El lunes 6 de agosto, casi mil policías atacaron una manifestación pacífica de estudiantes que exigían el acceso a la universidad. La protesta estaba organizada por el Movimiento de Estudiantes No Admitidos, una campaña iniciada por el Comité en Defensa de la Educación Pública (CEDEP-CLEP) El lunes 6 de agosto, casi mil policías atacaron una manifestación pacífica de estudiantes que exigían el acceso a la universidad. La protesta estaba organizada por el Movimiento de Estudiantes No Admitidos, una campaña iniciada por el Comité en Defensa de la Educación Pública (CEDEP-CLEP)

Como resultado de esta brutal acción de las autoridades del Distrito Federal, ocho estudiantes fueron detenidos, cuatro de ellos miembros de la Corriente Marxista Militante. Entre ellos está Nahum Pérez Monroy, uno de los principales dirigentes del CEDEP-CLEP y que ya sufrió la represión en el pasado por parte de las autoridades académicas.

Inmediatamente, el 8 de agosto, más de 700 personas participaron en una manifestación hasta el palacio presidencial en Los Pinos. Entre los presentes, principalmente estudiantes, había delegaciones de la lucha de Atenco, de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de varias organizaciones sindicales y de izquierdas. Recibieron a una comisión formada por familiares de los estudiantes detenidos, los padres cuentan con un apoyo particular. Uno de ellos declaró: "Primero roban las elecciones, ahora quieren llevarse a nuestros hijos ¡ya basta!"

Como resultado de esta presión, hubo una reunión el día después entre los representantes de los estudiantes, de la Secretaría de Educación y autoridades de la Universidad Autónoma Nacional y del Instituto Politécnico. En esta reunión, el CEDEP-CLEP y otras dos organizaciones estudiantiles, hicieron frente común y declararon que no aceptarían ningún acuerdo en la lucha de los estudiantes no admitidos a menos que todos los detenidos fueran puestos en libertad.

Cuatro días después de la detención, la mayoría de las acusaciones contra los estudiantes se retiraron: secuestro, amotinamiento, portar armas de fuego ilegales, robo y daños contra la propiedad. Las autoridades de la Universidad Politécnica sabían que estas acusaciones eran absolutamente falsas y no pudieron probar ninguna de ellas. Su última línea de acusación es... ¡que los compañeros están vinculados a la APPO! En México no existe ninguna ley (otra cosa es que al presidente ilegítimo Calderón le gustaría tenerlas) que ilegalice a alguien por estar asociado con la APPO.

La campaña por la liberación de los estudiantes cobra impulso y hoy se ha publicado una página entera con un llamamiento en el periódico mexicano La Jornada, está firmado por destacados parlamentarios del PRD, dirigentes sindicales, etc., que exigen su liberación. Este hecho es particularmente significativo porque el gobierno de Ciudad de México, responsable de los ataques contra los trabajadores, está controlado por el PRD.

Sin embargo, mientras tanto, los estudiantes fueron enviados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte (una institución penitenciaria de la capital) donde sufren violencia física y psicológica.

Los nombres de los compañeros detenidos son los siguientes:

Nahum Pérez Monroy

Héctor Alberto Aguilar Campos

Cesar Francisco Jay Aguilar

Isaac Castro Sánchez

Miguel Ángel Ocotitla

Emanuel Saucedo Pérez

Raúl González Lucio

Pablo Martínez Montes de Oca

Hacemos un llamamiento a todos los activistas del movimiento obrero para que envíen sus protestas a las autoridades mexicanas, a través de las embajadas y consulados en sus respectivos países.

El 14 de agosto el juez decidirá si los compañeros siguen en prisión pendientes de juicio o si son liberados bajo fianza. Es evidente la motivación política que hay detrás de estas detenciones y por esa razón es importante ejercer la máxima presión en los próximos días para exigir su liberación inmediata.

Esta campaña debe ser parte de otra más amplia por la liberación de todos los prisioneros políticos en México, incluido Adán Mejía, el compañero de la Corriente Marxista Mexicana de Oaxaca, detenido el 17 de julio, y exigir la caída de los gobiernos ilegítimos de Felipe Calderón y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.


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