Bajo el sexenio en extinción de Felipe Calderón, no hubo ámbito alguno de las políticas públicas y de todo aquello relacionado con las condiciones de vida y de trabajo de las clases desheredadas que no se haya visto afectado negativamente: durante ese lapso el salario retrocedió al mismo tiempo que la precarización del empleo se desarrolló aún más y los derechos sindicales perdieron terreno; por su parte el campo profundizó su estancamiento, dejándose notar esta realidad bajo su rostro más desgarrador en la hambruna padecida por miles de indígenas raramuris de la sierra Tarahumara; además la política de desmantelamiento de IMSS y del ISSSTE no se modificó en un ápice, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera. En ese contexto la educación pública en todos sus niveles no podía dejar de ser blanco de los ataques exigidos por la burguesía: calidad, cobertura, contenidos, infraestructura, normalismo, condiciones de trabajo, derechos democráticos, formación docente, etcétera, todos estos y más rubros necesarios para un enseñanza a la altura de las expectativas y necesidades del proletariado y campesinado mexicanos fueron apabullados por la administración panistas saliente, misma que al mismo tiempo actuó como el mejor de los cómplices de Elba Esther para profundizar su control gansteril sobre el SNTE y fortalecer su poderío económico y político.

No obstante la culminación del espurio gobierno de Calderón lejos está de significar el fin de esta trágica historia, pues el regreso del PRI al poder con Peña Nieto al frente representa la continuidad de esas mismas políticas a la par de intentos de avanzar en ataques pendientes que los panistas ya no pudieron imponer; así ya lo anuncia la Carta Pastoral “EDUCAR para una nueva sociedad”, de la Conferencia del Episcopado Mexicano publicada el pasado 11 de septiembre y en la que en los hechos se demandan reformas constitucionales para aniquilar a la educación laica.

En la defensa de la educación pública el CNTE ha sido la vanguardia y al mismo tiempo ha pugnado por una educación al servicio del pueblo trabajador y contra la antidemocracia sindical, siendo así la imposición de Peña Nieto representará una serie de nuevos retos para el magisterio democrático. Muy probablemente, dada la enérgica respuesta de la CNTE cada que hay que defender sus derechos, el siguiente sexenio será el de intensas batallas entre un proyecto, el impulsado por el PRI, que pretende desarticular a la educación publica y otro que busca como objetivo la dignificación de esta en calidad y cantidad. Como parte y anticipo de esa lucha, el CNTE ha expuesto públicamente su respuesta a la sarta de mentiras de Calderón expuestas en su VI Informe de Gobierno, en la que el magisterio democrático describe una diagnostico objetivo que ilustra muy bien la encrucijada que hoy día padece la educación pública: o es rescatada por la clase trabajadora para su intereses o sucumbe ante los mezquinos planeas de la burguesía. Ese es el drama que vive el sistema educativo de nuestros país el cual, desde nuestro punto de vista sólo puede ser rescatado bajo la condición de que a la lucha del CNTE se una el conjunto de la clase trabajadora asumiendo un programa de clase en el que, por ejemplo, se llame a expropiar a los banqueros para poner todos esos recursos al servicio de la enseñanza en todos sus niveles y de otra clase de servicios públicos para beneficio de las familias pobres y trabajadoras. Como una modesta contribución a la lucha del CNTE, www.militante.com publica integro la respuesta del magisterio al IV Informe de Gobierno en lo relacionado a la educación pública.

Comité de redacción.

El sexenio del agravio educativo. Recuento del embate en contra de la educación pública.

¿Cuál es el balance de la política educativa al final del sexenio de Felipe Calderón?

La educación, así como la entrega de un país ensangrentado por la muerte de los más de 60 mil ciudadanos representan un agravio para todos los mexicanos. En su búsqueda por alcanzar la presidencia, las promesas educativas se enfocaron a ampliar las becas; poner en marcha un programa de escuelas seguras; impulsar la opción horarios extendidos en las escuelas; fortalecer la educación física y artística en las primarias; incrementar la cobertura, así como garantizar la calidad de la educación superior. De todo lo anterior, poco o nada logró y sólo se limitó a hacer acuerdos políticos con Gordillo y sus testaferros como pago de factura por el mapachismo que prohijó la asesina de maestros en 2006.

Los titulares de la SEP

Con FECAL, la titularidad de la SEP experimentó tres cambios en el periodo. Un examen de las trayectorias de los diferentes nombramientos realizados por el Ejecutivo Federal, nos muestra que ninguno de los funcionarios designados estaba vinculado con el sector y menos contaba con el conocimiento experto. En cambio, sí conocemos las razones políticas para nombrar a personajes como Josefina Vázquez Mota quien fue relevada de su cargo en abril de 2009, cuando estaban en marcha cambios importantes en el nivel medio superior y se definían campos de conflicto con los maestros del país por la imposición de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Posteriormente, Alonso Lujambio, panista de bajo perfil y finalmente José Córdoba Villalobos quien deja un sector entregado completamente a las políticas educativas impuestas por los organismos financieros internacionales en medio de la resistencia de miles de trabajadores de la educación.

La política educativa

Con el calderonato se consolida un modelo educativo acorde a los intereses de las oligarquías y empresas transnacionales en base a las propuestas de los organismos internacionales como el FMI, BM, OCDE, que responde al mercado laboral y las demandas empresariales, para seguir sosteniendo la dominación y explotación capitalista. El enfoque por competencias fomenta la formación de sujetos acríticos, ajenos a su realidad histórica, desvinculados de la necesidades sociales, individualistas, egoístas, pragmáticos e insensibles a la historia, la cultura y la política.

Con la imposición de las reformas educativas neoliberales se avanzó hacia la privatización, la intromisión de la iniciativa privada en las definiciones educativas, así como en la flexibilización laboral, la desaparición de las plazas de base. Se modificaron planes y programas, libros de texto y se impuso la cartilla única de evaluación, que sustituyen las boletas de calificaciones anuales. Todo ello, sin la consulta y aceptación de los más de un millón de trabajadores de la educación.

La Alianza para la Calidad Educativa (ACE) fue producto de la mancuerna entre el gobierno federal y la cúpula charra del SNTE y no resultado del diálogo con diversos actores.

Investigadores educativos, maestros de base de todos los niveles educativos, mantuvimos una posición crítica hacia la ACE que se expresó en diversos documentos signados por Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAV, la UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional y desde luego la Coordinadora Nacional de Trabajadores de La Educación; pero también realizamos movilizaciones, paros de labores y en la lucha frontal día a día en cada centro de trabajo.

Nunca hubo “avances ni grandes transformaciones” en el sistema educativo nacional, prevaleció un profundo desconocimiento de realidad pedagógica que se vive en el aula y de las prácticas docentes. Prevalecieron viejos intereses políticos que obstaculizan una reforma integral profunda que responda a las necesidades de mejoramiento académico.

El normalismo

Hoy en esa incesante campaña de desprestigio de la profesión magisterial enarbolada desde el gobierno mismo e impulsada por los grandes consorcios de comunicación y sectores empresariales, con la complicidad de la cúpula sindical charra, se han venido implementando acciones en contra del magisterio, una de ellas es la denominada Reforma de la Educación Normal, que plantea fundamentalmente: “Reducir significativamente la matrícula” y ―aumentar a cinco años las licenciaturas en educación primaria y preescolar”.

La reducción de la matrícula de las escuelas normales se ha venido realizando desde el año 2000, en doce años de gobiernos panistas la matrícula disminuyó un 35% que representan 70 mil estudiantes menos y el número de escuelas en un 30%, es decir de 650 planteles que había en el año 2000, para el año escolar 2012-2013, se pretende tener sólo 300 escuelas normales en todo el país.

Los problemas de las escuelas normales, y en especial las rurales, tuvieron como respuesta la represión física y el asesinato. Los estudiantes normalistas demandaban el pago de becas, aumento de presupuesto para el mantenimiento de los edificios escolares y el aumento de la matrícula. Exigimos el castigo a los responsables de la represión de las normales de Ayotzinapa, Gro. Y la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, de Canatlán, Durango.

El enfoque curricular.

En educación básica, con el plan 2011 se consolida el enfoque de la educación basada en competencias se modifican planes y programas, los libros de texto y se impone la cartilla única de evaluación, que sustituyen las boletas de calificaciones anuales. Todo ello, sin la consulta y aceptación de los más de un millón de trabajadores de la educación.

Fernando González en la Subsecretaría de Educación Básica, yerno de Gordillo Morales, tuvo el espaldarazo para conformar equipos, dispuso de cuantiosos recursos presupuestarios e interactuó directamente con las secretarías de educación de las entidades federativas. Puso en marcha la denominada Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) que también fue objeto de cuestionamientos serios por el DIE-CINVESTAV y otros analistas educativos. Se criticó, la improvisación de la reforma curricular centrada en un modelo educativo basado en competencias, la saturación de contenidos y la intención de articular artificialmente los tres niveles de la educación básica.

Asimismo, se ignoró el movimiento de rechazo generado por la imposición de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) que impone el modelo de educación en competencias y desaparece las asignaturas del área de humanidades (filosofía, ética, estética, lógica, entre otras).

Respecto a la cobertura en el nivel medio superior prevé lograrla, en sus diversas modalidades en el país, hasta el ciclo escolar 2021-2022 y mientras tanto miles de jóvenes quedan excluidos del nivel al incrementarse año con año el número de no aceptados.

Los números del sexenio

En el tema de reducción de las brechas sociales, una deuda que sigue pendiente es la atención a la población en edad escolar excluida del sistema. Para el 2008, el INEE reportaba un total de 3, 641,861 millones de niños y jóvenes fuera de la escuela (457,557 en preescolar; 232,156 en primaria; 572,734 en secundaria y 2,379,414 en media superior); son niños y jóvenes que pertenecen a los sectores sociales más pobres.

El Censo de 2010 señala que están fuera de la escuela 2.9 millones de niños en edad de cursar el preescolar y actualmente el porcentaje de atención para los niños de tres años es de 46%. En el año que debió cumplirse la universalización, la autoridad educativa señaló que no se revisaría la ley, aunque reconoció que: No hay recursos suficientes para hacernos cargo de todo al mismo tiempo y la obligatoriedad ha crecido de manera gradual, particularmente en primero de preescolar; en segundo y tercero cada día se mejora (Reforma. 01/12/2010).

La cobertura nacional en secundaria es de 97%, aunque algunas entidades como Campeche, Chiapas, Puebla o Quintana Roo tienen una cobertura del 90%. Sin embargo, el problema de deserción crece día a día debido a que millones de niños dejan las escuelas para incorporarse al mercado laboral.

Hay 6.4 millones de jóvenes, de 15 a 19 años de edad, que pueden acceder a la Educación Media Superior pero que año con año son excluidos de ese derecho por el examen de selección al que son sometidos; mientras que 16 millones de jóvenes de 20 a 29 años no tienen oportunidad de ingresar a la Educación Superior

La cobertura de atención en estudios de educación superior (licenciatura y posgrado) es sólo del 27 % del total de aspirantes. (Roberto Rodríguez El Censo 2010 y la cobertura de la educación superior Campus Milenio. No. 417. Marzo 17, 2011).

Existen 3 millones de alumnos de preescolar y primaria en escuelas multigrado que son atendidos en las en las modalidades: comunitaria, indígena y generales del medio rural.

En nuestro país, la exclusión escolar de 2.3 millones de niños de 5 a 14 años, ahora se suman 1.2 millones de niños, de tres y cuatro años de edad.

Y, cerca de cuatrocientos mil niños hablantes de lenguas indígenas que no reciben educación preescolar y primaria en lengua materna.

Estamos ante una inequitativa y desigual atención educativa entre los distintos grupos sociales y, desde luego, ante el incumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos.

Marco legal

En el marco legal, se hicieron diversas modificaciones a la Ley General de Educación, pero con la última jornada de lucha de la CNTE se legró detener en el Senado la iniciativa de reforma de los artículos 13, 14 y 20 que dan la estocada final a este proceso punitivo en contra de los trabajadores ya que “legalizan” el proceso de certificación docente al elevar a rango constitucional el Sistema de Evaluación universal. Pero, por otra parte, se imponen acuerdos presidenciales como el que legalizan las reformas educativas y la evaluación.

Por otra parte, la aplicación de Examen de Evaluación Universal para los maestros del nivel de primaria fue un fracaso debido a la contundencia del movimiento de miles de maestros democráticos en todo el país y anunciamos que detendremos el que está anunciado para imponerse en junio de 2013 a los maestros del nivel de secundaria.

En el gobierno de FECAL se intensificaron los procesos de evaluación, por lo que se mantuvieron los exámenes de ENLACE,PISA, EXCALI, etc, como unidad de medida nacional como la unidad de medida nacional para clasificar a estudiantes, maestros y escuelas de primera, segunda o quinta categoría, y que la iniciativa privada aprovechó para lanzar un linchamiento mediático en contra de los mentores.

Precarización laboral

Con la ACE se impuso la reforma laboral por la vía de los hechos para los trabajadores de la educación.

En el Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, el gobierno entreguista de FECAL impuso el Examen Nacional de Habilidades Docentes para el ingreso y asignación del plazas, eliminando el derecho de los egresados de la escuelas normales de ingresar al servicio activo con una plaza inicial; y en el caso de los maestros en servicio se vio afectada la seguridad en el empleo con el surgimiento del contratismo en las filas magisteriales.

Según los datos de la SEP en la quinta edición del examen nacional de plazas docentes participaron 134 mil 745 maestros, es decir, 96.4 por ciento de los 139 mil 786 mentores registrados. Los concursantes compitieron por uno de los 18 mil 71 puestos de base, por lo que 116 mil 674 docentes se quedarán en una de las siguientes condiciones: sin regularizar su situación laboral, sin un empleo, o sin lograr una doble plaza.

Estos resultados tienen una vigencia del 2012-2013 al 31 de mayo de 2013, y serán inapelables. Además, en esta quinta edición se incrementó de 110 a 120 el número de reactivos –100 válidos para calificar– y se aplicaron 24 diferentes tipos de examen.

Además, se ha anunciado que para la sexta edición del examen en 2013 se prevé no otorgar las basificaciones sino hasta después de una observación de seis meses del desempeño profesional del docente y que podría establecerse como un requisito la presentación del portafolio para los egresados de las normales, esto es que se crean periodos de inducción y prueba.

Los exámenes estandarizados son un agravio para la diversidad económica, cultural y social de nuestro país porque profundizó la desigualdad de escuelas, de alumnos y de maestros.

Con lo anterior se confirma que cada día aumentan los obstáculos para impedir que los mexicanos accedan a un trabajo digno y remunerado, por eso, las estadísticas oficiales que en México existen casi 4 millones de profesionistas titulados que no tienen una fuente de empleo, pues la política patronal desea pagar menos en todos los trabajos y no garantizarles a los asalariados el derecho al servicio médico y muchos menos a la pensión y la jubilación, entre otras prestaciones.

El charrismo sindical del SNTE ha sido cómplice en la pérdida de los derechos de los trabajadores de la educación y sólo nos queda el camino de la lucha para defender nuestras conquistas que el gran capital nos está arrebatando.

El financiamiento

En materia de financiamiento, este sexenio condonó el pago de impuestos a los padres de familia que decidieran inscribir a sus hijos en las escuelas particulares. Además, con la consolidación de los Consejos de Participación Escolar, se delega a la gestión de la escuela las formas de allegarse de recursos propios para atender las necesidades que van desde la reparación de sanitarios, mantenimiento del inmueble, hasta la dotación de material didáctico para los maestros y el pago de “ciertos” cursos de actualización que la propia comunidad docente considere.

Con el calderonato, el Estado Mexicano nuevamente evadió su responsabilidad de darle el carácter de gratuidad a la educación pública básica. En el nivel medio superior y superior, se redujo drásticamente el presupuesto por lo que muchas investigaciones quedaron paradas, además de que también se mantienen en buena parte de las cuotas que se cobran a los alumnos.

Durante muchos lustros el Estado ha abandonado sus obligaciones en el mantenimiento y reparación de la infraestructura escolar y ha reducido al mínimo la construcción de nuevos espacios educativos. Desde entonces han sido las familias quienes han venido haciendo aportaciones para suplir, al menos en parte, las omisiones e insuficiencias del gasto educativo en inversión por medio de cuotas obligatorias que, con un carácter simulado de voluntarias, les han impuesto en forma creciente y en proporción regresiva a sus ingresos, para la construcción, mejoramiento y operación de las escuelas públicas a las que asisten sus hijos y la que atenta contra el principio de gratuidad a la que constitucionalmente está obligado el Estado, en toda la educación que imparte.

Si se analiza con más detalle el gasto educativo en México, se concluye que en el nivel de educación primaria sólo el 1% se dedica al gasto de capital, cuando el promedio de la OCDE es de 7.4%; en el nivel de educación media, el gasto es de 3.2%, cuando el promedio de la OCDE es de 7.4%; y en el nivel de la educación terciaria o superior es de 4.8%, cuando el promedio de la OCDE es de 9.3% (OCDE, 2010b).

En este mismo informe se señala que México tiene un sistema fiscal abrumadoramente ineficiente que, con impuestos y tasas similares a los de muchos países avanzados, no capta en proporción ni la mitad de lo que debería.

Sus problemas centrales son: a) una fuerte evasión fiscal en diversos impuestos, b) una elevadísima elusión (evasión legal) en el pago del ISR por parte de grandes empresas y personas de muy altos ingresos, y c) una progresividad deficiente e insuficiente para captar con equidad el ISR en una estructura de enorme concentración del ingreso y la riqueza.

Y en contrasentido se dieron todas las facilidades para que los corporativos empresariales continuaran con la evasión fiscal a partir de seudoprogramas de apoyo a la educación. Felipe Calderón continuó allanando el camino para la privatización de la educación en el país.

Nuevas tecnologías

Los casos de Enciclomedia y el de Habilidades Digitales para Todos (HDT) fueron un total fraude y un robo para todos los mexicanos.

Desde la administración de Vicente Fox, se denunciaron las múltiples irregularidades atribuidas al programa Enciclomedia, por la firma de contratos multianuales con corporativos transnacionales y que comprometieron recursos y extendieron su vigencia hasta el actual sexenio. Aunque la Auditoria Superior de la Federación documentó las deficiencias de su funcionamiento, las anomalías en la distribución del presupuesto, las irregularidades en la entrega y manejo de los equipos, así como la ausencia de indicadores de evaluación de esos programas se mantuvieron a costa del erario público.

La Coordinadora se fijó como estrategia de lucha la democratización del sindicato; por ello, promueve la discusión y la toma de decisiones desde los centros de trabajo y las asambleas regionales, estatales y nacionales; construye instancias representativas fuera de los estatutos verticales del SNTE y lucha por ganar la representación sindical de los trabajadores en la estructura estatuaria. Lucha por democratizar la educación fomentando la crítica y el análisis de las políticas gubernamentales, así como la elaboración de alternativas educativas. Lucha por democratizar el país participando en la más amplia convergencia con otros sectores de trabajadores y en lo cotidiano contra los estragos de la explotación y la antidemocracia.

Los maestros democráticos luchamos por mayor presupuesto, por materiales educativos, apoyos económicos y asistenciales, como desayunos y transportes escolares, becas y despensas alimenticias, útiles y uniformes, por mobiliario, construcción y mantenimiento de edificios escolares, y por crear centros de desarrollo infantil, social, cultural y ocupacional, internados, albergues escolares, centros culturales y recreativos, casa de estudiantes y bibliotecas.

La Coordinadora se fortalece como un espacio de resistencia y lucha en el cual se construyen saberes vinculados a su experiencia sumadas a las de otros movimientos sociales; toma en sus manos la formación de sus miembros y la educación de los hijos de las familias que acuden a las escuelas públicas; consolida su autonomía frente al Estado, los grupos financieros, los partidos políticos y las iglesias y acrecienta su capacidad crítica a la par de los intelectuales comprometidos y el saber académico.

La CNTE es un movimiento social fundamental en el contexto nacional, no sólo por su experiencia acumulada en 32 años, sino en la lucha por construir un nuevo proyecto educativo que coadyuve a erigir una sociedad basada en los principios democráticos y socialistas, que de origen a una nueva patria. Por eso, anunciamos la celebración de nuestro Congreso Nacional donde a partir de la discusión de nuestros delegados, tracemos las acciones que emprenderemos para hacer frente al embate de priato. Los trabajadores unidos y organizados somos una fuerza poderosa que derrocará al gobierno neoliberal, que hará prevalecer el sentido de soberanía nacional y el espíritu de desarrollo integral de la nación plasmado en el constituyente de 1917. Nuestra incansable lucha es por fortalecer el derecho a una educación pública gratuita, laica, científica e integral, así como nuestros derechos laborales, profesionales y de seguridad social.

¡En defensa de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria!

¡En defensa de las escuelas normales del país!

¡Por la defensa del salario y el empleo!

¡En defensa de la seguridad social para todos los trabajadores ¡

¡Unidos y organizados venceremos!

Comisión de Educación

Dirección Política Nacional

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación