivia: estas imágenes recordaban la época oscura de los gobierno de Goñi, cuando los conflictos populares se resolvían por la vía de la represión del pueblo y es por ello que los trabajadores y el pueblo quedaran impactados por la mismas.
El TIPNIS es un espacio natural protegido por el que el gobierno de Evo Morales pretendía construir una autopista que conectará los departamentos de Beni y Cochabamaba. La construcción de esta autopista forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, conocida como la IIRSA, cuyo fin es desarrollar las infraestructuras en colaboración con otros países de la región. El conflicto ha intentado ser utilizado por parte de la derecha y el imperialismo con el fin de sembrar desestabilización contra el gobierno de Evo Morales.
La presión de las masas obliga a Evo a rectificar
En un principio el propio gobierno acusó a los indígenas de estar manipulados por el imperialismo (llegó a vincular al comienzo de la marcha a sus organizadores con Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional, USAID). Incluso el propio presidente se hizo eco de los que acusaban a los indígenas de poner sus intereses particulares por encima de los intereses generales de Bolivia, con el argumento reformista de que dicha carretera, financiada por la burguesía brasileña iba a impulsar el desarrollo productivo e industrial de Bolivia. Pero fruto de la presión popular tuvo que rectificar, pedir perdón y reconocer públicamente sus errores. El pasado 23 de octubre tras la llegada el 19 del mismo mes de los 1.500 indígenas, tras 60 días de marcha a sus espaldas y un espectacular recibimiento con decenas de miles de personas en La Paz al grito de “no a la carretera del TIPNIS”, Evo, el lunes 24, tras retirar el proyecto de construcción de la autopista del TIPNIS, firmó 16 acuerdos con representantes indígenas que recogían sus reivindicaciones fundamentales. Durante la crisis la ministra de Defensa presentó su dimisión junto a las de otros altos cargos en protesta por la represión.
A estas alturas no está claro quién dio la orden de reprimir la protesta indígena, que costó varios muertos al pueblo boliviano y que tiene que ser investigado hasta el final y tomar las medidas de castigo contundentes. El ministro de Interior acusó a su viceministro de dar la orden, en lo que parece consecuencia de que el propio aparato del Estado tiene su dinámica y está hecho precisamente no para defender los derechos de los trabajadores y los indígenas, sino como ha hecho históricamente, para ser un instrumento de la burguesía y el imperialismo para defender sus privilegios. El intento de los reformistas de optar por la vía represiva ha quedado bloqueado una vez más debido al arrojo y fuerza de las masas, que han vuelto a dar una lección al gobierno de Evo de por dónde no puede transitar.
Huelga general de la COB contra la represión
A finales de 2010 y comienzos de 2011 ya se habían desarrollado conflictos en todo el país fruto de la subida de la gasolina y que desembocó en una huelga general, también convocada por la COB. Tras la huelga el gobierno llegó a un acuerdo con la dirigencia sindical que finalizó el conflicto, que englobaba también demandas salariales ante el aumento del coste de la vida y de la inflación generada por el sabotaje de los empresarios. El 28 de septiembre de este año la COB volvió a convocar huelga general contra la represión del gobierno hacia la marcha indígena, en la que la clase obrera mostró su descontento por la actuación del gobierno. Miles de trabajadores e indígenas se manifestaron en todo el país en apoyo a la convocatoria de la COB demandando el castigo a los culpables a la represión.
Dentro de la COB, si bien algunos dirigentes abogan por extender y profundizar las nacionalizaciones, otros sectores al mismo tiempo que mantienen un discurso revolucionario, en la práctica aceptan los límites del capitalismo y el reformismo, llevando a cabo una política posibilista y puramente sindicalista de cortas miras que no va en la vía de que la clase obrera, aliada con sectores pobres, tome el poder.
La fuerza y el entusiasmo por parte del pueblo y los trabajadores existen. Sin embargo, el peligro de que sectores de las masas se empiecen a desencantar con la política del gobierno de Evo Morales, en la medida que no rompe con el capitalismo nacional y foráneo y se apoya en el estado capitalista, se acrecienta y corre el peligro de ser utilizado por la derecha para recuperar sus posiciones. En Santa Cruz, dirigentes campesinos indígenas que fueron reprimidos han aparecido junto a elementos de la derecha que, demagógicamente, los han apoyado intentando meter una cuña entre los indígenas y el gobierno de Evo.
Por otro lado, las elecciones judiciales llevadas a cabo a finales de octubre, en las que el voto blanco y nulo ha supuesto el 60% del total deben ser una advertencia al gobierno de Evo Morales y a las bases revolucionarias. Estos resultados son un mensaje de que el camino para hacer avanzar la revolución no pasa por la reforma gradual del Estado, sino por su destrucción. Las masas han entendido que no se va a terminar con la corrupción judicial sobre la base de la elección de los jueces del tribunal constitucional, que ese no es el eje de la lucha. También que empiezan a estar hartas de elecciones y que quieren hechos contundentes contra la burguesía y las multinacionales y la burocracia. La nacionalización plena de las palancas fundamentales de la economía (minería e hidrocarburos) bajo control democrático de los trabajadores junto con las construcción de un auténtico estado revolucionario derribando el actual estado capitalista es la única vía que puede garantizar al gobierno de Evo Morales y las fuerzas revolucionarias del país la victoria.
