El pasado 6 de junio la policía federal, apoyada por elementos de la policía estatal de Sonora y la municipal de Cananea, irrumpió en las instalaciones de la mina propiedad del Grupo México (GM), para terminar violentamente con una huelga que, de haberse mantenido, el próximo 30 de julio cumpliría tres años de duración. Además este contexto fue aprovechado por el gobierno para, con el apoyo de la policía del estado de Coahuila, retomar las instalaciones de la mina 8 de Pasta de Conchos, cerrada desde la tragedia de febrero del 2006 en la que murieron varios mineros presas de un derrumbe, para devolvérsela también al GM.
La huelga de la mina de Cananea, la cual estalló a la par de las huelgas encabezadas por la sección 17 y 201 del sindicato minero en Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas, respectivamente, fue una respuesta ante las reiteradas violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte del GM. Durante todo el tiempo que duró la huelga jamás hubo una actitud mínimamente seria por parte de la empresa para buscar algún acuerdo con los trabajadores en torno a las legítimas demandas de éstos. Pero lo que sí sucedió durante esos casi 36 mese de lucha, fue una descarada complicidad entre el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, y el GM para desacreditar legalmente a los trabajadores y terminar con la huelga.
Para el gobierno y la burguesía obtener este resultado se transformó en toda una prioridad pues sabían que no se podían permitir un nuevo descalabro de parte de un sindicato, el minero, el cual tenía ya aproximadamente una década haciéndoles pasar toda clase de sinsabores. Los mineros, en especial los de Cananea, se han vuelto en un ejemplo y en una inspiración para la clase trabajadora enseñando el camino a seguir en defensa de los derechos de los explotados. Y dicha cuestión no la podía seguir tolerando la burguesía. Los espurios Calderón y Javier Lozano sabían del riego que ello implica para los intereses de la clase a la que ellos representan y transformaron el objetivo de la derrota de la huelga de Cananea en un asunto de Estado. Para dicho objetivo pusieron a su servicio a toda la maquinaria del Estado (magistrados y secretarías) y a los medios masivos de comunicación. Sin embargo en repetidas ocasiones la estrategia del Calderón, basada en importantes argucias legales, fracasó; no obstante ello, tras varios intentos el objetivo ahora ha sido logrado.
Pero Calderón y Lozano están muy equivocados si piensan que se ha escrito el último capitulo de Cananea. Nada más lejano a la realidad: dada la experiencia de cuando menos la última década de luchas mineras en la que sobran ejemplos de la manera en que este sector de trabajadores ha sabido responder de forma mas que enérgica ante las adversidades, el caso de Lázaro Cárdenas en mayo del 2006 es ejemplo de ello, resulta difícil pensar que no veremos una respuesta a la altura de las circunstancias. Muestra de ello es que hoy, a un día del ataque a Cananea, los agremiados de las diferentes secciones del sindicato minero ya están anunciando movilizaciones y paros laborales, además de la toma y el cierre de varios puertos marítimos. Que a nadie le extrañe que la recuperación de la mina por parte de Calderón más que ser el último, sea la inauguración de un nuevo y más profundo capítulo de Cananea y la lucha minera.
Por su parte la UNT y el SME han repudiado públicamente este nuevo ataque contra los mineros de Cananea; lo mismos han hecho López Obrador y otros sectores de la dirigencia del PRD. En definitiva estas muestras de solidaridad son importantes, pero tendrían un efecto mayor si éstas fueran acompañadas de llamados a la movilización unificada y a la huelga general de 24 horas. El ataque a Cananea tiene los mismos objetivos que el acometido en octubre pasado contra el SME: golpear a los sindicatos de mayor tradición de lucha para intentar doblegar al movimiento obrero en su conjunto y arremeter contra los derechos de la clase trabajadora.
Es necesario frenar a Calderón, por ello los trabajadores, para recuperar la mina de Cananea y anular el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, debemos impulsar la unidad en la acción de todos los sindicatos, el PRD y los partidos de izquierda, enarbolando un programa de lucha en el que se recojan las demandas de los trabajadores de la ciudad y el campo (salario y empleos dignos, educación y salud gratuitas y de calidad, la defensa de las conquistas signadas en la Ley Federal del Trabajo, por la industrialización del campo y créditos blandos para el campesinado pobre, etcétera) y en el que se nos llame a movilizarnos para derrocar a Calderón y también para nacionalizar la banca, la industria y demás palancas fundamentales de la economía, para ponerlas bajo el control democrático de los trabajadores. En última instancia la única forma de frenar definitivamente los ataques de la burguesía es derrocando a su gobierno, eliminando la propiedad privada y luchando por el socialismo.
