Intereses económicos
De acuerdo a un informe de 2013 de la PGR, en México operan 88 carteles de la droga, siendo Guerrero la entidad en la que actúa el mayor número con 26.
Los beneficios del narco mexicano se calculan en 39 mil millones de dólares anuales y Guerrero representa una pieza clave pues es el segundo productor nacional de marihuana y opio. Además las ganancias favorecen a la burguesía, ejemplo de ello son los reveladores datos que arroja el informe de la Comisión Bilateral de Bienes Ilícitos según los cuales cada año ingresan a nuestro país provenientes de los EEUU aproximadamente 29 mil millones de dólares, cantidad de la cual el 50% termina en la banca nacional.
Otro vínculo entre el narco y el gran capital se expresa a través del terror impuesto por los sicarios para despoblar regiones enteras y abrirle el paso a las empresas mineras; el ejemplo más destacado de ello es el del municipio de Eduardo Neri donde el trabajo sucio ha corrido a cargo del cartel de los Beltrán Leiva en beneficio de la Gold Corp. Está medida ya ha provocado el desplazamiento de 4 mil guerrerenses huyendo del terror. Guerrero es el cuarto productor nacional de oro y el octavo de plata.
El Estado y el narco
Al igual que los monopolios se disputan el mercado, también lo hacen los carteles de la droga pero basados en métodos violentos. En esa guerra el Estado ha intervenido con un doble papel: apoyar a aquel cartel que mejor pague y actuar contra todo aquello que ponga en riesgo los negocios. Por ello no es casual que en el periodo de Calderón se haya calificado al Chapo Guzmán como "el capo del sexenio", ni tampoco lo es la actuación de Peña Nieto usado toda la fuerza del Estado para replegar a las autodefensas en cuanto éstas pusieron en verdadero peligro el negocio de las drogas en Michoacán.
El ejemplo más cínico de los enormes vínculos del narco con el Estado es el expresidente Fox, quien desde 2013 se ha transformado en la principal figura pública defensora de la legalización de la marihuana en México: una importante fuente de financiamiento del Centro Fox es la Diego Pollicer Inc, principal empresa en el mercado legalizado de marihuana en 18 estados de los EU.
Sobre las complicidades, ya en la revista Proceso del 28 de diciembre de 2013 se había hecho público un listado de una quincena de alcaldes guerrerenses con presumibles vínculos con el narco, además de que recientemente una narcomanta de Guerreros Unidos denunció el caso de ocho munícipes a su servicio. En ambos casos se trata de presidentes municipales por todos los partidos. Sin embargo, dado el desarrollo del narco en Guerrero consideramos conservadoras dichas cifras y dudamos que esos vínculos no lleguen al mismísimo gobernador Aguirre.
Represión
De todos esos intereses se desprende una larga tradición represiva: Guerrero fue el epicentro de la "guerra sucia" (1969-79) cuyo principal ejecutor fue el gobernador Rubén Figueroa (1975-81), padre a la vez de otro gobernador, Rubén Figueroa, destituido éste último del cargo tras la masacre de Aguas Blancas de junio de 1995. Figueroa hijo sería sustituida en el cargo como gobernador interino por su hombre de confianza, el entonces connotado priista Ángel Aguirre, mismo que en 2011 regresaría a la gubernatura como candidato del PRD gracias a la política traidora de la dirección de dicho partido. La trayectoria de Aguirre en el poder lo une íntimamente a esa larga tradición represiva y contrainsurgente en Guerrero.
Defensa del normalismo
Entre 2000 y 2013 las normales pasaron de 655 a 465 escuelas; y de las 30 normales rurales originales solo quedan 17. La normal de Ayotzinapa no ha sido cerrada por la feroz ofensiva del Estado debido a la tenacidad de sus estudiantes para defenderla. Esa resistencia ha ganado para los normalistas de Ayotzinapa el odio más iracundo de la clase dominante de Guerrero y del país.
Crimen de Estado
Por todo lo anterior señalamos que la masacre del 27 de septiembre y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa no son hechos aislados, sino que forman parte de una política dirigida a aterrorizar al pueblo de Guerrero y a aplastar todo foco de resistencia que represente peligro para los multimillonarios negocios de la droga, la minería, etcétera.
Se trata de una política que se extiende a todos los niveles del Estado y que en este caso tuvo como brazo ejecutar al alcalde de Iguala y a los Guerreros Unidos. Es por ello que los acontecimientos del 27 de septiembre no pueden ser calificados como simples hechos despiadados del crimen organizado, sino como un abierto crimen del Estado con la complicidad del narco.
Luchar
Debemos seguir exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y cárcel para todos los responsables de la masacre del 27 de septiembre, además de la destitución de Ángel Aguirre y el que se le finquen responsabilidades legales; pero debemos elevar la intensidad en la lucha demandando la fiscalización directa de las indagatorias a cargo de la PGR por parte de una comisión de los padres de los normalistas asesinados y de los desaparecidos y otros representantes del pueblo organizado.
También debemos demandar la confiscación bajo el control democrático de los trabajadores de todos los bienes del narco, así como de los empresarios y políticos concluidos con el mercado de las drogas.
Los estudiantes debemos unificar la fuerza de todas las universidades y escuelas en un solo frente de batalla que marche al lado de los trabajadores y sus organizaciones para dar la lucha con la fortaleza necesaria para asegurar justifica para los normalistas de Ayotzinapa y para combatir con éxito a la barbarie capitalista.
