El 10 de marzo, el Parlamento Europeo, haciendo gala de gran hipocresía, emitió una resolución dirigida al gobierno de López Obrador, pidiendo que se garantice la protección y creación de un entorno seguro para comunicadores y defensores de derechos humanos. En respuesta, AMLO exhibió al parlamento europeo como lo que es: intervencionista, colonialista y politiquero, sin embargo, no planteó ninguna medida concreta para detener el asesinato contra los periodistas y defensores de derechos humanos.

La hipocresía de la oligarquía europea

El parlamento europeo es una institución que responde a los intereses de los oligarcas europeos, es por ello que frente a la reciente guerra desatada en Ucrania por la disputa interimperialista, donde tenemos a EEUU y sus aliados de la OTAN, por un lado y el bloque de China y Rusia, por el otro. Estos parlamentarios que se dan baños de pureza, actúan totalmente alineados con el imperialismo estadounidense y cuando sus intereses están en riesgo, la libertad de expresión y la verdad se convierten en una víctima más.

En las últimas décadas, bajo el aval de este parlamento, se ha reducido a escombros a países enteros como Serbia, Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen, etc.; han causado al menos 900 mil muertos, 38 millones de desplazados y refugiados desde el 11-S por lo que no tienen ninguna legitimidad para presentarse como abanderados de la paz ni como defensores de los derechos humanos y la democracia.

Es ese parlamento que avala y es partícipe de la política imperialista de la OTAN, y que, junto con el imperialismo estadounidense, son los principales responsables del escenario de guerras que hemos vivido las últimas décadas y en dónde han muerto miles de civiles, periodistas y activistas de izquierda.

Recientemente, el mismo Josep Borrell, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del parlamento europeo, declaró en relación a la guerra en Ucrania: "Para ser capaces de responder de una manera contundente en el futuro, voy a proponer un mecanismo para sancionar actores nocivos que desinforman, que será parte de una caja de herramientas en el que estamos trabajando para actuar” una declaración muy reveladora para los “defensores de la libertad de expresión”.

En realidad, lo que pretenden es seguir profundizando el ambiente de confusión, manipular la opinión pública para beneficio del imperialismo estadounidense y crear un ambiente de distracción para pasar por la puerta trasera todo tipo de recortes sociales con los cuales se harán de recursos para financiar la carrera armamentista en la que participan ya varias potencias europeas, como Alemania que ha destinado 100 mil millones de euros y España 2,600 más en un presupuesto ya con récord histórico.

El parlamento europeo se hace pasar por democrático, pero en realidad es una treta demagógica que le viene muy bien en estos momentos para disfrazar su enorme responsabilidad en el conflicto bélico actual en Ucrania y sus verdaderas políticas de ataques a las condiciones de vida de la mayoría de la población europea. Realmente no le importa que haya miles de periodistas asesinados en México, en Ucrania, en Afganistán o en cualquier otro país.

Tampoco es el gran defensor de los derechos humanos, basta ver la criminalización y discriminación hacia los refugiados que huyen de las guerras que ellos mismos provocan.

Otra muestra de la total hipocresía de la oligarquía europea es su participación abierta en la política de despojo en países ex coloniales o del tercer mundo, muchas de las empresas que han pagado a las organizaciones criminales para asesinar a defensores del territorio en México, tienen sus raíces y sus vínculos con esta oligarquía, un ejemplo es el Proyecto Integral Morelos en el que participan tres empresas españolas: Abengoa, Elecnor y Enagas y por el que fue asesinado Samir Flores, opositor al proyecto y periodista comunitario.

Basta de mirar a otro lado

Una vez denunciada la hipocresía del Parlamento Europeo y de señalarlo como el menos indicado para tal exigencia al gobierno mexicano, tenemos que decir que el gobierno de AMLO ha sido negligente para resolver esta enorme problemática.

Durante 2022, han sido asesinados al menos 20 defensores del territorio y ocho periodistas por su labor, los más recientes: Armando Linares, director del medio Monitor de Michoacán y Susana Rivera en Baja California, defensora ambientalista. En 2021 fueron asesinados 30 defensores del territorio y seis periodistas, en lo que va del gobierno de AMLO son más de 90 asesinatos, un dato que contrasta con un gobierno que se dice “humanista”.

Los años más violentos para defensores del territorio según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), fueron 2015 y 2016 cuando se registraron 107 y 85 ataques respectivamente. De 2012 a 2019 la mayoría de las agresiones (141) fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y parques eólicos, los casos se incrementaron desde la aprobación de la reforma eléctrica y el incremento de megaproyectos relacionados a ella. El 90% de los asesinatos quedan en total impunidad.

Esta situación terrible se ha profundizado tras décadas de políticas reaccionarias y criminales contra los periodistas y el fortalecimiento del crimen organizado en contubernio con el Estado, sin embargo, eso no significa que no se pueda hacer nada en el actual gobierno y que no sea su responsabilidad detener de inmediato la ofensiva brutal que están sufriendo periodistas y activistas sociales. En especial, en torno a los megaproyectos en marcha.

Lo único que podrá detener la alianza criminal entre empresarios, gobiernos y narcotraficantes contra los periodistas y defensores ambientales es la organización y armamento del pueblo, como lo han demostrado las autodefensas y policías comunitarias. Sin embargo, AMLO lo desaprueba y pide dejar las armas y dar la confianza a las fuerzas armadas, las mismas instituciones podridas que están detrás de casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que históricamente han protagonizado actos de represión y matanza al pueblo trabajador y la juventud como la del 2 de octubre, el Halconazo, Aguas Blancas, etc.

Cerrar los ojos ante la gravedad de este problema es lo peor que se puede hacer, es fundamental aliarse con el pueblo organizado para combatir al narcotráfico y cerrarle el paso al enriquecimiento de una alianza criminal a costa de muchas más vidas del pueblo trabajador e indígena.