El lunes 5 de octubre el Gobierno de Joko Widodo (Jokowi) aprobó una nueva reforma laboral y medioambiental conocida como la Ley Ómnibus, una legislación que mermará todavía más las ya muy precarias condiciones de trabajo de la clase obrera indonesia. Precisamente, su aprobación en un momento en que el país registra cifras de Covid-19 sin precedentes desde el inicio de la pandemia —322.000 casos positivos y 11.580 fallecidos, con picos de 4.850 nuevos contagios diariamente— ha hecho estallar la rabia acumulada de las masas.
En más de 60 puntos del archipiélago, desde la provincia de Aceh en el oeste hasta Papúa, a más de 4.800 km al este, movilizaciones de masas, huelgas laborales y estudiantiles han vuelto a señalar la fuerza, determinación y ganas de lucha de millones de personas contra un Gobierno neoliberal que está ya muy desacreditado.
Desregulación, extensión de la precariedad y represión
Indonesia ha destacado en el mercado internacional por el bajo coste de su mano de obra y por una insuficiente regulación de las condiciones laborales. El país asiático, que depende en gran medida de la explotación de materias primas y de la industria manufacturera —sobre todo del textil, la automotriz y la eléctrica— se ha convertido en una de las localizaciones favoritas de las grandes multinacionales para operar competitivamente a costa de aplastar los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
En los últimos años, la brecha entre ricos y pobres en Indonesia —donde viven 267 millones de personas, el cuarto país más poblado del mundo— ha dado un salto de gigante: 40 magnates indonesios poseen más riqueza que cien millones de personas pobres. Se calcula que 28 millones de indonesios viven por debajo del umbral de la pobreza y que la mitad de los hogares reciben 24,4 dólares al mes o menos, según el Banco Mundial. La OIT señaló en 2017 que un 45,9% de los asalariados reciben sueldos por debajo del salario mínimo legal.
La nueva ley laboral, presentada por el presidente como una gran oportunidad para “atraer inversores”, “ayudar a la economía” y así “superar la crisis económica del Covid”, no es más que una continuación y profundización de los ataques a la clase obrera iniciada por Jokowi y los capitalistas de la región. Esta ley contempla, entre otras cosas, la eliminación del tope máximo para las contrataciones temporales, la introducción de un salario mínimo general que sustituye el salario mínimo sectorial y la eliminación de la inflación para el cálculo de este (según datos de la Agencia Central de Estadísticas, el salario mínimo promedio sobre el papel equivale a 115 dólares y asciende a los 206 en Yakarta), la eliminación de distintos permisos pagados como la licencia parental o por celebraciones religiosas, la disminución de las indemnizaciones por despido, la reducción de dos a uno de los días libres a la semana…
Otro de los aspectos que más indignación ha generado es la destrucción del ecosistema y la amenaza para los grupos indígenas que supone la nueva ley. Su aplicación implicará que los grandes empresarios ya no tengan que presentar análisis del impacto medioambiental de sus proyectos, aunque estos sean de alto riesgo. Un regalo en bandeja de plata a los capitalistas para que sigan destruyendo el planeta en el país con mayor tasa de deforestación del mundo y donde los cultivos de la palma africana para extraer su aceite destruyen 20.000 hectáreas de bosques y selvas. Human Right Watch ha insistido en que esta ley incumple todas las normas internacionales de los derechos humanos.
La clase obrera responde con tres días de huelga general
La contestación social ante este gravísimo ataque laboral y medioambiental no se hizo esperar. Al conocerse los planes de Jokowi, los 32 sindicatos que forman parte de la Confederación Sindical de Indonesia (KSPI), la Confederación de los Sindicatos de todos los Trabajadores de Indonesia y otras organizaciones ambientalistas, amenazaron con la huelga general en todo el archipiélago para los días 6, 7 y 8 de octubre si no se retiraba la nueva ley. Ante la actitud provocadora del Parlamento, que la aprobó el lunes 5 desafiando el malestar e indignación de la población, la clase trabajadora —cuya media de edad es de 29 años—, jóvenes y estudiantes tomaron las calles.
Las movilizaciones se iniciaron el mismo lunes pero fue el martes cuando la rabia desbordó todas las previsiones. Ese día más de cinco millones de trabajadores hicieron huelga, paralizando fábricas, las carreteras y los puertos y dos millones se movilizaron en las protestas, piquetes y manifestaciones. Centenares de miles frente al Palacio Presidencial en Yakarta, ríos de gente en Semarang, en Bandung, en Surabaya, en Palu, en la isla de Sumatra y en decenas de localidades más. “Revolución, revolución” gritaban miles de gargantas. La combatividad de las masas, que durante tres días seguidos se mantuvieron en pie de lucha, fue respondida con la más salvaje represión policial, y las jornadas terminaron con cerca de 4.000 manifestantes encarcelados en toda la geografía indonesia.
Ni la violencia de la policía antidisturbios, ni los gases lacrimógenos, los tanques de agua ni los detenidos consiguieron frenar la movilización, que volvió a reunir a centenares de miles más el lunes 12 de octubre. Tratando de calmar los ánimos, el ministro de Economía, Airlangga Hartarto, afirmó demagógicamente que “no habrá recortes salariales” y el presidente instó a todos los que “no están satisfechos con la ley a impugnarla en el Tribunal Constitucional”.
La masividad alcanzada y la combatividad que ha marcado esta rebelión obrera no responden solamente a la aprobación de la Ley Ómnibus. Las movilizaciones han sido el grito de guerra de una población castigada y desesperada por décadas de recortes en sus condiciones de vida, de falta de inversión en los servicios públicos y en las infraestructuras del país —en una gran parte de islas habitadas la red de transportes es prácticamente inexistente—, de pobreza y desnutrición —que afecta al 40% de los niños y niñas menores de cinco años— y de una gestión criminal del Gobierno de Joko Widodo de la pandemia sanitaria, por la cual seis millones de personas se han quedado en paro, sumándose a los siete millones ya existentes, según datos oficiales. Una situación social insostenible que está generando una crítica creciente y consciente hacia el presidente y su política capitalista y de “favores” al imperialismo chino.
Indonesia: un territorio clave para China en la pugna interimperialista
El archipiélago indonesio es una región sometida a la presión y al control del gigante asiático, tanto en sus dominios marítimos, como económicos y medioambientales. China es el mayor socio comercial de Indonesia y la tercera fuente de Inversión Extranjera Directa —la IED china llegó a los 2.290 millones de dólares en el primer semestre de 2019— después de Singapur y Japón. En 2018, el intercambio comercial entre China e Indonesia alcanzó los 77.400 millones de dólares.
Tal y como explicaba el presidente de la Cámara de Comercio chino en Yakarta, más de mil empresas chinas operan en la región, la mitad de las mismas se sitúan en la isla de Java. De las 30 empresas de préstamos en efectivo que Indonesia tenía en 2018, más de mitad eran chinas, y los inversores de Beijing ya controlan la industria petroquímica y el procesamiento de níquel del país.
A nadie se le escapa que el sudeste asiático es un punto geopolítico estratégico para el imperialismo chino en la guerra comercial con Estados Unidos. Y uno muy importante. El radio de inversión china no hace más que extenderse y la voracidad del capitalismo chino por hacerse con una cuota de mercado mundial se arraiga en el continente asiático. Aunque Jokowi prometió convertir a Indonesia en una potencia regional, la realidad es que sigue estando muy por detrás de Vietnam o Tailandia en lo que se refiere a la inversión extranjera. El objetivo principal del Gobierno indonesio es corregir esta situación: a costa de la explotación y la bajada de salarios, con una mano de obra mucho más barata que el territorio chino, convertir Indonesia en el patio trasero del Dragón Rojo y facilitar mediante toda la desregulación laboral la consolidación de nuevas empresas chinas en el archipiélago.
¡Levantar una alternativa socialista en el sudeste asiático!
Como se ha dejado sentir en la reciente oleada de huelgas obreras y movilizaciones, el mandato estable que esperaba la burguesía indonesia y el propio Joko Widodo tras ganar con el 51% de los votos su reelección en las presidenciales de 2019, ha sido un espejismo. El descrédito del Gobierno entre la clase trabajadora y la juventud ya se hacía palpable antes del reciente estallido social. Así lo demuestran las manifestaciones del año pasado donde la población se movilizó contra la reforma del Código Penal de Jokowi que castigaba las relaciones sexuales fuera del matrimonio, prohibía la difusión de información sobre el aborto y los anticonceptivos y endurecía las leyes contra el “comunismo”. Ese mismo año, centenares de miles más tomaron las calles de Papúa Nueva Guinea contra el arresto de 43 estudiantes que fueron acusados de faltar el respeto a la bandera nacional indonesia.
A pesar de que los medios de comunicación del sistema tratan permanentemente de ocultarlo, en los últimos años el sudeste asiático ha sido escenario de levantamientos populares muy profundos y la rebelión que hoy sacude Indonesia bebe de esa experiencia. De las huelgas generales en la India, de las recientes protestas en Filipinas contra el presidente Duterte y la represión a los críticos del Gobierno y, muy especialmente, de la marea humana en Tailandia que está exigiendo en las calles la dimisión del primer ministro, el fin de la monarquía asesina y una democracia real para los trabajadores.
La situación es muy explosiva y el movimiento podría tumbar todos los ataques, su fuerza está más que demostrada. El punto clave para ello será que la joven clase obrera indonesia impulse y construya una organización revolucionaria que canalice todo ese potencial en cada empresa, escuela y ciudad, que luche por unas condiciones de trabajo dignas para todas y todos, por el fin de la desigualdad, la represión y la destrucción del medioambiente, que unifique a los oprimidos y oprimidas por encima de las barreras étnicas, religiosas y culturales. Una organización que, recogiendo el testigo de la revolución de 1998 que tumbó la dictadura de Suharto, luche por una sociedad genuinamente socialista. Esta es la tarea del momento.
