El pasado 25 de junio la clase trabajadora argentina paralizó completamente el país. Se trató de la tercera huelga general convocada contra el gobierno del derechista Mauricio Macri. Y fue, sin duda, la más contundente, expresando el salto que ha experimentado la situación política en Argentina.


Una depreciación incontrolable del peso argentino en relación al dólar precipitó que el gobierno solicitase un “rescate” al Fondo Monetario Internacional (FMI). Éste supone el préstamo de 50.000 millones de dólares a cambio de llevar acabo un nuevo plan de ajuste que amenaza con asestar un terrible golpe a la clase trabajadora y los sectores populares.


Cuando Macri accedió a la presidencia del país, en diciembre de 2015, tenía una agenda muy clara: garantizar que la desaceleración económica no afectara a las ganancias de la oligarquía argentina. Lograrlo implicaba que fuera la clase trabajadora quien soportara el peso de la crisis, lo que supuso la aplicación de una batería de ataques en todos los ámbitos: tarifazos brutales con subidas de un 700% del precio de la luz; despido de decenas de miles de empleados públicos; hundimiento de los salarios ante una inflación desbocada, combinadas con medidas a favor de los torturadores de la dictadura, represión, y un largo etcétera.


El acto más descarado de esta política fue el robo de 5.000 millones de dólares a los jubilados (cuya inmensa mayoría vive por debajo del umbral de la pobreza) y la condonación de exactamente esa cantidad en impuestos a los capitalistas.


Pero Macri tuvo que hacer frente, desde el primer día, a una intensísima respuesta social en las calles como no se veía desde el argentinazo de 2001. El día de su toma de posesión ya comenzaron las movilizaciones de masas en su contra y, en realidad, raro ha sido el mes en el que no hayan acontecido huelgas o manifestaciones masivas contra el gobierno.


No obstante, el pasado diciembre se produjo un salto cualitativo en la situación con la rebelión de los pensionistas. Si el gobierno no cayó fue debido al apoyo, en la práctica, de amplios sectores del peronismo y  a la paz social impuesta por la burocracia sindical. Pero ya nada sería igual después de aquello. Y es en este contexto en el que se da el “rescate”.


Nuevo plan de ajuste contra los trabajadores


El rescate sólo servirá para comprar pesos, en un vano intento por revalorizar la moneda, y en devolver préstamos anteriores y nuevos, enriqueciendo a los especuladores que obtienen una altísima rentabilidad por la deuda pública. A cambio, el gobierno argentino implementará un nuevo plan de ajuste: una reducción del gasto de cerca de 20.000 millones de dólares hasta el 2021. Y para lograrlo procederá a nuevos tarifazos en los precios de la luz y el trasporte, recortará hasta 2020 un 74% las transferencias a las provincias, lo que supondrá el despido masivo de funcionarios de sanidad y educación, paralizará obras públicas e inversiones en las ya muy maltrechas infraestructuras del país, venderá acciones en manos del Estado, recortará el presupuesto de empresas estatales y llevará a cabo un nuevo recorte en las pensiones.


Pero este salvaje plan y su perpetrador pueden ser barridos por la fuerza de la clase trabajadora. La presión por abajo obligó a la CGT y al resto de sindicatos a actuar de una vez y poner fecha al paro. Eso sí... ¡llamando a los trabajadores a permanecer en sus casas ese día! Pese a esta maniobra, la huelga fue total en los transportes, no hubo trenes, autobuses, metro, barcos ni aviones. Y fue muy secundada en el resto de sectores. Su éxito confirma que hay fuerza de sobra para ganar, como hemos visto estos días con la impresionante lucha en las calles de las mujeres a favor de la legalización del aborto, saldada con una  victoria.
El único obstáculo que en estos momentos encuentra el movimiento es el papel jugado por los dirigentes sindicales. La burocracia de la CGT no tiene intención de dar continuidad a la lucha. Habrá que obligarlos. Otros sindicalistas combativos, como el dirigente del Sindicato de Ferroviarios, han llamado a continuar “hasta que caiga el Gobierno”. Y Macri puede caer. Es el momento de continuar. La CGT, las CTAs y el resto de sindicatos tienen que lanzar un nuevo paro, pero esta vez de 48 horas y con manifestaciones para exigir la retirada completa del plan de ajuste y echar a Macri del poder. Existen las condiciones para lograrlo.


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