¡Balance y perspectivas de la coyuntura de lucha!

La coyuntura en defensa de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha colocado al gobierno de Peña Nieto en una crisis muy profunda. Las movilizaciones iniciadas en septiembre del 2014 continúan y han dado un giro brusco a la correlación de fuerzas entre la clase trabajadora y la burguesía. La parálisis impuesta por los dirigentes de las organizaciones de masas, perplejos ante los ataques de la derecha, ha sido superada por un movimiento vigoroso que está desafiando frontalmente la táctica de dominación de la burguesía.

La lucha contra la violencia coaligada del ejército, la policía y los narcotraficantes, contra el grueso de la población trabajadora, es un desafío al esquema de dominación para mantener aterrorizados y vulnerables a los trabajadores del país. No menos importante es la severa crítica social hacia las instituciones del Estado, la putrefacta democracia burguesa, los partidos políticos y las elecciones. La pérdida de autoridad política de AMLO, ante su alejamiento de las movilizaciones, y la franca debacle del PRD, también son secuelas de esta lucha.

Fracturas en el aparato del Estado

El terremoto de Ayotzinapa ha provocado fisuras importantes en el aparato del Estado. A nivel internacional, Peña Nieto se ha convertido en una figura reprobable. Los mismos diarios que lo ensalzaron ahora lo tachan de vergonzante. El mensaje del imperialismo es diáfano: “se acabo la campaña pública en tu favor”; “negociar con nosotros te será más costoso”.

El pasado 19 de enero, Ciro Gómez Leiva -¡magnífico reaccionario!- dio a conocer una conversación con el Secretario de Gobernación, donde Osorio Chong aceptó haber pedido su renuncia a Peña Nieto. Posteriormente reporteros le cuestionaron, “¿Se va?”, a lo que respondió: “No me pregunten eso, por favor”. La posterior negación de estos hechos no deja de translucir la evidente crisis del gobierno.

Un elemento que está detrás de estas fisuras son las tensiones que ha provocado la presión del movimiento para que el Ejército sea investigado. Una vez que Osorio Chong aceptó que era posible que los familiares de los normalistas desaparecidos inspeccionaran los cuarteles del Ejército, las tensiones se exacerbaron. Un columnista de Milenio planteo la defensa del Ejército en los siguientes términos:

“El mensaje enviado esta semana por el secretario de Gobernación fue confuso y por demás tendencioso, al querer encabezar prácticamente la búsqueda de los estudiantes en instalaciones militares. ¡Cuidado! No se puede contravenir lo que está sosteniendo la PGR —referente a la suerte de los estudiantes— ni, peor aún, se pueden negociar aspectos de seguridad nacional con un grupo de “culeros” que no tiene mayor representatividad que la de cuatro o cinco municipios de uno de los estados más pobres y atrasados del país”.

Y como colofón: “Habrá que preguntarles a gobiernos anteriores cómo les fue cuando ofendieron a las fuerzas armadas”.

Previamente, la CNDH había reabierto las investigaciones contra el ejército (que ya estaba exonerado) por las ejecuciones en Tlatlaya, cuestión que derivó en el encarcelamiento de siete militares.

Es difícil percibir que estas fracturas en el aparato del Estado podrán resarcirse con facilidad, lo que le impedirá al gobierno actuar con la homogeneidad de la cual gozó durante sus primeros dos años.

Balance de la lucha

Una de las definiciones más importantes del movimiento, acordada en la Asamblea Nacional Popular, es el boicot a las elecciones en Guerrero (donde debería definirse a un nuevo gobernador, alcaldes, diputados y senadores en 2015). Esta decisión, asociada a la toma de buena parte de los palacios municipales del estado y al continuo sabotaje de las acciones del Instituto Electoral de Guerrero, ha puesto sobre la mesa la posibilidad efectiva de que no sea posible realizar las elecciones, cuando menos en buena parte del estado. Ello sería una dura derrota política para el régimen, que al menos desde 1989 no cancela ninguna elección.

Un elemento que refuerza la idea de que el boicot electoral es una medida de presión contra el régimen, es que el movimiento no ve la posibilidad de utilizar las elecciones como un frente de batalla. Esta idea tiene como elemento colateral la bárbara posición del PRD que sin más afirma, en voz de su presidente nacional: “Sí habrá elecciones en Guerrero”, chocando frontalmente con el movimiento. Por su parte, Morena asume una posición ambigua, planteando que la prioridad es encontrar a los normalistas, y que si se suspenden las elecciones “Morena comprenderá la situación y se sumará al lado de la lucha del pueblo”. Sin embargo, combina esta posición con el hecho de que mientras el Instituto Electoral no confirme la suspensión, “Morena continuará los preparativos para participar en el proceso electoral” (El Universal, 7 de enero 2015). Esta posición sustentada en declaraciones “amistosas” y una posición atenida a las determinaciones del Estado y al margen de las movilizaciones, refuerzan la idea (especialmente entre el sector que está en el ojo del huracán de la lucha por Ayotzinapa) de que las próximas elecciones no son un frente que se pueda capitalizar, sino un punto para asestar un nuevo golpe a Peña.

La rabiosa posición de los empresarios, medios de comunicación, del PRI y del PAN, para que a toda costa se realicen las elecciones en Guerrero, puede hacer del boicot un punto de confluencia para todo el movimiento.

Toma de municipios y ayuntamientos

Otro aspecto fundamental que demuestra el cambio en la correlación de fuerzas, es la toma de palacios municipales y ayuntamientos en Guerrero. Estas tomas, tienen un carácter desigual. En algunas localidades se trata de una toma de los inmuebles oficiales, aunque las autoridades despachan en edificios alternos. En otras, la toma de los edificios ha implicado la parálisis definitiva de los funcionarios y la sustitución parcial de los poderes locales por las asambleas del pueblo. Aunque al parecer este último grado de consolidación de las tomas es el menos extendido, la normalidad en las funciones del Estado está destrozada. La inestabilidad en Guerrero únicamente tiene comparación con la situación creada por la APPO en Oaxaca, en 2006. Hay que destacar que dentro de los municipios semiparalizados, está el de la capital, así como el de la ciudad más importante del estado, Acapulco.

Según datos proporcionados por Manuel Salvador Rosas Zúñiga, integrante de la Comisión Política del magisterio guerrerense, a finales de diciembre del 2014 había ya 42 ayuntamientos tomados (con sus diferentes grados de consolidación) por las organizaciones que participan en la ANP. A finales de octubre, participantes de la ANP calculaban en poco más de una veintena los municipios tomados. Si bien los datos son poco precisos y cambiantes, en parte por la propia situación de inestabilidad; en parte por la falta de dirección política del movimiento, es claro que no ha habido un retroceso y la correlación de fuerzas sigue del lado de la lucha social.

Organización para continuar la lucha

La coyuntura de lucha ha expresado todas las contradicciones sociales y las aspiraciones de la clase trabajadora y la juventud a nivel nacional. No es raro que estas manifestaciones tengan incluso connotaciones revolucionarias, en un contexto de crisis tan profunda del capitalismo, de su Estado y de todos sus pilares: el ejército, sus partidos, la iglesia, los medios de comunicación, etcétera. Es por ello que la demanda más anhelada es al mismo tiempo la más radical, la caída de Peña Nieto. No obstante, la caída de Peña requiere el desarrollo de un movimiento de millones de trabajadores a nivel nacional. Este movimiento debe integrar a la juventud universitaria, pero sobre todo a los jóvenes obreros, jornaleros y trabajadores que laboran en los centros económicos y políticos neurálgicos del país. El magisterio, por su tradición, número y organización, especialmente en el sur del país, ha sido clave para el desarrollo de esta lucha, pero como ya se demostró en las jornadas contra la Reforma Educativa en 2013, sus propias fuerzas no son suficientes para doblegar al conjunto del Estado.

El movimiento surgido de la defensa de Ayotzinapa debe plantearse su extensión a nivel nacional, arrastrando a la actividad política y a la rebelión a los trabajadores de la ciudad. Es preciso establecer un programa con demandas y tácticas de lucha, que lo mismo conecte con las tradiciones del campo y de las comunidades indígenas, que con las tradiciones de los trabajadores de las ciudades más desarrolladas. Es de vital importancia que el movimiento de Ayotzinapa, particularmente dentro del estado de Guerrero, sea consciente de que si bien han podido realizar actos tan desafiantes como el haber asediado el cuartel militar de Iguala, contando con fuerzas numéricas reducidas, ha sido gracias al enorme respaldo social con que cuenta la lucha. Este respaldo social es la clave para que el movimiento pueda seguir avanzando y evitar su aislamiento, como en su momento logró hacer el gobierno con la lucha de las autodefensas de Michoacán.

Un aporte esencial de esta coyuntura debe ser la creación de organizaciones permanentes y con un carácter revolucionario, entre los campesinos, la juventud y la clase trabajadora. Este maravilloso alzamiento debe establecer los cimientos políticos, organizativos y anímicos para continuar la lucha contra el capitalismo.