Para los trabajadores y estudiantes que han salido a las calles, los hechos de Ayotzinapa evidenciaron como nunca qué tan lejos pueden llegar los comprometedores vínculos del Estado con el narcotráfico, precepción que sería fortalecido por la manipulación del gobierno sobre las investigaciones judiciales. Por ello, frente a las magníficas movilizaciones desarrollas en prácticamente todo México, Peña Nieto ha apostado al desgaste del movimiento y condenar así al olvido el caso de Ayotzinapa. Es por ello que, en su desesperación, el 4 de diciembre, en plena visita a Coyuca de Benítez, Guerrero, Peña Nieto, refiriéndose a Ayotzinapa, llamaría a los mexicanos a que “superemos esta etapa” y “demos un paso hacia adelante”.
Un primer intento serio de Peña para darle carpetazo al caso fue la conferencia de prensa del 7 de noviembre en la que el titular de la PGR, Murillo Karam, declararía que los 43 habrían sido ejecutados y calcinados en el basurero municipal de Cocula.
Y ahora, una nueva tentativa de carpetazo es la respuesta oficial de la PGR ante los resultados forenses de la Universidad de Innsbruck dados a conocer este 20 de enero y según los cuales no fue posible identificar los restos de los 16 cuerpos restantes. En noviembre serían enviados a dicha universidad 17 cuerpos calcinados supuestamente localizados en el basurero municipal de Cocula y el 6 de diciembre se dictaminaría oficialmente que las cenizas de uno de los cuerpos pertenecen al normalista Alexis Mora; sin embargo, y a pesar de que los forenses de Innsbruck han dictaminado que fue imposible identificar a los cuerpos restantes, Murillo Karam reaccionaría señalando que para él “Después de los resultados de la universidad me queda claro que allí (en el basurero) mataron por lo menos a uno; las declaraciones, las pruebas y todo lo demás me hacen pensar que allí los mataron (a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa)” (La Jornada, 21/01/15). No obstante esa declaración, los restos serán sometidos a nuevas pruebas forenses en la Universidad de Innsbruck.
Peña pretende que el crimen quede como una obra que sólo involucró a Guerreros Unidos, a las policías municipales de Iguala y Cocula, y que tuvo como principales artífices a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala y a su esposa, María de los Ángeles Pineda. Ello ha quedado evidenciado cuando el 14 de enero la PGR señalaría que si bien no se han cerrado las investigaciones, ya se han agotado las líneas de investigación. Esa directriz política vino como respuesta al intento de los padres de los normalistas y decenas de profesores de la CETEG, entre otros, del 12 de enero cuando intentaron tomar el cuartel del ejército en Iguala para buscar a los desaparecidos.
El intento de tomar dicho cuartel del ejército, derivando ello en un fuerte enfrentamiento, vino del convencimiento de los padres de familia sobre la idea de que elementos de las fuerzas armadas están coludidos en los hechos sangrientos de septiembre, y del señalamiento sobre la posibilidad de que éstos sean los que hayan desaparecido a los 43 normalistas.
Ante la presión, el 14 de enero Peña aceptaría sin precisar fecha, la apertura del cuartel militar de Iguala y otros más que se considere necesario para que los padres de familia y la CNDH busquen a los normalistas o intenten localizar evidencias de que estuvieron en alguno de esos lugares. No obstante ello la postura oficial quedaría clara ese mismo día a través de Osorio Chong: de acuerdo a éste y sin la más mínima investigación al respecto, el ejército no tiene ninguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa; reiterando así la postura de la PGR en el sentido de que la única línea de investigación es la que conduce a Abarca como principal responsable.
A peña le urge dejar atrás el caso Ayotzinapa porque una investigación de fondo revelaría los vínculos de los más altos cargos del Estado con el negocio de las drogas; también porque evidenciaría la manera en que de forma crónica los cuerpos policiacos y el ejército son puestos al servicio de los diferentes carteles de la droga. De brotar todo ello a la luz, el resultado inmediato sería la determinación de los jóvenes y trabajadores para luchar con mucho mayor ahínco que el demostrado hasta el momento. Peña Nieto sabe de ese peligro y es consciente de que si la lucha llegara a escalar a niveles superiores, ello podría ser el principio del fin de su gobierno y la entrada en una nueva etapa de la lucha de clases que pondría en peligro al capitalismo mismo.
Nos debemos oponer a que Ayotzinapa se trasforme en otro impune crimen de Estado más, por eso tenemos que elevar el nivel de acción del movimiento pasando al terreno de la huelga general de 24 horas que se extienda más allá de las universidades y en la que sea paralizada la producción, para golpear de esta manera directamente el corazón del poder político y económico sobre el que se sustenta Peña y en el que se encuentran las raíces de fondo que asocian directa e indirectamente al Estado y a la élite empresarial con el narcotráfico. Por esto último es necesario que nuestra demanda de justicia para Ayotzinapa, vaya acompañada con un programa de lucha y acción que llame a la unidad a todos los trabajadores, al campesinado pobre, a los estudiantes, a los militantes de base de Morena, para luchar hombro con hombro, por el derrocamiento de Peña Nieto y la expropiación de los bienes de los narcos así como de los políticos y empresarios ligados al negocio de las drogas. Eso nos dará mejores garantías para luchar con éxito por justicia para los muertos del 26 y 27 de septiembre en Iguala y para los 43 normalistas desaparecidos.
¡Únete a Militante y luchemos por el socialismo!
¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!
