El pasado jueves 30 de noviembre, la cámara de diputados dio el visto bueno para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), un documento que contiene 34 artículos en los cuales se pretende autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas y Federales en todas las entidades del país con el único consentimiento del Estado Mayor, es decir, el Presidente (en casos en que “se vea en peligro la funcionalidad interior del país”).

Aunque el pretexto oficial es la delincuencia organizada, dicho documento es una muestra más de cómo la burguesía trasnacional y nacional teme que sus intereses sean perjudicados a base de huelgas, movimientos sociales y la organización de una clase obrera cada vez más harta de ver como sus derechos básicos le son arrebatados en orden de una privatización constante.

Si bien es cierto que no es la primera vez que el gobierno plantea la cuestión de la seguridad interior y se hayan aprobado otros decretos para contribuir a la militarización del país (como el permitir que Secretaría de Marina “coadyuve” en momentos de alta tensión en la llamada guerra contra el narcotráfico), la aprobación de la Ley de Seguridad interior es un paso gigantesco hacia un Estado totalmente autoritario y militarizado, en el cual se pueden llegar a violar derechos humanos si el Presidente lo considera necesario.

Así mismo, si bien se tiene pensado que dicha ley será de ayuda en la sucia guerra contra el tráfico de sustancias ilícitas, es alarmante notar que el documento va principalmente dirigido a “conservar el orden existente”, es decir, un orden (ni tan ordenado) que sólo las masas movilizadas y organizadas pueden romper. ¿Acaso se teme que los narcos quieran tomar el Palacio Nacional?

Relaciones Fuerzas Armadas-Población civil

La experiencia de estos años ya ha demostrado que la participación de las Fuerzas Armadas no resuelve el problema de fondo y por el contrario ha sido parte del aumento estratosférico de la violencia y el terror que sufrimos la población todos los días. También son las mismas FA quienes alteran el orden cuando deciden violar mujeres y niñas, llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y asesinar a sangre fría a nuestra clase obrera, tal es el caso de Tlatlaya. í es como las relaciones de las FA y la población civil se han visto cada vez más fragmentadas, pues desde hace tiempo se ha sacado a relucir que las fuerzas del orden son cada vez menos civiles y más un arma que utilizan los poderosos para no ver sus intereses en peligro.

Artículos como el 11 del documento aprobado, da facultades para que el presidente solicite la intervención de organismos como Marina y el Ejército en zonas donde peligre la seguridad, es decir, en lugares donde “se comprometan o vean superadas las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla”.

Así mismo, el artículo 16 da la extensión para que el presidente ejecute la inmediata intervención de las FA, aún si en el proceso se violan derechos humanos. Es decir, si el presidente considera necesaria la intervención, no necesita preguntar a ningún organismo para hacer efectiva una orden, bajo su responsabilidad puede decidir la intervención de las FA. ¿Qué podemos esperar de un presidente que ordena represión a pobladores de Atenco cuando éstos no se habían salido ni por un momento de los protocolos pacíficos?

En resumen, la LSI es un mecanismo que refuerza el autoritarismo del Estado mexicano, a través del Presidente. Permite la violación de todos los derechos humanos para obtener información, investigar, la reserva de la información, es decir, puede obtener la información por cualquier medio con plena protección legal. Al mismo tiempo las formulaciones vagas permiten el uso discrecional contra las protestas y las luchas obreras y populares. En un régimen históricamente autoritario y burocrático sumido en la corrupción todo esto apesta a dictadura militar y policial, a los años más negros de la historia de América Latina.

Con la mira puesta en el 2018

Ante este gigante retroceso en materia de derechos humanos (apoyada y promovida principalmente por el PRI pero que cuenta con la participación de todos los partidos del Pacto por México), no nos queda más que pensar en el trasfondo político que conlleva. Con esta nueva ley se puede actuar de manera directa ante un explícito y generalizado descontento en las calles. Hechos ocurridos en años recientes como las autodefensas en Michoacán, las Policías Comunitarias, las luchas contra los proyectos de muerte y en defensa de los pueblos originarios, la lucha de la CNTE o las huelgas mineras podrán sewr identificadas como problemas de seguridad interior a criterio arbitrario de la casta asesina que desgobierna este país. También podemos ver que dicha ley se está poniendo en marcha para prever acciones en el siguiente año electoral. Aunque la oposición de la izquierda electoralista es cada vez más suave, no escatiman en prepararse también frente a la posibilidad de protestas en el contexto de las elecciones y los acostumbrados fraudes electorales. Así, pues, allanan el terreno metiendo miedo a las organizaciones de izquierda que velan por los intereses de la clase obrera.

Las Universidades no están exentas

Aunque las luchas campesinas, indígenas y magisteriales han sido las más afectadas por la intervención asesina de las fuerzas federales y el ejército, la juventud en las universidades nos somos ajenos, pues esta amenaza a nuestra organización y movilización está presente, en las amenazas de las autoridades, en las trabas de todo tipo contra la organización y los derechos democráticos en las escuelas y en la despolitización de los planes de estudio y la vida universitaria. Casos como el de las rejas y cámaras por todo CU que no han parado la distribución de drogas, los feminicidios y la inseguridad son muestra de ello.

El documento propone que todos los órganos autónomos den pleno conocimiento de la información que les sea solicitada, tales como matrículas, expedientes de alumnos y profesores. Cintas de video y demás material también están incluidos. Control del estudiantado, trabajadores y maestros en vez de seguridad real.

Desde Izquierda Revolucionaria, rechazamos la LSI y todos los pretextos para su aprobación, repudiamos cualquier medida militar y de cualquier tipo que se busque aplicar contra la organización y movilización en las calles, ninguna medida del Estado mexicano nos dará una seguridad real, la respuesta está en la organización de trabajadores, mujeres, jóvenes, campesinos y todos para tomar la autodefensa contra la barbarie capitalista estatal, paramilitar o del narco.

¡Contra la militarización de nuestro país!

Contra la guerra y la represión ¡Lucha y Organización!