El pasado viernes 3 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revisar únicamente mil 9 paquetes electorales de un total de 70 mil 3 impugnados por López Obrador (AMLO). Partiendo del caso hipotético de que todos los votos de esos mil 9 paquetes electorales fueran anulados, ello significaría reducir apenas un 25% de la distancia electoral entre Enrique Peña Nieto (EPN) y AMLO producto del fraude. Por su parte el pasado jueves 11 el IFE desechó la petición del Movimiento Progresistas para acelerar la fiscalización de gastos de campaña de EPN, manteniendo de esa forma los plazos oficiales definidos hasta el 30 de enero como máximo para que la autoridad fiscalizadora emita un informe a ese respecto en el cual se basaría esta instancia electoral para emitir un dictamen.

Es evidente que esa forma de actuar tiene como objetivos el asegurar que el Tribunal Electoral califique a más tardar el 6 de septiembre a las elecciones de manera favorable para EPN, legitimando el fraude del 1 de julio para que el candidato del PRI tome posesión de la presidencia de la República el próximo 1 de diciembre.

El fraude ha sido ampliamente documentado y demostrado, además de que los partidos de izquierda han interpuesto toda clase de recursos legales para echar para atrás las triquiñuelas diseñadas para llevar a EPN a Los Pinos, sin embargo eso no ha inmutado en lo más mínimo a las autoridades electorales las cuales con su actitud sólo reflejan de forma más que nítida la postura de la clase empresarial la cual, tal como lo reporta La Jornada del 10 de agosto, está urgida de que ya sea calificadas las elecciones para que EPN sea declarado presidente electo. En dicha edición de ese diario se puede leer lo siguiente: “El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Espinosa Desigaud, instó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a que designe ya a Enrique Peña Nieto presidente electo para poder trabajar en la agenda de reformas que impulsa el sector privado”.

Estamos a menos de un mes de que se cumpla el plazo para que las elecciones sean calificadas por el Tribunal Electoral, y no hay un solo viso por modesto que sea que permita pensar que los recursos legales interpuestos por los partidos de izquierda serán tomados en cuenta. En este nuevo fraude electoral, al igual que lo fue en el del 2006, tanto el IFE como el Tribunal Electoral son juez y parte; es por ello que representan limitaciones extremas el optar solamente por la vía legal para evitar la imposición de EPN.

Si AMLO está verdaderamente dispuesto a revertir el fraude electoral tiene que confiar en la clase trabajadora y basarse en la fuerza de ésta y sus métodos tradicionales de lucha; es decir apoyarse en las movilizaciones de masas y en la huelga general. Sólo con acciones de fuerza podremos obligar al Tribunal Electoral y al IFE a reconocer el frade y a declarar improcedentes las elecciones que le dan el triunfo a EPN. No obstante ello, AMLO ha optado sólo por la vía legal y no ha lanzado un plan de lucha que verdaderamente esté a la altura de las circunstancias. No va a ser derrotada la tentativa de imponer a EPN  con mantas en los puentes peatonales denunciando el fraude o con festivales culturales, para lograrlo se necesitan acciones de mayor calado incluso que las desarrolladas en la lucha del 2006 contra la imposición de Calderón. Desafortunadamente las acciones de lucha impulsadas en este caso por AMLO están muy por debajo de las implementadas hace seis años.

AMLO reiteradamente argumenta que él no le dará escusas a sus adversarios para que lo ataquen, sin embargo el mero hecho de impugnar las elecciones por medios legales ha sido suficiente para que las televisoras y demás medios informativos al servicio de la burguesía lancen una campaña feroz contra el dirigente de izquierdas acusándolo de todos los males que vive el país, además de usar en su contra todo tipo de improperios. En esencia las provocaciones montadas por la burguesía usando bombas incendiarias contra tiendas de Soriana en Nuevo León, tienen entro otros objetivos alimentar los argumentos para profundizar la histérica campaña contra AMLO.

La rabia de los voceros de la burguesía expresa el odio de ésta contra AMLO y en especial su horror ante las aspiraciones de justicia de los millones de trabajadores que lo apoyan. Haga o no haga, por el movimiento que está detrás de él y mientras que esta situación perdure, AMLO será el blanco de toda clase de coléricos ataques.

También AMLO ha insistido en que las iniciativas que lancen todos aquellos que no están dispuestos a permitir la imposición de EPN sean por la vía pacifica y sin provocar daños a terceros. ¿Pero qué medida más pacifica que la huelga general acompañada de movilizaciones masivas? Incluso, en respuesta a todos aquellos que insisten en la lucha legal, la huelga general se puede desarrollar basada en los términos definidos por la fracción VI del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde se reconoce la huelga por solidaridad; es decir que los sindicatos pueden ir legalmente a huelga en solidaridad a un grupo de trabajadores en huelga. Por ejemplo la UNT y los sindicatos que la integran, basados en la normatividad de la LFT, podrían estallar en huelga por solidaridad con la con los mineros de la sección 17 de Taxco y los de Sombrerete, Zacatecas, quienes en estos momentos sostienen una militante huelga desde hace cinco años. En 2004, en Ucrania, las movilizaciones de masas y el llamado a la huelga general derrotaron a un fraude electoral tan titánico como el del pasado 1 de julio en México y en el que también estaban coludidos las autoridades electorales y el gobierno de ese país.

La clave está en hacerle sentir a al IFE, al Tribunal Electoral, al PRI, al PAN, a Calderón, a EPN y a los empresarios, quién tiene la fuerza. La huelga general es un recurso muy valioso que tiene en sus manos la clase trabajadora para demostrarle a la burguesía que no está dispuesta a tolerar el fraude electoral y a que sean pisoteados sus derechos democráticos.

Sobre los daños a terceros, esta es una cuestión que tiene que ser acotada. Por supuesto que nos pronunciamos en contra de medidas  ultraizquierdistas que sólo favorecen a las campañas de desprestigio lanzadas por el Régimen para intentar aislar al movimiento e incluso para justificar la represión, por ejemplo romper los vidrios de comercios, incluso si este fuera el caso de Soriana. Pero debemos ser conscientes de que sólo tocando al capitalismo en el lado más sentido por la burguesía,  en el de las ganancias, y haciendo sentir a esta que si no retrocede podría perder todo, soló así la haremos renunciar a sus planes de imponer a EPN en el poder. Es por eso que necesitamos pasar a la huelga general como método de lucha, ello sin importar que tanto afecte esta medida los intereses de los empresarios.

El tiempo se termina y entre más se acerquen los plazos para que el Tribunal Electoral legitime el fraude electoral, las posibilidades de derrotar la imposición de EPN se irán desvaneciendo. Es hora de convocar a la huelga general y AMLO tiene que ser el primero en hacer un llamado a los sindicatos para que pase a ese terreno de lucha.