Son varios años ya desde que la burguesía y su gobierno añoran con mucho anhelo la eliminación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores del IMSS. En noviembre de 2010 tanto el Consejo Coordinador Empresarial así como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) coincidirían en señalar al RJP como uno de los dos principales problemas del IMSS; el otro problema es, de acuerdo a la patronal, el déficit del el seguro de enfermedades y maternidad. Lo anterior como eco a la reunión del Consejo Técnico de dicha institución desarrollada en agosto de ese mismo año, cuyo contenido fue de dominio público recientemente debido a una gradación que se filtró a los medios informativos, en la que Daniel Karam, director del IMSS, manifiesta sus intenciones por despedir a 319 mil trabajadores para recontratarlos con un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) mutilado en un 50% de prestaciones y en el que se eliminaría el RJP por medio de un bono de liquidación obligatorio.

Lo anterior representa la seria posibilidad de lanzar una nueva ofensiva contra el RJP de los trabajadores del IMSS, el cual ha sido seriamente atacado por el PRI y el PAN. Sin embargo el camino no ha sido fácil para el Estado pues sistemáticamente todos sus intentos han sido respondidos por lo trabajadores a pesar de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) los cuales sistemáticamente han actuado como cómplices de las autoridades del instituto.

Un caso que habla de lo anterior es el del ahora Exsecretario General, Roberto Vega Galina, (2002-2006) quien al asumir la dirección del sindicato hereda de su sucesor, Fernando Rocha Larrrainzar, el acuerdo signado con las autoridades del IMSS para modificar el RJP, mismo para el cual sería facultado este último por el LVI Consejo Nacional desarrollado en abril del 2002. En octubre de ese mismo año el XLI Congreso nacional del SNTSS designaría a Vega Galina en la dirección del sindicato. Ya como Secretario General, Vega Galina convoca al LVII Consejo Nacional en abril del 2003 en el cual es ratificado el acuerdo de modificar el RJP. El Consejo Nacional y el Congreso bajo control, Vega Galina dispuesto a ir con todo de acuerdo a los planes de Fox… Al parecer el escenario era ideal para que prosperara con facilidad el ataque contra el RJP, sin embargo las cosas cambiaron súbitamente y el malestar de los trabajadores se hizo sentir incluso a través de los delegados al XLII Congreso Nacional del SNTSS desarrollado en octubre de 2003, el cual rechazó la propuesta de contrarreformar al RJP ya para entonces acodada por las autoridades del IMSS y Vega Galina.

Tras ese hecho estallaría una de las luchas más tenaces y emblemática de los trabajadores del IMSS quines, contra viento y marea, y contra su propia dirección, se movilizaron con una energía tal en la defensa de sus derechos que estuvieron punto de arrodillar a Fox.

La primera movilización sería la del 14 de octubre del 2003 con 50 mil trabajadores en las calles del DF; esa fue la tónica de los acontecimientos durante los próximos nueve meses misma que se extendería a las principales ciudades de todo México. Frente a la bancarrota de Vega Galina y de Fox, el PRI se lanzaría al rescate de esos lacayos de la burguesía presentando por medio de la fracción parlamentaria de dicho partido una iniciativa para modificar la Ley del IMSS en la que prohíbe que dicho instituto destine para el RJP los fondos de las cotas obrero-patronales y la aportaciones del Estado. Dada esa restricción en adelante el IMSS quedaría exento de toda responsabilidad con sus trabajadores que ingresaran al instituto tras la aprobación de la contrarreforma presentada en la Cámara de Diputados el 14 de julio de 2004.

En los primeros meses de 2004 la lucha de los trabajadores del IMSS, quines ya habían derrotado un nuevo intento de Vega Galina por conculcar la traición a través de un Congreso Nacional Extraordinario en marzo, ya recibía serias muestras de apoyo por parte de otros sectores de la clase trabajadora: electricistas, tranviarios, telefonistas, etcétera se sumaban a las movilizaciones, creando una atmósfera favorable para impulsar el paro laboral en el IMSS. Por ello habría que actuar rápido a la vez de tratar de capitalizar el cansancio en el movimiento tras meses de intensa batalla, de acuerdo a la táctica del gobierno, optando el PRI y Fox por aprobar la contrarreforma a la Ley del IMSS el 30 de julio en la Cámara de Diputados para después ser ratificada por el Senado el 5 de agosto.

El restante trabajo sucio, ya con el movimiento en su nivel más bajo, sería hecho en octubre del 2005 por Vega Galina por medio del XLIV Congreso nacional del SNTSS, en el que se aceptaría la propuesta de la dirección sindical charra para presentársela a las autoridades del IMSS según la cual en adelante todos los nuevos trabajadores de esta institución de salud se podrían jubilar a los 60 y 65 años de edad o con 35 y 34 años de servicio hombres y mujeres respectivamente y ya no bajo el anterior RJP en el cual la pensión se obtiene a los 27 años de servicio, en el caso de las mujeres, y a los 28 para los hombres. Y Por cesantía o vejez esta se da a los 60 años, con un mínimo de 10 de servicio, entre otras modificaciones.

No obstante el golpe a RJP de 2004-2005 no ha sido suficiente y Daniel Karam se queja amargamente de que, según él, el actual RJP del IMSS representa un déficit equivalente al 11% de Producto Interno Bruto (PIB); bajo ese argumento pretenden justificar un nuevo ataque. Sin embargo lo que el director del IMSS oculta es el hecho de que cada modificación a la ley que rige a dicho instituto a la par que derivan en más ataques para los trabajadores, también se traducen en más privilegios para la burguesía. La contrarreforma de Zedillo del 1995 le dio vida a un negocio extremadamente rentable para los banqueros, es decir las Afores, cuyo valor es cuando menos un billón de pesos de acuerdo al IIE-UNAM (La Jornada 07112010). Sin esa contrarreforma esa suma estaría en las arcas del IMSS; también esa contrarreforma redujo las aportaciones patronales al IMSS significando ello un descalabro financiero para dicha institución en los últimos 14 años equivalente a los 368 mil 879 millones de pesos. Lejos de sanear las fianzas del IMSS, los planes por atacar de nuevo al RJP no tiene otro objetivo más que el de seguir beneficiando a la burguesía a costilla de los trabajadores.

Esa política debe ser frenada, los derechos de la clase trabajadora no se negocian, se defienden. Hoy al igual que en 2003-2004, nuevamente ha quedado de manifiesto el deseo de los trabajadores del IMSS por impedir que sus derechos sean pisoteados, tal como quedo demostrado en la magnifica movilización del pasado 24 de febrero. Es necesario organizar comités de trabajadores en todos los hospitales, clínicas y oficinas del IMSS que rompan el cerco impuesto por la burocracia sindical encabezada por el Charro Valdemar Gutiérrez Fragoso para organizar un plan de acción y que al mismo tiempo conecten con trabajadores de otros centros de trabajo para coordinar acciones de unidad, al mismo tiempo que impulsen un paro nacional en defensa del IMSS y contra la política antiobrera del PAN y el PRI.  Existen en la experiencia de los trabajadores del IMSS acontecimientos que demuestran que el Estado puede ser derrotado con todo y charros, tal como lo fue en el caso de Antonio Punzo Gaona, ex Secretario General del SNTSS, quien en 1989, fue obligado a dimitir tras haber acordado con las autoridades del IMSS a espaldas de los trabajadores, modificaciones a 12 cláusulas al CCT. En esa lucha los trabajadores también lograron la derogación del convenio entre el charro Punzo Gaona y la dirección del IMSS. Ese es el camino seguir. Los sistemáticos ataques a la Ley del IMSS son reversibles bajo la condición de la lucha unificada por parte de la clase trabajadora seguida de acciones de fondo como la huelga general de 24 horas.

El IMSS y su descarado desmantelamiento al servicio de la burguesía dejan en claro que sólo bajo la condición de expropiar a la burguesía por medio del socialismo, se podrá contar con una cobertura médica universal y de calidad en la cual al mismo tiempo los derechos de los trabajadores sea la razón de ser más importante de instituciones como el IMSS y el ISSSTE.