José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha anunciado su intención de impulsar una reforma en los órganos de gobierno y administración de la Universidad. Según él, con la intención de “fortalecer la vida institucional” así como “acelerar nuestros procesos de actualización administrativa”.
La declaración del rector se desarrolló en la última sesión del Consejo Universitario del año pasado, y si bien hasta ahora no se ha clarificado el contenido de la misma, sus palabras no han sido echadas al aire. Sin embargo, una cosa es clara: pretenden implementar una reforma en la cual ellos y la élites de la institución sean los principales beneficiarios y por ende, en la que lleven la batuta, sin tomar en cuenta la participación de quienes conformamos la mayor parte de la Universidad en las escuelas y facultades.
El hecho de que la reforma haya sido anunciada de manera muy general, aun cuando las comisiones del Consejo Universitario ya han avanzado en una propuesta de modificación a distintos reglamentos del Estatuto General de la UNAM, tiene en realidad un trasfondo político. Narro es consciente de la grave crisis social por la que atraviesa México, así como del deterioro de los niveles de vida de los estudiantes y la clase trabajadora en general, y no pretende que su reforma sea motivo de mayor inestabilidad política en el país. Es por ello que está siendo muy cauto en los tiempos políticos para anunciarla y someterla a discusión.
A pesar de que por el momento su reforma no contempla el incremento de cuotas o la supresión al Pase Automático -puntos de la agenda que los burócratas siempre han querido llevar adelante-, lo cierto es que en medio de la crisis mundial capitalista más grande de la historia la elitización de la educación superior se ha vuelto una necesidad para la burguesía mexicana y para el gobierno. Aunque en su discurso Narro dice “defender” la educación pública y ser partidario de la equidad social, en los hechos no ha hecho nada significativo para fortalecer el carácter público de la UNAM; prueba de ello es que en lugar de luchar por la ampliación de la oferta educativa y del presupuesto universitario ha sido promotor de los programas de educación a distancia que en nada resuelven la crecientes cifras de aspirantes rechazados de la UNAM.
Mejores condiciones laborales para mejores profesores.
El rector ha anunciado principalmente dos líneas de la reforma: la referente a la modificación del Estatuto del Personal Académico (EPA) y la representatividad de los órganos de gobierno. El primero de ellos, en palabras del propio rector, está encaminado a “flexibilizar el trabajo académico”. Lamentablemente por ello se pueden entender mil cosas distintas. Desde la disminución de la carga laboral para los profesores sin reducción de salarios, que de primer vistazo puede ser positivo, hasta la precarización del empleo de quienes tienen los tabuladores más bajos.
Según datos de la propia Universidad, está cuenta con 35,679 académicos (sin contar los de tiempo completo) de los cuales 27,733 son profesores de asignatura, ¡el 77.72%! Estos tienen un sueldo por hora clase, que varía entre los 249.5 o 283.55 pesos dependiendo del nivel al que pertenezcan. Ello significa que más de la mitad de los profesores de la universidad se ven obligados a buscar impartir más materias para con ello obtener un sueldo que permita obtener lo mínimo ya no para vivir, sino para sobrevivir. No es descartable que ante este fenómeno el rector plantee la disminución de horas a los profesores con la intención de aumentar su desempeño frente a grupo, sin embargo, hay que ser muy recelosos con este tipo argumento. Es verdad que la descarga de trabajo aumentara el desempeño pero ésta baja de trabajo no tiene que ser acompañada con disminuciones salariales, cierre de grupos y depreciación de la matricula, todo lo contrario. Exigimos un aumento salarial ante la terrible crisis que atravesamos y para cubrir la demanda, reclamamos la contratación de nuevos profesores.
Aunado a esto, varios profesores trabajan sin base con sueldos de 70 pesos la hora, situación que precariza su trabajo y obliga a buscar empleos complementarios para cubrir los gastos mínimos del hogar. ¡Todo esto en la mejor Universidad de Latinoamérica! Lo anterior es muestra de las deplorables condiciones laborales que se viven dentro de la Universidad para la mayoría de sus trabajadores. En este contexto la flexibilización del trabajo académico sólo podrá transformarse en un empeoramiento de las condiciones laborales para los profesores, ello sin tomar en cuenta las repercusiones de la crisis económica sobre los sueldos, que han caído cerca del 50%.
Ante este panorama la única reforma seria, sólo puede ser aquella que contemple la mejora de las condiciones laborales a partir de una escala móvil de salarios con respecto a la inflación así como el respeto íntegro a los derechos laborales de los profesores. También, si se es verdaderamente consecuente con la búsqueda de la calidad académica, la reforma debe incluir la eliminación de los sobresueldos de la alta burocracia de la UNAM. Ejemplo de ello es el propio salario neto de Narro, es decir sin incluir estímulos ni otra clase de privilegios, el cual a principios del 2010 ya era de 142 mil pesos mensuales [1]. La eliminación de esta clase de sobresueldos y demás gastos inútiles ya por sí mismo liberaría recursos para dignificar en algo la labor docente del cuerpo académico de la Universidad.
Debemos rechazar tajantemente cualquier reforma que no tome en cuenta las voces de todos los académicos y que pretenda ser impuesta desde los órganos de gobierno ya que estos sólo funcionan como acatadores de los intereses de su clase, la burguesía, principal enemiga de la educación pública, democrática, científica y de calidad. Y toda reforma que sea organizada por estos órganos -en la medida que la comunidad no participe en ellos- tendrá el objetivo de poner la educación al servicio de los empresarios y banqueros.
Por una Universidad democrática
El segundo elemento que el rector ha señalado para la reforma universitaria contempla la representación de los órganos de gobierno. Sin duda éste puede ser un elemento progresista, siempre que esté encaminado a la democratización de la universidad y en consecuencia donde estos órganos sean fiel reflejo de la comunidad universitaria. Cualquier reforma que no contemple la democratización real de la universidad no puede sino ser vista con desconfianza por los universitarios, pues no será más que un intento de la burocracia por hacerse de mayores dividendos políticos a costa de la gran mayoría de universitarios.
El Consejo Universitario debe convertirse en el máximo órgano de gobierno de la Universidad, y donde cualquier otra estructura sea supeditada a este. En ese sentido la única medida consecuente sería la paridad en el Consejo Universitario donde trabajadores, profesores y estudiantes sean representados de igual manera. La misma situación debe desarrollarse a nivel local, siendo los Consejos Técnicos la máxima instancia de las Escuelas y Facultades aun por encima de los directores. Todos los puestos directivos deben ser votados democráticamente por los sectores de la universidad, para entonces sí poder hablar de órganos verdaderamente democráticos.
Trabajadores, estudiantes y profesores: La unidad hace la fuerza
Somos los estudiantes, trabajadores y profesores quienes conformamos a la UNAM ante ello debemos ser también nosotros quienes decidamos de forma democrática el rumbo de nuestra Universidad. Por años han sido la Rectoría, la Junta de Gobierno y el Patronato universitario quienes han decidido el porvenir del conjunto de la institución sin siquiera tomar en cuenta a la comunidad. La razón de ello es muy sencilla, ellos saben que nuestros intereses son distintos de los que ellos defienden.
Los trabajadores, profesores y estudiantes tenemos que enarbolar nuestras demandas de forma conjunta, apartándonos de la visión gremialista. Un ataque a cualquiera de los sectores de la UNAM se transformará tarde o temprano en ataques para el conjunto de la comunidad.
Desde el Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública (CEDEP) creemos que en esas demandas se debe incluir:
- Abolición de la Junta de Gobierno por no representar a ningún sector de la universidad.
- Elección directa del rector por la comunidad universitaria, así como de los directores.
- Paridad en el Consejo Universitario y en los Consejos Técnicos.
- Abolición del derecho de veto del rector.
- Desaparición del Tribunal Universitario
- Aumento salarial de emergencia para profesores de los niveles más bajos. Escala móvil de salarios
- Base a los profesores que aun no la tengan, así como derecho a la sindicalización y derechos laborales.
- Cafeterías y fotocopias subsidiadas administradas por los trabajadores
Los estudiantes, profesores y trabajadores somos realmente los únicos capaces de llevar a buen término el proceso de reforma de la universidad, siempre y cuando se dé en términos verdaderamente democráticos. Es nuestro deber no quedar al margen de este proceso porque sus consecuencias tendrán un alto impacto en la preservación de la universidad pública en el futuro. Llamamos a todos los estudiantes, trabajadores y académicos a luchar por una reforma verdaderamente democrática en la UNAM y a que esta se traduzca en un modelo de enseñanza que vele por los intereses de la clase trabajadora y de todos los sectores explotados del país.
¡Por la transformación democrática de la UNAM!
¡Unidos y organizados venceremos!
Notas:
1. La UNAM: salarios. Diaria Avanzada:
http://www.diarioavanzada.com.mx/noticia.php?id=22292
Conoce con mayor profundidad nuestro análisis sobre la problemática de la UNAM, así como la política que impulsamos en defensa de dicha institución y de la educación pública en su conjunto, leyendo nuestro documento La UNAM en la encrucijada.
