El pasado 8 de enero 250 millones de trabajadores, estudiantes y oprimidos en general de la India protagonizaron una huelga general contra la política social y económica del Gobierno del BJP encabezado por Narendra Modi. La elevada participación la convierte en la huelga general más grande de la historia del país. Fue convocada por las diez principales federaciones sindicales estatales y apoyada por los dos partidos comunistas que tienen representación en el Congreso indio.

Según la web india de noticias Newsclick, secundaron la huelga trabajadores de todos los sectores de la economía, desde los bancos, empresas de telecomunicaciones al de tecnología de la información, etc. El paro fue muy importante en la industria del automóvil y en los principales cinturones industriales del país, en la minería del carbón, en los trabajadores peor pagados y los obreros agrícolas donde la mano de obra mayoritariamente es femenina. Los trabajadores de la banca también se sumaron masivamente, sobre todo los de la banca pública, a la que el Gobierno planea privatizar.

Entre los trabajadores del sector público de la mayoría de los departamentos del país tuvo una especial incidencia desafiando las amenazas del Gobierno central y de los Gobiernos locales que anunciaron medidas disciplinarias y descuentos salariales contra los que participasen.

Más de 35 millones de conductores de autobús y camiones secundaron el paro y el transporte público en los principales centros urbanos quedó paralizado.

Hubo protestas, bloqueos de carreteras y autopistas, ferrocarriles parados y manifestaciones en 482 distritos del país a las que acudieron cientos de miles de personas. También se sumaron a la huelga los estudiantes de 60 universidades. Estos llevan semanas en lucha debido a la subida abusiva de las tasas universitarias, en algunos casos del 999%, la imposición de una ley reaccionaria para los colegios mayores universitarios y la represión policial dentro de los campus.

Supremacismo hindú

La huelga general es solo un capítulo más del movimiento de masas que comenzó en diciembre y que se ha extendido a lo largo y ancho del país. El motivo es la Enmienda de la Ley de Ciudadanía (CAA), un paso más de la política reaccionaria y ultranacionalista de Modi y el BJP que pretende establecer India como una Hindu Rashtra o “nación hindú” que “tolerará” a otras etnias, minorías religiosas, etc., siempre que acepten la supremacía hindú. Los seguidores del BJP no ocultan que esta política también equivale a una India “libre de musulmanes”.

En el currículo político de Modi se encuentra lo sucedido en 2002 cuando era ministro jefe del estado de Gujarat, entonces presidió y alentó un pogromo en el que murieron entre mil y dos mil musulmanes y que al día de hoy todavía está impune. No solo Modi, también otros destacados dirigentes del BJP proceden del partido fascista religioso hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh (Asociación de Voluntarios Nacionales u Asociación Patriótica Nacional), una organización formada por grupos paramilitares a la imagen y semejanza de los Camisas Negras de Mussolini.

De acuerdo con la CAA todas las personas tendrán garantizada automáticamente la ciudadanía excepto los musulmanes que emigraron a India antes de 2015 procedentes de Pakistán, Afganistán y Bangladesh. También excluye a los tamiles de Sri Lanka. Con esta ley casi 200 millones de personas pasarán a ser ciudadanos de segunda clase, sin derechos civiles y con la amenaza de repatriación a sus países de origen.

Esta controvertida ley va acompañada de la intención del Gobierno de realizar un Registro Nacional de Ciudadanos (RNC). El plan piloto se llevó a cabo el pasado mes de agosto en el estado de Assam y dejó a casi 2 millones de personas, entre ellos muchos hindús, en condición de apátridas pendientes de su expulsión del país. Se obliga a acreditar la residencia en el país durante varias generaciones. Teniendo en cuenta que más del 90% de los casi 200 millones de musulmanes son de origen pobre y el 74% analfabetos, sin propiedades ni certificados escolares, muchos serán considerados indocumentados y no podrían solicitar asilo en el país. El Gobierno ha empezado a detener a muchas de estas personas y los están internando en centros de detención construidos para albergar a todos los detenidos considerados “ilegales”.

Este tipo de medidas pretenden dividir a la población en líneas religiosas, étnicas y sectarias, al mismo tiempo que movilizan la base supremacista hindú del BJP para utilizarla de tropa de choque contra los trabajadores, pobres y castas inferiores, y de este modo intentar desviar la atención de las verdaderas causas de las tensiones sociales producidas por la desigualdad social y el rápido deterioro de la economía y así intimidar y dividir a la clase obrera. Así los ricos y poderosos, las castas superiores que dominan social y económicamente el país, continuarían apropiándose de la riqueza.

Para desgracia del BJP, Modi y la clase dominante india, no solo los musulmanes han salido a las calles contra la CAA y el RNC. Las movilizaciones multitudinarias se han extendido por todo el país y en ellas han participado hindús, musulmanes, cristianos o sijs, unidos contra Modi y su reaccionario Gobierno. Por encima de las divisiones religiosas o étnicas se ha impuesto la unidad de clase.

La retirada de las dos leyes se ha unido a las reivindicaciones económicas, sociales y laborales que han llevado a decenas de millones a participar en la huelga general. Las protestas continúan a pesar de la brutal represión policial que ha provocado casi 30 muertos y más de 5.000 detenidos. En todo caso la represión lo que ha conseguido es que el movimiento sea más combativo y generalizado.

Ataque a Jammu y Cachemira

El otro frente de la política represiva y ultrarreaccionaria de Modi es Cachemira. El 5 de agosto derogó el artículo 370 de la Constitución que reconocía el estatus especial que disfrutaba el estado de Jammu y Cachemira desde hace más de 70 años. Con ello revocaba su autonomía y anunciaba la reorganización del estado. Se dividiría el territorio en dos partes gobernadas directamente desde Nueva Dheli y pasarían a ser parte de los “territorios de la unión”, lo que significa que estarían bajo el control directo del Gobierno central. Con la división intenta conseguir que los budistas de Ladakh y los hindúes de Jammu se posicionen al lado del Gobierno indio frente a los musulmanes que forman la mayoría de la población cachemira.

Este ataque provocó la rabia y la indignación de la población cachemira que inmediatamente se echó a las calles para demostrar su oposición. Si ya Cachemira era una de las zonas más militarizadas del mundo con la presencia permanente de decenas de miles de soldados, ahora el Gobierno ha enviado miles de tropas y fuerzas paramilitares más.

Desde agosto la población cachemira sufre cada día la represión, el asedio, el acoso y la tortura. Se ha impuesto el toque de queda, se ha cerrado la región echando a todos los turistas y trabajadores de otros estados, se han cortado las líneas telefónicas y bloqueado internet. En la actualidad Cachemira está totalmente bloqueada y además de la represión, la población se enfrenta a la escasez de alimentos y otros productos básicos, entre ellos las medicinas.

Con estas medidas represivas el Gobierno indio impide que los 12,5 millones de habitantes de la región alerten al resto del país de los crímenes que está perpetrando el Estado indio. El Gobierno cuenta además con la ayuda de la judicatura, en este caso el Tribunal Supremo que se niega a aceptar las denuncias que llegan sobre las violaciones de derechos humanos por parte del Estado en Cachemira.

El ataque a Jammu y Cachemira tiene consecuencias que van más allá de la India. La disputa entre India y Pakistán por la cuestión cachemira ha provocado en el pasado enfrentamientos militares entre los dos países y este movimiento de Modi solo sirve para añadir gasolina al fuego. Representa un foco de desestabilización en esta zona de Asia que ya es epicentro de la rivalidad estratégica y política de EEUU y China.

El Gobierno indio es un aliado del imperialismo estadounidense en la región, mientras que Pakistán, ahora en una situación económica inferior depende del régimen chino. Cachemira es una pieza clave para China ya que la parte pakistaní es muy importante para su Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Tampoco se pueden obviar los intereses del capitalismo indio que compite con China por los mercados, inversiones y recursos de la región.

Exigir el fin de la ocupación india y la represión en Cachemira, y su derecho a la autodeterminación, debe vincularse con las reivindicaciones sociales, económicas y políticas de los cientos de miles de trabajadores, jóvenes y pobres que llevan semanas saliendo a las calles de todo el país a protestar contra la política reaccionaria del BJP y Modi.

Derrotar al Gobierno Modi y su agenda de privatizaciones y austeridad

Desde la reelección del BJP el pasado mes de mayo el Ejecutivo ha aplicado una política draconiana contra la clase obrera. Ha modificado y endurecido las leyes laborales, ha favorecido la extensión del trabajo temporal o ha limitado derechos sindicales y el de huelga.

Los sindicatos han presentado al Gobierno un programa con 12 exigencias, entre las que destacan la subida de las pensiones, un salario mínimo de 21.000 rupias; garantizar la protección y los derechos básicos de los trabajadores y subsidio de desempleo para los 73 millones de parados que tiene el país, un 8% de la fuerza laboral, la más alta en cincuenta años. Exigen, además que se paralice el plan de privatizaciones con el que sectores como los ferrocarriles, unidades de defensa, petróleo o Air India pasarían a manos privadas. 

La economía del país no atraviesa su mejor momento. Durante el último año el crecimiento económico ha caído y en los seis años anteriores el PIB creció por debajo del 5%. Según los analistas económicos solo para crear el empleo necesario para los entre 10 y 12 millones de jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral India necesitaría crecer por encima del 8%.

Los años de bonanza económica e industrialización no cambiaron las condiciones de vida y pobreza en las que vive la mayoría de la población. Según datos del Credit Suisse Group, en India el 1% más rico posee el 52% de la riqueza del país. La parte de la riqueza del 10% más rico pasó del 68,6% de 2010 al 77% en 2018. En el otro extremo, según la FAO, una cuarta parte de la población sufre hambre extrema, casi el 60% vive con menos de 3,10 dólares al día y más de 250 millones sobreviven con menos de 2$ diarios. 

En 2014 el BJP llegó al poder con el eslogan “Made in India” (Hecho en India). Su pretensión era conseguir que las multinacionales fabricaran en India para el resto del mundo. Se crearían cien millones de empleos.El objetivo era que el sector manufacturero pasara del 16% al 25% del PIB en el año 2015.

Aunque ha atraído algunas inversiones la manufactura todavía no supera el 17% del PIB y millones de trabajadores están desempleados. Por otro lado los que tienen empleo lo mantienen en unas condiciones de extrema precariedad e inseguridad. Dos tercios de los trabajadores lo hacen en empresas con menos de diez empleados, la mayoría sin derechos laborales. India tiene el mayor sector informal de la economía de todos los llamados países ‘emergentes’.

Los dos grandes partidos de izquierdas, el Partido Comunista de la India (M) y el Partido Comunista de la India, aunque apoyaron la huelga general lamentablemente están supeditando la lucha de masas a las instituciones “democráticas” burguesas y a la judicatura, que ya ha demostrado de qué lado está. En los últimos años, cuando han estado en el Gobierno, como es el caso del PCI (M) en Bengala Occidental, han aplicado la misma política favorable a las grandes empresas, lo que hizo que en 2011 perdiera estrepitosamente las elecciones y que todavía no haya recuperado todos los votos perdidos en estos años.

La única manera de defender los derechos laborales, sociales y democráticos, de derrotar al reaccionario y autoritario Gobierno del BJP, pasa por la movilización de la clase obrera, los jóvenes y los oprimidos de la India. Rompiendo con la estrategia reformista de los dirigentes de la izquierda, adoptando un programa internacionalista de oposición al capitalismo indio. Solo basándose en un programa socialista y revolucionario los trabajadores y oprimidos de la India podrán superar las divisiones nacionales sectarias, religiosas y de castas.