El pasado noviembre diferentes personajes públicas como diputadas, profesoras universitarias, periodistas y pensadoras como Silvia Federici o Justa Montero, lanzaban un manifiesto exigiendo la retirada de la denuncia contra el autodenominado “sindicato” OTRAS en el Estado Español. Utilizando la supuesta defensa de los derechos de las mujeres víctimas de la prostitución, este sector del feminismo daba sustento a la campaña por tratar de presentar la esclavitud sexual como una actividad laboral tan respetable como otra cualquiera.
El debate en torno a la regularización de la prostitución también posiciona a todos los actores políticos en el Estado Español. No es casualidad que Ciudadanos y su “feminismo liberal” hayan hecho una bandera de la legalización de la prostitución, como parte de su programa neoliberal, o que el Partido Socialista Obrero Español PSOE mantenga una posición formalmente abolicionista pero no adopte desde el gobierno, ni desde las instituciones que encabeza, ninguna medida social y económica efectiva para rescatar a cientos de miles de mujeres víctimas de la trata.
En este artículo queremos exponer la posición del feminismo de clase, revolucionario y anticapitalista respecto a una cuestión fundamental para la liberación de la mujer.
¿Defender los derechos de las mujeres oprimidas o los intereses de los proxenetas?
Que el debate en torno a la prostitución se revista de una supuesta defensa de los derechos laborales de las mujeres que son prostituidas no es accidental. El objetivo de centrar la polémica sobre si las prostitutas tienen derecho o no a sindicarse, es una forma de distorsionar la discusión ante la opinión pública con el fin de ocultar los verdaderos intereses de fondo.
Para ofrecer una visión equilibrada y real de lo que hay en juego, hay que partir de lo concreto. La legalización del “sindicato” OTRAS significaría aceptar, por la puerta de atrás, que la mafia proxeneta pasara a ser reconocida jurídicamente como patronal y sus negocios criminales como una actividad empresarial lícita. En definitiva, un paso más para incluir en el ordenamiento jurídico la prostitución como una actividad económica más, otorgarle al proxenetismo legitimidad social y convertir a este supuesto sindicato en un organismo que dé cobertura a la relación entre traficantes de mujeres y el aparato del Estado. Se trata de una estrategia que las redes criminales del negocio del sexo ya han llevado a cabo en otros lugares del mundo.
El International Union of Sex Workers (IUSW) fundado en el año 2000 en el Reino Unido, cuenta con apenas 150 afiliadas en todo el mundo. El miembro más activo del IUSW es Douglas Fox, propietario de una de las mayores “agencias” de prostitución de Inglaterra. No es casualidad que el IUSW no haya presentado ninguna demanda o que solicitara al Ministerio del Interior británico la retirada de una campaña contra la trata de personas.1
En Alemania, la Berufsverbands Erotische und Sexuelle Dienstleistungen (BSD) dice ser una asociación de profesionales que defiende la colaboración de la “industria del sexo” con los propios sindicatos de prostitutas. Uno de sus fundadores, Holger Rettig, es el presidente de la “patronal” de puticlubs, al igual que Undine de Rivière y Tanja Sommer, dos dirigentes de la organización que son, a su vez, propietarias de prostíbulos.2
Esta estrategia del lobby proxeneta es lo que explica que detrás del supuesto sindicato de prostitutas como OTRAS se encuentren Concha Borrell y Joaquín P. Donaire, propietarios de Aprosex, organización-empresa dedicada a la captación y formación de prostitutas. Es una campaña impulsada por el poderoso negocio del sexo que trata de crear un clima favorable a la prostitución en un momento en el que hay muchísimos intereses económicos en juego.
La explotación sexual de las mujeres no es progresista ni feminista ni de izquierdas
El Estado español se encuentra ya entre los tres primeros destinos mundiales de turismo sexual, sólo por detrás de Tailandia y Brasil. Los clubs de La Jonquera han hecho de la frontera con Francia el mayor prostíbulo de Europa y, según fuentes policiales, más de 1.700 clubs de alterne se desparraman por toda la geografía española moviendo cinco millones de euros diarios y atrapando entre 400.000 y 600.000 mujeres traídas desde Rumanía, Bulgaria, Nigeria y República Dominicana fundamentalmente.
¿Cómo es posible un negocio así, en teoría ilícito, pueda pasar desapercibido para hacienda, policías y jueces? Por la única razón de quien acaba beneficiándose de este entramado económico: grandes empresarios con conexiones en la banca nacional e internacional, y las altas esferas de la política, la judicatura y la policía. Legalizar la prostitución sería el paso necesario para la expansión de los negocios de la mafia proxeneta, y para el blanqueo de su relación con sectores del poder político y económico.
La oferta abierta y legal de megaburdeles como parte del turismo sexual low-cost que pueblan las costas del Estado español, donde decenas de miles mujeres somos ofrecidas en un expositor de vitrina o servidas a la carta como un producto a consumir por un módico precio, nos retratan una barbarie que ya existe donde la prostitución está legalizada, como Alemania o Nevada (EEUU). No es posible descontextualizar la prostitución de esta realidad sobre la que se edifica el negocio lucrativo de la explotación sexual.
Los clubs donde las mujeres se convierten en una moneda de cambio para cerrar grandes negocios entre señores de poder o la promoción sin control de todo tipo de vejaciones sexuales como “servicios”, siguiendo el ejemplo del modelo alemán, son la única cara posible de la prostitución. A diferencia de lo que las y los defensores de la regulación nos quieren hacer pensar, la prostitución no es un intercambio económico de servicios concertado libremente, sino una institución convertida en negocio que reproduce y se mantiene sobre relaciones sociales de opresión y de dominio.
Es imposible hablar de libertad o consentimiento cuando se establece una relación de desigualdad extrema entre quien tiene poder para comprar y quién debe sumisión tras venderse. Es imposible separar la prostitución de la pobreza y la exclusión social, y de la cosificación de las mujeres porque son parte integral del negocio: hacer creer a hombres que tienen el derecho a disponer de cualquier mujer a cambio de un par de monedas. ¿O qué es acaso lo que se busca cuando se paga por sexo sino imponer con dinero lo que no se ha logrado con consentimiento? Efectivamente, lo que los puteros compran es la falta de libertad de la otra parte para decidir.
Ante esta realidad imposible de embellecer, ¿dónde quedan los derechos y la supuesta dignificación de las prostitutas con la regularización de su “actividad”? Sostener que la legalización supondría una protección para las mujeres prostituidas es maquillar la propia naturaleza de violencia extrema y la usurpación de derechos que la prostitución supone para las mujeres al reducirlas a un objeto de uso y abuso. En el mundo de la prostitución, los únicos derechos que prevalecen siempre son los de los proxenetas para traficar con mujeres y la de los puteros para consumirlas.
La idea que nos intentan colar los defensores de este negocio, de que trata y prostitución no son lo mismo, es una coartada demagógica que desmiente la realidad. Las dos son dos caras de una misma moneda. No es posible mantener la demanda que requiere el volumen de beneficios de todo este negocio multimillonario sin redes de tratantes que, por medio de la coacción económica y ante un incremento galopante de la feminización de la pobreza, exporten e importen contingentes de mujeres a granel de países empobrecidos como si de cualquier otra materia prima se tratase. La legalización convierte a las redes de trata en corporaciones transnacionales de colocación laboral, y algunas de ellas ya cotizan en bolsa como ocurre en Australia.
Regulacionismo o abolicionismo: reformismo o revolución
Que la burguesía defienda que las relaciones sexuales son un campo más para la depredación y obtención de beneficios, responde a su visión del mundo. Para la clase dominante la mayoría de la humanidad no merecemos más consideración que la de materia prima de la que extraer ganancias. Buena prueba de ello es que Ciudadanos defienda la legalización de la prostitución y los vientres de alquiler en su decálogo de “feminismo liberal”, utilizando el “respeto a la libertad individual” como pantalla ideológica para hacer socialmente tragable esta demanda.
El cinismo de estos individuos no tiene límites pero tampoco es ninguna sorpresa. Como buenos apologistas del capitalismo hacen propaganda de las supuestas “verdades” que el capital disemina para mantener su opresión. Pero los bajos salarios o el desempleo masivo no suponen una libre elección. Igual que no estamos ejercciendo nuestra libertad cuando firmamos un contrato basura para poder llegar a fin de mes, tampoco lo hacemos para vender nuestro cuerpo.
Sin embargo, cuando estos mismos argumentos encuentran un altavoz desde ciertos sectores del “feminismo” y la “izquierda”, nos encontramos ante una de las expresiones más degradantes de su derrota ideológica frente a la lógica del sistema. Es lo que pasa cuando una de las más destacadas representantes del feminismo pequeñoburgués, Silvia Federici, señala que “es la misma explotación vender el cerebro que el cuerpo” o “que no corresponde al feminismo establecer jerarquías entre la explotación que podemos o no aceptar”. Seguramente desde el despacho de la universidad se teoriza desde una “perspectiva” más cómoda que desde un club de carretera o una rotonda oscura.
Claro que en esta sociedad existen jerarquías en la explotación asalariada. Igual que no se vive de la misma manera ejerciendo de profesora en la universidad y dando conferencias internacionales que limpiando escaleras por 400 euros, tampoco es lo mismo vender tu fuerza de trabajo para cubrir tus necesidad básicas que anular tu voluntad sexual cediendo diariamente tu cuerpo a un grupo de desconocidos para que te penetren oral, vaginal y analmente todas las veces que quieran.
Defender, como hace Federici, que como vivimos bajo el capitalismo no nos corresponde poner límites en el tipo de explotación que es o no aceptable, no es más que otra abstracción retórica y vacía de contenido de clase, que nos resigna a que este sistema haga con nuestras vidas lo que le venga en gana. ¿Entonces también tenemos que aceptar la explotación infantil o la venta de órganos? ¿Cómo es posible defender la emancipación de la sociedad si se da un estatus de normalidad a una de sus instituciones más opresivas? Porque en el fondo, el reconocimiento del “trabajo sexual”, tratando de humanizar una lacra como la prostitución, no es más que una de las expresiones de haber aceptado la idea de que no existe otra sociedad posible a la que nos ofrece el sistema capitalista.
Luchamos para emanciparnos de toda opresión y explotación
Como marxistas revolucionarias que aspiramos a transformar esta sociedad clasista, machista y racista, luchamos consecuentemente por liberarnos de todas las formas de opresión. Por eso combatimos la lacra de la prostitución.
Quienes sostenemos una posición abolicionista de clase y revolucionaria, no hipócrita y de postín como hace la socialdemocracia, somos las más consecuentes luchadoras por los derechos de las mujeres obligadas a la prostitución. No sólo exigimos la retirada inmediata de todas las ordenanzas municipales que persiguen y marginan a las mujeres prostituidas, planteamos que sea el Estado y los poderes públicos quienes garanticen el rescate de las víctimas. Esto, en concreto, supone que las mujeres prostituidas tengan un puesto de trabajo digno o subsidio de desempleo indefinido, acceso universal y gratuito a la sanidad y educación, a una vivienda pública y, por supuesto, que se derogue la Ley de Extranjería y el fin de las deportaciones para que todas las mujeres migrantes tengan reconocidos sus derechos de ciudadanía y reagrupación familiar. Es también luchar por la persecución, el castigo ejemplar y la expropiación del patrimonio de los proxenetas para ponerlo al servicio de las víctimas y sus familias. Es ser implacable ante aquellos que hacen negocios del tráfico y el sufrimiento de seres humanos y sus cómplices en aparatos policiales, juzgados y gobiernos.
Somos perfectamente conscientes de que cualquier medida en defensa de las mujeres prostituidas requiere cambiar las condiciones sociales sobre las que se levanta la prostitución. La persistencia de esta forma de esclavitud moderna no es ningún accidente ni sólo un producto de la moral podrida de individuos aislados, sino fruto inevitable del sistema capitalista y la opresión de clase y género que acarrea.
El abolicionismo no es una demanda idealista o abstracta, es una parte inseparable de la genuina independencia y libertad de las mujeres. Por supuesto, defender esta alternativa requiere de una confrontación con el conjunto del sistema capitalista, porque el combate contra la barbarie y la opresión que generan los negocios y la megaindustria de la esclavitud sexual es parte inseparable de la lucha por la transformación socialista de la sociedad.
Notas
- Thousands of sex workers could be endangered by home secretary’s proposed changes in the law, International Union Sex Workers. N.p., 2009. Consultado el 13 de septiembre de 2018 en www.iusw.org/2009/03/thousands-of-sex-workers-could-be-endangered-by-home-secretarys-proposed-changes-in-the-law.
- Muller, A. Der Spiegel al descubierto. Dudosas asociaciones de trabajadoras sexuales y de dueños de prostíbulos luchan juntas. Traductoras por la abolición de la prostitución. Muller, N.p., 2017.
