En los últimos meses, Sudán ha vivido una situación revolucionaria. Desde que en diciembre de 2018 el Gobierno del dictador Al Bashir anunciara el fin de los subsidios estatales a los productos básicos, lo que suponía triplicar el precio del pan, las movilizaciones se extendieron por todo el país. Esta reacción a la agenda de ajustes impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se acabó convirtiendo en una insurrección popular que acabó con el derrocamiento de Al Bashir después de 30 años en el poder.

El germen de la revolución

La lucha ejemplar de la clase trabajadora y la juventud sudanesas no se puede explicar sin comprender la situación material de la mayoría de la población. Desde la separación de Sudán del Sur en 2011, fruto de la disputa de los países imperialistas por los recursos del continente africano, el norte perdió el 75% de las reservas petroleras, quedándose sin su principal fuente de ingresos. En 2018 la inflación llegó al 30%, situándose en la actualidad en un 70% y provocando que más de la mitad de la población viva bajo el umbral de la pobreza. Una situación completamente insostenible para millones de familias que vieron en la retirada de los subsidios el fin de cualquier esperanza y la gota que colmó el vaso.

Estas movilizaciones tuvieron su punto álgido en la huelga general del 6 de abril, con una marcha a Jartum, la capital, y una acampada permanente a las puertas del cuartel general del Ejército en la que participaron miles de jóvenes y trabajadores. Ante la presión de la calle, el régimen y la cúpula militar tomaron el ejemplo de Egipto, tratando de frenar la rebelión con algunas concesiones que no cuestionaran lo fundamental. Así, arrestaron a al-Bashir y los principales cargos del Gobierno. Temerosos de perder el control y con la esperanza de mantener sus privilegios y la esencia del régimen, anunciaron la formación de un Consejo Militar de Transición que gobernaría durante tres años hasta la celebración de elecciones democráticas.

Pero las cosas no son tan sencillas cuando se trata de cortar las aspiraciones de las masas. Lejos de ver en esta maniobra del régimen la solución fueron aún más conscientes de su fuerza, y se negaron a aceptarlo. No solo se trataba de acabar con el dictador sino con el dominio de los militares y de echar abajo al régimen. No tardaron ni 24 horas en forzar la dimisión de Ibn Auf, conocido popularmente como Hemeti —el designado sucesor de Al Bashir—, vicepresidente y ministro de Defensa del antiguo régimen y conocido por ser el brazo ejecutor de las masacres de Darfur en 2003 —un genocidio en el que murió casi medio millón de personas, provocó 2,5 millones de refugiados y por el que la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención a Al-Bashir por crímenes de guerra y contra la Humanidad—.

La masacre de Jartum

En menos de 36 horas el movimiento logró su segunda victoria, en tres días habían derrocado a dos jefes de Estado. Esto dio un nuevo impulso a la revolución y a la confianza de las masas oprimidas en sus propias fuerzas. Lejos de abandonar las calles continuaron acampados, siendo conscientes de que el Ejército —responsable de la situación de pobreza y opresión que sufren las masas sudanesas—, a pesar de sus promesas “democráticas”, no resolvería ninguna de las aspiraciones por las que millones de jóvenes y trabajadores habían derrocado 30 años de dictadura.

Fue entonces cuando el ejército abandonó la táctica de la zanahoria y azuzó con la del palo: el 3 de junio envió a las Fuerzas de Apoyo Rápido, una parte del Ejército, a disolver la acampada de Jartum. Una verdadera masacre que se saldó con más de 140 muertos, que al cabo de los días fueron encontrando atados a rocas en el Nilo, 700 heridos y al menos 70 violaciones.

Esta brutal represión supuso un punto de inflexión. Todas las alarmas sonaron para la clase dominante dentro y fuera de Sudán. La posibilidad de que el régimen terminara cayendo fruto de la fuerza y determinación de las masas era una realidad. Las potencias imperialistas que hasta entonces se había mantenido de perfil pasaron a defender un acuerdo entre militares civiles con el objetivo de desmovilizar a las masas con promesas “democráticas” y hacer descarrilar a través de la vía parlamentaria el movimiento revolucionario en las calles.

Dicho acuerdo entre la principal coalición civil opositora, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, y la junta militar se produjo finalmente en agosto, constituyéndose un Consejo Soberano integrado por seis civiles y cinco militares que gobernará el país en los próximos tres años hasta la celebración de elecciones.

Los intereses imperialistas en Sudán

Desde el comienzo de esta crisis revolucionaria, las distintas potencias mundiales se han cuidado mucho de presentar sus simpatías tanto al ejército como a los manifestantes hasta ver cómo se desarrollaban los hechos. Se trataba de no poner en peligro y mantener todos los acuerdos y negocios sellados con Al-Bashir, muchos de los cuales giran en torno a Hemeti y sus Fuerzas de Apoyo Rápido.

Estas Fuerzas de Apoyo Rápido actúan como un Estado dentro del propio Estado, tienen sus propias inversiones en la economía, relaciones políticas con otros países..., y convierten a Hemeti en el líder de facto en Sudán. Por un lado, estas fuerzas son el brazo ejecutor de Arabia Saudí en Yemen —se calcula entre 8.000 y 14.000 los paramilitares de Sudán enviados allí, algunos de los cuales son niños soldado, reclutados por los saudíes de Darfur—. El régimen saudí ha invertido ya 3.000 millones de dólares en el nuevo Gobierno sudanés para “estabilizar” el país y de paso seguir aislando a Irán y Qatar.

Por otro lado, cuentan con otros 1.000 soldados en Libia, encargados del control fronterizo de los refugiados. Una labor de la que se beneficia la burguesía europea al evitar el paso de refugiados a Libia (principal punto de embarque) para que no lleguen a Europa. A pesar de que la UE niega utilizar estas fuerzas mercenarias lo hace a través de organizaciones asociadas y ha sido reconocido por el propio Hemeti: “las Fuerzas de Apoyo Rápido trabajan en nombre de Europa para proteger su seguridad nacional deteniendo a miles de inmigrantes”. Por eso Francia y Alemania ya han tendido la mano al nuevo Gobierno y han afirmado que apoyarán ante la ONU la salida de Sudán de la lista de patrocinadores del terrorismo. En palabras de Macron: “se les dará asistencia económica a corto plazo para ayudar a consolidar el Gobierno de transición”.

Otro de los grandes beneficiados de esta actividad mercenaria son los Emiratos Árabes Unidos, país al que exportan ilegalmente oro de las minas de Darfur (4,6 mil millones entre 2010 y 2014, según datos de la ONU).

Por su parte, Rusia y China, que en su momento paralizaron la declaración de condena de la masacre de Jartum en la ONU, también mantendrán los acuerdos cerrados con al-Bashir. Rusia conservará la base militar en el Mar Rojo, tal como acordó en 2017, y China seguirá suministrando armas a Sudán, manteniendo el acuerdo para seguir fabricándolas en Jartum.

Es evidente que el llamado Gobierno de transición democrática impulsado y respaldado por las distintas potencias imperialistas no es más que el mecanismo adoptado por los capitalistas para proteger y asegurar sus negocios y abortar la revolución.

La clase trabajadora y la juventud no han dicho la última palabra

La campaña internacional por lavar la cara al nuevo Gobierno es clara, pero en política importan los hechos, no las palabras. Que este Gobierno no sea 100% militar no cambia nada el carácter reaccionario del mismo, tanto el poder económico como el político siguen en manos de los intereses imperialistas y de la oligarquía sudanesa. Solo hay que fijarse en quiénes están al frente: tanto el primer ministro, Hamdok, como el ministro de Finanzas, Elbadawi, son economistas liberales vinculados a organismos financieros internacionales, que miran al FMI y al Banco Mundial en busca de un “mini plan Marshall”. Estas “ayudas” irán de la mano de más planes de ajustes. No podemos olvidar que el catalizador de esta revolución fueron precisamente las políticas de austeridad impulsadas por el FMI.

Por ahora, el nuevo Gobierno aún no ha entregado a al-Bashir a la Corte Penal Internacional para ser juzgado por genocidio y lo retiene en Jartum. La derogación de la sharia, una de las reivindicaciones centrales de la revolución, tampoco se ha hecho realidad, y la pobreza que sufre las masas sudanesas sigue profundizándose cada día.

El intento por terminar con el movimiento de las masas en Sudán no va a ser tan sencillo. El nuevo Consejo Soberano no podrá estabilizar la situación solo con bonitas promesas de prosperidad y “democracia”. La experiencia y las conclusiones de una clase trabajadora y una juventud que han derrocado a dos jefes de Estado y una dictadura de 30 años a través de la acción directa en cuestión de meses, no pasan en balde. Es una lección muy valiosa que no se va a olvidar fácilmente.

En el próximo periodo la tarea más urgente para la clase obrera y la juventud sudanesa es la de levantar una alternativa revolucionaria, que defienda la expropiación de la riqueza del país de manos de la oligarquía y los imperialistas y ponerla al servicio de los oprimidos y la toma del poder, para poder llevar la revolución hasta el final.


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