El torpe pero también doloso manejo que le ha dado la PGR a las investigaciones sobre los hechos sangrientos de Iguala, Guerrero, han alimentado la ya de por sí enorme desconfianza existente hacia el Estado, el cual está especulando con el caso de Ayotzinapa para tratar de evitar mayores daños a los ya hechos en su contra. Para Peña Nieto lo de menos es la vida de los normalistas desaparecidos, para él lo más importante es impedir que la imagen de su gobierno continúe deteriorándose con la extraordinaria velocidad que lo hace desde que estalló la crisis del pasado 27 de septiembre.
No obstante el anterior objetivo, lo único que han logrado las maniobras del Estado, y en particular la conferencia de la PGR del 7 de noviembre, ha sido enardecer más los ánimos derivando ello en escenas de amotinamientos en Guerrero y en la convocatoria a una nueva jornada de lucha para el 20 de noviembre próximo, la cual es muy probable que sea acompañada de una paro estudiantil en decenas de universidades de varios puntos distintos del país.
Y ahora un reciente elemento que se agrega y que estimula aún más la desconfianza sobre las investigaciones del gobierno son las recientes declaraciones del Padre Solalinde, quien señala que Abarca, el alcalde asesino de Iguala, fue detenido en Veracruz y no en Iztapalapa, DF, como oficialmente sucedió el pasado 4 de noviembre; de acuerdo al sacerdote la maniobra del Estado tenía como objetivo golpear más la ya desprestigiada, por méritos propios, imagen del PRD.
La captura de Abarca junto con su esposa, la narcotraficante María de los Ángeles Pineda, se suman a otras detenciones de más de 70 individuos vinculados a los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Peña Nieto pensó que todo ello y la renuncia de Aguirre a la gubernatura de Guerrero el 23 de octubre sería suficiente para dar la conferencia del 7 de noviembre sin que su contenido provocara demasiado malestar, pero el resultado fue totalmente opuesto, haciendo que el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” retumbara con mucho más fuerza aún.
Por su parte los padres de los normalistas desaparecidos inmediatamente denunciaron las maniobras dilatorias de la PGR y señalaron que consideran a sus hijos vivos hasta que no se demuestre lo contrario con evidencias concluyentes y que no tomarán en cuenta ni un solo dictamen que no esté avalado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Así, en ese marco, las maniobras del Estado se le han revertido y ahora Peña Nieto ha sido puesto en una situación similar a la de un hombre atrapado en una maraña de alambre de púas: se mueva para dónde se mueva, más se enreda y atora. Siendo así, y ante la necesidad de Peña Nieto de revertir el profundo daño que esta crisis le ha hecho a su gobierno, la PGR no tiene otro camino más que seguir conduciendo una investigación oficial plagada de maniobras y tácticas dilatorias sin importarle una verdadera justicia para los normalistas de Ayotzinapa y sus familias.
Es por todo ello que un verdadero acto de justicia para los normalistas asesinados y los desaparecidos el 27 de septiembre en Iguala, solo puede venir de la lucha organizada hasta derrocar a Peña Nieto, encarcelar también a Aguirre y a la totalidad de los responsables del crimen, además de expropiar los bienes del narco y los de los empresarios cómplices de estos bajo control del pueblo trabajador.
El reconocimiento por parte de la PGR de los forenses argentinos a petición de los padres de los normalistas desaparecidos es un paso al frente obra de la lucha en las calles, pero las maniobras del Estado demostradas sobradamente por la conferencia del pasado 7 de noviembre, demuestran que se necesitan más mecanismos de control sobre la investigaciones, por ello es necesario que insistamos en la necesidad de la conformación de una comisión de entre los integrantes del pueblo organizado que fiscalice directamente a la PGR en lo relacionando a Ayotzinapa.
La debilidad demostrada por el Régimen en todas estas semanas plantean como una seria posibilidad el que Peña Nieto pueda ser doblegado a través de una verdadera demostración de fuerzas por medio de una huelga general de 24 horas que paralice ya no sólo a las universidades sino, además, las fábricas y demás centros de trabajo. Una acción de esa naturaleza podría despejar el camino hacia una verdadera justicia para los normalistas asesinados y desaparecidos por la dupla Estado-Narco.
