Antecedentes
En el año 2005, aumentaron la tarifa al transporte público de $3.50 a $4.00 pesos; como regalo del término de la gestión de Melquíades Morales Flores y como un ataque más a los bolsillos de la clase trabajadora y la juventud. Por su puesto entonces los estudiantes nos movilizamos contra el ataque de este gobierno, que se caracterizó por ser enemigo de los intereses de los trabajadores atacando sus sindicatos democráticos, las condiciones de vida y laborales de la población. Entonces el ambiente fue combativo y dentro de las demandas juveniles estaban las de: descuento de 50% a estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferenciadas (que no estaban contempladas en este rubro).
En esta ocasión el ataque proviene del gobierno sucesor del mismo partido; Mario Marín Torres el ya famosísimo “Gober Precioso”; en esta ocasión nuevamente se incrementa el costo a la tarifa del transporte público, este incremento fue dado a conocer al gobierno del estado sorpresivamente el jueves 28 de febrero, por las organizaciones transportistas, y no fue si no hasta el viernes 29 de febrero, que el Poder Ejecutivo local, a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo Gutiérrez, validó públicamente la nueva tarifa; misma que comenzó a aplicarse sin previo aviso el Lunes 3 de marzo 3 días después de haberse presentado. Esto no es más que un cobro de facturas por el apoyo que brindó el pulpo camionero en las pasadas elecciones del mes de Diciembre.
Aunque el secretario de gobernación asegura que el aumento viene a ser, justo; luego de tres años, un incremento que se ajusta al costo que tienen ahora las llantas, las refacciones, la gasolina y el propio diesel. Asegura además haber realizado un estudio exhaustivo de los costos de mantenimiento, justificando con esto el alza.
La mañana del Lunes 3 de marzo la sociedad poblana amaneció con la noticia de un aumento a la tarifa del transporte público de $5.00 pesos camiones y $4.50 combis; provocando críticas fuertes a través de noticiarios radiofónicos locales contra el gobierno marinista es que en el análisis sobre la viabilidad del alza al transporte público no se informó y mucho menos se consideró el punto de vista de los usuarios. Tomando únicamente como primicia las “recomendaciones de los concesionarios”.
El aumento al precio del transporte sin duda perjudica a la mayoría de la población trabajadora, los únicos beneficiados son el pequeño grupo de concesionarios, dueños de los microbuses, incluidos entre ellos Enrique Doger (es presidente municipal). Incluso la mayoría de los choferes no se han beneficiado del aumento pues trabajan para algún concesionario a cambio de entregar cierta cantidad de dinero diariamente. El servicio de transporte en Puebla cuenta con cientos de miles de trabajadores es un gran negocio al ser concesionado y monopolizado por la burguesía local; millones de pesos circulan diariamente por la capital poblana por concepto de pago de transporte a cambio de una severa explotación de la que son objeto los trabajadores de todas las rutas que dan servicio, a quienes la burguesía les ha negado las prestaciones laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo y los mantienen en condiciones laborales precarias.
¡No al articulo 86!
Recientemente los trabajadores del transporte colectivo realizaron un paro, mismo que la prensa burguesa calificó de “fiasco”, un “fracaso” y “cinismo de los transportistas”. La realidad es que los choferes fueron presionados, por parte de los concesionarios y el gobierno, a no participar para evitar la parálisis total de la ciudad de Puebla, y también líderes de la Coalición de Operadores Calificados Siglo XII AC prohibieron a los manifestantes lanzar consignas que denunciaran públicamente su situación laboral. Sobre el paro, datos oficiales de la comuna señalaron que sólo 60 mil usuarios del transporte público se quedaron sin servicio. Uno de los choferes señaló que próximamente se organizarán para lograr un paro total del transporte que paralice por completo la ciudad de Puebla. Dicha manifestación se realizó por la inconformidad de los choferes para pedir la derogación del artículo 86 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla que priva del derecho a fianza, exclusivamente a los choferes del transporte público y no pueden enfrentar en libertad procesos penales por casos de homicidio imprudencial. Con pancartas los obreros del volante manifestaban “no somos delincuentes”, “no somos asesinos, no al articulo 86”.
En el año 2005 una persona universitaria murió atropellada por una unidad de transporte colectivo, esta muerte fue causa de una movilización ciudadana que presionó a la LVI (Quincuagésima Sexta) Legislatura del Congreso local para legislar penas más severas a los choferes que accidentaran y mataran personas en la vía pública, de esta manera los 41 diputados votaron por unanimidad el artículo 86 del Código de la Defensa Social que les impide salir bajo fianza y además les condena a 40 años de prisión. Esta Ley se aplica exclusivamente a los operadores de vehículos de servicio público.
El servicio del transporte en manos de la burguesía es calificado como pésimo en la ciudad. Esto es verdad, y se debe a que a los dueños de las concesiones y unidades del servicio, como a toda la clase burguesa del mundo, sólo le importa el lucro y nada más. Lo único que les importa es que el chofer les entregue su cuenta, sin importarle que el chofer haya trabajado más de 16 horas. Invierten poco en el mantenimiento de las unidades y con frecuencia se descomponen las miles de unidades viejas que circulan por la ciudad.
“Nadie sale a matar a nadie, nosotros solo salimos a trabajar”
“Nadie sale a matar a nadie, nosotros venimos a trabajar a ganar un poco de dinero” señaló un chofer. Los trabajadores de colectivos son sometidos a una gran explotación, quienes trabajan todo el día lo hacen con un horario desde las cinco de la mañana hasta después de las diez de la noche y se les exige el pago de una cuenta que va de los 700, 800 o más de mil pesos por jornada, según la demanda de pasajeros de la ruta; el pago del combustible de gas de más de 500 pesos; además del pago de unos 50 pesos por jornada a checadores de ruta que son los trabajadores que les dan la salida en ruta desde las bases, y lo que les quede es su ingreso del día. Los choferes y checadores del transporte público carecen de contrato de trabajo, salario digno, día de descanso pagado, derecho a vacaciones, inscripción al Seguro Social, servicio de Infonavit, vacaciones, aguinaldo de acuerdo a la ley, reparto de utilidades, derecho a antigüedad y jubilación, etc. debido a que los concesionarios del transporte público han desconocido la ley Federal del Trabajo. En algunos casos, cuando los choferes se accidentan o atropellan personas son abandonados a su suerte por sus patrones quienes los someten a la más completa indefensión laboral y de previsión social.
Los operadores de transporte colectivo, especialmente los de microbuses son objeto de escarnio, se les mira como bestias del volante por la forma en cómo conducen las unidades del servicio, la ciudadanía no puede entender su conducta: arrancones sin sentido; se estacionan en los cruceros y esperan el cambio hasta dos semáforos; paran en lugares que no están autorizados; aumentan la velocidad para “corretear” a otra unidad; no hacen parada donde los usuarios se la piden; arrancan antes de que el pasajero aborde bien; se quedan con el cambio de billetes; se pasan los altos de los semáforos; dan mordida a los agentes de tránsito que va desde los 50 hasta los 600 pesos según la falta. La explicación, está en la lógica de la explotación y presión de la que son objeto. En primer lugar, tienen que enrolarse en una base entre 5 y 6 de la mañana, después de dormir entre cuatro y cinco horas. Tienen que esperar a que se les de su minuto de salida en la base y se les da un tiempo suficiente para que lleguen en un minuto determinado para checar tarjeta con reloj en un intermedio o bien en la base del otro extremo del derrotero; si no “checan” en el tiempo indicado son castigados económicamente, pagan de entre diez y veinte pesos por minuto de retraso. La situación se torna difícil cuando hay accidentes viales y en estos casos llegan a pagar hasta más de cien pesos por el retraso. Otro caso es cuando la unidad que salió delante de ellos se queda levantando pasajeros que corresponden a su tiempo, es decir se queda con sus pasajeros, lo que provoca la ira del chofer y le da una correteada que ya no le importan los pasajeros sino el desquitar su coraje y luego han aumentado la velocidad a tal grado que tienen que hacer tiempo y estacionarse por ahí, con todo y pasajeros para que no lleguen antes de tiempo a checar a los intermedios porque si eso pasa también los castigan.
Los trabajadores del volante son sometidos a un reglamento interno que establece la ruta, en él se contemplan las reglas que deben seguir chofer y checadores, de no llevarlas a cabo se les castiga a ambos, con días sin trabajar (sin ganar un sólo peso) que van desde tres días, una semana, dos meses o la suspensión definitiva, al amparo o trabajo lento de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Para que la explotación de los chóferes y la arbitrariedad que estos cometen por las presiones a las que están regidos se frenen es necesario terminar con las concesiones particulares del transporte de pasajeros y el Estado es el que se tienen que hacer cargo del transporte público de la ciudad y del país entero. Lógicamente que esto no entra en la lógica de los gobiernos ni local y federal, ya que su prioridad es dar concesiones de todo para que sus amigos se enriquezcan.
Puebla: El cuarto estado más pobre del país.
Recientemente se dieron a conocer los datos estadísticos realizados por la CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; dio a conocer la evaluación externa 2006-2007 de 85 programas de desarrollo social. Señalando que Puebla ocupa el cuarto lugar, en la lista de estados con mayor pobreza del país. Ya que 4 municipios del estado están dentro de la lista de los 100 más marginados del país. Siendo Eloxocjitlán ocupa el No. 31, Coyomeapan el No. 65, Zoquitlán el 75 y San Sebastián Tlacoltepec el No. 86, considerados de “muy alta marginación”.
Este estudio considera haber localizado tres tipos de pobreza a nivel nacional encontrando en Puebla lo siguiente: La pobreza alimentaria (26.7%) que considera la capacidad de obtener la canasta básica, misma que costo de la canasta básica se incrementó 50 por ciento y los alimentos 55 por ciento, mientras el poder adquisitivo del salario, pese al aumento de 4 puntos, ha ido a la baja en 38 por ciento. Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Pobreza de Capacidades (35.3%) que mide la capacidad de adquirir canasta básica y efectuar gastos necesarios en salud y educación; y la Pobreza de Patrimonio (59.0%) que considera la capacidad de adquirir la canasta básica alimentaria además de gastos necesarios como Salud, Vestido, Vivienda, transporte y educación. Considerando que el total de los ingresos sea utilizado exclusivamente en estos bienes y servicios.
Que significa lo anterior que 1,426,555 poblanos no pueden comprar alimentos; 1,899,948 no pueden solventar educación y salud; y que 3,174,228 personas tienen ingresos insuficientes para alimentación, salud, vivienda, vestido, transporte y educación. Tomando como referencia el último censo del 2005 el 15% del total de la población ( 5,383,133) es analfabeta todos ellos mayores de 15 años de edad. El 6.7% entre 6 y 14 años no asiste a la escuela, el 53.5% de mayores de 15 años, cuentan con educación básica completa. El 44.4% de los hogares del estado tienen secundaria aprobada. Consistiendo todos estos datos en cifras gubernamentales.
¡No al Alza a la tarifa del transporte público!
Después del alza sorpresiva a la tarifa del transporte público el lunes 3 de marzo, se echó a andar un operativo por parte de la SCT que detienen al transporte público donde lo abordan y cuestionan a los pasajeros sobre el cobro de la nueva cuóta, ya que “de no estarse respetando la nueva tarífa” se sancionará al chofer con la retención de la unidad o en “caso de recibir malos tratos por parte del chofer, habrán de quejarse a un número telefónico que proporcionan y el concesionario castigará al conductor”. Agudizando con esto las condiciones laborales ha las que están expuestos los trabajadores del volante.
El gobierno del “Precioso” apoyó abiertamente a los empresarios del volante, sin importarle que saliera perjudicado el conjunto de los trabajadores y sin siquiera considerar a la población. Este es el papel del Estado en el sistema capitalista, aunque aparentemente se gobierna para todos por igual, en ultima instancia se defiende los intereses de la clase capitalista, la dueña de los medios de producción, en este caso la dueña del transporté público.
Esto no podía pasar desapercibido y el mismo día de inicio de la nueva cuota, estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAP, en gesto espontáneo de protesta cierran la avenida 31 poniente, una de las principales arterias de circulación de la ciudad. Punto al que acudieron inmediatamente policías de tránsito del estado para amedrentar a lo jóvenes estudiantes mismos que no se retiraron y que además anunciaron ante los medios de comunicación locales, una marcha a realizar al día siguiente. El día martes 4 de marzo ante los intentos del aparato de control de la universidad y porros enviados a reventar la asamblea informativa previa a la marcha que partiría de la Facultad de Medicina con rumbo a Casa Aguayo (casa de Gobierno), para hacer manifiesta la inconformidad por el aumento sorpresivo e injusto; la marcha salió alrededor de las 13:00 hrs, con poco más de 100 jóvenes y a su paso sumaron estudiantes, amas de casa y personas comunes. Dicha marcha provocó tráfico en el centro histórico de Puebla anunciando además una próxima manifestación, haciendo el llamado general a participar el viernes 7 de marzo a las 12:30 partiendo de Ciudad Universitaria, misma que fue cubierta por los medios locales; que cuestionaron al secretario de gobernación; Mario Alberto Montero Serrano, cual sería la postura del gobierno del estado frente a la inconformidad social originada en el aumento del pasaje. Respondiendo este: “Queremos dejarlo muy bien claro: No fue la intención del gobierno provocar un problema social, una actitud de manifestación de alguien. Yo creo que es un aumento que, efectivamente, viene a ser, luego de tres años, un incremento que se ajusta al costo que tienen ahora las llantas, las refacciones, la gasolina y el propio diesel que, ustedes saben, ha aumentado y está aumentando constantemente, por lo tanto es justo; señaló además que “No se tolerarán manifestaciones ni acciones que, por supuesto, lo decimos desde ahora, que el gobierno no aceptaría porque antes que nada está el orden y el respeto”. Descartó también la posibilidad de que se pueda conceder un descuento especial para los estudiantes en el costo del pasaje.
Histórico viernes 7 de Marzo
Llegado el viernes 7 de marzo parte el contingente de manifestantes de ciudad universitaria, en una ya histórica movilización de alrededor de 5 mil estudiantes que marcharon llevando la consigna de “No al alza del transporte público”, “Ya cayó, ya cayó, la tarifa ya cayó”, “El pueblo unido jamás será vencido”, “el estudiante y el pueblo conciente se une al contingente”, sumando a su paso a personas comunes que caminaban por el lugar, al pasar frente al ISSSTEP las consignas fueron “Va a caer, va a caer la ley del issste va a caer” al llegar a la intersección del boulevard 5 de Mayo y 31 poniente un contingente de alrededor de 250 estudiantes universitarios del área de la salud (Medicina, Estomatología, Biomedicina y enfermería) y estudiantes de la preparatoria 2 de Octubre que partieron de dicha facultad, se sumaron a la manifestación que eufórica gritaba “Marín – Agüera, la misma chingadera”, la marcha transcurrió por el boulevard 5 de mayo sumando a estudiantes que esas horas salían de clase del CENHCH, subiendo por la 7 poniente para llegar al Congreso del Estado, donde una comisión negociadora hace entrega del pliego petitorio que incluye: 50% descuento a tarifa del transporte público a estudiantes, no al alza (mantener en $4.00) para usuarios generales, no cobro a 3ª. Edad ni personas con discapacidades, mejores condiciones laborales para trabajadores del transporte colectivo. La marcha continuó hasta llegar a un costado del edificio carolino donde se encuentra la rectoría universitaria donde la una comisión entrega el pliego petitorio que consiste en: solicitar al consejo universitario pronunciarse en contra del alza a la tarifa del transporte público, no al aumento al sistema de transporte universitario STU (mantener en $3.00), no al cobro de credenciales, cese de represión contra estudiantes que participan en activismo político a lo interior de la universidad; posteriormente la marcha se dirigió a casa Aguayo donde los estudiantes fueron recibidos por una comisión negociadora que argumentó haber realizado un estudio sobre la justificación del alza e instó a los universitarios a entregar un estudio sobre el por que no es factible dicho aumento. A dicha respuesta los estudiantes se pronunciaron continuar con las movilizaciones hasta obtener una respuesta satisfactoria al pliego petitorio. Al momento del cierre de este articulo, la comisión negociadora ha llamado a mantenerse al tanto de las negociaciones mismas que se realizarán siempre acompañada de manifestaciones. Es Obvio que el albazo en la aprobación de este aumento tiene como objetivo principal recibir las quejas y protestas apostando al desgaste que traerá las vacaciones de semana santa a los universitarios.
El problema del transporte público es complejo, no solo se trata de ver el precio de la tarifa, el estrés que sufren los obreros del volante provocado por la inhumanas jornadas laborales, la presión de entregar la cuenta al patrón y el trafico citadino, entre otras cuestiones provoca un transporte inseguro en donde los usuarios sufrimos las consecuencias, incluso con la vida misma.
Se debe convocar a una asamblea general universitaria y programar las siguientes movilizaciones. La consigna debe ser la de agitación por facultades, preparatorias, escuelas, mercados, centros de trabajo obrero, estaciones de transporte público y con los usuarios dentro del mismo.
El transporte público debe ser estatizado y puesto bajo el control democrático de los trabajadores, esto permitiría bajar el precio y otorgar un mejor servicio, pero además dar condiciones laborales dignas a los trabajadores del volante. Si además existiera una economía planificada bajo control obrero, podríamos de forma más sencilla rediseñar las rutas, construir transportes más rápidos y cómodos en donde tengamos que invertir menos dinero y tiempo, pero esto solo es posible luchando obreros y estudiantes por un sistema económico distinto, es decir luchando por el socialismo.
¡Por la estatificación del transporte público y bajo control de los trabajadores del volante!
¡Por la caída de Calderón, Mario Marín y Ulises Ruiz!
¡Contra la represión!
¡Por la Libertad de los Presos Políticos!
¡Por una federación socialista en América latina!
En esta ocasión el ataque proviene del gobierno sucesor del mismo partido; Mario Marín Torres el ya famosísimo “Gober Precioso”; en esta ocasión nuevamente se incrementa el costo a la tarifa del transporte público, este incremento fue dado a conocer al gobierno del estado sorpresivamente el jueves 28 de febrero, por las organizaciones transportistas, y no fue si no hasta el viernes 29 de febrero, que el Poder Ejecutivo local, a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo Gutiérrez, validó públicamente la nueva tarifa; misma que comenzó a aplicarse sin previo aviso el Lunes 3 de marzo 3 días después de haberse presentado. Esto no es más que un cobro de facturas por el apoyo que brindó el pulpo camionero en las pasadas elecciones del mes de Diciembre.
Aunque el secretario de gobernación asegura que el aumento viene a ser, justo; luego de tres años, un incremento que se ajusta al costo que tienen ahora las llantas, las refacciones, la gasolina y el propio diesel. Asegura además haber realizado un estudio exhaustivo de los costos de mantenimiento, justificando con esto el alza.
La mañana del Lunes 3 de marzo la sociedad poblana amaneció con la noticia de un aumento a la tarifa del transporte público de $5.00 pesos camiones y $4.50 combis; provocando críticas fuertes a través de noticiarios radiofónicos locales contra el gobierno marinista es que en el análisis sobre la viabilidad del alza al transporte público no se informó y mucho menos se consideró el punto de vista de los usuarios. Tomando únicamente como primicia las “recomendaciones de los concesionarios”.
El aumento al precio del transporte sin duda perjudica a la mayoría de la población trabajadora, los únicos beneficiados son el pequeño grupo de concesionarios, dueños de los microbuses, incluidos entre ellos Enrique Doger (es presidente municipal). Incluso la mayoría de los choferes no se han beneficiado del aumento pues trabajan para algún concesionario a cambio de entregar cierta cantidad de dinero diariamente. El servicio de transporte en Puebla cuenta con cientos de miles de trabajadores es un gran negocio al ser concesionado y monopolizado por la burguesía local; millones de pesos circulan diariamente por la capital poblana por concepto de pago de transporte a cambio de una severa explotación de la que son objeto los trabajadores de todas las rutas que dan servicio, a quienes la burguesía les ha negado las prestaciones laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo y los mantienen en condiciones laborales precarias.
¡No al articulo 86!
Recientemente los trabajadores del transporte colectivo realizaron un paro, mismo que la prensa burguesa calificó de “fiasco”, un “fracaso” y “cinismo de los transportistas”. La realidad es que los choferes fueron presionados, por parte de los concesionarios y el gobierno, a no participar para evitar la parálisis total de la ciudad de Puebla, y también líderes de la Coalición de Operadores Calificados Siglo XII AC prohibieron a los manifestantes lanzar consignas que denunciaran públicamente su situación laboral. Sobre el paro, datos oficiales de la comuna señalaron que sólo 60 mil usuarios del transporte público se quedaron sin servicio. Uno de los choferes señaló que próximamente se organizarán para lograr un paro total del transporte que paralice por completo la ciudad de Puebla. Dicha manifestación se realizó por la inconformidad de los choferes para pedir la derogación del artículo 86 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla que priva del derecho a fianza, exclusivamente a los choferes del transporte público y no pueden enfrentar en libertad procesos penales por casos de homicidio imprudencial. Con pancartas los obreros del volante manifestaban “no somos delincuentes”, “no somos asesinos, no al articulo 86”.
En el año 2005 una persona universitaria murió atropellada por una unidad de transporte colectivo, esta muerte fue causa de una movilización ciudadana que presionó a la LVI (Quincuagésima Sexta) Legislatura del Congreso local para legislar penas más severas a los choferes que accidentaran y mataran personas en la vía pública, de esta manera los 41 diputados votaron por unanimidad el artículo 86 del Código de la Defensa Social que les impide salir bajo fianza y además les condena a 40 años de prisión. Esta Ley se aplica exclusivamente a los operadores de vehículos de servicio público.
El servicio del transporte en manos de la burguesía es calificado como pésimo en la ciudad. Esto es verdad, y se debe a que a los dueños de las concesiones y unidades del servicio, como a toda la clase burguesa del mundo, sólo le importa el lucro y nada más. Lo único que les importa es que el chofer les entregue su cuenta, sin importarle que el chofer haya trabajado más de 16 horas. Invierten poco en el mantenimiento de las unidades y con frecuencia se descomponen las miles de unidades viejas que circulan por la ciudad.
“Nadie sale a matar a nadie, nosotros solo salimos a trabajar”
“Nadie sale a matar a nadie, nosotros venimos a trabajar a ganar un poco de dinero” señaló un chofer. Los trabajadores de colectivos son sometidos a una gran explotación, quienes trabajan todo el día lo hacen con un horario desde las cinco de la mañana hasta después de las diez de la noche y se les exige el pago de una cuenta que va de los 700, 800 o más de mil pesos por jornada, según la demanda de pasajeros de la ruta; el pago del combustible de gas de más de 500 pesos; además del pago de unos 50 pesos por jornada a checadores de ruta que son los trabajadores que les dan la salida en ruta desde las bases, y lo que les quede es su ingreso del día. Los choferes y checadores del transporte público carecen de contrato de trabajo, salario digno, día de descanso pagado, derecho a vacaciones, inscripción al Seguro Social, servicio de Infonavit, vacaciones, aguinaldo de acuerdo a la ley, reparto de utilidades, derecho a antigüedad y jubilación, etc. debido a que los concesionarios del transporte público han desconocido la ley Federal del Trabajo. En algunos casos, cuando los choferes se accidentan o atropellan personas son abandonados a su suerte por sus patrones quienes los someten a la más completa indefensión laboral y de previsión social.
Los operadores de transporte colectivo, especialmente los de microbuses son objeto de escarnio, se les mira como bestias del volante por la forma en cómo conducen las unidades del servicio, la ciudadanía no puede entender su conducta: arrancones sin sentido; se estacionan en los cruceros y esperan el cambio hasta dos semáforos; paran en lugares que no están autorizados; aumentan la velocidad para “corretear” a otra unidad; no hacen parada donde los usuarios se la piden; arrancan antes de que el pasajero aborde bien; se quedan con el cambio de billetes; se pasan los altos de los semáforos; dan mordida a los agentes de tránsito que va desde los 50 hasta los 600 pesos según la falta. La explicación, está en la lógica de la explotación y presión de la que son objeto. En primer lugar, tienen que enrolarse en una base entre 5 y 6 de la mañana, después de dormir entre cuatro y cinco horas. Tienen que esperar a que se les de su minuto de salida en la base y se les da un tiempo suficiente para que lleguen en un minuto determinado para checar tarjeta con reloj en un intermedio o bien en la base del otro extremo del derrotero; si no “checan” en el tiempo indicado son castigados económicamente, pagan de entre diez y veinte pesos por minuto de retraso. La situación se torna difícil cuando hay accidentes viales y en estos casos llegan a pagar hasta más de cien pesos por el retraso. Otro caso es cuando la unidad que salió delante de ellos se queda levantando pasajeros que corresponden a su tiempo, es decir se queda con sus pasajeros, lo que provoca la ira del chofer y le da una correteada que ya no le importan los pasajeros sino el desquitar su coraje y luego han aumentado la velocidad a tal grado que tienen que hacer tiempo y estacionarse por ahí, con todo y pasajeros para que no lleguen antes de tiempo a checar a los intermedios porque si eso pasa también los castigan.
Los trabajadores del volante son sometidos a un reglamento interno que establece la ruta, en él se contemplan las reglas que deben seguir chofer y checadores, de no llevarlas a cabo se les castiga a ambos, con días sin trabajar (sin ganar un sólo peso) que van desde tres días, una semana, dos meses o la suspensión definitiva, al amparo o trabajo lento de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Para que la explotación de los chóferes y la arbitrariedad que estos cometen por las presiones a las que están regidos se frenen es necesario terminar con las concesiones particulares del transporte de pasajeros y el Estado es el que se tienen que hacer cargo del transporte público de la ciudad y del país entero. Lógicamente que esto no entra en la lógica de los gobiernos ni local y federal, ya que su prioridad es dar concesiones de todo para que sus amigos se enriquezcan.
Puebla: El cuarto estado más pobre del país.
Recientemente se dieron a conocer los datos estadísticos realizados por la CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; dio a conocer la evaluación externa 2006-2007 de 85 programas de desarrollo social. Señalando que Puebla ocupa el cuarto lugar, en la lista de estados con mayor pobreza del país. Ya que 4 municipios del estado están dentro de la lista de los 100 más marginados del país. Siendo Eloxocjitlán ocupa el No. 31, Coyomeapan el No. 65, Zoquitlán el 75 y San Sebastián Tlacoltepec el No. 86, considerados de “muy alta marginación”.
Este estudio considera haber localizado tres tipos de pobreza a nivel nacional encontrando en Puebla lo siguiente: La pobreza alimentaria (26.7%) que considera la capacidad de obtener la canasta básica, misma que costo de la canasta básica se incrementó 50 por ciento y los alimentos 55 por ciento, mientras el poder adquisitivo del salario, pese al aumento de 4 puntos, ha ido a la baja en 38 por ciento. Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Pobreza de Capacidades (35.3%) que mide la capacidad de adquirir canasta básica y efectuar gastos necesarios en salud y educación; y la Pobreza de Patrimonio (59.0%) que considera la capacidad de adquirir la canasta básica alimentaria además de gastos necesarios como Salud, Vestido, Vivienda, transporte y educación. Considerando que el total de los ingresos sea utilizado exclusivamente en estos bienes y servicios.
Que significa lo anterior que 1,426,555 poblanos no pueden comprar alimentos; 1,899,948 no pueden solventar educación y salud; y que 3,174,228 personas tienen ingresos insuficientes para alimentación, salud, vivienda, vestido, transporte y educación. Tomando como referencia el último censo del 2005 el 15% del total de la población ( 5,383,133) es analfabeta todos ellos mayores de 15 años de edad. El 6.7% entre 6 y 14 años no asiste a la escuela, el 53.5% de mayores de 15 años, cuentan con educación básica completa. El 44.4% de los hogares del estado tienen secundaria aprobada. Consistiendo todos estos datos en cifras gubernamentales.
¡No al Alza a la tarifa del transporte público!
Después del alza sorpresiva a la tarifa del transporte público el lunes 3 de marzo, se echó a andar un operativo por parte de la SCT que detienen al transporte público donde lo abordan y cuestionan a los pasajeros sobre el cobro de la nueva cuóta, ya que “de no estarse respetando la nueva tarífa” se sancionará al chofer con la retención de la unidad o en “caso de recibir malos tratos por parte del chofer, habrán de quejarse a un número telefónico que proporcionan y el concesionario castigará al conductor”. Agudizando con esto las condiciones laborales ha las que están expuestos los trabajadores del volante.
El gobierno del “Precioso” apoyó abiertamente a los empresarios del volante, sin importarle que saliera perjudicado el conjunto de los trabajadores y sin siquiera considerar a la población. Este es el papel del Estado en el sistema capitalista, aunque aparentemente se gobierna para todos por igual, en ultima instancia se defiende los intereses de la clase capitalista, la dueña de los medios de producción, en este caso la dueña del transporté público.
Esto no podía pasar desapercibido y el mismo día de inicio de la nueva cuota, estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAP, en gesto espontáneo de protesta cierran la avenida 31 poniente, una de las principales arterias de circulación de la ciudad. Punto al que acudieron inmediatamente policías de tránsito del estado para amedrentar a lo jóvenes estudiantes mismos que no se retiraron y que además anunciaron ante los medios de comunicación locales, una marcha a realizar al día siguiente. El día martes 4 de marzo ante los intentos del aparato de control de la universidad y porros enviados a reventar la asamblea informativa previa a la marcha que partiría de la Facultad de Medicina con rumbo a Casa Aguayo (casa de Gobierno), para hacer manifiesta la inconformidad por el aumento sorpresivo e injusto; la marcha salió alrededor de las 13:00 hrs, con poco más de 100 jóvenes y a su paso sumaron estudiantes, amas de casa y personas comunes. Dicha marcha provocó tráfico en el centro histórico de Puebla anunciando además una próxima manifestación, haciendo el llamado general a participar el viernes 7 de marzo a las 12:30 partiendo de Ciudad Universitaria, misma que fue cubierta por los medios locales; que cuestionaron al secretario de gobernación; Mario Alberto Montero Serrano, cual sería la postura del gobierno del estado frente a la inconformidad social originada en el aumento del pasaje. Respondiendo este: “Queremos dejarlo muy bien claro: No fue la intención del gobierno provocar un problema social, una actitud de manifestación de alguien. Yo creo que es un aumento que, efectivamente, viene a ser, luego de tres años, un incremento que se ajusta al costo que tienen ahora las llantas, las refacciones, la gasolina y el propio diesel que, ustedes saben, ha aumentado y está aumentando constantemente, por lo tanto es justo; señaló además que “No se tolerarán manifestaciones ni acciones que, por supuesto, lo decimos desde ahora, que el gobierno no aceptaría porque antes que nada está el orden y el respeto”. Descartó también la posibilidad de que se pueda conceder un descuento especial para los estudiantes en el costo del pasaje.
Histórico viernes 7 de Marzo
Llegado el viernes 7 de marzo parte el contingente de manifestantes de ciudad universitaria, en una ya histórica movilización de alrededor de 5 mil estudiantes que marcharon llevando la consigna de “No al alza del transporte público”, “Ya cayó, ya cayó, la tarifa ya cayó”, “El pueblo unido jamás será vencido”, “el estudiante y el pueblo conciente se une al contingente”, sumando a su paso a personas comunes que caminaban por el lugar, al pasar frente al ISSSTEP las consignas fueron “Va a caer, va a caer la ley del issste va a caer” al llegar a la intersección del boulevard 5 de Mayo y 31 poniente un contingente de alrededor de 250 estudiantes universitarios del área de la salud (Medicina, Estomatología, Biomedicina y enfermería) y estudiantes de la preparatoria 2 de Octubre que partieron de dicha facultad, se sumaron a la manifestación que eufórica gritaba “Marín – Agüera, la misma chingadera”, la marcha transcurrió por el boulevard 5 de mayo sumando a estudiantes que esas horas salían de clase del CENHCH, subiendo por la 7 poniente para llegar al Congreso del Estado, donde una comisión negociadora hace entrega del pliego petitorio que incluye: 50% descuento a tarifa del transporte público a estudiantes, no al alza (mantener en $4.00) para usuarios generales, no cobro a 3ª. Edad ni personas con discapacidades, mejores condiciones laborales para trabajadores del transporte colectivo. La marcha continuó hasta llegar a un costado del edificio carolino donde se encuentra la rectoría universitaria donde la una comisión entrega el pliego petitorio que consiste en: solicitar al consejo universitario pronunciarse en contra del alza a la tarifa del transporte público, no al aumento al sistema de transporte universitario STU (mantener en $3.00), no al cobro de credenciales, cese de represión contra estudiantes que participan en activismo político a lo interior de la universidad; posteriormente la marcha se dirigió a casa Aguayo donde los estudiantes fueron recibidos por una comisión negociadora que argumentó haber realizado un estudio sobre la justificación del alza e instó a los universitarios a entregar un estudio sobre el por que no es factible dicho aumento. A dicha respuesta los estudiantes se pronunciaron continuar con las movilizaciones hasta obtener una respuesta satisfactoria al pliego petitorio. Al momento del cierre de este articulo, la comisión negociadora ha llamado a mantenerse al tanto de las negociaciones mismas que se realizarán siempre acompañada de manifestaciones. Es Obvio que el albazo en la aprobación de este aumento tiene como objetivo principal recibir las quejas y protestas apostando al desgaste que traerá las vacaciones de semana santa a los universitarios.
El problema del transporte público es complejo, no solo se trata de ver el precio de la tarifa, el estrés que sufren los obreros del volante provocado por la inhumanas jornadas laborales, la presión de entregar la cuenta al patrón y el trafico citadino, entre otras cuestiones provoca un transporte inseguro en donde los usuarios sufrimos las consecuencias, incluso con la vida misma.
Se debe convocar a una asamblea general universitaria y programar las siguientes movilizaciones. La consigna debe ser la de agitación por facultades, preparatorias, escuelas, mercados, centros de trabajo obrero, estaciones de transporte público y con los usuarios dentro del mismo.
El transporte público debe ser estatizado y puesto bajo el control democrático de los trabajadores, esto permitiría bajar el precio y otorgar un mejor servicio, pero además dar condiciones laborales dignas a los trabajadores del volante. Si además existiera una economía planificada bajo control obrero, podríamos de forma más sencilla rediseñar las rutas, construir transportes más rápidos y cómodos en donde tengamos que invertir menos dinero y tiempo, pero esto solo es posible luchando obreros y estudiantes por un sistema económico distinto, es decir luchando por el socialismo.
¡Por la estatificación del transporte público y bajo control de los trabajadores del volante!
¡Por la caída de Calderón, Mario Marín y Ulises Ruiz!
¡Contra la represión!
¡Por la Libertad de los Presos Políticos!
¡Por una federación socialista en América latina! 
